El pasado 8 y 9 de agosto se llevaron a cabo dos actuaciones clave dentro del proceso que se adelanta por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

Como consecuencia de la orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Uribe publicó un trino rectificando sus difamaciones contra de Daniel Samper Ospina quien valoró la retractación del senador y afirmó que continuará ejerciendo la sátira y la crítica política. “Es evidente que el expresidente no tuvo camino distinto al de reconocer que sus difamaciones en mi contra eran mentirosas, irresponsables e insostenibles”, aseguró el periodista.

Para la FLIP la rectificación del senador es un paso significativo y en la dirección correcta para el cumplimiento de su obligación como líder público de contribuir con su discurso a un ambiente favorable para la libertad de expresión. Sin embargo, en estricto sentido, la rectificación cumple con algunos, pero no con todos los requisitos constitucionales.

En su rectificación, Uribe afirma que Samper “no es violador de niños” y que “jurídicamente, según criterio de autoridad, no se ha configurado pornografía infantil”. No obstante, esto es insuficiente ya que no cumple las exigencias desarrolladas por la Corte Constitucional [1] para que la rectificación sea válida, a saber, (i) que tenga un despliegue equivalente al que tuvo la noticia inicial; (ii) que se pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y la publicación que se enmienda; y (iii) que el autor reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad.

En criterio de la FLIP la rectificación no cumple a cabalidad con el tercer requisito, pues no reconoce haber cometido un error en la información transmitida. Por el contrario dijo que el Tribunal no admitió su “juicio de valor” sobre Samper. Uribe insinuó que en lugar de haber estigmatizado a Samper lo que hizo fue ejercer su derecho a opinar y ser crítico acerca de su trabajo. En éste punto el Tribunal fue claro, el senador Uribe no puede pretender que entendamos sus afirmaciones en una “dimensión menos dañina de lo que por sí mismas sugieren las palabras”. La FLIP es consciente de que el reconocimiento del error es un estándar de la rectificación que es evadido con frecuencia por los propios medios de comunicación.                              

Independientemente de las consideraciones de la FLIP en torno al cumplimiento de la sentencia, lo importante de este caso es que más allá de acatar un fallo judicial, como sociedad esperamos que el Senador Uribe incorpore en su actividad política una lección democrática donde las reglas del debate público obligan a los líderes políticos a abstenerse de difamar a quienes les critican. Se trata de un mínimo democrático que deben acatar los políticos sin distinción de ideologías y que cobra especial relevancia en vísperas de las jornadas electorales que tendrán lugar en los próximos meses en Colombia. 

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El 14 de julio Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publicada en Semana”. Dos días después afirmó que el periodista “hizo publicaciones pornográficas con menores”. Samper interpuso una acción de tutela en contra del senador por vulnerar su derecho al buen nombre. El pasado 2 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del periodista.

El Tribunal ordenó al senador que "emita una retractación firme y precisa de la sindicación al accionante de "violador de niños" y de la afirmación acerca de que éste hizo "publicaciones pornográficas", a través del mismo medio en que las expresó, aclarando que esas afirmaciones realizadas anteriormente por él no se basan en evidencias disponibles; por consiguiente, que no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".

El creador de la revista El Marqués, de Armenia, empezó su carrera periodística como locutor y narrador de fútbol. Sin embargo, la falta de una revista de carácter político en el departamento llamó la atención del periodista, por esta razón dedicó el resto de su carrera a la denuncia y la sátira política.

Su especial interés en la narración deportiva hizo que se trasladara a Bogotá para estudiar en una escuela de locución. Regresó a Calarcá y la necesidad de independencia profesional y sus habilidades para los negocios aumentaron el deseo de tener un medio de comunicación propio. “Recuerdo que cuando él regresó al municipio yo le dije que si quería lo metíamos a Radio Reloj, una emisora de Calarcá. Él me respondió: “No, a mí no me gusta depender de alguien, yo quiero ser independiente””, recuerda Álvaro Ortiz periodista y amigo de Márquez.

Márquez empezó narrando partidos de fútbol de manera independiente junto a Ortiz. “Recuerdo que él me decía que nos fuéramos, y con una grabadora mientras él narraba yo le hacía comentarios. El gusto por el deporte, especialmente el fútbol, siempre nos unió”, comenta Ortiz. Pero no fue sino hasta 1985 cuando Márquez decidió poner a circular la revista El Marqués, en compañía de Álvaro Ortiz y Gilberto Montalvo. La rudimentaria y antigua tipografía de su padre se convirtió en el principal aliado del periodista durante el proceso de creación del medio. “Las primeras revistas se hicieron de esa manera, levantando letra por letra. Él se amanecía levantando letra por letra los chibaletes, y después la imprimía de manera manual”, recuerda Gilberto Montalvo, entonces director de El Marqués.

Con el traslado de El Marqués a Armenia, la publicación, que para entonces había tenido un carácter meramente deportivo, empezó a tratar temas relacionados con la política de la región. “Él vio que el departamento del Quindío no tenía una revista política en donde se mostrara lo que pasaba en la región, y fue ahí cuando convirtió la revista en lo que es el día de hoy”, cuanta Marleny Moreno, viuda de Márquez. La revista era reconocida, principalmente, por su naturaleza satírica que denunciaba de forma burlesca irregularidades en la administración pública.

Sin embargo, fue su humor caricaturesco, cínico y directo, el que años más tarde despertaría el odio y la enemistad de integrantes de la clase política de la región. “Él decía lo que sentía, sin muchas veces medir las consecuencias”, recuerda Marleny. Ella cuenta que Márquez había recibido algunas amenazas en su contra, pero sus denuncias fueron en vano. Luego del asesinato, los integrantes de la policía negaron haber recibido algún tipo de petición por parte de Márquez.

Jairo Elías Márquez Gallego fue asesinado el jueves 20 de noviembre, entre las 6:00 y las 6:20 de la tarde, cerca de la calle 22 de Armenia. “Yo digo que a él ya lo estaban siguiendo y decidieron no matarlo delante del niño, porque él estuvo toda la tarde compartiendo con el niño”, recuerda Marleny. Días antes de su asesinato Márquez ya había conseguido el dinero para comprar una rotativa y poner a funcionar un periódico, Ortiz recuerda que le pidió que fuera el director del nuevo proyecto.

Para muchas de las fuentes consultadas por la FLIP, el asesinato de Márquez, y del periodista Ernesto Acero Cadena en Armenia dos años antes, son resultado de los constantes ataques a la crítica por parte de un sector con poder político y económico suficiente  para acallar las voces de denuncia y atacar la libertad de expresión en la región. “Él creía mucho en la libertad de prensa, que los medios de comunicación no debían estar contaminados de nada, de política ni de nada.”, cuenta Marleny. Aunque se ha tenido que enfrentar a muchas dificultades, el Marqués sigue funcionando. Marleny Moreno junto a algunos periodistas que fueron colegas de Márquez han hecho lo posible por mantener viva su memoria y su legado.

Han pasado 20 años y el crimen sigue impune. Este lunes 20 de noviembre del 2017 prescribió el caso sin ningún avance significativo en materia penal.

En respuesta a un derecho de petición enviado por la FLIP sobre este caso, la Fiscalía contestó que tras dos décadas de ocurrido el crimen “la investigación se encuentra en indagación preliminar” y que dentro de la misma “no se han proferido sentencias”. Ya fallecieron o asesinaron a las personas señaladas de participar en el crimen y la Fiscalía no verificó las hipótesis o líneas de investigación que se propusieron en los años siguientes al 20 de noviembre de 1997.

Ya son 78 casos que han prescrito de los 154 periodistas y comunicadores que han sido asesinados en Colombia por causas asociadas a su oficio. Márquez se suma a los 129 crímenes contra periodistas que continúan en completa impunidad y que ponen en duda las garantías para el ejercicio del periodismo en Colombia.

El locutor de Radio Majagual fue baleado en su casa por desconocidos. Realizaba actividades comunitarias o cívicas en defensa de los campesinos. Había sido amenazado por paramilitares, advirtiéndole que cesara en la defensa de los campesinos en la región.

La FLIP expresa su preocupación por la situación en la que resultó afectada la periodista Gina Rojas, a quien las directivas del periódico Extra de Boyacá le solicitaron su renuncia por no hablar bien de la gestión del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

El pasado 18 de julio, Rojas, para ese momento editora del periódico, publicó una entrevista al precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto. La periodista le preguntó cómo calificaba el gobierno de Amaya, a lo que el precandidato respondió: “Malo, porque ofrece y no cumple, porque tiene problemas de corrupción”. Después de la publicación de este artículo, la editora recibió una serie de presiones por parte del medio: le enviaron un memorando con copia a la hoja de vida, solicitaron su renuncia, le hicieron un proceso de descargos y la descendieron de su cargo de editora general a reportera. Rojas, el pasado 29 de julio, envió al medio su renuncia.

En el memorando, firmado por Hernando Suárez Burgos, director del grupo editorial El Periódico, se puede leer: “Se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya (…) por lo tanto debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación”. La FLIP se comunicó con las directivas del medio en Boyacá quienes confirmaron todos los hechos.

Con esta decisión el diario El Extra se aparta de los valores de independencia de los medios de comunicación con respecto al Estado e impone una orden que va en contra de la vocación democrática de la libertad de prensa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”.

Si bien los medios de comunicación tienen plena libertad de definir sus líneas editoriales, lo sucedido sí es reprochable desde una perspectiva de libertad de prensa por dos razones. La primera es constatar que un medio de comunicación local, en regiones con una oferta de medios limitada, asigne consecuencias graves a sus periodistas en materia laboral como instrumento para proteger la “ayuda total y directa al Gobernador”, como reza el memorando.

La segunda, porque estas instrucciones de favorecer y no criticar a un gobernante deben ser anunciadas con transparencia a las audiencias. Los ciudadanos tienen derecho a conocer que un determinado medio de comunicación ha dado la instrucción de favorecer a un gobernante. Existe un pacto tácito entre medios y audiencias basado en la confianza de los ciudadanos en que tanto los periodistas como los medios proporcionarán de manera imparcial información sobre asuntos de interés público. La decisión de proteger a un gobernante se escapa de la esfera del periodismo y entra en el terreno de la propaganda. Eso es algo que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Esta no es una situación exclusiva del Diario El Extra ni limitada al departamento de Boyacá. De manera informal es común que los periodistas comenten que este tipo de situaciones se presenten a nivel nacional. Sin embargo, por los intereses en juego y la estabilidad laboral, no es fácil documentar los casos con detalle. Es en definitiva un asunto autocensurado que afecta el derecho a la información de los ciudadanos.

La FLIP lamenta que el diario El Extra de Boyacá prefiera conservar sus buenas relaciones con el gobernador en perjuicio de la autonomía de sus periodistas y del derecho a la información imparcial de los ciudadanos boyacenses.

Esta situación se agudiza si tenemos en cuenta que el señor Hernando Suárez Burgos es dueño de 23 medios de comunicación en distintas regiones del país. Por esta razón la FLIP invita al señor Suárez Burgos a indicar con cuáles administraciones tiene una afinidad similar a la que defiende con respecto al Gobernador de Boyacá.

Vea abajo el memorando, el proceso de descargos, la notificación del cambio de cargo, la carta que dirigió Rojas al área de personal para pedir explicaciones por el cambio de cargo y la carta de renuncia de la periodista.

*El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se pronunció frente a este caso el 1 de agosto. (Vea aquí el comunicado.)

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e insta al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.

De  acuerdo con la información disponible, el 5 de junio de 2017 el subsecretario del senado Saúl Cruz denunció ante el plenario del Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo reporteril del noticiero Noticias Uno. El equipo se encontraba cubriendo las elecciones a magistrados de la Corte Constitucional de ese país. Varios senadores tomaron por cierta la denuncia y plantearon la necesidad de investigar los hechos y establecer sanciones penales en contra los reporteros. La senadora Rosemary Martínez, del partido Cambio Radical, habría ordenado "que se haga una investigación […] sino va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso". Posteriormente, videos y testimonios revelaron que el subsecretario habría fingido la agresión física. La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una investigación disciplinaria y ordenado la suspensión de Saúl Cruz por tres meses de su cargo.

Posteriormente, de acuerdo con la información recibida, el 19 de junio los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie fueron secuestrados en el norte del Departamento de Santander por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas fueron  liberados el día 24 del mismo mes y entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Según la información recibida, el 14 de julio, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta en Twitter, acusó al periodista de la Revista Semana Daniel Samper Ospina de ser "violador de niños". En una columna posterior el senador colombiano ratificó su afirmación anterior e indicó que "el referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia". Las acusaciones contra Samper fueron rechazadas a través de diversos comunicados de prensa por la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mediante una carta pública firmada por reconocidas personalidades, juristas y periodistas del país. Los distintos pronunciamientos alertaron sobre la falta de fundamento de las acusaciones y repararon además en el riesgo que suponían para el comunicador.

Días previos, la periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y de NTN24, denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales, que podría poner en riesgo su integridad personal.

La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Lima, Perú. En esta audiencia la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información por parte de organizaciones de la sociedad civil y del Estado colombiano sobre este tema. En particular, la sociedad civil afirmó que, si bien durante 2016 no se registraron asesinatos contra periodistas en el país, persistían otras formas de agresiones, como secuestros, presiones indebidas, hostigamiento, y declaraciones estigmatizantes.  Por su parte, el Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia e informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de protección e investigación existentes.

La Relatoría Especial recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia. La obligación de prevenir, supone – entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia". En este sentido, los funcionarios públicos deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

En la Resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los Estados miembros de la Organización reafirmaron que "la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", e instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Vea aquí el comunicado de la RELE.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena los hechos en los que resultó herida Heliana Montoya, periodista colombo-argentina de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp), por parte de agentes de la Policía Nacional.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por los hechos de los que fue víctima la columnista Leszli Kálli, el día de ayer en Floridablanca, Santander.

Más de medio centenar de periodistas, editores, columnistas y expertos se unieron a un mensaje para exigirle al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez que se acoja a la ley. Su larga trayectoria se señalamientos en contra de la prensa desbordó los límites el pasado viernes 14 de julio cuando, a través de su cuenta de Twitter, el senador se refirió al periodista Daniel Samper Ospina como "violador de niños".

Esta es la carta con la que se hace un llamado a la ciudadanía para que rechache la calumnia como una forma de hacer política. Quienes se quieran unir a este mensaje de rechazo pueden compartir la carta con la etiqueta #PorElRespeto.

Punto final

Es hora de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal.

El límite de todos los colombianos es y debe ser la ley. Y es tiempo de que el expresidente esté a la altura del enorme poder del que ha venido abusando sin mayores consecuencias: el último ejemplo de su estrategia de estigmatizar e intimidar para imponerse en el debate público, aquello de permitirse llamar “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina frente a sus más de cuatro millones de seguidores de Twitter, no es sólo una infamia irreversible que habrá de tener solución en la justicia, sino también un repugnante acto de violencia que ya ha empezado a llamar a más violencia.

Twitter es la vida real. Quien comete un delito allí comete un delito en su país. Hoy, cuando en las redes sociales se ha vuelto común hostigar a los periodistas hasta ponerlos en peligro, resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho, siga legitimando socialmente esa manera temeraria de participar en la deliberación pública y liderando ese premeditado ataque contra la prensa y la libertad de expresión –ese echarle la culpa y acusar de conspirador al mensajero– que es una arremetida contra la democracia.

No se trata de reclamar, de ninguna manera, un trato privilegiado para los periodistas, ni de librar al periodismo de la crítica, sino de defender el derecho de todos a hablar sin ser objeto de los abusos de quien se sabe poderoso.

Una palabra de Uribe basta para enlodar un nombre, para exacerbar los odios de tantos colombianos frustrados, para degradar y envenenar el necesario debate político del país. Lejos está del líder responsable y digno que tendría que ser.

Pero él sabe todo esto: él no está reaccionando en caliente, ni cometiendo un desliz, sino redoblando un comportamiento peligroso e inescrupuloso cargado de intenciones políticas. Corresponde a la ciudadanía, pues, el siguiente paso. Dar ejemplo. Exigir sin miedo, con la ley de su lado, el fin de la calumnia como estrategia. Solidarizarse con el calumniado más allá de las contingencias de la política. Decirle al calumniador que ha llegado la hora de que se detenga.

Jesús Abad Colorado, José Manuel Acevedo, María Elvira Arango, Darío Arizmendi, Ricardo Ávila, Catalina Botero, Diana Calderón, Juan Pablo Calvás, Fidel Cano, Alberto Casas Santamaría, José Eustorgio Colmenares, Daniel Coronell, Ernesto Cortés, Vicky Dávila, Vanessa De la Torre, Félix De Bedout, María Elvira Domínguez Lloreda, María Jimena Duzán, Jorge Espinosa, Heriberto Fiorillo, Álvaro Forero Tascón, Álvaro García, Ignacio Gómez, Gustavo Gómez Córdoba, Claudia Gurisatti, Sebastián Hiller, Juan Carlos Iragorri, Juanita León, Juan Esteban Lewin, Diego Martínez Lloreda, Matador, Andrés Mompotes, Néstor Morales, Hassan Nassar, Lila Ochoa, Cecilia Orozco, Alfonso Ospina, Ricardo Ospina, Rodrigo Pardo García-Peña, Roberto Pombo, Fernando Quijano, Ana Cristina Restrepo, Jorge Restrepo, Nicolás Restrepo, Héctor Riveros, Luis Enrique Rodríguez, César Rodríguez Garavito, María Elvira Samper, Julio Sánchez Cristo, Alejandro Santos, Diego Santos, Ricardo Silva Romero, Rodrigo Uprimny, Jorge Alfredo Vargas, Juan Roberto Vargas, Vladdo, Felipe Zuleta, Camila Zuluaga.