La FLIP y El Veinte valoramos positivamente la decisión de la Corte Constitucional de seleccionar para su revisión la tutela presentada en contra del presidente Gustavo Petro, ante sus reiteradas expresiones estigmatizantes hacia la prensa, en particular contra las mujeres periodistas. La Corte tiene una oportunidad fundamental para sentar un precedente sobre los deberes que tienen los altos funcionarios, como el presidente de la República, al emitir declaraciones públicas que puedan resultar en estigmatizaciones contra el periodismo.

La tutela, presentada en septiembre de 2024 y en representación de 20 mujeres periodistas, se centra en cuatro argumentos. Primero, las declaraciones estigmatizantes realizadas por el jefe de Estado vulneran la libertad de expresión al deslegitimar el ejercicio periodístico y generar un ambiente de hostilidad que afecta a los y las periodistas. Segundo, se resalta que el presidente tiene el deber de tolerar expresiones que le resulten molestas, críticas o incómodas. Tercero, se enfatiza que los funcionarios públicos están en un deber de respaldar y garantizar el ejercicio libre de este derecho, así como de proteger activamente la labor de la prensa. Finalmente, se destaca que la Constitución otorga una protección reforzada a periodistas por su papel esencial en la democracia y en el debate público.

En el caso de las mujeres periodistas, el uso de expresiones como “muñecas de la mafia” para refererirse a ellas transgrede sus derechos en tanto que refuerza estereotipos de género y vulnera sus derechos a la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de violencias. Esto es aún más relevante al considerar el riesgo diferencial que enfrentan las comunicadoras en el ejercicio de su labor. Como lo reconoció la Corte en su sentencia T-087 de 2023, las mujeres periodistas enfrentan riesgos diferenciados en el ejercicio de su labor respecto a sus colegas hombres. Estos ataques no sólo profundizan su situación de vulnerabilidad, sino que también tienen la capacidad de generar autocensura y silenciar voces esenciales para el debate público.

La selección de esta tutela es importante porque ocho meses después de que el presidente se refiriera a las periodistas como “muñecas de la mafia”, este insiste en mantener un discurso de estigmatización contra la prensa. Esto ha continuado incluso después de la firma de la Directiva 07 de septiembre del año pasado que busca promover una interacción ética y respetuosa entre funcionarios públicos y periodistas. El ejemplo más reciente se dio el pasado 25 de abril cuando el presidente se refirió en su cuenta de X de manera desobligante a los “honorables periodistas”, utilizando la sigla HP en un contexto ofensivo y acusándolos de calumnia y de poner “de cabeza los intereses del pueblo”. Este tipo de acciones no solo vulnera gravemente las garantías democráticas y legitima la violencia contra periodistas, sino que también desconoce el compromiso que el Estado posee de brindar garantías y protección para la labor periodística.

Es fundamental que la Corte haga un llamado claro para que los funcionarios públicos, en especial a quien ejerza como Presidente de la República, comuniquen y utilicen de manera responsable las redes sociales y se abstengan de estigmatizar o emitir señalamientos que puedan agravar los riesgos para los y las periodistas. La gravedad y persistencia de las declaraciones del presidente contra la prensa crean un ambiente hostil para el periodismo y legitiman actuaciones similares por parte de otros funcionarios y de futuros jefes de Estado; estos factores se agravan por las dinámicas de viralización y amplificación en las redes sociales. Por todo esto, este caso exige que el alto tribunal, a partir de su revisión del caso, contribuya a fortalecer la regulación respecto de los límites y deberes que tiene el jefe de Estado de garantizar y respaldar la labor de la prensa y adoptar soluciones firmes para proteger de manera efectiva la libertad de expresión en Colombia.