Hace un mes exacto silenciaron la voz de Rafael y, hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento ni se conoce si la Fiscalía General de la Nación está investigando el crimen teniendo en cuenta su relación con el trabajo periodístico que hacía Moreno. El periodismo de Rafael era vital para la región, por lo que en la FLIP seguiremos velando para que su asesinato no quede impune.

Francisco Castro Menco, también conocido entre sus amigos y audiencia como Chico Castro, fundó la Radio Majagual, un medio local comunitario que cubría eventos deportivos, concursos de belleza, festividades y las problemáticas sociales del municipio. Desde la emisora, Francisco veló por los intereses y derechos de los campesinos. En 1997, cuando se encontraba leyendo el diario, en su residencia en Majagual, Sucre, en compañía de dos sobrinos, fue asesinado. 

Desde la FLIP, destacamos la entrega de Francisco Castro a su labor periodística y comunidad en Majagual, Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

Hace 36 años asesinaron al periodista Raúl Echavarría Barrientos en frente de su residencia en Cali, Valle del Cauca. Trabajó en El Colombiano, El País y fue subdirector del Diario de Occidente hasta el día de su muerte. Como periodista, Echavarría se caracterizó por condenar la infiltración de narcotraficantes en la política, denunciar la corrupción y apoyar la extradición. 

Una época álgida para hacer periodismo

A finales de la década de los setenta, el país se encontraba en una coyuntura histórica debido a la centralización de la actividad y el poder de narcotraficantes en Cali y Medellín. Los grandes carteles del narcotráfico permearon la vida de los ciudadanos y, en su intento por conquistar el poder del Estado, se convirtieron en una amenaza a la seguridad nacional y exacerbaron la violencia interna. 

Mediante el discurso político, el enriquecimiento y la acumulación de poder, los carteles ganaron un reconocimiento social. “Era la época en la que las sociedades estaban entregadas al narcotráfico y sus integrantes eran vistos como adalides, más que como unos antisociales o unos hampones —explica Héctor Echavarría, hijo del periodista—. Una gran distorsión de los valores sociales que mi padre tenía muy claro lo lesivo que podían ser para la sociedad y, por eso, los confrontó”.

Con el paso del tiempo, el tráfico de drogas y el establecimiento de la estructura sicarial permitieron el fortalecimiento de los carteles en el país. En consecuencia, se erosionó la vida institucional, primó el clientelismo y hubo un detrimento del entorno político, económico y social.  

Un periodismo crítico de las realidades

Echavarría era oriundo de Fredonia, Antioquia y desde muy joven se vinculó al periodismo. En su departamento natal inició como columnista en El Colombiano; posteriormente, en Cali, trabajó en el Diario del Pacífico; en Bogotá, estuvo en El Siglo, al lado de Laureano Gómez; luego migró a Cali a trabajar en El País, hasta que recibió una oferta para ser el subdirector del Diario de Occidente. Su larga trayectoria periodística, osadía y perseverancia, lo convirtieron en uno de los periodistas del país más críticos contra los carteles. 

Su hijo, Héctor, recuerda que cuando trabajaba en el Diario de Occidente “él dirigía el periódico, era el encargado de titular la primera página, de escribir la editorial y cada que él consideraba que era necesario emprender una cruzada que defendiera la sociedad, lo hacía”. Desde su columna, Molino de Viento, denunció abiertamente a los narcotraficantes, siendo consciente de los riesgos que corría adoptar esa posición. “En los últimos años, antes de su muerte, enfrentó los carteles de Cali y del Valle del Cauca. En ese momento tenían muchísimo poder económico, político, influencia en los medios y no permitían que fueran confrontados por ningún actor de la sociedad”, agrega.

Su labor lo llevó a forjar un carácter fuerte y a mantener una posición firme con sus convicciones. Echavarría fue una de las personas que manifestó su apoyo a la extradición de los narcotraficantes y dos días antes de su asesinato escribió Molinos de papel, una columna para el Diario de Occidente, en donde propugnaba por la pena de muerte para los mafiosos.

Además, fue un amante de las corridas de toros, bajo el seudónimo de Raulete, el periodista escribía una columna para RCN sobre la fiesta taurina en Cali. También, le llamaba la atención lo relacionado con la aviación civil y comercial, por eso, dedicó parte de su vida a escribir libros como: así se llega a las alturas (1948), historia de la aviación (1974), Fuerza Aérea colombiana, su epopeya y grandeza 1919-1974 (1974) y en la ruta de las estrellas (1983). 

El camino en búsqueda de la justicia

“Mi padre no manejaba, manejaba mi madre y usualmente ella lo recogía en el periódico que quedaba en el centro de Cali, en la Plaza de Caicedo. Pero, el 17 de septiembre de 1986, decidió irse en una camioneta del medio, en compañía del chofer y un camarógrafo. Mi madre se sentó en la sala a esperarlo y cuando estaba llegando a la puerta de la casa, unos sicarios le dispararon. El conductor lo llevó a urgencias del Hospital Universitario del Valle, que queda a una cuadra y media de mi casa, pero cuando llegó ya estaba muerto”, expresa su hijo. 

El crimen se le atribuyó al cartel de Cali, pero nunca se realizaron las investigaciones suficientes para determinar quién fue el autor del asesinato del periodista. La impunidad de este homicidio significó un golpe a la prensa crítica de las estructuras criminales, y desencadenó una persecución de aquellos periodistas que tuvieran la osadía de confrontar o significaran un riesgo para los carteles y sus organizaciones. 

Desde la FLIP, conmemoramos la labor que hizo el periodista Echavarría, que siempre mantuvo los estándares de la ética periodística y social muy altos. Gracias por recordar con nosotros. 

Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos el Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Para la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios.

La FLIP alerta sobre la desprotección de los y las periodistas en el sur del departamento de Córdoba, luego del asesinato del periodista Rafael Moreno, ocurrido en Montelíbano. La semana pasada, la Fundación realizó una misió;n a esa región y constató que el Gobierno Nacional no ha realizado acciones contundentes para cumplir su obligación de procurar seguridad a los y las periodistas.

El 21 de octubre de 1999, desconocidos ingresaron a la residencia del periodista Rodolfo Julio Torres, lo secuestraron, y al día siguiente, su cadáver fue hallado en el corregimiento Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, Sucre. Rodolfo trabajó en Radio Caracolí, Estación Fuentes y al momento de su muerte era el corresponsal de Sucre del periódico El Meridiano. Como periodista, Rodolfo realizaba reportajes sobre las irregularidades de la administración local y temas de corrupción.

Durante la década de los noventa y los 2000, San Onofre estuvo sometido al control del Bloque Héroes de los Montes de María,  de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esos años, el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, estableció el orden social, su propia justicia y sanciones para quienes se atrevieran a incumplir sus órdenes. Durante más de una década esta zona de Sucre guardó silencio ante las atrocidades cometidas por los paramilitares. 

Toda esta situación le indignaba al periodista Rodolfo Torres, que además de la violencia, también tenía que convivir con la corrupción. Edwin Balseiro, primo del comunicador, recuerda que “él era bastante inquieto, le gustaba mucho el trabajo con comunidades y ayudar a las personas en cuestiones sociales”. Así, Torres desde su labor periodística denunció la presencia de grupos de autodefensa y paramilitares, e hizo veeduría a la administración local de Yamil Blanco Blanco (1995-1997) y de Luis Salaiman Fayad (1998-2000). Por esto, su trabajo fue estigmatizado y Torres fue catalogado por los paramilitares como enemigo, ya que supuestamente era auxiliador de la guerrilla.

Aunque Torres nunca cedió ante las amenazas y hostigamientos, fue asesinado por desconocidos el 21 de octubre de 1999. “En la camisa que tenía puesta ese día le escribieron sapo”, menciona Balseiro. Y entre nostalgia e impotencia, recuerda cómo le fue arrebatada la persona que le estaba enseñando a ser locutor y a redactar. 

El día del homicidio, la comunidad también perdió a un líder. “Se perdió una voz bastante importante, él era el vocero de la comunidad. En ese momento, era la voz que daba a conocer al país lo que estaba sucediendo en la región y con su asesinato hubo un silencio total. Nadie se atrevía a decir nada que pudiera catalogarse como un ataque a los grupos que operaban en ese tiempo en esta zona”, afirma Balseiro.

El 21 de octubre de 2019, prescribió la investigación en el caso del asesinato del periodista, lo que quiere decir que la Fiscalía no trabajará más en encontrar a quienes estuvieron involucrados en el crimen. Con la muerte del periodista, los autores materiales e intelectuales del crimen lograron amedrentar y silenciar a la población de San Onofre. 

El periodista Rafael Emiro Moreno, asesinado el pasado 16 de octubre, recibió amenazas de muerte desde el año 2019. Durante los siguientes tres años los ataques contra Moreno continuaron, por lo que acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a otras entidades estatales en búsqueda de medidas que protegieran su vida. Sin embargo, durante ese tiempo, Moreno se enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos, que no creía en el riesgo que él manifestaba y, por lo tanto, tomó medidas insuficientes para el peligro al que se enfrentaba.

La Fiscalía, la Policía y el Consejo de seguridad del municipio de Puerto Libertador también sabían de los ataques de los que era víctima Moreno; no obstante, tampoco se implementaron acciones idóneas para proteger la vida del periodista.

Hay cuatro momentos claves que reflejan la inoperancia del Estado al momento de atender los riesgos de Moreno:

1. Después de que Moreno advirtiera sobre su riesgo y las amenazas que había recibido por parte de grupos armados ilegales, la UNP le asigna al periodista un esquema de protección de un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco antibalas y un botón de apoyo.
   
   
2. En septiembre del 2020, la UNP decide reducir el esquema de protección a casi la mitad y, así, retirar el vehículo blindado y un escolta. Esto sucedió a pesar de que Moreno fue víctima de otras dos amenazas en mayo del 2020. Si los ataques que recibió el periodista eran similares a los que enfrentó en 2019, entonces no se entiende por qué la UNP consideró que el riesgo del periodista había disminuido y por lo tanto requería menos protección.
   
   En ese momento, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) argumentó que el periodista “no identifica o individualiza el actor generador de la amenaza, por lo que no es posible determinar la capacidad de materialización de las amenazas”. Esto desconoce, por un lado, que la mayoría de amenazas contra la prensa en Colombia son realizadas por desconocidos. Además, estas acciones fueron revictimizantes, pues revirtieron la carga de la prueba que debería tener el Estado y se la impusieron al periodista, ya que se le pidió que fuera el investigador de su propio caso.
   
   Además, en esa oportunidad el CERREM afirmó que “las entidades consultadas indicaron no contar con registros de amenaza en contra del evaluado”. Sin embargo, esto es falso, ya que Moreno denunció ante la Fiscalía todas las amenazas y estas estaban en conocimiento de por lo menos otras dos instituciones: Policía y Alcaldía de Puerto Libertador. La desarticulación entre las entidades estatales llevó a que en el caso de Moreno no se tomaran las acciones correspondientes para resguardar su vida.
   
   
3. En septiembre del 2021 la UNP suspendió por tres meses el escolta que protegía a Moreno. Es decir, el comunicador quedó solamente con el botón de apoyo y el chaleco antibalas. La entidad nunca notificó debidamente al periodista sobre esta decisión, por lo que no se conocieron las razones que justificaron el desmonte parcial del esquema de protección.
   
   
4. En julio del 2022 el CERREM decide volver a implementar las medidas que Moreno tenía desde el 2020, es decir un hombre de protección, un chaleco y el botón. Esto, a pesar de que durante el 2021 el periodista recibió dos amenazas, lo que significa que su nivel de riesgo nunca disminuyó en el tiempo.
   
   En ese mes la FLIP puso en conocimiento del CERREM y la UNP las dos nuevas amenazas de las que fue víctima el periodista en mayo y junio del 2022. El objetivo, nuevamente, era que se le reforzara su esquema de protección. En ese momento, la UNP valoró las agresiones como si se trataran de un caso nuevo, cuando el periodista llevaba ya tres años en el sistema de protección. 
   
   Hacemos un enérgico llamado al director de la UNP, al Ministerio del Interior, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, y demás miembros del CERREM, para que junto con la Defensoría del Pueblo, realicen un informe público sobre las evaluaciones de riesgo, los trámites y medidas que fueron adoptadas en este caso. Esto, con miras a que se adopten las medidas necesarias para corregir y prevenir fallas del Mecanismo de Protección en otros casos. 

Es preocupante que a un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya notificado la sentencia en la que condenó al Estado colombiano por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, la Fiscalía General de la Nación sea la entidad que menos esfuerzos ha demostrado para cumplir con el fallo de la Corte y, así, investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista. Hace un año, 18 de octubre de 2021, la Corte IDH publicó la sentencia por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien el 25 de mayo de 2000 fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual. La Corte determinó que Colombia violó, entre otros, los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

A la fecha, no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado. En vez de avanzar en esa línea, en el último año la Fiscalía ha catalogado como logro la exclusión del proceso de Justicia y Paz de Jesùs Emiro Pereira, alias Huevoepizca, uno de los autores materiales del crimen contra Bedoya. Esta acción de ninguna forma aporta nueva información que ayude a encontrar a los otros responsables. 

Para el Centro por la justicia y el derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), representantes de la periodista, el caso tiene un alto riesgo de quedar en la impunidad debido a la falta de diligencia de la Fiscalía quien, además, no ha establecido el vínculo entre los hechos de mayo del 2000 con las distintas amenazas que ha sufrido la periodista y su madre en los últimos años.

Los 22 años, desde la ocurrencia de los hechos, han estado marcados, mayoritariamente, por una inactividad total de la investigación. De los 269 meses totales, durante 130 no ha habido ninguna actividad por parte de la Fiscalía, y sólo en 19 meses esta entidad ha actuado de acuerdo a los parámetros de rigurosidad, diligencia y exhaustividad que deben aplicarse en la investigación de crímenes contra la prensa. Además, los avances que se dieron durante 16 meses fueron gracias a acciones de Bedoya, quien allegó pruebas e impulsó actuaciones. Así, el traslado de la carga probatoria que descansa en cabeza del Estado fue trasladado a la víctima, en detrimento a su propia dignidad y en una actitud altamente revictimizante. Finalmente, en 104 meses la investigación no ha atendido a los estándares internacionales; esto se debe, en parte, a que en los últimos años la Fiscalía se ha dedicado a recaudar pruebas que pudo y debió haber recolectado años atrás.

En su sentencia, la Corte dio cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los crímenes contra Bedoya. Para la Corte, estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin el consentimiento y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Por eso, es vital que la Fiscalía tome en serio su deber de realizar verdaderos avances que contribuyan a dar con los determinadores de las violaciones de derechos humanos que sufrió Bedoya.

Por otro lado, el Estado colombiano avanzó en el cumplimiento de algunas medidas que debían cumplirse en un año incluyendo: el pago de indemnizaciones; las publicaciones del resumen de la sentencia en el diario oficial y en la página web de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Sin embargo, el Estado no cumplió con las medidas relativas al pago de rehabilitación, el fondo destinado a la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas, y el sistema de recopilación de datos y cifras. Si bien han existido avances en la concertación de estas, los esfuerzos del Estado no se concretaron para dar cumplimiento en el tiempo indicado por la Corte.

Por último, Bedoya, CEJIL y la FLIP recordamos que el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH tiene una dimensión colectiva, pues con el fallo se reivindican los derechos de las mujeres y periodistas sobrevivientes de violencia sexual. Por eso, es vital que se siga avanzando para cumplir con todas las medidas de reparación.

Hoy, 17 de octubre de 2022, conmemoramos la labor que realizó Diego Vargas Escobar, también conocido entre sus colegas y audiencia como El Muchachón. Vargas fue un periodista con una larga trayectoria profesional en medios como: RCN radio, la Voz de Colombia y Caracol. Es recordado por realizar periodismo comunitario en Medellín e innovar en el formato para presentar la noticia. Hace 33 años fue asesinado cuando llegaba a su residencia, ubicada en el barrio Simón Bolívar, al occidente de la capital antioqueña. 

En la década de los ochenta, Medellín estaba inmersa en una oleada de violencia, terror y muerte debido a los enfrentamientos del cartel de Medellín con otros grupos ilegales. como el cartel de Cali y paramilitares del Magdalena Medio. Estos conflictos configuraron un panorama hostil y violento para vivir, pero fueron el detonante para que Vargas ejerciera su profesión desde la humanidad y una posición crítica. “Tal vez éramos demasiados ingenuos, tratando de adelantarnos a lo que la justicia no hacía”, indica León Jairo Saldarriaga, colega de Vargas en Caracol. 

Los medios para los que trabajó Vargas fueron su plataforma para hablar sobre las anomalías en la administración local, inconvenientes en la infraestructura y servicios públicos o situaciones de orden público, siempre le dio preponderancia a la noticia local. “Él rompió el esquema de los noticieros que se hacían en la época -explica León Jairo Saldarriaga-. En las noticias, si había que criticar algo, él se pegaba su pequeño editorial. Además, era un trabajo muy barrial, de la calle, de la necesidad del problema de la esquina”. Cómo amaneció Medellín fue uno de esos programas que trató las necesidades de los medellinenses.

Cuando el narcotráfico, las estructuras sicariales y la mafia se tomaron la urbe, “Diego empezó a fustigar a los sicarios y los ajusticiaba de una manera vehemente y abierta, a esos que supuestamente eran los autores de esos crímenes y pecados. Alguna vez, hasta aludió algunos de esos actos violentos a Pablo Escobar”, menciona León Jairo. En la década de los ochenta, cuando los ciudadanos aclamaban por paz, seguridad y la garantía de sus derechos, Vargas se llenó de valentía y empezó a ser más frecuente en sus denuncias. 

“Yo supe por colegas que ya había recibido llamadas amenazantes de muerte que, de alguna manera, desdeñó”, explica León Jairo. Cuando ellos trabajaron juntos en Caracol habían recibido amenazas, pero nunca había sucedido nada. “Diego se llenó de esa confianza, pensaba que iba a ser igual que las amenazas anteriores, que simplemente lo querían amedrentar, y se envalentonó más, pero los ordenadores de la muerte, esos ángeles de la muerte, lograron silenciarlo y no hubo otro Diego que asumiera ese rol”. 

En ese mismo mes, el 10 de octubre, asesinaron a los periodistas de El Espectador Roberto Sarasty y Martha Luz López López, un panorama poco alentador para la prensa de la región. En palabras de León Jairo “se sembró pavor, nos amedrentamos más y nos autocensuramos mucho. Cuando llegaban noticias de este tipo no se recibían, porque después empezaban a preguntar por el periodista que había realizado la nota y le dimos más poder a los asesinos, a las mafias, que obviamente no les interesaba que los llamaran, como debía llamárseles, criminales". Hasta la fecha, no se tiene conocimiento de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato del periodista. 

Desde la FLIP, conmemoramos el trabajo que realizó el periodista Diego Vargas Escobar y destacamos su iniciativa de apropiarse de los problemas de los medellinenses y así lograr cambios en la sociedad. Gracias por recordar con nosotros.