El pasado 5 de noviembre, periodistas de La Lupa Araucana, medio de comunicación digital, fueron contactados por parte del Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias de las FARC, quienes les exigieron publicar un video en el que se lanza una grave advertencia a varias comunidades rurales del departamento. La presión ejercida sobre el equipo periodístico los obligó a publicar un video en su página el día de ayer. Como consecuencia el medio recibió recriminaciones por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, que los acusó de simpatizar con la otra organización armada. Esta intimidación y acusaciones cruzadas no solo comprometen la vida e integridad de los periodistas de La Lupa Araucana, sino que reafirman la crítica situación que enfrenta la prensa en Arauca.

Desde el 22 de octubre, José Ignacio Arango, periodista del medio independiente Noticias Cúcuta 75, ha sido objeto de reiteradas amenazas a través de mensajes de WhatsApp, videollamadas, panfletos y llamadas telefónicas. Estas intimidaciones provienen de bandas criminales que operan en la ciudad y lo han presionado para difundir mensajes de estas organizaciones. Expresamos nuestra preocupación por las repetidas agresiones, que no solo vulneran la seguridad de José Ignacio sino que también intentan censurar e instrumentalizar el trabajo periodístico.

#AlertaFLIP | El pasado jueves 10 de octubre, el medio digital Vorágine decidió suspender sus publicaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico a propósito de las amenazas que recibió el periodista Nicolás Sánchez. Desde entonces, hemos acompañado este caso. Reiteramos nuestro rechazo ante cualquier intento de censura.

Rechazamos enérgicamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien el 30 de agosto, durante la ceremonia de posesión de la primera mujer Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en Nuquí, Chocó, se refirió a las periodistas como “muñecas de la mafia”. Posteriormente, en su cuenta en X, el presidente, lejos de corregir y rectificar, afirmó que: “cuando hablo de periodistas del establecimiento, me refiero a quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino a quienes trabajan para poderes oscuros”. Calificarlas como "muñecas de la mafia" y reafirmar que están al servicio de “poderes oscuros” son conductas que generalizan, estigmatizan y perpetúan los estereotipos de violencia contra las mujeres periodistas.

#AlertaFLIP | El periodista Cristian Cabrales, del medio digital Plato y la Región Noticias, denunció un atentado en su contra. En la madrugada del sábado 24 de agosto, y en la vía Plato a Tenerife, en Magdalena, un desconocido en moto le disparó al comunicador en varias ocasiones.

La FLIP conoció que el pasado sábado 13 de julio, hombres desconocidos dispararon cerca de la vivienda del periodista independiente Ricardo Ruidíaz, quien se encontraba al interior de su residencia ubicada en el municipio de Machetá, Cundinamarca. Ante lo ocurrido, los escoltas del esquema de seguridad, otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), activaron el protocolo y pusieron a salvo al comunicador y defensor de derechos humanos.

El 16 de mayo de 2024, cinco periodistas de varios medios de comunicación fueron agredidos por integrantes de la Policía Nacional mientras cubrían la noticia del asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado Élmer Fernández. Los funcionarios intentaron detener el trabajo que estaban haciendo los comunicadores, a pesar de que se identificaron como prensa, y algunos tuvieron que retirarse del lugar sin terminar el cubrimiento.

La Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación (Abraji) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se sumaron para abordar los retos que enfrenta el periodismo en este entorno, uno de los más difíciles de cubrir debido a su densidad natural, pero también por el cruce de intereses económicos legales e ilegales. En este informe, las dos organizaciones identificaron los desafíos específicos de ejercer el periodismo en estos contextos y cómo sus relatos pueden ayudar a proteger las diversas Amazonías, con su biodiversidad, numerosas culturas indígenas y recursos naturales únicos y, a su vez, a fomentar una sociedad bien informada y comprometida con su conservación.

Integrantes de las organizaciones Artículo 19 México y Centroamérica, Protection International Mesoamérica, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) viajamos a El Salvador para acompañar a las y los periodistas antes y durante las elecciones presidenciales, que se realizarán el próximo domingo 4 de febrero. Junto con la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, hacemos un llamado para garantizar la libertad de expresión y los derechos fundamentales de las y los comunicadores.

Desde la FLIP nos solidarizamos y rechazamos la incursión violenta a las instalaciones del canal TC Televisión, en Guayaquil. La tarde del martes 9 de enero de 2024, un grupo de hombres armados interrumpió la presentación del noticiero en vivo y sometió a nuestros colegas y a otros trabajadores de la estación televisiva mientras la transmisión continuaba al aire. Fueron tomados como rehenes y algunos fueron golpeados. A otros les quitaron sus pertenencias ante la audiencia de la televisora. Los encañonaron y los obligaron a pedir ante las cámaras que no interviniera la Policía, mientras lloraban y se abrazaban. Fueron liberados después de una hora y media de terror.

#AlertaFLIP | Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las amenazas de muerte que recibió el periodista Camilo Chará. Es urgente que las autoridades activen las rutas de protección para proteger la vida del comunicador.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 8 de junio 2023 la FLIP ha registrado 418 agresiones contra mujeres periodistas, los agresores más frecuentes han sido particulares, integrantes de fuerza pública y funcionarios públicos. De este total, 45 casos tienen algún elemento de agresión relacionado con el género de las periodistas. Se les amenaza con hacerle daño a su familia, las acosan sexualmente, les hacen comentarios misóginos y machistas y amenazan con violentarlas sexualmente, todo con la finalidad de que dejen de publicar o investigar sobre temas de interés público como seguridad, manifestaciones sociales, conflicto armado, corrupción, política y asuntos relacionados con la vulneración de los derechos de las mujeres.

Rechazamos los ataques contra la prensa que ocurrieron durante el cubrimiento del partido entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, el pasado domingo 3 de diciembre. Seis periodistas de Win Sports, Teleantioquia y ESPN fueron víctimas de insultos, golpes, hostigamiento y daño a sus equipos periodísticos por parte de hinchas de Atlético Nacional, dentro y fuera del estadio Polideportivo Sur, en Envigado, Antioquia. Estos hechos afectan gravemente el flujo de información sobre temas que son de interés para la ciudadanía.

Desde el 28 de noviembre, la periodista de Noticias RCN (televisión), Viviana Llorente, ha sido víctima de hostigamientos y amenazas de muerte tras la reproducción de un tráiler que promocionaba su reportaje Pasión mortal, el cual narraba la ola de violencia que se desencadenó en Cali debido al robo de unas banderas de la barra Barón Rojo Sur, del equipo de fútbol América de Cali.

95 periodistas han sido asesinados desde el octubre 7 (*). Cubrían esta nueva guerra, su trabajo era informar en medio de bombardeos, en un territorio sin acceso a internet, electricidad ni otros servicios básicos. De presiones militares y de estrategias de difusión de desinformación.

En 17 de los 32 departamentos de Colombia, la FLIP ha documentado casos en los que diferentes grupos armados ilegales intimidan, persiguen y amenazan a las y los periodistas con el propósito de controlar la información que se publica en los medios de comunicación local.

En 17 de los 32 departamentos de Colombia, la FLIP ha documentado casos en los que diferentes grupos armados ilegales intimidan, persiguen y amenazan a las y los periodistas con el propósito de controlar la información que se publica en los medios de comunicación local.

Latinoamérica, 09 de marzo de 2023.-  La Red Voces del Sur, integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil, y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Justicia Global, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus preocupaciones frente a los asesinatos y otros tipos de violencia contra periodistas y las deficiencias de los mecanismos de protección para la prensa en los países en los que se ha implementado. Estas organizaciones solicitamos que esta información se convierta en acciones para detener las graves violaciones a la libertad de expresión y prensa en la región, dado que, desde los Estados no existe una respuesta efectiva, e incluso son los principales agresores. 

Durante el 186 periodo de sesiones de la CIDH, Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión de la Comisión, indicó que el 2022 fue el año más letal contra la prensa. A su vez, señaló que esperaba un mensaje honesto, franco y de solidaridad de las más altas autoridades de los Estados. ”No puedo decir que no hubo, porque hubo unos tímidos mensajes. Pero, lo que sí sonó con fuerza fueron mensajes estigmatizantes contra la labor periodística”. El relator acordó que muchos periodistas que pidieron ayuda al Estado terminaron asesinados. “La tragedia está a un paso”, destacó. 

La Red Voces del Sur, a través de sus voceros: Paula Saucedo, de ARTICLE 19 en México, Jonathan Bock, de FLIP en Colombia, y Angélica Cárcamo, de APES en El Salvador, indicaron que América Latina es el continente más letal y peligroso para la prensa. Desde el 2018 se han registrado 83 asesinatos, de los cuales, 39 se cometieron en 2022. El incremento es tanto, que representa un crecimiento del 225% de homicidios en comparación al 2021. Del mismo modo, se evidenció que el Estado es el principal agresor de la libertad de expresión, el sistema judicial persigue a la prensa que investiga y la impunidad de los crímenes contra periodistas roza el 98% en algunos países. Estos problemas se agudizan, ya que no existen políticas públicas integrales que den respuesta a las causas de esta violencia. 

Por su parte, Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras México, Lucía Lagunes Huerta, de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Nadejda Marques, de Justiça Global indicaron que los mecanismos de protección de periodistas carecen de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. Así, funcionan a menudo de manera aislada, con la “única función” de garantizar la integridad física de las personas  beneficiarias. 

Añadieron que los mecanismos de protección tienen un largo camino por recorrer para conseguir abordar el tema de una forma estructural, destacando aspectos como la insuficiencia de recursos humanos y financieros, el análisis de riesgos y la aplicación de medidas de protección, así como la falta de transparencia y participación social. 

Las organizaciones también enfatizamos la ausencia de enfoques interseccionales y de perspectiva de género en todos los mecanismos de protección de la región. Las mujeres periodistas enfrentan dobles condiciones de riesgo al ejercer el periodismo en contextos hostiles y ejercer la profesión en condiciones de desigualdad y discriminación basada en género. 

Ante un contexto de alta violencia, impunidad, vigilancia y constante estigmatización, las organizaciones de la sociedad civil realizamos diversas peticiones a la CIDH enfocadas en acciones que fortalezcan los mecanismos de protección por medio de la inclusión de: análisis de riesgos con enfoque de género e interseccional; diseño de políticas centradas en investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, donde la investigación debe estar centrada en su labor informativa; recomendamos a los Estados acciones concretas de legitimación de la labor periodística así como la creación de planes que busquen combatir la estigmatización contra la prensa. 

Además, que el Mecanismo de Acciones Conjuntas CIDH—Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publique un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas a ser adoptadas por los mecanismos de protección, tomando en cuenta lo ya implementado en los países de la región en los últimos años, los insumos del Alto Comisionado de la ONU y de la sociedad civil y realice sesiones periódicas con organizaciones de la sociedad civil de los países donde existen programas de protección, lo que fue bien acogido por los comisionados. 

Las y los comisionados y el Relator de Libertad de Expresión y de Personas Defensoras de Derechos Humanos se comprometieron a:

• Organizar nuevos encuentros regionales entre sociedad civil y Estados para contribuir en el diseño de políticas públicas en la materia. Esto con el objetivo de fortalecer procesos transparentes y colaborativos.
  
  
• Continuar con la asistencia técnica tanto a autoridades y organizaciones de la sociedad civil para avanzar generar mayores garantías para un ejercicio pleno del derecho a defender los derechos humanos.
  
  
• Solicitar a los Estados donde hay mecanismos o instancias públicas que conducen análisis de riesgos intercambiar información con entidades de procuración de justicia —y en común acuerdo con las personas beneficiarias—, a fin de robustecer las investigaciones y brindar protección más integral. 

Ante las graves omisiones de los Estados para atender la grave crisis de violencia e inseguridad bajo la cual la prensa ejerce su labor, las 24 organizaciones que presentamos esta audiencia reiteramos nuestra voluntad por colaborar con la CIDH y los Estados de la región en beneficio de las y los periodistas y con ello fortalecer nuestras democracias. 

Firman:

ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
ASOPODEHU - Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Honduras)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAinfo (Uruguay)
CIMAC - Comunicación e Información de La Mujer (México)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
CPJ - Comité para la Protección de Periodistas
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYS (Venezuela)
FECOLPER - Federación Colombiana de Periodistas (Colombia)
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED (Nicaragua)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
FUNDAMEDIOS (Ecuador)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC (Chile)
Propuesta Cívica (México)
Reporteros Sin Fronteras
Terra de Direitos (Brasil)

¿Cómo proteger a la prensa en un país violento? Desde el 2020, cada año se impone un nuevo récord de amenazas contra periodistas. La cifra del 2022 fue de 218, la más alta de los últimos quince años. Además, dos periodistas fueron asesinados, para un total de cinco en los últimos tres años. Con estas violencias ocurren múltiples heridas que fracturan la confianza de la gente, que instalan el miedo en los poros de la comunidad y que van trazando un país con puntos ciegos y verdades ahogadas.

El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos. 

En el agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica, vemos cuatro tendencias preocupantes:

• El resurgimiento de regímenes políticos caudillistas. A lo largo de la región, vemos líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales. Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas. Es especialmente crítica la situación en El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, donde varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo.
  
  
• La desinformación en línea. Nos preocupan las estrategias de desinformación que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea. Ejércitos de troles son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas. Estas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población. También nos preocupa que las autoridades diseminen información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos democráticos, como es el caso de los procesos electorales, no pocas veces esto significa obligar al periodismo a desmentir a las autoridades. Además, las operaciones para desinformar y estigmatizar minan la confianza en el periodismo.
  
  
• Mecanismos de protección. A pesar de significar un avance para la garantía de los derechos de las y los periodistas, los mecanismos de protección sufren de problemas en su funcionamiento. Estos no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación. Por ello es necesario fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en aquellos países que aún no cuentan con estos programas. Los estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas integrales que contemplen la prevención y la coordinación con otras instancias. Paralelamente, debe enfrentarse la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión.
  
  
• Vigilancia y espionaje. Las fuerzas de seguridad de los Estados continúan desplegando prácticas de vigilancia de las comunicaciones en contra de los y las periodistas de manera ilegal. El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos.  

Las organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de expresión y de prensa ya han señalado diversas rutas para que los Estados de la región afronten estos retos, desde estrategias para combatir el acoso judicial y la impunidad; el fortalecimiento en la independencia y profesionalidad de quienes integran las instancias de procuración de justicia; la creación de mecanismos de protección donde no existen, y fortalecimiento de los ya existentes; así como detener las prácticas de vigilancia contra periodistas y actuar para proteger la conversación pública online y offline que incluye el cese a los discursos estigmatizantes que aumentan las hostilidad para el ejercicio periodístico. 

Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio. Por ello, hacemos un llamado a los Estados, a fin de que adopten éstas y otras acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo.

Firman:

ARTÍCULO 19 México y Centroamérica

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

IFEX-ALC

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

Voces del Sur (VdS)

Presentamos el libro No callar en un país violento, coescrito por Camilo Jiménez Santofimio, Jonathan Bock y César Paredes. 

Este libro cuenta dos historias: la de cómo los violentos buscaron doblegar al periodismo colombiano en los sesenta años de conflicto armado interno, y la de cómo cientos de reporteros, editores, directores y dueños de medios de comunicación de todo el país lograron resistir a pesar del enorme daño sufrido. Se trata de un viaje a través de las historias y las lecciones que han dejado estos más de sesenta años de tensión entre la prensa y los distintos actores del conflicto. 

El recorrido inicia en la década de los 50, cuando los reporteros narraban los hechos y las memorias de La Violencia, y finaliza en el año 2012, con la antesala de un nuevo proceso de paz con las FARC. Podremos ver cómo a lo largo del tiempo, el periodismo ha sido testigo de los hechos más importantes del país pero también, víctima de múltiples intentos para silenciar la audacia, la independencia y la transparencia del oficio.

No callar en un país violento hace eco de las voces que han narrado el país, pues incluye treinta y ocho testimonios de algunos de los representantes más importantes del oficio como Daniel Coronell, Claudia Gurisatti, Daniel Samper Pizano, entre otros. Los testimonios y los hitos que acá recogemos cabalgan entre la resistencia y la dignidad de una generación de periodistas que ha enfrentado una Colombia amarga, como la llamó Germán Castro Caycedo en uno de sus libros. 

Compre aquí el libro

En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018.

La violencia contra la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales del 2021 no tiene precedentes. Después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente. El periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública. 

Durante el 2021 documentamos más de 700 ataques a periodistas, de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques. 

Como reacción a esta ola de violencia, junto con Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciamos el escalamiento del abuso de la fuerza pública, avalado por un silencio del gobierno y las autoridades. Ante la falta de reacción de las autoridades, solicitamos a la ONU, la OEA y la UNESCO que exigieran al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la libertad de expresión en este escenario. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita a Colombia durante el paro nacional y emitió recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento:

1. Impunidad y silencio frente a la violencia contra la prensa

No se ha dado un rechazo público y contundente por parte del gobierno nacional frente a los hechos violentos contra la prensa. Tampoco se ha enviado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia cometida por los miembros de la fuerza pública. Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva.

De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos. La justicia penal militar tiene conocimiento de tres de estos. De la cifra restante, hay un fallo absolutorio, un fallo inhibitorio, tres procesos archivados y doce en los que la Policía Nacional manifiesta no adelantar ningún tipo de acción. Esta impunidad es histórica, por ejemplo, de los veinte procesos disciplinarios por agresiones a periodistas en las manifestaciones sociales del 2019 y 2020, tan solo un caso se encuentra activo. 

2. Falta de protocolos concretos para la garantía de la labor periodística en el terreno

No se han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión. Aunque el nuevo Estatuto Disciplinario Policial sanciona como falta grave impedir el cubrimiento de los procedimientos de policía, esta medida debe ser reforzada con una comprensión integral del oficio para que los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia.

3. Criminalización de expresiones en línea 

La Fiscalía General de la Nación tiene registro de 993 noticias criminales registradas por calumnia relacionadas a la difusión de “noticias falsas” entre el 2020 y el 2021; de las cuales 471 son de 2021. Si bien no existe información desagregada de cuántas están relacionadas estrictamente con las manifestaciones, se evidencia una persecución activa de este tipo de expresiones ciudadanas, pues para el 2018 sólo se registró un caso. Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones. 

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias. La judicialización de las opciones e informaciones sobre la protesta social tiene un efecto intimidatorio, no solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se expresa en línea.

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.

Por Silvio Waisbord

Doctor en sociología, experto en política y comunicación

El periodismo sigue siendo el blanco preferido del autoritarismo en América Latina. Esto lo demuestran episodios recientes donde el poder apuntó con violencia contra cronistas que cubrían protestas populares. En Colombia, periodistas sufrieron agresiones en medio de extensas violaciones a los derechos humanos en reacción a la movilización ciudadana en las calles. Varios reporteros han sufrido salvajes ataques durante las sorpresivas protestas en Cuba. Autoridades locales y nacionales continúan siendo responsables de la persecución de periodistas en México. Periodistas críticos en El Salvador y Nicaragua tuvieron que exiliarse después de sufrir recurrentes ataques a manos de fuerzas de inteligencia y la policía.

Desafortunadamente, los ataques ponen en evidencia que cierto periodismo hace lo que debe hacer: muestra el descontento popular producto de demandas postergadas, la crisis socioeconómica agudizada por la pandemia, y la corrupción estructural; investiga los pliegues oscuros del poder empecinado en darle la espalda a reclamos ciudadanos y aferrarse a un estatus quo político que muestra fisuras; y desenmascara mentiras y ficciones mantenidas desde los gobiernos centrales a pura propaganda.  

Las acciones destinadas a acallar a la prensa e intimidar al periodismo son comunes al poder, más allá de etiquetas partidarias e ideológicas. Gobiernos autodenominados de izquierda, centro, o derecha tienen en común la particular saña contra la prensa critica. Así como apapachan al periodismo querendón con dinero e información, persiguen a quienes informan lo que verdaderamente ocurre.

Combatir al periodismo con violencia es señal de la desesperación oficial ante la protesta ciudadana. Es señal inequívoca de gobiernos que rechazan la labor esencial de la prensa en democracia, y se empecinan en doblegar los derechos humanos para acallar el disenso. Estigmatizar y hostigar a periodistas críticos y acusarlos de trabajar para conspiraciones recónditas son elementos comunes del manual autoritario. 

En contextos de violencia oficial contra la ciudadanía, cubrir protestas es una misión peligrosa. No hay garantías para que el periodismo pueda ejercer su función sin temores o cuidados. Perseguir y golpear a cronistas tiene por objeto enviar una señal inhibitoria al periodismo: de correrlo hacia la autocensura. Una advertencia para cerrar el límite de lo publicable.

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

En una época donde pareciera que la comunicación digital, especialmente la de los “medios sociales” eclipsa a la prensa, la violencia oficial sugiere que el periodismo crítico sigue cumpliendo un rol importante. Prensa perseguida es señal inequívoca de que todavía importa. Si no fuera así, ¿cómo explicar que el poder se ensañe con una institución supuestamente en su ocaso en épocas de influencers, contenido viral y memes?

Las plataformas digitales son centrales para las manifestaciones populares, en tanto ofrecen mecanismos descentralizados para la coordinación de actividades y mensajes. Esta dinámica no implica que el periodismo no importe. De hecho, sigue siendo fundamental como cámara de eco de las protestas callejeras y el descontento ciudadano. El periodismo visibiliza lo que ocurre en lugares públicos. Le da entidad y presencia a la bronca masiva. Genera imágenes y voces que se multiplican en espacios digitales. Imprime el sello de realidad a la postergación y la frustración popular. Pone al desnudo las fake news fogueadas por los empleados mediáticos del poder. Les muestra a las élites, tan afectas a la prensa como house organ de la política oficial, que su realidad imaginada dista de la existente.

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El periodismo es perseguido simplemente porque muestra la cruda realidad de la violencia y la postergación social, política y económica, documenta las voces de la furia y la falta de garantías democráticas, y descorre el telón del país de fantasías pergeñado desde el poder. Hacer esto siempre es arriesgado en contextos de autoritarismo enquistado y listo a recurrir a la violencia como forma de hacer política. 

Durante las manifestaciones del paro nacional, salir a la calle a hacer reportería, el acto más cotidiano para las y los periodistas, se convirtió en una acción que los ponía en alto riesgo. En este artículo recopilamos testimonios de periodistas que han cubierto el paro en todo el país.

Camilo Andrés Rojas, periodista de Loco Sapiens, Sibaté, Cundinamarca

Cuando la tanqueta empezó a avanzar, decidimos poner nuestras manos en alto. El compañero que estaba transmitiendo mantuvo el directo y es en ese momento cuando aparecen, en medio de la oscuridad, cinco agentes del Esmad que corrían hacia nosotros. Uno de ellos nos apunta con una de esas armas que disparan balines y nos dice “¿qué hacen ahí hijueputas? ¡Los voy a pelar aquí a estas gonorreas!”. Eso nos intimida, nos deja sin palabras, porque nosotros solo seguíamos diciendo “¡somos prensa, somos prensa!”; pero en un segundo ¡Pum!, disparan.

Ahí es impactado Fernando, mi compañero que tenía el celular con el que transmitimos en vivo. Él cae con la cámara al piso y ellos nos dicen “¿prensa de qué?”, miran nuestros carnés, que los teníamos colgados, los toman y una vez que se dan cuenta de que estamos identificados se retiran solo diciendo “hermano es que ustedes vienen aquí a hacer amarillismo”.

Juan Manuel Satizabal, periodista independiente de Popayán, Cauca

Yo me acostumbré a transmitir al frente de donde se genere la noticia, no puedo hacer los directos dos o tres cuadras lejos. Un día estaba cubriendo las manifestaciones en la Vía Panamericana, los policías sabían que yo era periodista y aún así uno de ellos destapó una aturdidora, y me estalló como a un metro de distancia. En un momento corrí y es cuando un policía me grita “ahora sí corre, marica”. Ese día seguí cubriendo, porque yo sé que estar grabando un en vivo es la presión que tienen para que no cometan cosas. 

Leidy Albarán, periodista de Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

“Váyase para allá, usted por qué no graba en otro lado”, es lo que le dice a uno la policía, porque saben que por ser mujer ellos se tienen que cuidar más. Algunos piensan que las mujeres somos débiles pero no es así. Claro, hay temor de quedar sola porque uno siente la fuerza de las agresiones, porque muchos de los que están en esos enfrentamientos son solo hombres, pero lo hago por la labor de poder hacerle llegar información a las personas que no pueden salir, que puedan saber cómo está nuestra ciudad y nuestro país. 

Jahfrann, periodista gráfico independiente en Cali, Valle del Cauca

El ejercicio de prensa está totalmente limitado. Uno constantemente está siendo atacado por la fuerza pública, que “por qué no muestra este otro lado” o “venga y tómele foto a esto otro”. Todo lo no les interese que sea visible está condenado a ser perseguido. Si tienes un chaleco o un casco de prensa, en algunos sectores te pueden tirar el carro, te pueden gritar “váyase de acá”. 

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Nicole Bravo, periodista de la Silla Vacía en Cali, Valle del Cauca

Es muy difícil contrastar información porque muchas veces dependemos de lo que la gente nos envía y ahí se pueden filtrar un montón de cosas, porque no tengo con quién verificar. Estuvimos cuatro días sin tener comunicación con la Alcaldía, todos los periodistas preguntaban por los chats por cuántos muertos o heridos había, pero no había ninguna respuesta. 

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Nicolás Sánchez, reportero gráfico independiente de Bogotá

Estábamos con mi compañero, también reportero gráfico, en el enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública. En un momento uniformados del Esmad arremetieron contra nosotros y nos intimidaron con sus bolillos. Nosotros nos identificamos con el carné de prensa, mostramos nuestras cámaras, pero uno de ellos me mandó contra la pared. Mientras eso pasaba, otro policía me propina el golpe en el glúteo izquierdo*; en ese momento no sentí que fuera una puñalada. 

Caigo al suelo y mi compañero se hace encima de mí para protegerme, otro uniformado me pega una patada en la cara. Ahí es cuando pierdo el conocimiento mientras mi compañero continúa haciendo el llamado a derechos humanos. 

*Nicolás fue apuñalado por un policía esa noche.

Yurani Alzate, periodista de Análisis Urbano Medellín, Antioquia

Ser mujer y ser periodista no es nada fácil dentro de la movilización porque es la calle y un espacio político, y las mujeres no tenemos ese permiso para estar en discusiones políticas, ni en las calles. La policía me dice “quítese de ahí, perra chismosa”, por eso casi siempre busco a la gente de prensa para no ir sola, porque sola sí me da miedo. 

Dentro de la manifestación hay violencia contra la mujer no solo por parte de la policía, sino también de los manifestantes. A mí nunca me ha pasado nada porque siempre he estado en un medio alternativo y me respetan, pero sé que chicos de primera línea han atacado a compañeras solo porque pertenecen a medios grandes. 

John Jairo Astudillo, director de noticias Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

Ser comunicador en esta zona se ha convertido en algo muy riesgoso porque no hay garantías por parte del Estado o de la fuerza pública. Física y verbalmente mi equipo y yo hemos sido agredidos. Las transmisiones en directo que hemos hecho han servido para garantizar los derechos humanos y también para denunciar a quienes actúan de mala forma, bien sea de parte de manifestantes o de fuerza pública. Es por eso que en esos directos tratamos de ser muy neutrales.

Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento, Medellín, Antioquia

Los en vivos yo los defiendo mucho y los veo como una forma de experimentación. No son bonitos, la imagen queda sucia, pero es muy importante para registrar lo que está pasando. Si no estás en directo y sucede algo, puede que muchas veces no te dé el tiempo de sacar el celular y grabar. Me parece muy valioso, además, el hecho de que personas que están en contra de las movilizaciones vean los videos, comenten y a partir de eso se forme un debate. Quizás hay cosas que hemos hecho mal o que tengamos que mejorar, y hay que ser críticos porque muchas veces se está mostrando solo una parte de lo que pasa, pero el directo es una parte importante de la reportería en medio del paro.

En Cali un medio comunitario que publicaba notas de salud comenzó a transmitir el paro nacional desde el lugar de las manifestaciones y los puntos de resistencia. Los reporteros salieron a las calles y se ganaron el respaldo de la gente, pero así como sus seguidores crecen, también lo hacen los ataques y amenazas que reciben.

“Están lanzando gases sin ninguna consideración, incluso dentro de las unidades residenciales, donde nos tuvimos que resguardar”, dice José Alberto Tejada en uno de sus cubrimientos en vivo para el Canal 2, de Cali, en el Valle del Cauca. Jhonatan Buitrago, el periodista que está detrás de la cámara, deja de enfocar a los manifestantes que corren. Camina un poco, descuelga la cámara y el lente comienza a enfocar el pavimento. Al fondo se escuchan los quejidos de los reporteros, el gas lacrimógeno les penetra los ojos. Se alcanza a escuchar a miembros de la misión médica que reparten agua y bicarbonato para aliviar la irritación de los que inhalaron el gas.

Ese mismo día, el 4 de junio, mientras grababan las protestas y los enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes, un policía les dijo que “aguantaba pegarles un tiro”. José Alberto tiene claro que se han vuelto indeseables para las autoridades. Una de sus transmisiones en directo por Facebook tuvo más de 2.800 reproducciones. Más de 650.000 perfiles lo siguen en esa red social. Hace tres meses no superaba los 15.000. 

En 2005 Canal 2 fue fundado como medio comunitario de la Fundación Daniel Gillard, una organización que trabaja por la juventud y que también es dirigida por José Alberto. Antes de que ganaran reconocimiento por el cubrimiento que han hecho del paro nacional en el Valle del Cauca, publicaban notas de salud, economía, de eventos en universidades y tenían segmentos esporádicos de entretenimiento.

Las dinámicas y el equipo de Canal 2 han cambiado. Hoy cuentan con cuatro periodistas, entre ellos están Jhonatan y el director José Alberto. Ambos se han encargado de acudir a los llamados de la gente cuando hay abusos de fuerza pública o cuando hay un evento comunitario.

Canal 2 ha dejado clara una marcada diferencia con el resto de medios de la ciudad.  José Alberto define su línea editorial como contrainformación, según él se concentran en controvertir lo que dicen otras fuentes, especialmente las oficiales, sobre el paro. “Si dicen que los muchachos están armados, nosotros vamos a la comunidad a demostrar que no es así”, dice José Alberto. 

No hay un día de calma

Uno de los primeros días del paro, José Alberto y Jhonatan estaban reportando cerca de la Universidad del Valle. Ambos llevaban chalecos e identificación de prensa, pero esto no detuvo a unos civiles que empezaron a disparar en dirección al sitio donde estaban. Jhonatan cuenta que él y José Alberto comenzaron a gritar que eran prensa y, contrario a lo que esperaban, los disparos se multiplicaron. Las balas les pasaron por un lado. 

José Alberto y Jhonatan han tenido que hacer frente a todo tipo de ataques. El equipo administrativo del Canal 2 tiene un cuaderno donde a modo de bitácora apunta cada una de las estigmatizaciones, los hostigamientos y las amenazas que han recibido. También los seguimientos y las veces que desconocidos han fotografiado las fachadas de sus casas y de las instalaciones del canal. 

En una ocasión estaban intentando entrevistar a una capitana de la Policía y mientras tanto otros patrulleros alrededor interrumpían diciendo: “ese es el canal que no es. Son los que nos desprestigian”. En otra oportunidad, en Buga, un soldado se acercó con una cámara profesional y le tomó fotos directo al rostro de José Alberto.

Las amenazas también han llegado por redes sociales. A mediados de junio, un miembro del equipo periodístico recibió un mensaje con un pantallazo de la ubicación de su residencia y la de su familia. “Estamos cansados de ustedes, tienen pocos días para que se vayan” decía el mensaje.

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

Las estigmatizaciones y las amenazas han tenido efectos secundarios en la economía del canal. José Alberto afirma que algunos de los empresarios que pautaban se han retirado porque argumentan que tienen que cuidarse y defender su marca. 

Los periodistas de Canal 2 no consideran una buena opción denunciar ante el Estado los abusos de la Policía o de estos civiles sin identificación. Desconfían de las instituciones y de la protección que les puedan ofrecer. “Sería como llamar al diablo a que nos proteja”, sentencia José Alberto. 

Le creo, no le creo, le creo…

Aunque se enfrenten a todo tipo de agresiones por parte de civiles y fuerza pública, Canal 2 tiene un respaldo multitudinario de varios sectores de la ciudad. El día del cumpleaños de José Alberto, y en medio de un cubrimiento, decenas de personas lo celebraron con vuvuzelas y arengas que decían “qué viva el Canal 2”. Un colorido mural de Cali tiene la imagen de los periodistas y algunos integrantes del Concejo municipal propusieron entregarles un reconocimiento por su valentía. Para José Alberto, la cercanía que tienen con la comunidad es la respuesta a su determinación de quedarse reportando en las calles, incluso cuando empezaban las balaceras. 

Por otro lado, varias voces del gremio se levantan señalando críticas al trabajo de Canal 2, y son claros en señalar que el medio ha difundido noticias sin sustento. Por ejemplo, aseguran, que ellos nunca tuvieron pruebas contundentes para informar que el Éxito de Calipso había sido usado por la Policía como centro de tortura. 

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La ausencia de información contrastada ha sido reiterativa y ha impactado de manera directa en la calidad de la información que ha recibido la ciudadanía, que no ha tenido material suficiente que le permita tener certeza de qué es real y qué no. Este vacío de información es alimentado también por la opacidad de las instituciones estatales. Por ejemplo, una periodista de Cali, cuyo nombre mantendremos en reserva, aseguró que en las primeras semanas del paro la Fiscalía no entregaba información de cuántas personas habían muerto en Cali en medio de las manifestaciones, y que la Defensoría del Pueblo tampoco ofrecía respuestas en sus canales oficiales. 

En el mejor de los escenarios las instituciones publican comunicados cinco o diez días después de los eventos y es casi imposible que los periodistas puedan hacer cuestionamientos sobre esos boletines. El 19 de mayo, cuando se publicó la denuncia del Éxito de Calipso, pasaron más de 24 horas antes de que organizaciones de derechos humanos y entidades del Estado pudieran acudir al sitio y verificar lo acontecido.

En una coyuntura en la que varios medios están siendo puestos a prueba, enfrentando bloqueos de los que no hay precedentes, el Canal 2 ha despertado un fervor sin comparación de parte de un sector de la ciudadanía. Las personas que siguen sus transmisiones se enteran de los detalles de las manifestaciones y de lo que pasa en los puntos de resistencia de Cali, lugares a los que no todos los periodistas pueden acceder.

El pasado 18 de diciembre la FLIP conoció un video en el que se ve al secretario de salud de Popayán, Óscar Ospina, reaccionando de forma violenta ante un cuestionamiento realizado por el reportero Armando Meléndez sobre su gestión en la Secretaría.  En las imágenes se ve cómo Ospina le lanza un golpe a Meléndez y después intenta quitarle el celular con el que estaba siendo grabado. 

Meléndez tiene un blog denominado Así Ocurrió y ha trabajado como reportero gráfico para El Tiempo y El País. Meléndez explicó a la FLIP que el día de los hechos estaba esperando en Popayán a que salieran los asistentes de la reunión en  la que se  discutía el lanzamiento del plan piloto de Reactivación Económica en la capital de Cauca. Entre los asistentes se encontraba la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el secretario de salud Óscar Ospina. Meléndez se acercó a Ospina para preguntarle sobre su gestión, y la reacción del funcionario fue agresiva. 

La FLIP se comunicó con Ospina quien, a pesar de la evidencia, negó que hubiera intentado agredir a Meléndez y anunció que iba a denunciarlo ante la Fiscalía por hostigamiento. Además, justificó el intento de quitarle el celular aduciendo que él no identificaba al señor Meléndez como periodista. 

Meléndez manifestó que él ha estado haciendo críticas a la gestión de la Alcaldía y del secretario de salud en el marco de un ejercicio informativo y de control a los funcionarios públicos.

La FLIP rechaza la actitud violenta y desproporcionada con la que reaccionó el secretario Ospina ante un cuestionamiento a su gestión como funcionario público. Es indispensable recordar que como secretario de salud tiene el deber de ser tolerante a la crítica y de ser garante del derecho constitucional que tienen todos los colombianos de informar y recibir información. La Fundación le hace un llamado a Óscar Ospina para que ofrezca disculpas públicas por lo sucedido y se comprometa a respaldar la labor periodística. 

Además, la FLIP le hace un llamado al alcalde de Popayán para que dé instrucciones claras a los funcionarios de su administración sobre la importancia de garantizar la labor de la prensa y el derecho a la libertad de expresión. Estos son pilares indispensables para la construcción de una sociedad democrática.  En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión se establece que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. 

Hoy se cumplen cinco años del homicidio de Flor Alba Núñez, periodista de Pitalito, Huila. 

Flor trabajaba en la emisora comunitaria La Preferida y en el noticiero TV Noticias del canal 6. Su ausencia y el vacío que dejó entre su familia, comunidad y compañeros de trabajo es irreparable.

Luego de 5 años se han judicializado a dos autores materiales. Uno de ellos asesinó a una zootecnista en 2013. La justicia aún no se ha pronunciado sobre los autores intelectuales del asesinato.

En la FLIP no olvidamos el asesinato de Flor y hacemos un llamado a que las investigaciones sobre los determinadores del homicidio sigan avanzando hasta encontrar a los responsables. Gracias por recordar con nosotros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los reporteros de Putumayo a través de un panfleto firmado por disidencias de las FARC. La FLIP hace un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para proteger a los periodistas e investiguen estos hechos con el fin de sancionar a los responsables.

El 17 de junio llegó a la casa del periodista Dubán García un panfleto intimidante que también incluía los nombres de los reporteros Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa. En la amenaza los agresores acusan a los reporteros de ser cómplices de la Gobernación de Putumayo. Los cinco reporteros aseguran que la intimidación puede ser producto del cubrimiento que han estado haciendo del impacto y la gestión de la Gobernación y la Secretaría de Salud departamental para atender la pandemia por COVID-19 en el departamento. 

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan los periodistas del departamento, debido a que en 2019 se registraron ocho violaciones a la libertad de prensa, de las cuales cinco fueron amenazas relacionadas con el cubrimiento de la gestión de los funcionarios públicos en el departamento y la difícil situación de orden público de la región. En ese sentido, los periodistas afectados manifiestan que las amenazas han sido constantes y que las medidas de protección implementadas por la Unidad Nacional de Protección no son suficientes para mitigar su riesgo, debido a que no cuentan con esquemas de protección para desarrollar su labor periodística en medio de las situaciones de violencia. Además, aseguran que los dispositivos electrónicos, como botones de apoyo y teléfonos celulares, frecuentemente presentan fallas.

De acuerdo con lo anterior, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación del riesgo que enfrentan los periodistas amenazados en el departamento con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, le hace un llamado para que verifique las condiciones y el funcionamiento de las medidas ya implementadas.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP respalda a la periodista Natalia Archila en su denuncia por agresión sexual contra Juan Carlos Sánchez, exconcejal de San Gil, Santander.

• El pasado 14 de mayo la periodista estaba en la emisora Latina Comunicaciones cuando el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.
  
  
• El exconcejal Sánchez ya había sido denunciado por acoso sexual el año pasado por parte de la periodista Diana Cantillo.
  
  
• La FLIP hace un llamado a la Fiscalía a que esclarezca los hechos y se determinen las responsabilidades penales. 
  
  

La periodista le relató a la FLIP que el 14 de mayo ella se encontraba en la emisora digital Latina Comunicaciones para comenzar su programa radial de la mañana. Aproximadamente a las 9:30 el exfuncionario, quien tiene un restaurante muy cerca de donde está ubicada Latina Comunicaciones, se acercó a la entrada del medio y le preguntó a la periodista si su jefe estaba. La reportera le respondió que en ese momento el director de la emisora se había ausentado, por lo que, al notar que estaba sola, Sánchez entró a la oficina del medio y la agredió sexualmente. Según Archila, el exconcejal la tomó por la fuerza y la tocó abusivamente con sus genitales.

Debido a que la reportera reaccionó de manera contundente para defenderse, Sánchez se detuvo y abandonó el medio de comunicación. Archila asegura que su programa no solo se transmite por la emisora, sino también a través de Facebook de manera audiovisual y, en ocasiones anteriores, había notado que el exconcejal se conectaba frecuentemente a las transmisiones en vivo. Luego de lo ocurrido, Archila interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Frente a esto, es importante tener en cuenta los antecedentes que involucran al exconcejal con la periodista Diana Cantillo, quien también lo denunció por acoso sexual en febrero del año pasado. Cantillo le comentó a la FLIP que cuando esto ocurrió ella era jefe de prensa de la Alcaldía de San Gil, por lo que tenía cercanía laboral con Sánchez. Manifestó también que los hechos fueron muy similares a los que vivió Archila, por lo que considera la conducta del exconcejal como “sistemática y repetitiva”.

Después de que se hiciera pública la denuncia de Archila, varios medios de comunicación informaron sobre lo sucedido. Uno de los periodistas que se refirió a esta situación fue Fredy Ortiz Gómez, director de El Regional, quien luego de sus publicaciones recibió intimidaciones por parte de Sánchez. A través de su cuenta de Facebook el exconcejal publicó el siguiente mensaje: “… dejo constancia que de sucedernos algo el único responsable es FREDY ORTIZ GOMEZ de la página de facebook el regional” (sic).

Estos señalamientos realizados por el exfuncionario resultan inaceptables y pueden configurar una estrategia de intimidación en contra de los periodistas que están cubriendo esta noticia.

La FLIP se comunicó con Juan Carlos Sánchez para conocer su versión sobre estas agresiones contra la prensa, pero el exfuncionario aseguró que únicamente se referiría al tema ante la Fiscalía. En ese sentido, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos denunciados por Natalia Archila y Fredy Ortiz Gómez para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.

La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.

Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.

En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

En columna publicada el pasado 19 de enero la periodista Claudia Morales escribió sobre un hecho de violencia sexual que sufrió hace algunos años en el entorno laboral por parte de su jefe. La publicación generó diferentes reacciones en la opinión pública colombiana, algunas de las cuales revictimizan a la periodista y explican por qué el silencio es una opción para las víctimas de violencia sexual.  

Al respecto, las organizaciones que suscriben esta comunicación, manifiestan su respaldo a la decisión de la periodista de publicar los hechos en los términos que lo hizo, y exigimos a las autoridades garantizar los derechos que le asisten a la periodista. También hacemos una invitación a los medios de comunicación y la sociedad en general a respetar las decisiones de todas las víctimas de violencia sexual y a no revictimizarles.

Según algunos estudios, una mujer víctima tarda un promedio de 12 años en denunciar estos hechos, cuando decide hacerlo. Las víctimas se amparan en el silencio porque conocen las consecuencias de discriminación y violencias que enfrentan quienes hablan. Consideramos que, si bien hay esfuerzos institucionales para promover y garantizar la denuncia por parte de las mujeres, la experiencia diaria da cuenta de trámites revictimizantes. En la práctica, hablar de estos hechos implica una carga desproporcionada para la víctima, como ha venido sucediendo con la periodista Claudia Morales.

Las especulaciones sobre los hechos, la insinuación de posibles responsables, el uso con fines electorales de las voces de las mujeres víctimas y, en especial, la falta de comprensión sobre el llamado al silencio que hace Morales, solo deriva en situaciones revictimizantes, crea un riesgo a la integridad y hace aún más difícil que las mujeres víctimas de hechos similares tomen decisiones libres de presión.

Esperamos que la valiente decisión de Morales contribuya a la reflexión sobre la forma en que la sociedad y el Estado responde los casos de violencia sexual contra las mujeres. Es necesario avanzar en mecanismos de prevención y de cero tolerancia a la violencia contra mujeres en entornos laborales, así como en la autorregulación de los medios que el cubrimiento de estos hechos no derive en acciones de revictimización.

Exigimos al Estado colombiano en su conjunto garantizar los derechos que le asisten a la periodista Claudia Morales, a la seguridad y a la dignidad humana. Pedimos que se respeten los términos y el alcance que ella ha decidido dar a este caso en ejercicio de su plena autonomía.

Firman

Sisma Mujer

Campaña No es Hora de Callar -  Jineth Bedoya Lima

Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz IMP

Ruta Pacífica de las Mujeres

Red Nacional de Mujeres

Women´s Link Worldwide

Iniciativa ProEquidad de Género

Colectivo Nacional de Mujeres Reestableciendo Derechos

Cinco claves

Género en la Paz GPaz

Red Nacional de Defensoras

Federación Democrática Internacional de Mujeres FDIM

Fundación Bien Humano

Observatorio de Asuntos de Género de la U.Rosario

Mesa de economía del Cuidado

Red de Periodistas con Visión de Género

Federación Colombiana de Periodistas - Fecolper

Círculo de Periodistas de Bogotá - CPB

Fundación para la Libertad de Prensa FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa se une al llamado de justicia. El pasado 15 de mayo asesinaron en su natal Culiacán, México, al periodista Javier Valdez, un reportero que denunció los desmanes del narco, la complicidad de las autoridades y el sufrimiento de las víctimas.

Con el hashtag #NuestraVozEsNuestraFuerza, distintos periodistas y organizaciones del mundo piden que cese la violencia contra la prensa en México. La FLIP se solidariza con esta causa y desea que las autoridades mexicanas procesen a los culpables y se hagan responsables de la protección de los periodistas en su país.

Con el apoyo de la escritora y periodista Marcela Turati, la FLIP quiere rendir un homenaje a Valdez con este podcast en el que varios reporteros recuerdan alguna anécdota con el periodista sinaloense.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha sido insistente en señalar que las investigaciones y los juicios por los casos de violencia contra periodistas no deben extenderse demasiado. Han sido bastantes los casos en los que la dilatación de los procesos ha puesto en riesgo la integridad de las pruebas y la inmediación ideal que debe tener el juez con ellas.