La FLIP y otras organizaciones de derechos humanos acompañamos a la periodista Claudia Julieta Duque en el juicio contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez. En audiencias previas, Duque, la Procuraduría y la Fiscalía pidieron que se condenara a Narváez; sin embargo, el exdirector del DAS no reconoció su responsabilidad en los hechos cometidos contra la periodista y se limitó a cuestionar personalmente el trabajo y la veracidad de las agresiones que sufrió Duque. Las acciones de Narváez son revictimizantes y vulneran los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, se espera que el Juzgado 10° Penal Especializado de Bogotá lo condene como máximo responsable de crímenes de lesa humanidad.

#AlertaFLIP | Esta semana, el Juzgado 10° Penal Especializado de Bogotá continuó la audiencia pública de juzgamiento contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra Claudia Julieta Duque. Durante la audiencia, el acusado rechazó su responsabilidad como principal implicado en el delito y, además, revictimizó a la periodista al poner en duda la veracidad de la tortura psicológica de la que fue víctima.

Desde la FLIP celebramos la decisión tomada por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que declara culpable y ordena la captura de Ronal Harbey Rivera Rodríguez, exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el delito de tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque. El Tribunal determinó que entre 2001 y 2004, la periodista fue víctima de torturas, hostigamientos, llamadas intimidantes y vigilancias prolongadas por parte de exfuncionarios del DAS, como retaliación a sus investigaciones periodísticas sobre el homicidio de Jaime Garzón.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó la responsabilidad del Estado colombiano por las vigilancias ilegales a la periodista Claudia Julieta Duque. Destacó que se trató de “una violación a derechos humanos, en un hecho en el que participaron funcionarios del extinto DAS y que, faltando a sus deberes funcionales se comprometieron e involucraron con este tipo de conductas absolutamente reprochables”. Esta decisión es un paso trascendental en la búsqueda de justicia que por veinte años ha realizado la periodista, y se constituye en el primer caso en el que se reconoce la responsabilidad del Estado por los perfilamientos a periodistas. 

Los hechos se remontan a 2001, cuando Duque investigaba el asesinato del periodista Jaime Garzón, cometido el 13 de agosto de 1999. La vigilancia, la tortura y la estrategia de terror organizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en contra de Duque buscaban que ella desistiera de su investigación sobre el homicidio de Garzón y se autocensurara para encubrir la responsabilidad del Estado en ese crimen. Entre el 2001 y 2010 la periodista fue secuestrada, vigilada, amenazada y torturada psicológicamente, por lo que se vio obligada a exiliarse con el fin de salvaguardar su vida y la de su hija. 

En marzo del 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en decisión de primera instancia, consideró que el Estado había sido responsable de las agresiones contra Claudia Julieta Duque. Ahora, dos años después, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Estado por la grave violación a los derechos humanos de la periodista por motivo de las vigilancia ilegales de las que fue víctima.

En esta nueva sentencia, se declaró la responsabilidad del DAS ya que “cada uno de los funcionarios involucrados en las actuaciones ilegales adelantadas en contra de la señora Duque Orrego actuaron invocando su autoridad”. Además, se probó que estos no fueron hechos aislados sino que hicieron “parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante meses, e incluso años (..) sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo de parte de la institución demandada, tanto así, que varios directores se encuentran procesados como autores de los hechos”. En otras palabras, el Estado es responsable tanto por las vigilancias ilegales perpetradas por sus agentes, como por incumplir su deber de control respecto a las actividades de los agentes del Estado. 

Esta decisión es un precedente significativo, pues sienta bases para casos donde se estudie la responsabilidad del Estado en otros hechos de perfilamientos, como el denunciado en el 2020 por la Revista Semana en el que funcionarios del Ejército perfilaron a por lo menos a cuarenta periodistas.

Desde la FLIP, celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado, ya que no solo es un aliciente para Claudia Julieta, un reconocimiento a su valentía, esfuerzo y dedicación para superar la impunidad en su caso, sino también un mensaje sobre la contribución que desde la labor periodística se brinda en investigación de graves violaciones a los derechos humanos, y la necesidad de proteger a los y las periodistas que adelantan estas investigaciones.

La periodista Claudia Julieta Duque hizo entrega de su esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las reiteradas violaciones a sus datos personales. La UNP usó el esquema proporcionado a la periodista para recolectar y manejar datos sensibles. Esta situación es un claro incumplimiento del Estado colombiano a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista.

El 27 de octubre de 2021, la FLIP alertó sobre la recolección de manera masiva y sin autorización de datos altamente sensibles de la periodista por medio de un dispositivo GPS instalado en el vehículo que hace parte de su esquema de protección. Dentro de la información recolectada se incluyen direcciones exactas y localización de Google Maps. Esto pone en riesgo la seguridad de la periodista, sus familiares y sus fuentes periodísticas. Además, preocupa que la UNP no haya garantizado el acceso a la información ni proporcionado alternativas para la protección de la periodista.

El 11 de noviembre la UNP respondió a un derecho de petición enviado por la FLIP en el que solicitamos información sobre el uso y la protección de los datos que se recolectan por medio de los dispositivos GPS. Según la entidad, la información era de carácter reservado, pero desconoce que los datos que solicitó la FLIP son de carácter general y estadístico, y no comprometen información privada de las personas protegidas. Por eso, el 17 de noviembre se presentó un recurso de insistencia, del cual se desconoce el trámite que haya adelantado la entidad. 

A raíz de todos estos hechos, el 9 de diciembre la Cancillería convocó a una reunión con la periodista y Alfonso Campo, director de la UNP. En el encuentro discutieron sobre el uso de los GPS en los vehículos de la entidad y Claudia Julieta Duque solicitó que se retirara dicho dispositivo. Sin embargo, no se llegó a una solución concreta.

El 13 de diciembre de 2021 la periodista reiteró la solicitud del retiro del GPS del vehículo, por medio de un derecho de petición. Diez días después, la entidad negó la solicitud alegando que el GPS “es la única herramienta con la que cuenta la UNP, para poder controlar la actividad de protección de manera idónea y eficaz”.

Luego de tres meses de dar a conocer la denuncia y de agotar infructuosamente distintas vías para llegar a una solución que sea acorde a su situación de riesgo, Claudia Julieta Duque tomó la decisión de entregar el vehículo de protección a la UNP. 

Esta es la segunda vez que se vulneran los derechos fundamentales de la periodista por medio del esquema de protección asignado por el Estado, pues anteriormente Claudia Julieta ya había sido víctima actividades de vigilancia realizadas por parte de los hombres de protección asignados al esquema que pertenecían al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP manifiesta su preocupación por la situación de seguridad de la periodista, que puede agudizarse por la falta de adopción de medidas de protección integrales por parte del Estado. Por eso, le solicitamos a la CIDH que realice un seguimiento especial a las medidas cautelares otorgadas a favor de la periodista, en el que evalúe los riesgos del uso de tecnologías en el mecanismo de protección, y reitere al Estado a que las mismas sean concertadas con la beneficiaria y acordes a su situación de riesgo. 

En una decisión histórica y después de ocho años de lucha ante estrados judiciales de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y de su familia, en búsqueda de justicia por el secuestro, las amenazas y la tortura psicológica de la que fueron víctimas desde agosto de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa. Para el momento de los hechos, la periodista se encontraba realizando una investigación con el fin de esclarecer el homicidio de Jaime Garzón.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la orden dada por la Juez Segunda Penal Especializada de Bogotá de censurar las expresiones de la periodista Claudia Julieta Duque en el marco del proceso adelantado contra Emiro Rojas Granados, ex funcionario del DAS, por tortura psicológica contra Duque. 

La orden de la Juez consiste en limitar la publicación de informaciones por parte de Duque a que estas sean veraces, imparciales y concretas, pero sin tergiversaciones u opiniones; restringir la emisión de opiniones que pongan en tela de juicio a los acusados, testigos o al despacho mismo y; prohibir la publicación de fotos de las partes del proceso.

Las restricciones que se impone a Duque a opinar sobre dicho proceso son contrarias a la libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La orden de la Juez es una forma de censura previa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana. 

La Corte Constitucional ha dicho que las autoridades no pueden establecer medidas de “supeditar la divulgación del contenido a su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o modificación"¹.

La FLIP considera grave que la Juez restrinja la opinión de Duque de una forma completamente alejada de las garantías de la libertad de expresión. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo"². Adicionalmente, la libertad de expresión “no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población"³.

Limitaciones como la determinada por la Juez sólo pueden darse en los casos más extremos, en los que esté comprobado que se causaría un daño superior al interés que existe para que la sociedad conozca lo que pasa en el transcurso de dicho juicio. En este caso, las opiniones e informaciones que Claudia Julieta Duque pueda dar sobre este proceso son de un alto interés público, pues el crimen que se investiga es una grave violación a los derechos humanos y ha sido declarado como crimen de lesa humanidad por parte de la Fiscalía. 

Las restricciones que se imponen a Duque, además de violar la libertad de expresión de la periodista, vulneran gravemente el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones. Adicionalmente, la libertad de expresión no solo "protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población".

El abogado que representa a Duque presentó un recurso de reposición para que la juez reconsiderara su decisión y esta última indicó que se pronunciaría otro día. La FLIP exige a la juez que revoque su decisión y que otorgue garantías para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de la periodista Duque. 

Para conocer más sobre el caso de Duque, consulte en este enlace. 

¹ Corte Constitucional. Sentencia T 391 de 2007.
² Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr 93. 
³ Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr 93.

Actualización

El 2 de septiembre de 2019, la FLIP presentó una tutela en representación de la periodista Claudia Julieta Duque contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá por la vulneración de los derechos a la libertad de expresión e información de la periodista.

En la tutela se solicitó que se revoque la decisión que prohíbe a Claudia Julieta Duque realizar valoraciones sobre el proceso y opinar de forma tal que pongan en tela de juicio a los acusados, testigos o al despacho mismo. Esta decisión constituye censura previa, la cual está absolutamente prohibida por el artículo 20 constitucional y el artículo 13 de la Convención Americana. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que todo control o prohibición de información y opiniones antes de la publicación está proscrito y constituyen una violación a la libertad de expresión (Sentencia T-098 de 2017).

En la tutela también se argumentó que, contrario a lo que señaló la Juez Segunda Penal, según la cual las expresiones críticas respecto de su labor no están protegidas por la libertad, la Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión protege también aquellas expresiones críticas, molestas, chocantes e, incluso, insultantes (Sentencia C-417 de 2000).

En la tutela se argumentó que la actuación de la juez es un intento por silenciar posturas críticas con su labor como funcionaria pública y, como tal, corresponde al juez de tutela tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de la periodista.

En los próximos días el Tribunal Superior de Bogotá se pronunciará de fondo sobre la tutela interpuesta por la FLIP.

Actualización 19/09/2019

El 18 de septiembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se pronunció en primera instancia respecto de la acción de tutela interpuesta por la FLIP en representación de la periodista Claudia Julieta Duque contra la Juez 2° Penal de Bogotá. 

La Sala Penal del tribunal declaró improcedente la acción de tutela por considerar que la periodista cuenta con otros mecanismos judiciales para proteger sus derechos fundamentales. Además, exhortó a la Juez 2° Penal "para que en el término máximo de 10 días se pronuncie respecto de la recusación" planteada en su contra en el proceso que adelanta contra el exfuncionario del DAS, Emiro Rojas. Esto con miras a que se defina lo antes posible el juez que deberá resolver el recurso de reposición interpuesto contra su decisión de prohibir a la periodista opinar respecto del proceso. 

Sin embargo, La FLIP manifiesta su preocupación respecto de la parte considerativa de la sentencia toda vez que, a pesar de haber declarado la improcedencia de la decisión, se pronunció señalando que "la limitación impuesta por el juez accionado ofreció una justificación constitucional admisible".

Al respecto, la FLIP le recuerda al Tribunal que al declarar improcedente la acción de tutela debió abstenerse de hacer mención respecto del fondo del asunto en cuestión. Más importante aún, que ninguna limitación previa a la libertad de expresión es legalmente permitida en Colombia. 

En el caso en concreto, la FLIP se abstendrá de impugnar el fallo de tutela a la espera de que se resuelva el recurso de reposición en contra de la decisión de la Juez 2° Penal. En caso que la decisión sea confirmada, la FLIP tomará las medidas judiciales necesarias para proteger los derechos fundamentales de la periodista Claudia Julieta Duque.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por la falta de diligencia del Juzgado Segundo Penal Especializado del circuito de Bogotá, que en los últimos seis meses ha dejado en libertad a tres exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) investigados por su presunta responsabilidad en los seguimientos, interceptaciones y tortura psicológica en contra de la periodista Claudia Julieta Duque.

Con las recientes decisiones del juzgado y de la Fiscalía General de la Nación, de los ocho funcionarios del DAS implicados en el caso de violencia contra la reportera, cuatro se encuentran en libertad por vencimiento de términos, dos están prófugos y otros dos se encuentran detenidos cumpliendo su condena por otros procesos.

El pasado 18 de enero, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá ordenó por vencimiento de términos la libertad de William Merchán, exfuncionario del DAS que está siendo procesado por el delito de tortura agravada en contra de la periodista. La decisión la tomó el juez luego de que el 11 de enero de este año el acusado presentara una solicitud de libertad amparada en la Ley 1786 de 2016, que estipula que, luego de la audiencia preparatoria, el juzgado tiene 240 días para dar inicio a la audiencia pública de juicio oral. Al momento de la petición, Merchán había estado 243 días detenido sin que se iniciara esta diligencia.

Situación similar se presentó con otros tres exfuncionarios del DAS que están vinculados al proceso. En 2018 Ronal Rivera y Emiro Rojas, presuntos responsables del delito de tortura agravada contra Duque, también fueron dejados en libertad luego de que se vencieran los términos para emitir sentencia en sus respectivos procesos. En los casos de Rivera y Rojas, el juez sustituyó la medida de aseguramiento en establecimiento intramural para que los acusados queden en libertad cumpliendo las siguientes condiciones: presentarse ante el juez cuando sean requeridos, no cambiar de domicilio ni abandonar el país y no acercarse a la periodista. En el caso de William Merchán el juez ordenó la libertad sin condiciones para sustituir la medida de aseguramiento.

El otro sindicado que había sido puesto en libertad en el proceso de la periodista fue Néstor Javier Pachón. El exagente del DAS fue capturado en noviembre de 2016 por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir y estuvo detenido por un año mientras se adelantaba el proceso en su contra. El 4 de diciembre de 2017 su defensor solicitó la libertad por vencimiento de términos y la fiscal asignada al caso, Gilma Amparo Duarte, negó la petición y prorrogó el tiempo de detención. Sin embargo, el 27 de diciembre del 2017, Catherine Naranjo Sierra, Fiscal 53 de Apoyo de la Unidad especializada contra violaciones a los derechos humanos, revocó la decisión anterior y lo dejó en libertad por vencimiento de términos.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le hace un llamado al Juez Segundo Penal Especializado de Bogotá para que los procesos avancen con diligencia y, de esta manera, evitar que se prolongue la impunidad en el caso de tortura contra la periodista. La Fundación rechaza, además, las actuaciones de la Fiscalía al conceder la libertad de los sindicados, debido a que este tipo de decisiones ponen en riesgo el sometimiento de los acusados a la justicia y contribuye a la revictimización de la afectada

La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por la falta de diligencia de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de Néstor Javier Pachón, exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Pachón está siendo investigado por su presunta responsabilidad en los seguimientos, interceptaciones y tortura psicológica de las que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque. El exagente de inteligencia del DAS debe responder ante la justicia cuál fue el uso que le dio a un vehículo con el que se realizaron los seguimientos a la periodista.

En noviembre de 2016, Pachón fue capturado por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir. El exagente estuvo detenido por un año mientras se adelantaba el proceso en su contra. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2017, su defensor solicitó la libertad por vencimiento de términos. Dicha solicitud fue rechazada por la fiscal asignada al caso, Gilma Amparo Duarte, quien además decidió prorrogar el tiempo de su detención.

No obstante, el 27 de diciembre del 2017, Catherine Naranjo Sierra, Fiscal 53 de Apoyo de la Unidad especializada contra violaciones a los derechos humanos, contrariando la decisión de su colega, lo dejó en libertad por vencimiento de términos.

A comienzos de febrero de este año, Claudia Julieta Duque solicitó declaración de nulidad a esta decisión, argumentando que existieron irregularidades en el debido proceso y que se violó el derecho a la defensa.

La Fundación apoya la solicitud de Duque para que se declare la nulidad de la decisión que deja en libertad a Pachón. Si bien los crímenes de los que fue víctima la periodista fueron declarados de lesa humanidad y no pueden prescribir, eso no puede ser una excusa para que los funcionarios adelanten conductas que rayan en la negligencia.

Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

El 19 de octubre la Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque por parte de funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP respalda esta decisión y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial para que esta declaratoria esté acompañada de investigaciones y juicios más efectivos con el fin de sancionar a los responsables de estos delitos. Teniendo en cuenta que la decisión implica que estos delitos no puedan prescribir, esto no se puede convertir en un incentivo para que las investigaciones se dilaten sin resultados.

Lunes, 27 de febrero de 2017

Exfuncionarios del DAS irán a juicio y Claudia Julieta Duque declarará como víctima de tortura psicológica

Rodolfo Medina Alemán (quien se encuentra prófugo) y Ronal Rivera Rodríguez (exdirector y exdetective de Contrainteligencia del DAS) serán llevados a juicio por el delito de tortura psicológica agravada de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

El proceso contra ambos exfuncionarios del DAS no ha sido fácil, pues sus defensores han usado maniobras dilatorias argumentado que se ha vulnerado el debido proceso y solicitando nulidades procesales.  Sin embargo, el Juez Segundo Penal Especializado dejó en firme el juicio que se adelanta contra estos, argumentando que durante el todo el proceso se han respetado las garantías procesales y el derecho de defensa de Medina y Rivera.

El juicio continuará el próximo 1 y 2 de marzo en los Juzgados Penales Especializados de Bogotá y Cundinamarca. Precisamente el jueves 2 la periodista tendrá que declarar como víctima dentro del proceso e invita a diferentes organizaciones nacionales e internacionales a que la acompañen en esta etapa tan importante para ella.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Administración de Justicia para que las investigaciones y sanciones por los hechos avancen favorablemente hacia el esclarecimiento de la verdad y la condena de todos los autores materiales e intelectuales involucrados, entre ellos funcionarios y exfuncionarios estatales.

El 7 de septiembre de 2014 prescribió el caso del periodista Martín Eduardo Múnera del Río, quien fue asesinado en Medellín hace 20 años cuando se desplazaba hacia la emisora Radio Reloj en donde era locutor. Además, Múnera era vicepresidente nacional del sindicato de Caracol.

Durante los meses de mayo y junio ocurrieron varios hechos que evidencian la crítica situación de impunidad en los casos de agresiones contra periodistas.

Avances y retrocesos en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque

En el mes de junio ocurrieron dos hechos de relevancia dentro de la investigación que se adelanta por tortura psicológica cometida contra la periodista Claudia Julieta Duque, a raíz de la persecución por parte del DAS de la que fue víctima la periodista.

El pasado 20 de marzo de 2014, la Fiscalía General de la Nación adelantó una diligencia de gran importancia dentro de la investigación por tortura efectuada desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra la periodista Claudia Julieta Duque, en la que un ex funcionario de esta organismo de inteligencia, Jorge Armando Rubiano Jiménez, aceptó su responsabilidad por el cargo de tortura agravada. De esta forma, la justicia colombiana cuenta hoy con todos los elementos para producir la primera condena por tortura contra una periodista.

En el transcurso de esta semana la Fiscalía General de la Nación tomó decisiones relevantes en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque. La FLIP espera una debida protección a los avances que han tardado más de una década en ser presentados.

El día de hoy , 17 de febrero, circuló un correo electrónico en el que se amenaza de muerte a diferentes líderes políticos, organizaciones no gubernamentales, entre estas la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER); y a cuatro periodistas del país.

El escrito, que aparece firmado por el bloque central de las ‘Águilas Negras’, señala que: “Llego la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos, y aun mas que se infiltran como ongs internacionales, periodistas, como ha sucedido, ligas femeninas que se meten en lo que no les importa y que son sapos hijueputas vendidos los ubicaremos.” (sic)

Un grupo internacional de medios de comunicación premió el martes a cuatro mujeres periodistas de Colombia, México, Tíbet y Tanzania por su valentía para enfrentar intimidación, amenazas y violencia.

Claudia Julieta Duque, reportera e investigadora de radio en Colombia, quien fue secuestrada en dos ocasiones y ha sido víctima de varias amenazas en su contra; Tsering Woeser, escritora y poetisa tibetana; y la periodista independiente Vicky Ntetema, quien investigó encubierta la matanza de albinos en Tanzania, recibieron el Premio Valentía en el Periodismo 2010 por parte de la Fundación Internacional de Mujeres en Medios de Comunicación.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la sección sueca de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF-Suecia) anunció la entrega del Premio de Libertad de Prensa 2010, a la periodista colombiana Claudia Julieta Duque, como un reconocimiento a su labor en contra de la injusticia y la censura en Colombia; "por su valor, a pesar de las amenazas y la persecución, a buscar y decir la verdad sobre la corrupción", dijo RSF-Suecia en su portal web.

En días recientes la periodista Claudia Julieta Duque denunció que dentro de la investigación que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación por las interceptaciones y seguimientos ilegales en su contra por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se encontró una orden que decía cómo debía ser amenazada. 

El pasado 16 de octubre de 2009, un grupo de desconocidos intentaron ingresar a la residencia de Claudia Julieta Duque, corresponsal en Colombia de la radio en línea ‘Radio Nizkor’, quien ha sido víctima de amenazas, seguimientos e interceptaciones ilegales desde hace varios años. El evento ocurrió en circunstancias que aparentemente no corresponden a una tentativa de robo. 

Claudia Julieta Duque, periodista ‘freelance’ y colaboradora de la organización de derechos humanos Equipo Nizkor, renunció al esquema de seguridad otorgado por el gobierno nacional por constantes irregularidades en el funcionamiento de éste.