La FLIP y otras organizaciones de derechos humanos acompañamos a la periodista Claudia Julieta Duque en el juicio contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez. En audiencias previas, Duque, la Procuraduría y la Fiscalía pidieron que se condenara a Narváez; sin embargo, el exdirector del DAS no reconoció su responsabilidad en los hechos cometidos contra la periodista y se limitó a cuestionar personalmente el trabajo y la veracidad de las agresiones que sufrió Duque. Las acciones de Narváez son revictimizantes y vulneran los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, se espera que el Juzgado 10° Penal Especializado de Bogotá lo condene como máximo responsable de crímenes de lesa humanidad.

La FLIP tuvo acceso a documentos filtrados que revelan que el Estado utiliza —y planea adquirir— tecnologías y tecnologías con capacidad intrusiva para vigilar la actividad en línea y recolectar información del espacio público virtual. Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la “seguridad nacional” sin reconocer que vulneran los derechos humanos. El uso indiscriminado y masivo de estas herramientas tecnológicas en contra de periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en el país afectan la libertad de expresión y la privacidad.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó la responsabilidad del Estado colombiano por las vigilancias ilegales a la periodista Claudia Julieta Duque. Destacó que se trató de “una violación a derechos humanos, en un hecho en el que participaron funcionarios del extinto DAS y que, faltando a sus deberes funcionales se comprometieron e involucraron con este tipo de conductas absolutamente reprochables”. Esta decisión es un paso trascendental en la búsqueda de justicia que por veinte años ha realizado la periodista, y se constituye en el primer caso en el que se reconoce la responsabilidad del Estado por los perfilamientos a periodistas. 

Los hechos se remontan a 2001, cuando Duque investigaba el asesinato del periodista Jaime Garzón, cometido el 13 de agosto de 1999. La vigilancia, la tortura y la estrategia de terror organizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de Duque buscaban que ella desistiera de su investigación sobre el homicidio de Garzón y se autocensurara para encubrir la responsabilidad del Estado en ese crimen. Entre el 2001 y 2010 la periodista fue secuestrada, vigilada, amenazada y torturada psicológicamente, por lo que se vio obligada a exiliarse con el fin de salvaguardar su vida y la de su hija. 

En marzo del 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en decisión de primera instancia, consideró que el Estado había sido responsable de las agresiones contra Claudia Julieta Duque. Ahora, dos años después, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado por la grave violación a los derechos humanos de la periodista por motivo de las vigilancia ilegales de las que fue víctima.

En esta nueva sentencia, se declaró la responsabilidad del DAS ya que “cada uno de los funcionarios involucrados en las actuaciones ilegales adelantadas en contra de la señora Duque Orrego actuaron invocando su autoridad”. Además, se probó que estos no fueron hechos aislados sino que hicieron “parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante meses, e incluso años (..) sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo de parte de la institución demandada, tanto así, que varios directores se encuentran procesados como autores de los hechos”. En otras palabras, el Estado es responsable tanto por las vigilancias ilegales perpetradas por sus agentes, como por incumplir su deber de control respecto a las actividades de los agentes del Estado. 

Esta decisión es un precedente significativo, pues sienta bases para casos donde se estudie la responsabilidad del Estado en otros hechos de perfilamientos, como el denunciado en el 2020 por la Revista Semana en el que funcionarios del Ejército perfilaron a por lo menos a cuarenta periodistas.

Desde la FLIP, celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado, ya que no solo es un aliciente para Claudia Julieta, un reconocimiento a su valentía, esfuerzo y dedicación para superar la impunidad en su caso, sino también un mensaje sobre la contribución que desde la labor periodística se brinda en investigación de graves violaciones a los derechos humanos, y la necesidad de proteger a los y las periodistas que adelantan estas investigaciones.

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con el lema de “Periodismo bajo el asedio digital”, UNESCO pretende que se haga especial énfasis este año en las numerosas y nuevas amenazas digitales a las que se enfrentan los periodistas, y exige respuestas de todas las partes interesadas.

Ha pasado un año desde que Revista Semana reveló que el Ejército hizo uso de sus recursos de inteligencia para vigilar y perfilar a más de treinta periodistas nacionales e internacionales. Las carpetas contenían datos personales, laborales, familiares, de amigos y colegas. Después de la denuncia de Semana, en la FLIP conocimos catorce casos más. A pesar del revuelo que causó la noticia, hoy es poco lo que sabemos sobre el contenido de esas carpetas.

A esto se suma la falta de consenso entre la Procuraduría y la Fiscalía sobre la lista y el número de personas allí incluidas, pues la primera identificó como víctimas a 29 personas y a los miembros de cuatro organizaciones y un medio de comunicación; mientras que la Fiscalía aseguró que tan solo veinte personas habían sido las víctimas. Tampoco se sabe cuál fue la formulación de cargos hecha por la Procuraduría General de la Nación hacia los trece militares que habrían hecho uso  ilegal de la inteligencia informática del Ejército para realizar estos seguimientos. 

Desde la FLIP, tuvimos acceso a los testimonios de algunos de los periodistas víctimas de estos perfilamientos ilegales, para conocer el impacto individual y colectivo que generaron estas acciones de intimidación y estigmatización a la labor periodística.

Entérense de lo que se conoce de este caso en la página 9 del PDF de Páginas para la libertad de expresión. Puede acceder al documento PDF o descargarlo aquí. 

It has been a year since Semana Magazine revealed that the Army used its intelligence resources to surveil and profile more than thirty national and international journalists. The folders contained personal, work, family, friends, and colleagues data. After the report of Semana, we came to know on other fourteen cases at FLIP. Despite the stir the news caused, today is little we know about the contents of those folders.

In addition, there is a lack of consensus between the Attorney General’s Office and the Office of the Prosecutor on the list and the number of persons included, since the former identified 29 persons and the members of four organizations and one media outlet as victims; while the Office of the Prosecutor assured that only twenty people had been the victims. Nor is it known what the filing of charges were made by the Attorney General's Office toward the thirteen military personnel who would have made illegal use of the Army's computer intelligence to carry out these surveillance.

At FLIP, we had access to the testimonies of some of the journalists who were victims of these illegal profiling, to know the individual and collective impact that these actions of intimidation and stigmatization generated on journalistic work.

Find out what is known about this case on page 9 of Páginas para la libertad de expresión PDF. You can view or dowload here.