Celebramos la decisión de la Corte Constitucional en la que reitera que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe aplicar un enfoque diferencial para evaluar el riesgo de las y los periodistas que acuden al mecanismo de protección.

Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acusó al periodista Daniel Coronell de ser financiado por el narcotráfico, de cometer delitos y de hacer periodismo sesgado. Estos señalamientos son irresponsables y peligrosos pues incrementan su riesgo. Como figura pública Uribe debe abstenerse de emitir mensajes estigmatizantes y acusaciones de este tipo.

Este lunes, 27 de marzo, seis hombres armados llegaron a las instalaciones de El Heraldo, en Barranquilla, dos de ellos ingresaron y exigieron hablar con la directora del medio, Erika Fontalvo.

Latinoamérica, 09 de marzo de 2023.-  La Red Voces del Sur, integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Justicia Global, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones frente a los asesinatos y otros tipos de violencia contra periodistas y las deficiencias de los mecanismos de protección para la prensa en los países en los que se ha implementado. Estas organizaciones solicitamos que esta información se convierta en acciones para detener las graves violaciones a la libertad de expresión y prensa en la región, dado que, desde los Estados no existe una respuesta efectiva, e incluso son los principales agresores. 

Durante el 186 periodo de sesiones de la CIDH, Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión de la Comisión, indicó que el 2022 fue el año más letal contra la prensa. A su vez, señaló que esperaba un mensaje honesto, franco y de solidaridad de las más altas autoridades de los Estados. ”No puedo decir que no hubo, porque hubo unos tímidos mensajes. Pero, lo que sí sonó con fuerza fueron mensajes estigmatizantes contra la labor periodística”. El relator acordó que muchos periodistas que pidieron ayuda al Estado terminaron asesinados. “La tragedia está a un paso”, destacó. 

La Red Voces del Sur, a través de sus voceros: Paula Saucedo, de ARTICLE 19 en México, Jonathan Bock, de FLIP en Colombia, y Angélica Cárcamo, de APES en El Salvador, indicaron que América Latina es el continente más letal y peligroso para la prensa. Desde el 2018 se han registrado 83 asesinatos, de los cuales, 39 se cometieron en 2022. El incremento es tanto, que representa un crecimiento del 225% de homicidios en comparación al 2021. Del mismo modo, se evidenció que el Estado es el principal agresor de la libertad de expresión, el sistema judicial persigue a la prensa que investiga y la impunidad de los crímenes contra periodistas roza el 98% en algunos países. Estos problemas se agudizan, ya que no existen políticas públicas integrales que den respuesta a las causas de esta violencia. 

Por su parte, Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras México, Lucía Lagunes Huerta, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Nadejda Marques, de Justiça Global indicaron que los mecanismos de protección de periodistas carecen de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Así, funcionan a menudo de manera aislada, con la “única función” de garantizar la integridad física de las personas  beneficiarias. 

Añadieron que los mecanismos de protección tienen un largo camino por recorrer para conseguir abordar el tema de una forma estructural, destacando aspectos como la insuficiencia de recursos humanos y financieros, el análisis de riesgos y la aplicación de medidas de protección, así como la falta de transparencia y participación social. 

Las organizaciones también enfatizamos la ausencia de enfoques interseccionales y de perspectiva de género en todos los mecanismos de protección de la región. Las mujeres periodistas enfrentan dobles condiciones de riesgo al ejercer el periodismo en contextos hostiles y ejercer la profesión en condiciones de desigualdad y discriminación basada en género. 

Ante un contexto de alta violencia, impunidad, vigilancia y constante estigmatización, las organizaciones de la sociedad civil realizamos diversas peticiones a la CIDH enfocadas en acciones que fortalezcan los mecanismos de protección por medio de la inclusión de: análisis de riesgos con enfoque de género e interseccional; diseño de políticas centradas en investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, donde la investigación debe estar centrada en su labor informativa; recomendamos a los Estados acciones concretas de legitimación de la labor periodística así como la creación de planes que busquen combatir la estigmatización contra la prensa. 

Además, que el Mecanismo de Acciones Conjuntas CIDH—Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publique un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas a ser adoptadas por los mecanismos de protección, tomando en cuenta lo ya implementado en los países de la región en los últimos años, los insumos del Alto Comisionado de la ONU y de la sociedad civil y realice sesiones periódicas con organizaciones de la sociedad civil de los países donde existen programas de protección, lo que fue bien acogido por los comisionados. 

Las y los comisionados y el Relator de Libertad de Expresión y de Personas Defensoras de Derechos Humanos se comprometieron a:

• Organizar nuevos encuentros regionales entre sociedad civil y Estados para contribuir en el diseño de políticas públicas en la materia. Esto con el objetivo de fortalecer procesos transparentes y colaborativos.
  
  
• Continuar con la asistencia técnica tanto a autoridades y organizaciones de la sociedad civil para avanzar generar mayores garantías para un ejercicio pleno del derecho a defender los derechos humanos.
  
  
• Solicitar a los Estados donde hay mecanismos o instancias públicas que conducen análisis de riesgos intercambiar información con entidades de procuración de justicia —y en común acuerdo con las personas beneficiarias—, a fin de robustecer las investigaciones y brindar protección más integral. 

Ante las graves omisiones de los Estados para atender la grave crisis de violencia e inseguridad bajo la cual la prensa ejerce su labor, las 24 organizaciones que presentamos esta audiencia reiteramos nuestra voluntad por colaborar con la CIDH y los Estados de la región en beneficio de las y los periodistas y con ello fortalecer nuestras democracias. 

Firman:

ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
ASOPODEHU - Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAinfo (Uruguay)
CIMAC - Comunicación e Información de La Mujer (México)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
CPJ - Comité para la Protección de Periodistas
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS (Venezuela)
FECOLPER - Federación Colombiana de Periodistas (Colombia)
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED (Nicaragua)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
FUNDAMEDIOS (Ecuador)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC (Chile)
Propuesta Cívica (México)
Reporteros Sin Fronteras
Terra de Direitos (Brasil)

Los enfrentamientos por el control del territorio entre los grupos armados ilegales Frente Carolina Ramírez y Comandos Bolivarianos de la Frontera han obligado a los periodistas de Putumayo a no volver a hablar sobre la guerra. La FLIP entrevistó a decenas de periodistas de este departamento, quienes desde agosto del año pasado han recibido presiones y amenazas por parte de estos grupos. La única salida que han encontrado es la autocensura.

El pasado 27 de febrero, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, publicó unos tweets señalando al periodista Leopoldo Granados de "pseudo periodista denunciado por extorsión"; y "prepago" por los clanes para-políticos. Granados es el director del medio Seguimiento.co y fue atacado luego de haber denunciado irregularidades en la contratación del hospital de Salamina.

A lo largo de un año, el periodista Diego Peña ha sido víctima de acoso judicial por parte de funcionarios públicos del municipio de Donmatías, Antioquia. Además, ha sido amenazado en diferentes ocasiones. Desde hace dos meses, Peña no ha podido volver al municipio y tuvo que autocensurarse, en diciembre del 2022 cerró la página de Facebook en la cual publicaba información y opiniones sobre asuntos relevantes de esta región de Antioquia. 

En su página de Facebook, el periodista realizaba publicaciones críticas sobre las actuaciones de los funcionarios públicos de Donmatías. Peña es el único periodista que  investiga asuntos  de corrupción y uno de los dos comunicadores independientes del municipio. 

El año pasado siete funcionarios del municipio —concejales, empleados de la Alcaldía y directivos de un colegio público— interpusieron una queja en contra de Peña al considerar que las publicaciones que se referían a ellos incitaban a agresiones en su contra. Con esto, la inspectora de Policía Urbana le ordenó eliminar las notas y no volver a hablar sobre estas personas. Como consecuencia, Peña se vio obligado a cerrar su medio y a interponer una acción de tutela. El Juzgado Promiscuo Municipal de Toledo, Antioquia, falló a favor del periodista y advirtió sobre algunas irregularidades en el proceso policivo por la violación al derecho al debido proceso del periodista, además de la forma en cómo el procedimiento buscaba amordazar su derecho a la libertad de prensa. 

El periodista ha sido notificado de dos denuncias activas en su contra por los delitos de injuria y calumnia, iniciadas respectivamente por Catalina Cifuentes Pinillo, secretaria de Educación y Desarrollo Social de Donmatías, y Jairo Alonso Macías Berrio, presidente del Concejo de Donmatías. El pasado 24 de enero, en la audiencia de conciliación, Peña decidió no conciliar en ninguno de los dos casos y argumentó que sus publicaciones son de interés público. Además, la fiscal le informó al periodista de la existencia de otras cinco denuncias en su contra, presentadas por los mismos funcionarios públicos.

Por otro lado, el periodista ha sido víctima de situaciones intimidantes y amenazas en su contra. El 22 de diciembre de 2022, un desconocido lo abordó y le mostró un cartel que decía: “usted no puede volver a escribir, tiene que borrar todo y no puede volver a Donmatías. Efecto que lo matamos”. Esto se suma a las amenazas que ha recibido desde el 2019, cuando tuvo que exiliarse en México por un tiempo. 

Frente al acoso judicial, estos hechos constituyen una estrategia coordinada para atacar y hostigar al periodista a través de diferentes mecanismos jurídicos, con el fin de silenciar sus denuncias. Este caso cumple con las cinco características que estipuló la Corte Constitucional en su sentencia T-452 de 2022 para catalogar un caso como acoso judicial. Primero, que haya una intención de silenciar la expresión, en especial la de interés público. Segundo, que la parte demandante cuente con recursos económicos suficientes para costear el acceso a la justicia. Tercero, que exista un desequilibrio de poder entre las partes. Cuarto, que se formulen pretensiones desproporcionadas o imposibles de satisfacer. Y quinto, que se genere un efecto silenciador sobre el debate público.

Así mismo, es preocupante la falta de diligencia de la Policía del municipio, que no solo ha emprendido acciones que promueven la censura, sino que también ha omitido su deber de proteger a la prensa y a la ciudadanía. Peña informó a la FLIP que durante una audiencia a la que asistió, un desconocido le gritó que lo iba a matar, y a pesar de que el comandante de Policía tuvo conocimiento de esta amenaza, no emprendió ninguna acción para protegerlo. 

Frente a su situación de seguridad, es urgente que la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúe su nivel de riesgo de manera integral con el fin de proteger su integridad. Expresamos nuestra preocupación por las fallas en el funcionamiento del esquema de protección que le asignó el Departamento de Policía de Antioquia y que debería acompañarle en Medellín, pues solo ha hecho presencia en dos ocasiones. 

Desde la FLIP recordamos a los concejales, empleados de la Alcaldía y directivos del colegio público involucrados que en este caso se configura un ataque en contra del ejercicio periodístico local, pues mediante el abuso del uso de vías judiciales se busca callar una voz de veeduría a través del periodismo. Sin una vigorosa protección de la libertad de prensa, el sistema democrático y el pluralismo se debilitan. Precisamente, es su deber adoptar las medidas para la protección reforzada a la libertad de prensa en el municipio de Donmatías. 

La FLIP expresa su preocupación por las estigmatizaciones emitidas por la senadora del partido Centro Democrático en contra del medio de comunicación Canal 2 de Cali, Valle del Cauca, el pasado 15 de febrero. Cabal usó expresiones como “ustedes son terribles” y “espantosos” cuando los periodistas le estaban preguntando por los motivos de las manifestaciones.

Este tipo de estigmatizaciones, emitidas por funcionarios públicos, pueden ser interpretadas por sus seguidores como una autorización para tomar acciones que atenten contra la integridad y el libre ejercicio periodístico del medio de comunicación Canal 2. Además, sus afirmaciones pueden tener el impacto de deslegitimar el trabajo del equipo periodístico y contribuir a crear mayor hostilidad e intolerancia en distintos sectores de la población.

Canal 2 es un medio que en el 2021 resultó beneficiario de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien instó al Estado colombiano a atender con prontitud la situación de amenaza que los periodistas habían reportado en razón del cubrimiento de las protestas de ese año en la ciudad de Cali. En los últimos dos años, Canal 2 ha sido objeto de 14 amenazas y 4 hostigamientos que han impedido que los periodistas que pertenecen a dicho medio puedan ejercer su trabajo libremente.

Le hacemos un llamado respetuoso para que como Senadora de la República, Cabal asuma y promueva de manera constante un discurso favorable que respalde la labor de la prensa. Además, llamamos la atención del Consejo de Control Ético del partido Centro Democrático, pues este es el tercer caso que la FLIP documenta en el último año en donde la senadora Cabal emite juicios estigmatizantes contra periodistas.

Conozcan la carta completa aquí.

Durante los dos días de manifestaciones sociales de esta semana, la FLIP registró cinco casos de agresiones contra la prensa. Siete periodistas en Cali y Medellín fueron víctimas de agresiones físicas y obstrucciones realizadas por manifestantes. Los cuatro casos que documentamos en Medellín ocurrieron hoy, 15 de febrero; mientras que el de Cali sucedió ayer, 14 de febrero.