Dudosa influencia de la Gobernación del Valle del Cauca en licitación de noticieros regionales

El noticiero 90 Minutos, que emite desde hace 20 años a la una de la tarde, ocupó el tercer lugar, y por lo tanto pasó al horario de las 10:30 de la noche, con menor audiencia. Los directivos del informativo denunciaron que la decisión es consecuencia de su postura independiente frente a la Gobernación del Valle del Cauca. El gobernador, Juan Carlos Abadía, es el presidente de la junta directiva de Telepacífico.  

Luz Adriana Betancourt, directora de 90 Minutos, le comentó a la FLIP que hubo ciertas imprecisiones en la licitación. Por ejemplo, la licitación exigía que los noticieros garantizaran cubrimiento regional, sin embargo, Occinoticias sacó el mismo puntaje de 90 Minutos, a pesar de que el primero no tiene corresponsales y 90 Minutos sí. Por otro lado, el canal aceptó la propuesta presentada por otro noticiero a pesar de que ya se había cerrado el plazo.  

Así mismo, en la misma semana en que se recibieron las propuestas, renunciaron en extrañas circunstancias la gerente de Telepacífico, Patricia López, y el presidente delegado de la junta directiva del canal, Víctor Manuel Salcedo, quien es actualmente es secretario de gobierno de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Betancourt considera que la decisión del cambio de horario puede ser consecuencia de la posición independiente del noticiero frente a la administración departamental, una postura que ha generado malestar al gobernador Abadía desde el inicio de su periodo. No obstante, afirmó que no tiene pruebas de una intervención directa en la decisión por parte de la Gobernación.  

Por su parte, Abadía señaló que el proceso licitatorio ha sido transparente y que se está cupliendo con la ley de contratación. “Si yo quisiera vetar a 90 Minutos, no se hubieran ganado la licitación de 2008”, le aseguró el Gobernador a la emisora W Radio.  

Lorena Mendoza, gerente encargada de Telepacífico, expresó a la FLIP que los requisitos habilitantes del proceso licitatorio fueron expuestos claramente en el pliego de condiciones. Explicó que Occinoticias acredita experiencia, pues uno de los miembros de esta unión temporal es Canal C, del operador de cable UNE. Finalmente, sostuvo que la renuncia de la anterior gerente del canal, Patricia López, se debió a problemas de salud y no a presiones externas, como se ha especulado en la región. 

La FLIP intentó comunicarse con Hugo Salas, jefe de prensa de la Gobernación del Valle del Cauca y nuevo presidente de la junta directiva de Telepacífico, pero no respondió. 

El 23 de febrero, luego del VIII Encuentro de directores y editores de medios colombianos realizado en Bogotá, se emitió un comunicado en el cual los firmantes reunidos manifestaron su “preocupación por la forma en la que se ha manejado la licitación de programas informativos del canal regional Telepacífico”. Así mismo, consideran “extraño que en medio del proceso de evaluación haya renunciado la gerente que tenía bajo su responsabilidad la conducción del proceso y que se haya nombrado como presidente de la Junta Directiva de Telepacífico al jefe de prensa de la Gobernación”. 

Por su parte, 90 Minutos impugnará la decisión y, el próximo lunes primero de marzo, se conocerán los resultados finales.   

***  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) respeta y estimula que las entidades territoriales utilicen los procedimientos legales de contratación para la adjudicación de epacios noticiosos en canales públicos. Sin embargo, le preocupa que se utilicen estas herramientas jurídicas para darle apariencia de legalidad a un proceso que busca coartar la libertad de expresión en el Valle del Cauca.  

Los resultados de la licitación deben estar basados en fundamentos técnicos, claros y objetivos, tal como lo exije la ley. Tener en cuenta la postura editorial del noticiero 90 Minutos para determinar los resultados, además de  violar las leyes de contratación, es una clara forma de censura.  

La FLIP le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la  Comisión Nacional de Televisión y a la Contraloría General de la República para que hagan un seguimiento activo a este proceso de licitación, con el ánimo de vigilar que se cumpla la ley y se preserve la libertad de expresión.