Celebramos los avances en la búsqueda de justicia en el caso de Claudia Julieta Duque

Hoy, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a José Miguel Narváez, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por el delito de lesa humanidad de tortura agravada y continuada de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque. Narváez sería el séptimo condenado en este caso y ha sido identificado por la comunicadora como uno de los máximos responsables y la figura más relevante dentro del aparato criminal que operaba en el DAS.

En abril de este año, durante una audiencia, Narváez rechazó su responsabilidad como principal implicado en el delito y revictimizó a la periodista al cuestionar la veracidad de la tortura psicológica que sufrió. Cuatro meses después, se ha ratificado su culpabilidad como el principal autor de una estrategia de interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica contra Duque, quien en ese momento investigaba la presunta implicación del DAS en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. Estas represalias llevaron a Duque al exilio y tuvieron graves consecuencias en su vida.

Como parte de la reparación integral, la sentencia ordenó una indemnización a favor de Claudia Julieta Duque, se dictaron medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición, incluyendo la instrucción a la Presidencia para que publique en su página oficial un extracto de la sentencia por un periodo de dos años que remita a la totalidad del fallo. También, se reiteró la orden de compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para investigar la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y se instruyó la investigación de al menos nueve personas más que, según las pruebas, estuvieron involucradas en los actos de tortura contra la periodista.

Esta sentencia representa un hito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral de Duque. Además, reconoce la responsabilidad de agentes del Estado en la implementación de una política dirigida a atacar a la población civil, particularmente a periodistas y defensores de derechos humanos, a través de actos de tortura. Asimismo, marca un avance significativo en la obligación del Estado de poner fin a la impunidad de los delitos más graves cometidos contra periodistas en el país.

Valoramos positivamente la decisión del Juzgado en la lucha contra la impunidad y hacemos un llamado para que se garantice que el condenado cumpla la pena en condiciones proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos. Finalmente, reiteramos la importancia de continuar avanzando en las investigaciones y judicialización de todos los involucrados, particularmente de los máximos responsables de crear y orquestar el plan criminal contra la periodista.