El miércoles 5 de agosto de 2009, la Guardia Venezolana evitó el acceso de los medios de comunicación colombianos al cubrimiento que éstos realizaban sobre una manifestación de comerciantes en la zona limítrofe del puente internacional Simón Bolívar.

El paramilitar desmovilizado Jorge Enrique Ríos, alias ‘Sarmiento’, confesó haber asesinado al periodista Flavio Iván Bedoya, ocurrido el 27 de abril de 2001, en la ciudad de Tumaco, Nariño, al sur del país.

En versión libre ante un fiscal de Derechos Humanos de la unidad de Justicia y Paz (proceso de justicia transicional de los paramilitares), ‘Sarmiento’ reconoció que asesinó al comunicador, quien trabajaba para el semanario ‘Voz’, periódico de orientación comunista. Esta confesión se unió a la de Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, quien en marzo de este año aceptó también su participación en el crimen.

A pesar de que la revista ‘Cambio’ rectificó una información periodística relacionada con un magistrado de una de las altas cortes del país, el juez que tramita la acción de tutela (recurso de amparo) la considera insuficiente. Rodrigo Pardo, director de ese medio de comunicación, podría ser sancionado con cárcel.

Casi nueve meses después de que la Corte Constitucional le ordenó al gobierno que implementara un esquema de seguridad apropiado a una periodista en riesgo y entregara la información que sobre ella reposa en archivos de inteligencia, un tribunal inició un incidente de desacato por considerar que el fallo no se ha cumplido en su totalidad. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca les dio 48 horas al Presidente de la República, la Viceministra del Interior y el Director de la Policía Nacional para que cumplan con la sentencia.

La semana pasada la Policía informó que el miércoles 8 de julio fue capturado Arley Manquillo Rivera, alias ‘Huracán’, sindicado de haber asesinado al periodista José Everardo Aguilar el pasado 24 de abril en el municipio de Patía, Cauca, al suroccidente del país.

Los periodistas y medios de comunicación no tendrán que responder penalmente por la información veraz que divulguen sobre personas que hayan sido absueltas judicialmente. El anterior es el efecto más importante que tiene la decisión de la Corte Constitucional, del 26 de junio pasado y divulgada el 2 de julio, al declarar contrario a la Constitución el numeral 1 del artículo 224 del Código Penal.

La decisión, de cinco votos contra cuatro, se adoptó como consecuencia de una demanda de inconstitucionalidad adelanta por el Grupo de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La demanda fue igualmente apoyada, a través de intervenciones ciudadanas, por universidades y organizaciones nacionales e internacionales como la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina.