La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del Bloque Capital de la Águilas Negras en contra de las periodistas Salud Hernández-Mora y Jineth Bedoya Lima, además de otras líderes políticas y sociales.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra de Erica Londoño y Gustavo Chicangana, periodistas de Caracol Radio Guaviare.

El pasado 23 de noviembre los periodistas recibieron un mensaje amenazante proveniente de un número desconocido. El texto decía: “Mirem hps periodistas de la derecha erica y gustavo las farc ezisten como grupo armado del pueblo y aki en guaviare y meta mandamos nosotros o empiesan a decirlo o atengance o los actos revolucionarios por cierto bonito su hijo erica y su hija senor gustavo” (sic.).

A través de los programas informativos de la emisora, los reporteros han compartido detalles de las actividades que ha llevado a cabo la comunidad en contra de hechos delictivos realizados por, al parecer, disidencias de las Farc. Además, han informado acerca de la posición de algunos funcionarios que afirman que los responsables de estos actos criminales pertenecen a grupos de delincuencia común y no guerrillas.

Sumado a esta amenaza, los periodistas también han conocido información en la que guerrilleros hablan de la emisora Caracol Radio y de las notas que transmiten. En el mismo sentido, en mayo, se difundió un panfleto firmado por el "Frente 1 Armado Ríos de las Farc-EP" en el que declaraban objetivo militar a los medios de comunicación que dicen “lo que no deben”.

Chicangana cumple funciones de corresponsal para la Fundación en el departamento del Guaviare. La FLIP respalda completamente la labor de los dos periodistas y se compromete a hacer seguimiento juicioso a la situación de seguridad relacionada con la libertad de prensa en esta región del país.

La FLIP hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección a que fortalezca las medidas de protección de los periodistas para así garantizar su seguridad. Además, insta a la Fiscalía a que investigue con celeridad estos hechos para que se sancione a los responsables de las amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque con granada en contra de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, ocurrido esta tarde en Bogotá.

En la sentencia T-063 de 2017, la Corte Constitucional ordenó la eliminación de un blog anónimo de la plataforma Blogger. Esta decisión generó muchas preocupaciones por las repercusiones que podría traer para la libertad de expresión de los colombianos en internet.

En carta abierta dirigida al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Armadas, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia la detención arbitraria de la que fueron víctimas dos periodistas del proyecto Crónicas Desarmadas el pasado 11 de noviembre en la región del Catatumbo.

Los reporteros estuvieron retenidos por cerca de 14 horas acusados de realizar sobrevuelos nocturnos de las bases militares con un dron en Tibú, Norte de Santander. Los militares implicados en los hechos intentaron decomisar el material periodístico y el dron sin ninguna orden judicial.

Puede conocer los detalles de los hechos y las consideraciones de la FLIP en esta carta.

El 8 de noviembre de 2017, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó una intervención ante la Corte Constitucional en relación con la acción de nulidad presentada por Google contra una sentencia de esa misma corte (T-063A de 2017) en la que se ordena que dicha empresa elimine un blog anónimo de la plataforma Blogger.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las frecuentes intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero de Colmundo y le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que fortalezca su esquema de protección cuanto antes.

El 2 de noviembre, Ruidíaz recibió una llamada por parte de un desconocido, que lo amenazó: “Lo tenemos vigilado. Se salvó porque va en el SITP con el polocho pero lo tenemos vigilado y le vamos a dar en la jeta pa’ que aprenda, sapo hp. Está en la emisora pero espere que esté solo que lo vamos a coger y lo vamos a reventar”, sentenció el agresor.

Minutos antes, Ruidíaz identificó la presencia de un hombre en motocicleta frente a su lugar de residencia. Luego, mientras el periodista y su hombre de protección, asignado por la UNP, se trasladaban en un bus de transporte público; notaron que un hombre de aspecto y actitud sospechosa abordó el vehículo y se bajó de este una cuadra antes de llegar a las instalaciones de Colmundo. En el momento en que el hombre salió del bus, se subió a una motocicleta que lo estaba esperando.

Las intimidaciones y hostigamientos en contra de Ruidíaz han sido constantes. El 14 de mayo, en la transmisión del programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidíaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (sic). Después de esto, el reportero recibió más amenazas telefónicas y fue víctima de seguimientos en sus lugares de vivienda y de trabajo.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la UNP que refuerce cuanto antes el esquema de protección de Ruidíaz con el fin de salvaguardar su vida y su integridad.  

La Fundación reitera su preocupación por los inconvenientes que implica la asignación de esquemas de protección que no garantizan un transporte seguro para sus beneficiarios y que, por el contrario, aumentan las condiciones de vulnerabilidad de los protegidos y sus hombres de protección. La FLIP ha expresado esta preocupación con insistencia ante la UNP con el fin de prevenir situaciones de riesgo inminentes como la que se presentó en contra de Ruidíaz, pero las recomendaciones no han sido acogidas por la entidad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Ruidíaz con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques a periodistas por parte de Fuerza Pública y manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Cauca y Norte de Santander.

El pasado 1 de noviembre, dos periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector conocido como la “Y”, a la altura del municipio de Sardinata, Norte de Santander. Los reporteros Arquímedes Gutiérrez de NC Noticias y Luis Fernando Molina de Prensa Rural estaban cubriendo el paro campesino en la región del Catatumbo.

Cerca del mediodía los reporteros registraron una confrontación entre campesinos de la región y la Policía Nacional. Según el relato de Gutiérrez, miembros de la Fuerza Pública agredieron a los reporteros, les decomisaron su material periodístico e intentaron detenerlos: “Comienzan a botarnos gasolina por encima, diciéndonos que nosotros éramos los sapos. Luego empiezan a quitarnos el material que teníamos”, narró el reportero.

Gutiérrez asegura que miembros de la Policía y de la Sijín requisaron sus pertenencias y  revisaron el contenido de sus celulares. Según el reportero, gracias a la intervención de funcionarios de la ONU y de integrantes de Marcha Patriótica, los miembros de la Fuerza Pública dejaron de agredirlos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Gustavo Molina, reportero de la emisora Radio 1040 de Popayán, fue golpeado por miembros de los pueblos indígenas, que se encuentran en Minga desde hace más de tres días en el Cauca. La agresión se presentó después de una reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas en el sector de Monterilla, a la que asistieron los periodistas para hacer el cubrimiento. Al finalizar el encuentro, los reporteros salieron en el vehículo del medio de comunicación, en el que además se transportaban los corresponsales de Red+ Noticias, y fueron atacados con piedras.

Además de los ataques físicos, los protestantes señalaron a los periodistas de ser mentirosos y vendidos. Gutiérrez afirma que las personas que los agredieron tenían pañoletas y otros símbolos que los identificaban como miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Fundación hace un llamado al Consejo Regional para que aclare estos hechos y determine la responsabilidad de sus integrantes en esta grave agresión.

La FLIP expresa su preocupación por las agresiones que se vienen presentando en las recientes manifestaciones y le exige a los actores en confrontación que cesen cualquier acción de censura contra la prensa.

Para la FLIP las acciones de la Policía resultan inadmisibles, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tipo de actuaciones interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y se configura como una violación de la reserva de la fuente, que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

La FLIP puso en conocimiento de estos hechos al Área de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional y está a la espera de que la entidad inicie las investigaciones disciplinarias a los uniformados que hicieron parte del operativo con el fin de sancionar a los responsables de las agresiones contra los reporteros.

Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.