Aumenta la persecución judicial contra el periodista José Manuel Vega

Expresamos nuestra preocupación por la citación a audiencia de imputación hecha al periodista José Manuel Vega con motivo de una denuncia presentada en el año 2021 por el entonces director del Área Metropolitana de Valledupar, Andrés Arturo Fernández, en contra del periodista. Este proceso se enmarca en una serie de presiones e intimidaciones de carácter legal contra José Manuel Vega, motivadas por su labor periodística sobre contratación pública y presuntas irregularidades administrativas en Valledupar y en el departamento del Cesar.

En octubre de 2021, José Manuel Vega, periodista del medio de comunicación El Periódico - Prensa Libre de Valledupar, publicó la investigación titulada “Hijo de tigre…”, en la cual señala que Andrés Arturo Fernández presuntamente favoreció a una empresa con la que tiene vínculos comerciales y familiares con la adjudicación de un contrato.

Adicional a esta publicación, el periodista continuó con su investigación en la gestión del antiguo director del Área Metropolitana de Valledupar y, según Fernández, el periodista habría buscado extorsionar al funcionario para no publicar esa información, afirmación que no ha sido corroborada mediante elementos materiales probatorios. Desde 2021, Fernández ha iniciado tres procesos penales contra el periodista, además de presentar una acción de tutela en 2024.

Paralelamente, el periodista Vega interpuso una denuncia por amenazas en su contra, que llevó a la Fiscalía General de la Nación a formular acusación contra Fernández el 10 de abril de 2024. Los hechos se remontan al 20 de octubre de 2021, cuando el entonces director agredió físicamente a Vega y, junto con su escolta, lo amenazó antes de que se publicara un artículo en el que se le mencionaba.

El proceso penal contra el periodista por el presunto delito de extorsión fue archivado por la Fiscalía en 2022. Sin embargo, tras la audiencia de imputación realizada el 10 de enero de 2024 en el marco del caso por amenazas contra Andrés Arturo Fernández, la Fiscalía reactivó la investigación en contra del periodista, luego de casi dos años de inactividad. Actualmente, el Juzgado 3 Penal con Función de Control de Garantías Ambulante de Valledupar ha citado a José Manuel Vega a una nueva audiencia de imputación, programada para este lunes 14 de julio.

José Manuel también ha recibido otras tres denuncias por parte de funcionarios públicos y contratistas en la ciudad y el departamento, todas directamente relacionadas con su trabajo periodístico. Las distintas presiones de carácter judicial y las amenazas a su seguridad han llevado a que él y su familia se exilien por fuera del país. Igualmente, con ocasión del exilio de su fundador y director, además de otras presiones recibidas, el medio El Periódico - Prensa Libre, se vio obligado a dejar de funcionar. Estas acciones judiciales se enmarcan en un patrón preocupante de uso del sistema penal para intimidar o silenciar a periodistas que investigan asuntos de interés público.

Ante el abuso de los mecanismos judiciales para silenciar la labor periodística, la Corte Constitucional, en la sentencia T-452 de 2022, estableció un importante estándar de protección a la libertad de expresión: acudir reiteradamente a los escenarios judiciales con el único propósito de impedir la difusión de asuntos de interés público —invirtiendo considerables recursos económicos en litigios infundados— constituye una forma de acoso judicial con fines de censura. Este fenómeno, según la Corte, no tiene como fin la búsqueda legítima de justicia o reparación, sino el silenciamiento de voces críticas y la supresión del debate democrático. Se trata de una práctica especialmente grave en contextos donde el periodismo cumple una función esencial de vigilancia del poder y de garantía del derecho ciudadano a estar informado.

Esa corte además advirtió que el acoso judicial supone para la parte más débil la exigencia de buscar asesoría legal especializada, asumir los gastos propios del proceso judicial y disponer del tiempo para la defensa, todo lo anterior, en desmedro de la actividad periodística. Al mismo tiempo, se convierte en un mensaje intimidatorio para otros periodistas que deriva en un efecto silenciador ante el temor de este tipo de litigios.

Sobre este fenómeno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho recientemente que los Estados tienen la obligación de establecer medidas que “permitan desestimar rápidamente acciones judiciales o administrativas meramente destinadas a intimidar o silenciar” el debate público.

En línea con los estándares expuestos, **solicitamos a la Fiscalía a desestimar el avance del proceso penal que está en curso contra el periodista José Manuel Vega y a valorar con cautela los hechos en este caso, teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente descritos. El acoso judicial surge del uso indebido de los mecanismos legales para silenciar voces críticas y corresponde al Estado garantizar que estos procesos no se conviertan en instrumentos de censura ni profundicen afectaciones indebidas al ejercicio periodístico.