Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP reconoce los avances que se han dado en la búsqueda de justicia en crímenes contra la prensa. Sin embargo, es necesario que las autoridades del Gobierno trabajen exhaustivamente para condenar a los autores de estos ataques.

Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.

Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.

Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.

La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.

En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.

En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.

Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).

Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.

Aquí puede consultar Frontera Cautiva

La FLIP manifiesta su preocupación por la denuncia conocida en los últimos días sobre presuntas órdenes de vigilancia del CTI a las comunicaciones del periodista Ernesto Yamhure. De acuerdo con la denuncia hecha por Andrés Sepúlveda, el llamado “hacker” que trabajó como asesor para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, durante su reclusión recibió órdenes de Danny Julián Quintana, ex director del CTI de la Fiscalía, de atacar e intervenir las comunicaciones del periodista.

Según Sepúlveda, luego de negarse a ejecutar tales órdenes, Quintana tomó represalias en su contra, quitándole comodidades y trasladándolo a otro establecimiento. En entrevista con La W, Quintana negó rotundamente todas las acusaciones de Sepúlveda. Por su parte, este último dice tener correos electrónicos que prueban que recibió tales órdenes.

La vigilancia ilegal trae graves consecuencias para la libertad de expresión al afectar la intimidad y el trabajo de los periodistas y de sus fuentes, actuando como un incentivo para la autocensura. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión: “En efecto, sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido plenamente. Esta misma relatoría y la Relatoría Especial para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU publicaron en 2013 una Declaración Conjunta en la que sostuvieron que “[l]a vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”.

De ser ciertas las denuncias de Sepúlveda, se revivirían las preocupaciones en torno al grave problema de la vigilancia ilegal del Estado a las comunicaciones de periodistas, luego de episodios tan penosos como los escándalos de las “chuzadas” del DAS (revelado en 2009 por la Revista Semana) y del centro de operaciones militares “Andrómeda” (revelado en 2014 por la misma revista).

La FLIP exhorta a la Fiscalía para que avance en la investigación de las denuncias para que se aclaren los hechos.

Hoy, 12 de octubre de 2018, se cumplen ochenta años del asesinato del periodista Eudoro Galarza Ossa. Este crimen es el primer asesinato de un periodista por razones de su oficio del que se tiene registro en Colombia. Galarza, fundador y director del periódico La Voz de Caldas, fue asesinado en 1983 por el teniente Jesús María Cortés.

El 10 de octubre, un grupo minoritario de personas participantes del paro universitario atacó las instalaciones de RCN Radio en Bogotá, afectando sus paredes y ventanas. Si bien los actos fueron rechazados por los demás manifestantes, es preocupante que el espacio democrático en el que se presentan los necesarios reclamos frente del sector educativo sean utilizados como excusa para vandalizar medios de comunicación.

Al respecto, Yolanda Ruíz, directora de noticias del medio de comunicación, declaró: “Creo que no hay necesidad de vandalismo para protestar o reclamar. La causa de la universidad pública es justa y hemos venido informando pero algunos decidieron dejar el mensaje en las paredes de RCN Radio. No hay necesidad de eso”.

Los periodistas de RCN Radio han estado realizando el cubrimiento a las manifestaciones y en general a los reclamos de los estudiantes. El director de La FM, Luis Carlos Vélez, también rechazó los actos violentos.

La FLIP manifiesta su preocupación por este ataque. No deja de ser irónico que algunos participantes del espacio democrático de protesta lo utilicen como medio para el ataque a los medios, quienes ejercen la libertad de prensa, derecho que constituye piedra angular de la democracia.

La FLIP hace un llamado para que ningún participante del paro caiga en el error de convertirse en otro agresor más de la prensa en contexto de protesta. Así mismo, hace un llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen a los involucrados.

Aquí puede leer el comunicado de RCN Radio respecto a los hechos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación frente a grave caso de censura previa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) al programa de televisión Mimbre, del Canal Institucional. La OACP prohibió la emisión de una entrevista que realizó la periodista Gloria Cecilia Gómez al exjefe guerrillero de las FARC Pastor Alape.

Aquí puede consultar la carta.

Mediante decisión del 1 de octubre, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la tutela presentada por el Fiscal Daniel Hernández Martínez contra la columna de opinión de la periodista María Jimena Duzán.

En palabras del juez, “el texto publicado objeto de censura se enmarca dentro de lo que se considera como una columna de opinión y así se hace saber en su publicación. De su lectura se advierte que la periodista desde el inicio marca su intención de emitir un juicio de valor”. Así, se concluye que  la pretensión de rectificación es inviable, ya que la opinión, a diferencia de la información, no está amparada por el derecho de rectificación.

La FLIP valora positivamente que en esta oportunidad la justicia haya respaldado la libertad de opinión y su rol central en una sociedad democrática. Sin embargo, la Fundación ha expresado su preocupación por el acoso judicial a la prensa.

La deliberación pública requiere de funcionarios que tramiten sus diferencias con la prensa de cara a la ciudadanía. Casos como este, que representan un alto interés público, requieren opiniones desde todas las aristas posibles.

La FLIP hace un llamado al poder judicial para que así como en este caso, tome en consideración su papel protagónico en la defensa de las libertades civiles y la libertad de prensa.

El 2 de octubre en Boulder, Colorado (Estados Unidos), se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, la familia Cano Busquets y las organizaciones vinculadas al caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza.

La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.