Durante las últimas semanas en la FLIP hemos documentado diversos señalamientos y calificativos en redes sociales por parte del presidente Gustavo Petro, altos funcionarios públicos y miembros de la coalición de Gobierno, que estigmatizan la labor del periodismo en el país. Con estas afirmaciones, que generalizan la labor de los y las periodistas en Colombia, se agudiza el clima de hostilidad hacia la prensa, con lo cual se desconoce la obligación que tiene el Estado, y particularmente el Presidente, de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa.

Rechazamos los ataques en contra de periodistas de Blu Radio, La FM y RCN televisión, por parte de un grupo de personas que participaban en las manifestaciones de hoy convocadas en la ciudad de Bogotá. Los y las periodistas fueron insultados, hostigados y cuestionados agresivamente por el medio en el que trabajaban, lo cual terminó obligándolos a pausar el cubrimiento para salvaguardar su integridad.

Desde la FLIP celebramos la decisión tomada por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que declara culpable y ordena la captura de Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el delito de tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque. El Tribunal determinó que entre 2001 y 2004, la periodista fue víctima de torturas, hostigamientos, llamadas intimidantes y vigilancias prolongadas por parte de exfuncionarios del DAS, como retaliación a sus investigaciones periodísticas sobre el homicidio de Jaime Garzón.

La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido. 

Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según  María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas. 

Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya. 

El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas. 

Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.  

A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.

La FLIP rechaza la obstrucción al trabajo periodístico y el robo de pertenencias del que fueron víctimas Oswaldo Paez, Hugo Mario Cárdenas y Octavio Villegas, integrantes del equipo de reporteros de El País de Cali. Los responsables de los hechos se identificaron como miembros del ELN.