En 17 de los 32 departamentos de Colombia, la FLIP ha documentado casos en los que diferentes grupos armados ilegales intimidan, persiguen y amenazan a las y los periodistas, con el propósito de controlar la información que se publica en los medios de comunicación local. **A menos de un mes de las elecciones, y hasta el 29 de septiembre, hemos registrado 69 agresiones a periodistas provenientes de distintos grupos armados** como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, el Estado Mayor Central y disidencias de las FARC entre las que están la Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera. 

Estos grupos operan invadiendo los espacios físicos y digitales de los y las periodistas. También les citan a reuniones para indicarles qué pueden o no cubrir e ingresan a las sedes de los medios. Atacan a directores, editores, reporteros y locutores, sobre todo si están cubriendo temas relacionados con las acciones delincuenciales de estos grupos en el territorio, es decir: seguridad, orden público, hechos judiciales y políticos (como campañas electorales).

Para los grupos armados ilegales la información que se anuncia o calla sobre ellos es de suma importancia, mucho más cuando varios de estos grupos inician procesos de negociación con el Gobierno. Pretenden hacer visible su presencia territorial y mostrar contundencia en sus acciones, por eso intimidan a los y las periodistas, para quienes cada vez resulta más difícil hacer su labor, sobre todo en las zonas donde el control del territorio se encuentra en disputa.

La violencia está despojando a comunidades de la oportunidad de tener información local. La FLIP ha conocido que **producto de las amenazas, presiones y hostigamientos de estos grupos ilegales, medios locales han cancelado espacios informativos, periodistas han limitado o frenado el cubrimiento de temas como los ya mencionados, y dos periodistas han tenido que dejar sus lugares de residencia.** 

Esta situación impacta la dimensión individual, la integridad física y emocional de los y las periodistas, y de forma colectiva afecta el proceso democrático al impedir que las personas puedan tener datos sobre las campañas electorales y ejercer su derecho al voto de manera informada.

**En algunos casos la presión y amenazas de los grupos ilegales ha sido tan fuerte y la respuesta del Estado tan limitada que hay una afectación al colectivo de periodistas.** Esto ha pasado, por ejemplo, en el municipio de Tuluá en dónde las bandas criminales como “La Oficina” y “Los Cancerberos” , que se disputan la presencia en este territorio, han amenazado a al menos diez periodistas en los últimos cuatro meses. También les han citado para ordenarles cómo deben hacer su labor, sobre todo en el cubrimiento de sus acciones y de algunas campañas políticas. El efecto de esta intimidación ha sido el cierre de importantes espacios noticiosos, y el cubrimiento parcial de las elecciones por parte de algunos periodistas que han decidido, pese a las circunstancias, continuar realizando su oficio. El impacto de esta violencia también a la ciudadanía tulueña que ha visto disminuida la información electoral y sobre candidatos al Concejo y la Alcaldía.

Esto también ha ocurrido con las Emisoras de Paz cuyos comunicadores, en las diferentes partes del país, han sufrido, desde julio, presiones y amenazas directas por parte de grupos ilegales. En este caso y en el de Tuluá, el miedo ha permeado no solo a los y las periodistas directamente afectados sino también a aquellos que están cerca y que al hacer un trabajo similar entienden que pueden correr el mismo riesgo. 

La Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 030 de 2023, emitida el 22 de agosto, **advirtió que la población de periodistas se encuentra en riesgo en el marco de las elecciones regionales y dio unas recomendaciones encaminadas a la disuasión y control del contexto de amenaza.** Arauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Putumayo son algunos de los departamentos que la Defensoría señala como lugares con un riesgo electoral alto o extremo, y en los cuales la violencia contra la prensa se está recrudeciendo. 

Con este panorama, la prevención y correcta atención de la violencia contra las y los periodistas, por parte del Estado colombiano, es fundamental para lograr el buen desarrollo del ejercicio electoral. La prensa, en su diversidad, es esencial para que la ciudadanía tenga acceso a múltiples fuentes de información así como opiniones e ideas que fortalezcan el contexto democrático.

[**Aquí pueden consultar el informe completo.**](/uploads/FLIP_Grupos_Armados_Informe_2023_1a382d09d4.pdf)

En 17 de los 32 departamentos de Colombia, la FLIP ha documentado casos en los que diferentes grupos armados ilegales intimidan, persiguen y amenazan a las y los periodistas con el propósito de controlar la información que se publica en los medios de comunicación local.

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La prensa en la mirada de los grupos armados ilegales: 69 periodistas agredidos durante 2023