La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza y condena el robo del que fue víctima la Agencia de Prensa Rural en Bogotá.

El 25 de octubre, en la madrugada, delincuentes ingresaron a la casa de la Corporación para el desarrollo de la educación y la investigación social (Corpeis), violentaron las entradas y se dirigieron únicamente a la oficina de Prensa Rural. Allí robaron un computador Mac, un disco duro y un kit de luces. Los periodistas fueron informados por el personal de seguridad cuando la alarma se activó.

El robo podría ser un ataque dirigido ya que los delincuentes no tomaron objetos de valor de otras oficinas, atravesaron toda la edificación y llegaron hasta el lugar donde está ubicada la sede de Prensa Rural, en el segundo piso. De acuerdo con la información que logró obtener la FLIP, para llegar hasta las instalaciones del medio se debe conocer con exactitud su ubicación e identificar el momento apropiado para ingresar.   

A pesar de que en el computador no había información sensible, en el disco duro sí estaban guardadas maquetas de trabajos que está realizando la Agencia. Prensa Rural ha estado trabajando en varios proyectos relacionados con la construcción de memoria en algunos departamentos del país, el proceso de erradicación de coca, el encuentro nacional de víctimas de la Unión Patriótica y el encuentro nacional de Reserva Campesina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso:  “la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Fundación rechaza estos intentos de censurar a un medio alternativo y el robo de información sensible. Los responsables del robo pueden acceder a la información de Agencia de Prensa Rural y así se violaría el secreto profesional. La seguridad de los reporteros y de sus fuentes pueden estar en riesgo.

La FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investigue los hechos y así se pueda hacer justicia con las sanciones adecuadas. La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a la Agencia de Prensa Rural con el fin de determinar las medidas apropiadas para proteger las instalaciones del medio.

El 19 de octubre la Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque por parte de funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP respalda esta decisión y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial para que esta declaratoria esté acompañada de investigaciones y juicios más efectivos con el fin de sancionar a los responsables de estos delitos. Teniendo en cuenta que la decisión implica que estos delitos no puedan prescribir, esto no se puede convertir en un incentivo para que las investigaciones se dilaten sin resultados.

Lunes, 27 de febrero de 2017

Exfuncionarios del DAS irán a juicio y Claudia Julieta Duque declarará como víctima de tortura psicológica

Rodolfo Medina Alemán (quien se encuentra prófugo) y Ronal Rivera Rodríguez (exdirector y exdetective de Contrainteligencia del DAS) serán llevados a juicio por el delito de tortura psicológica agravada de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

El proceso contra ambos exfuncionarios del DAS no ha sido fácil, pues sus defensores han usado maniobras dilatorias argumentado que se ha vulnerado el debido proceso y solicitando nulidades procesales.  Sin embargo, el Juez Segundo Penal Especializado dejó en firme el juicio que se adelanta contra estos, argumentando que durante el todo el proceso se han respetado las garantías procesales y el derecho de defensa de Medina y Rivera.

El juicio continuará el próximo 1 y 2 de marzo en los Juzgados Penales Especializados de Bogotá y Cundinamarca. Precisamente el jueves 2 la periodista tendrá que declarar como víctima dentro del proceso e invita a diferentes organizaciones nacionales e internacionales a que la acompañen en esta etapa tan importante para ella.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Administración de Justicia para que las investigaciones y sanciones por los hechos avancen favorablemente hacia el esclarecimiento de la verdad y la condena de todos los autores materiales e intelectuales involucrados, entre ellos funcionarios y exfuncionarios estatales.

Efigenia Vásquez fue herida mortalmente mientras ejercía su derecho a la libertad de expresión como periodista en el municipio de Puracé, Cauca. La Fundación para la Libertad de Prensa maneja la hipótesis que la comunicadora pudo haber muerto a causa de un “proyectil de carga múltiple” accionado por un agente del ESMAD.

Desde joven siempre tuvo presente que su labor en este mundo no era otra sino ayudar a su comunidad. Se inquietaba con las problemáticas que vivía su región y las denunciaba esperando encontrar eco en las autoridades. Esta es la historia de un periodista y comunicador indígena a quien el oficio le costó la vida.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las constantes restricciones y agresiones a la prensa por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el cubrimiento de audiencias públicas.

En días pasados, algunos medios de comunicación denunciaron una agresión a la periodista de Caracol Televisión, María Camila Orozco. Estos informaron que un empresario insultó a la reportera y le golpeó la mano, tirándole el micrófono al suelo. Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en los juzgados de Paloquemao el pasado 5 de octubre durante una audiencia en el caso de los Panamá Papers. 

En el proceso de documentación de esa agresión, la FLIP también tuvo conocimiento de una serie de intimidaciones por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía en contra de Orozco. La Juez del caso impidió el ingreso de cámaras de televisión a la sala. Cuando finalizó la diligencia, según relata la periodista, cerca de diez funcionarios del CTI la intimidaron y le ordenaron eliminar el material que había grabado con su celular. Además, le advirtieron que si no borraba los videos, no podía continuar en la sala. A pesar de haber eliminado parte del material que había registrado, fue obligada a salir del lugar.

Este escenario no es una excepción. El 15 de agosto, Yeison Rojas y Julieth Jiménez, periodistas de CM& y La Chiva de Urabá, respectivamente, fueron víctimas de una obstrucción por parte de un funcionario del CTI de la Fiscalía en Apartadó, Antioquia. Ese día se llevó a cabo una audiencia por un escándalo de peculado, en el que están involucrados funcionarios y contratistas del ICBF. Un hombre que se identificó como funcionario del CTI prohibió el ingreso de la prensa y no permitió que los periodistas tomaran fotografías o grabaran videos afuera de los juzgados. Al sentirse respaldados por el CTI, los familiares de los acusados agredieron a los periodistas. Un familiar de una de las capturadas insultó a Jiménez y le tiró el celular al piso.

El 17 de junio, una Juez de control de garantías de Bogotá expulsó de la sala de audiencias a periodistas que cubrían un caso de corrupción en la administración de recursos de Montería. La Juez decidió hacer la audiencia a puerta cerrada como respuesta a la solicitud del fiscal, que argumentó el “alto impacto social” del caso, pues vincula a altos funcionarios públicos. Por estos hechos, la FLIP y la Asociación Colombiana de Medios de Información -AMI- (antes Andiarios) expresaron su preocupación. 

Para la FLIP, estas situaciones son preocupantes ya que restringen el ejercicio del periodismo. Las constantes obstrucciones de los funcionarios del CTI violan el derecho a acceder a la información. De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, toda información en posesión, control o custodia de los servidores públicos es de carácter público y su acceso debe permitirse a todos los ciudadanos.

El carácter público de las audiencias implica que la comunidad, los medios de comunicación y los vinculados al proceso puedan tener acceso a ellas. La publicidad de los procesos es un principio que debe regir cualquier actuación y sólo por excepciones debidamente respaldadas por la Ley, puede limitarse.  Los medios de comunicación en las audiencias hacen seguimiento a la correcta administración de justicia y son una garantía al debido proceso.

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura a que tomen medidas para reducir las cada vez más frecuentes restricciones a la prensa en audiencias públicas. El accionar de los funcionarios del CTI trasgrede la transparencia en los procesos judiciales. 

El 10 de octubre de 1989 fue asesinada Martha Luz López López, gerente administrativa de El Espectador en Medellín. Dos hombres le dispararon cuando se disponía a salir de su residencia, ubicada en el barrio El Poblado de Medellín.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena y lamenta la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien falleció ayer después de enfrentamientos entre comuneros del Pueblo Kokonuko y agentes del ESMAD en Puracé, Cauca.

Vásquez Astudillo murió en el hospital San José de Popayán como consecuencia de heridas ocasionadas con armas de largo alcance, según dijeron autoridades indígenas del Cauca a la FLIP. Los enfrentamientos se dieron en el sector de Aguatibias, Puracé, en medio de un operativo de desalojo de tierras por parte de la Policía Nacional en reacción a las acciones de la Minga de Liberación de la Madre Tierra por parte de la Guardia Indígena del Pueblo Kokonuko.

La FLIP está verificando si Vásquez se encontraba realizando labores periodísticas durante los hechos. Efigenia Vásquez fue una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación indígenas del Cauca. La FLIP resalta el trabajo de los medios indígenas y comunitarios en las regiones del país.

La Fundación exige a la Policía Nacional que investigue los hechos y a los agentes involucrados en el operativo. Así mismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación que procese y sancione a quienes ordenaron accionar el arma de fuego que acabó con la vida de la comunicadora.  

Antecedentes:

La FLIP expresa su preocupación por las constantes agresiones durante las confrontaciones entre la comunidad y miembros de la Fuerza Pública en el contexto de manifestaciones sociales. La Fundación ha documentado varias agresiones en las que existen actos deliberados de la Fuerza Pública con el fin de censurar e impedir el registro de las protestas.  

El pasado 9 de mayo, Pedro García, colaborador del periódico El Turbión, y quien, según su familia, se encontraba tomando fotografías durante la Minga Comunitaria de Liberación de la madre Tierra, resultó gravemente herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

Luego, el 12 de julio, en una jornada de enfrentamientos entre comuneros y policías, la emisora Renacer Kokonuko se quedó sin servicio de energía desde aproximadamente las 6 de la mañana. La empresa de energía no informó que estuvieran programados cortes eléctricos. Ese mismo día, periodistas de Caracol Televisión fueron agredidos con piedras durante el cubrimiento de la Minga en Puracé.

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena los ataques de agentes de la Policía Nacional en contra de periodistas y personal que integraba una comisión humanitaria de carácter civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos en Nariño. Los hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco.

La FLIP documentó que en terreno se encontraban desplegados equipos periodísticos de la Revista Semana, El Espectador, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo.  Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.

Al respecto la FLIP:

1.      Informa que las explicaciones de la Policía son insuficientes. En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil. 

2.      La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la fuerza pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna.

3.      Recuerda que la masacre de campesinos en Tumaco es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico. Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo.

4.      Resalta que este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional.

5.      Exige que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sea objeto de investigación desde la censura y el miedo que se impone con estos actos.  Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

6.      Exige al Gobierno Nacional explicaciones sobre lo sucedido incluyendo: la pronta asignación de sanciones ejemplarizantes, asumir responsabilidad al interior de los cuerpos policiales y dar instrucciones de plenas garantías al cubrimiento periodístico de conformidad con los estándares internacionales a los que está obligado.

7.      Solicita al Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como a todas las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones de su competencia para que la investigación de los hechos sucedidos en Tumaco cuente con garantías a la libertad de prensa.

Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad.

En lo que va corrido del año, la FLIP ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las fuerzas militares han agredido a la prensa. De estos, 8 han ocurrido en medio de manifestaciones sociales. En julio, una periodista fue agredida e intimidada en zona rural de Meta durante el cubrimiento de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública por la erradicación forzada de coca. Así mismo, en mayo un periodista resultó gravemente herido por parte de uniformados que lo agredieron con arma de fuego mientras cubría una movilización de indígenas en el Cauca.

La Policía Nacional de Colombia en el marco del Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anuncian la creación conjunta del curso “Libertad de prensa y función policial en Iberoamérica”.

A través de esta alianza asesorada y acompañada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se creará una plataforma virtual y en línea, para capacitar masivamente a miembros de la Policía Nacional de Colombia y de otros cuerpos policiales del continente en estándares internacionales de acceso a la información, libertad de pensamiento y de expresión. 

El pasado 13 de septiembre, miembros de la Policía Nacional de Colombia que incluyen al señor GENERAL CARLOS MENA BRAVO – Inspector General de la Institución Policial, a la señora Coronel MARTHA LIGIA HERRERA BETANCOURTH - Jefe Área de Derechos Humanos y a funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Escuelas de la Institución, se reunieron con el señor GUILHERME CANELA - Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de la Unesco, y con el señor PEDRO VACA, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, para formalizar su compromiso de realizar el curso. 

Los asistentes a la reunión reiteraron la necesidad de contar con una plataforma digital de enseñanza de libertad de expresión que sea de fácil acceso para integrantes de la Policía Nacional en todo el país y cuya experiencia pueda ser replicable masivamente en otros países de la región. En palabras del General Mena, este programa “busca del mejoramiento continuo para ser una Policía más humana, íntegra, disciplinada, innovadora y efectiva en su gestión”. Así mismo, en la reunión se definió el cronograma para el diseño del material pedagógico y la implementación de las herramientas en la plataforma.  

Este 28 de septiembre, Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, la UNESCO, la Policía Nacional de Colombia y la FLIP reafirman su interés en continuar trabajando en la generación de garantías para la actividad periodística y en reforzar el rol de garantes de la libertad de prensa.