La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de la que está siendo víctima María Montiel, corresponsal de Colombia Informa en Santander. La situación se presentó en el sur del Cesar.

El miércoles 28 de junio la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución en la que insta a los Estados que la conforman a implementar medidas de protección integrales para investigar y sancionar a los responsables de crímenes contra la prensa. Adicionalmente, el organismo sugiere que los estados adopten políticas para la seguridad de los periodistas y la prevención de la violencia contra la prensa.  

Hace una semana, el ELN secuestró a dos periodistas holandeses en el Catatumbo, la misma región donde hace un año secuestraron a otro grupo de cinco reporteros (entre quienes se encontraba Salud Hernández). El primero de junio, un grupo de congresistas amenazó con cárcel y veto a un periodista y a su camarógrafo de Canal Uno, basándose en el falso testimonio del subsecretario del Senado Saúl Cruz. A estas violaciones se suman las 58 amenazas y los otros 77 ataques de los que han sido víctimas 162 periodistas durante el primer semestre de 2017.

Por estos y otros motivos, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que se acoja a las recomendaciones hechas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre medidas integrales para la protección a periodistas.

Entre las recomendaciones de la Asamblea están:

• Crear Fiscalías especializadas independientes.

• Adoptar protocolos y métodos de investigación y enjuiciamiento específicos.

• Formar continuamente a operadores en materia de libertad de expresión y seguridad de periodistas.

La FLIP reitera la necesidad de que el programa de protección a periodistas en Colombia sea modificado con el fin de incorporar políticas de prevención y un componente judicial para disminuir los altos índices de impunidad. La Fundación ha manifestado en repetidas ocasiones que el programa no puede limitarse a ser reactivo, sino que debe incluir medidas integrales que se adapte a las necesidades de seguridad de la prensa en Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) expresan su preocupación por la expulsión de un grupo de periodistas durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Carlos Eduardo Correa, alto consejero para las regiones, y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda.

El 17 de junio de 2017 la juez 40 de control de garantías de Bogotá expulsó de la sala de audiencias a periodistas de varios medios de comunicación que asistieron a cubrir la audiencia. Los funcionarios están siendo investigados por hechos de corrupción en la celebración de contratos de obras como la remodelación del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora en Montería.

De acuerdo con la información denunciada por el diario El Heraldo en su editorial del 18 de junio, la jueza decidió hacer la audiencia a puerta cerrada luego de que el fiscal del caso lo solicitara, debido al ‘alto impacto social de la captura’ de los funcionarios.

Para la FLIP y Andiarios resulta preocupante la decisión del juez debido a que la restricción impuesta contraría el carácter público de la administración de justicia. La motivación del fiscal, la cual sirvió de sustento para la decisión del juez, no se ajusta a ninguna de las excepciones que contempla la ley a la hora de restringir el acceso a esta clase de diligencias.

De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, la publicidad es uno de los principios que debe regir cualquier actuación en el marco de un proceso. Esto supone que estas audiencias son públicas y que, por tanto, a ellas pueden acceder los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general.

Según la ley, las únicas excepciones que contempla este principio son aquellas situaciones en las que “el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación”.

En este sentido, la FLIP y Andiarios entienden que estas limitaciones tienen como fundamento el proteger otros derechos y que no siguen un criterio arbitrario, sino que debe resultar de una ponderación por parte de la autoridad judicial. Por ello, la publicidad es una garantía que opera en doble vía: por un lado protege el derecho al debido proceso que le asiste a los sujetos procesales y por el otro, protege el derecho de la ciudadanía a conocer asuntos que son de interés público.

Igualmente, la disposición de la juez va en contravía de la Ley 1712 de 2014 debido a que el expulsar a los particulares de las audiencias sin una motivación adecuada restringe el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública. Además, con su decisión, la juez contrarió el principio de máxima publicidad y transparencia que establece dicha norma.

Sin embargo, lo que más le preocupa a la FLIP y a Andiarios es que este no es el primer caso del que tiene conocimiento sobre hechos similares. La Fundación ha documentado al menos cuatro situaciones en las que los jueces ordenaron el retiro de periodistas por diferentes razones.

El 20 de julio de 2016, durante la audiencia de conciliación entre Álvaro Uribe y Hollman Morris, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que presidió la diligencia judicial, Eugenio Fernández, negó la entrada de los medios de comunicación a la sala.

El 23 de agosto de 2016, la jueza Luz Stella Patiño del juzgado primero municipal de Valledupar negó el ingreso del periodista Mohamed Osman a una audiencia pública. Según Osman, esta situación se repite con frecuencia sin que la funcionaria argumente sus decisiones.

El 18 de enero de 2017, Yolanda Bedoya, corresponsal de CM& en Antioquia, pretendía cubrir la audiencia de legalización de captura de un delincuente de Medellín pero el juez del caso le impidió el ingreso a la sala de audiencias a la periodista y a su camarógrafo.

El 16 de febrero, al reportero Orlando Cetina se le negó la posibilidad de hacer registro fotográfico durante la audiencia contra el gobernador del Amazonas, Manuel Carebilla, y fue retirado del recinto por miembros de Policía. Cuando Cetina intentó ingresar al lugar a la sala dispuesta para el público general, también le fue negado el acceso.

En estos casos es evidente que la actuación judicial perjudica el cubrimiento periodístico, ya que la restricción a las audiencias impide que los periodistas usen dichas diligencias como fuentes de información y, por tanto, se está menoscabando el derecho a la libertad de prensa que protege el artículo 20 de la Constitución Política.

De acuerdo con lo anterior, la FLIP y Andiarios exhortan a todas las autoridades judiciales para que velen por el cumplimiento de dicho principio y así cumplan con el deber que tienen de garantizar la publicidad de las actuaciones que presiden. El no hacerlo desdibuja la naturaleza del sistema judicial colombiano que busca a través de la publicidad, por un lado asegurar la transparencia, pero además velar por una debida administración de justicia.

En la madrugada del sábado 24 de junio Derk Bolt y Eugenio Follender fueron liberados en la región del Catatumbo. Los reporteros fueron entregados por el ELN a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Según informó la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia, los periodistas "se encuentran bien teniendo en cuenta las circunstancias".

El grupo guerrillero envió una comunicación escrita con los reporteros en la que explican las razones del secuestro. La FLIP rechaza este tipo de acciones y le exige al ELN no utilizar a los periodistas como portavoces de sus comunicaciones.

La FLIP reconoce los esfuerzos que realizó la comisión humanitaria durante el secuestro para lograr la liberación de los periodistas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que avance en la investigación de este delito.

La FLIP le exige al Estado colombiano que adelante acciones para garantizar el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo. En los últimos tres años la FLIP ha documentado cuatro secuestros por parte del ELN y otro más por parte del EPL en esta zona del país.

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 06:07 p.m.

La FLIP exige al ELN que libere a los periodistas holandeses

En la mañana del miércoles 21 de junio, gestores de paz del ELN confirmaron que los periodistas Derk Bolt y Eugenio Follender estaban en su poder. Una vez más, acudieron a la figura de la "retención preventiva" para enmascarar su violación a la libertad de prensa. Según los delegados del grupo armado, ya se activó un protocolo humanitario para liberar a los periodistas holandeses.

La FLIP le exige al ELN facilite las condiciones para que los reporteros vuelvan a la libertad y hace un llamado a la Fuerza Pública para que respalde las gestiones de la comisión humanitaria. 

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Miércoles, 21 de junio de 2017. 07:46 a.m.

La FLIP condena postura del ELN frente al secuestro de periodistas

La FLIP rechaza el pronunciamiento del ELN sobre la situación que viven Derk Bolt y Eugenio Follender, los periodistas holandeses que se encuentran secuestrados en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El grupo guerrillero califica las “privaciones temporales de libertad” como una acción preventiva y de protección y se autoproclama como guerrilla garante de la libertad de prensa como parte de sus políticas.

Sobre su responsabilidad, el comunicado del ELN parte del desconocimiento sobre si sus estructuras secuestraron a los periodistas, pero asumen un compromiso de liberación en caso de que sea esta guerrilla la que los tenga en cautiverio.

El comunicado del ELN contrasta con información complementaria de conocimiento público. Las autoridades que han adelantado labores humanitarias en la región, como la Defensoría y la Personería de El Tarra, confirmaron que los periodistas holandeses están en poder del ELN.

La gravedad de la situación, el paso del tiempo, la necesidad de aprovisionamiento de medicinas para uno de los periodistas en cautiverio, la instalación de una mesa de conversaciones de paz en Quito y los antecedentes de violaciones a la libertad de prensa por parte del ELN son hechos relevantes que requieren de parte de esta guerrilla asumir responsabilidades y no posar como protectora de un derecho que ha violado recurrentemente.  El ELN pide comprensión sobre las razones y condiciones de la guerra en la que ellos participan, y al tiempo llaman a tolerar e incluso justificar la restricción de derechos básicos como la libertad de prensa.

El ELN confunde y justifica el secuestro. A través de un pronunciamiento público, emitido este martes 20 de junio por el ELN, el grupo armado se refirió a la presencia de los periodistas holandeses en el Catatumbo y al secuestro del que fueron víctimas: “Se trata de una región atravesada por el conflicto armado; en ese contexto, la posibilidad de efectuar privaciones temporales de la libertad a personas desconocidas y ajenas a las comunidades, se corresponde con una actitud preventiva, de ejercicio de protección y seguridad”.

En el mismo pronunciamiento el grupo guerrillero asegura “es política del ELN velar por la integridad de las personas, garantizar la libertad de prensa y cumplir con la pronta liberación coordinada con la comisión humanitaria correspondiente”. En el último año y medio la FLIP ha documentado al menos seis casos en los que el ELN, lejos de ser un garante de la libertad de prensa, ha sido el responsable de los ataques contra periodistas y medios de comunicación en Colombia.

El pasado 28 de marzo, el grupo armado publicó un panfleto en el que señaló a La Voz del Cinaruco de Arauca de ser un medio funcional a las Fuerzas Armadas y a la Silla Vacía de ser una “matriz mediática difamadora que llama a golpear el movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Veinte días antes, miembros del grupo guerrillero detuvieron a tres reporteros de El País en el corregimiento de Huisitó, Cauca, y los despojaron de sus equipos periodísticos y de otros elementos de valor. Los equipos tardaron semanas en volver al medio de comunicación.

Una situación similar a la que se vive actualmente con los reporteros holandeses se presentó a mediados de 2016. El 21 de mayo, la periodista Salud Hernández fue secuestrada por el ELN mientras realizaba labores de reportería en la región del Catatumbo. Dos días después los corresponsales de RCN, Carlos Melo y Diego De Pablos, y un reportero de Caracol Televisión, Diego Veloza, fueron privados de su libertad por parte del grupo guerrillero cuando indagaban por el paradero de Hernández. Luego de ser liberados y de denunciar los hechos ante la Fiscalía, el 8 de julio los periodistas de RCN fueron declarados objetivo militar por parte del grupo guerrillero.

En su momento, el ELN justificó el secuestro de Salud Hernández como una acción de control poblacional para mantener la seguridad en la zona. Al respecto, la FLIP considera muy peligroso que el accionar del grupo guerrillero se convierta en una violación rutinaria al derecho a la libertad de prensa, del cual deben gozar todos los reporteros que hacen cubrimiento periodístico en las zonas de influencia del ELN. Para la Fundación, las regiones en las que hay confrontación armada, como lo es el Catatumbo, no pueden convertirse en zonas vedadas ni condicionadas para el cubrimiento periodístico. Además, la negligencia de las autoridades oficiales para ofrecer estas garantías no puede seguir siendo una constante.

La FLIP le exige al ELN que aclare su responsabilidad en el secuestro de los periodistas holandeses y le hace un llamado al gobierno para que brinde información veraz y oportuna sobre el paradero y las condiciones de salud en las que se encuentran los reporteros. De igual forma, solicita al Ejercito respetar los protocolos humanitarios y no dificultar las acciones de liberación. Una vez más, esta organización se ofrece para cualquier gestión humanitaria que agilice el retorno de Bolt y Follander a la libertad.

Nota: En la mañana de hoy, miércoles 21 de junio, la Mapp/Oea convocó  a un conversatorio entre periodistas, organizaciones y gestores de paz del ELN con el fin discutir sobre los avances y desafíos que tienen los medios de comunicación y sus audiencias frente a la construcción de paz. A pesar de que la FLIP había confirmado la asistencia de un delegado, declinamos la invitación por considerar que es imposible conversar con el ELN hasta tanto los periodistas sean liberados.

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Martes, 20 de junio de 2017. 12:49 p.m.

La FLIP exige la liberación de periodistas holandeses secuestrados en El Catatumbo

Los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender, de 52 y 68 años, fueron secuestrados el pasado fin de semana en la vereda Filogringo, en inmediaciones de El Tarra, Norte de Santander. Así lo ha confirmado la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia y el Ejército Nacional. Bolt y Follender, presentador y camarógrafo de la cadena holandesa KRO-NCRV, estaban realizando un reportaje sobre familias biológicas de niños colombianos adoptados por personas en Europa.

La FLIP rechaza este ataque al periodismo en Colombia y hace un llamado a los responsables para que se respete la vida e integridad de los periodistas. La Fundación está trabajando para esclarecer los detalles del secuestro y las condiciones en que se encuentran los reporteros. Se espera que las entidades de Gobierno actúen con celeridad para asegurar el pronto regreso de Bolt y Follender y se hace un llamado para que no se obstaculice la entrega de información de interés público a los ciudadanos.

En esta región del país se han presentado 5 de los últimos 6 secuestros a periodistas en los últimos años. El Catatumbo no puede seguir siendo un territorio vedado para la prensa y por eso esta organización hace un llamado a las autoridades para que se refuercen las garantías al periodismo en esta zona. De igual forma, dado que el ELN opera en esta zona, ha estado involucrado en otros casos de secuestros a periodistas y teniendo en cuenta que la Fuerza Pública los señala como presuntos responsables, la FLIP le exige a este grupo armado que esclarezca su rol en este episodio. Hasta el momento, las aclaraciones en sus cuentas de redes sociales resultan insuficientes y provocan mayor confusión.

La Fundación hace un llamado a los responsables de este crimen para que liberen con prontitud a los reporteros.

La FLIP se pone a disposición de la Embajada de Holanda y los organismos humanitarios para apoyar cualquier gestión que lleve a la pronta liberación de los periodistas holandeses. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza que el Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares  desconozca sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa. Son inadmisibles las presiones de esta institución a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

En la emisión del mediodía del 26 de mayo de 2017, Noticias RCN publicó una carta del general Javier Flórez, comandante del Comando Estratégico de Transición, dirigida al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Según la noticia, el oficial expresa preocupaciones por las “actividades de carácter político” que realizarían las FARC el 27 y 28 de mayo de 2017 con motivo de su aniversario. El general Flórez advierte que esto “contraría lo establecido en el acuerdo final” y podría constituir una violación de las condiciones del cese al fuego pactado entre el gobierno y la guerrilla.

Después de la emisión, la periodista de Noticias RCN, Maritza Aristizábal, recibió una llamada del general Javier Flórez. “El oficial, muy molesto, le pregunta quién filtró el documento, asegura se trataba de una información secreta, y señala que con esa información la reportera lo destruyó e intenta destruir el proceso de paz. El general finalmente anuncia que va a pedirle a sus abogados que denuncien el hecho”, informó el noticiero a la FLIP.

Según ha conocido la FLIP, desde ese día, funcionarios del Comando Estratégico de Transición, del Ministerio de Defensa y delegados del gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en violación del principio constitucional que protege el secreto profesional, han presionado a Noticias RCN para que revele sus fuentes periodísticas.

El 26 de mayo la periodista Maritza Aristizabal recibió otras dos llamadas de la asistente del general Flórez en las que intenta averiguar quién le dio el documento publicado, según dijo RCN a la FLIP. El 30 de mayo de 2017, el contraalmirante Orlando Romero, delegado del Gobierno ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, envió una carta dirigida a Noticias RCN en la que solicitó que se certifique si fue él quien entregó el documento en cuestión al medio de comunicación. El 2 de junio de 2017, el Teniente Coronel Víctor Portilla, funcionario instructor del Ministerio de Defensa, envía otra carta a la dirección del noticiero solicitando que se haga llegar copia del documento que reveló Noticias RCN.

Al respecto, el Comando Estratégico de Transición afirmó a la FLIP que nunca se pretendió “traspasar la línea de confidencialidad ni la reserva de las fuentes”. También dijo que solicitó a Noticias RCN copia de la carta publicada con el único objetivo de determinar si se trataba de un documento auténtico firmado por el General Flórez.

El martes 13 de junio de 2017, llegó una nueva comunicación, esta vez dirigida a la periodista Maritza Aristizábal, y en la que el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación la notifica que debe asistir a una declaración bajo la gravedad del juramento el próximo 20 de junio de 2017 en el Cantón Norte. En el documento, con el membrete y el logo del Comando General de las Fuerzas Militares, se hace referencia a una indagación preliminar sin aclarar los hechos*.

El Comando confirmó a la FLIP que sí se está adelantando una indagación preliminar en esa entidad por estos hechos. Sin embargo, aclaró que no se trata de un procedimiento en contra de Maritza Aristizábal sino que busca establecer “quiénes fueron los miembros de las Fuerzas Armadas responsables de filtrar la información”.

La FLIP rechaza que las Fuerzas Militares se valgan de mecanismos inconstitucionales para presionar a los periodistas con el fin de que estos revelen sus fuentes. Estas actuaciones son incompatibles con la vida democrática y la garantía de las libertades civiles.

La Fundación manifiesta su preocupación, observará con especial atención y acompañará este caso. Esta organización confía en que el Ejército reconsidere sus actuaciones sobre el caso y tome correctivos que impidan la repetición de estos hechos.

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Las actuaciones de las Fuerzas Militares en las últimas semanas son violatorias de la garantía constitucional del secreto profesional, consagrada en el artículo 74 de la Constitución.

Sobre este derecho, la Corte Constitucional ha dicho en la sentencia T-298 de 2009 que “la inviolabilidad del secreto profesional (la reserva de la fuente) permite que un periodista guarde el secreto sobre la existencia de una determinada información, su contenido, el origen o la fuente de la misma, o la manera como obtuvo dicha información”.

Además de lo anterior, la misma decisión indica que este derecho no es solo del periodista, sino de su fuente, pues se convierte en una garantía para poder difundir información. “La reserva de la fuente es una garantía fundamental y necesaria para proteger la verdadera independencia del periodista y para que pueda ejercer la profesión y satisfacer el derecho a la información, sin que existan limitaciones indirectas ni amenazas que inhiban la difusión de información relevante para el público”, manifestó la Corte en la sentencia.

Por eso es de suma gravedad que el Ejército esté desconociendo esta protección constitucional a la prensa.

La FLIP recuerda al Ejército que la Sentencia C - 491 de 2007 reconoce que los periodistas que han accedido a información reservada o clasificada no están sometidos a una obligación legal de no publicar esa información. “La reserva cobija a los funcionarios públicos pero no habilita al Estado para censurar la publicación de dicha información cuando los periodistas han logrado obtenerla (...) la reserva obliga a los servidores públicos comprometidos pero no impide que los periodistas que acceden a dicha información puedan publicarla”, dice la Corte.

Así mismo, la Resolución A/HRC/33/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a proteger “en la ley y en la práctica el carácter confidencial de las fuentes de los periodistas, en reconocimiento de la función esencial que cabe a estos en la promoción de la rendición de cuentas públicas y de una sociedad inclusiva y pacífica, con sujeción únicamente a excepciones limitadas y claramente definidas que estén enunciadas en los marcos legales nacionales, como la autorización judicial, de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos".

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*Actualización: En la mañana del miércoles 14 de junio, la periodista Maritza Aristizábal recibió una comunicación del Comando General de las Fuerzas Militares en la que le anunciaban, refiriéndose a la citación que le había llegado un día antes para presentarse el 20 de junio en el Cantón Norte, que "no se requiere dicho testimonio dentro de la Indagación Preliminar". Sin embargo, este revés no redime al Comando General, al Ministerio de Defensa y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de su responsabilidad por las presiones inconstitucionales de los últimos días contra Noticias RCN y su reportera.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones del subsecretario del senado y senadores de la República en contra de Noticias Uno.

El jueves 1 de junio el periodista Eduardo López Hooker, acompañado de un camarógrafo de Noticias UNO, cubría la sesión en el senado para elegir un magistrado para la Corte Constitucional. Durante la sesión, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, simuló ser golpeado en la cara por el camarógrafo. Luego denunció la inexistente golpiza ante policías que custodiaban el recinto. “Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias Uno, y -podrán ver- me han pegado en la cara. Yo no entiendo; yo cumplo mi función. Esto me tiene muy consternado,” dijo luego ante el Senado en pleno.

Noticias Uno tenía asignada una cámara para documentar las labores de Cruz de cabildeo a favor de uno de los candidatos a la Corte Constitucional. Lo que muestran las cámaras de seguridad del Congreso es que en realidad el propio camarógrafo fue embestido por Cruz.

Como reacción a la denuncia del subsecretario, el Presidente del senado Mauricio Lizcano, dio la palabra para que los senadores discutieran estos hechos. En ese momento algunos senadores hicieron declaraciones contrarias a su obligación de generar un ambiente favorable a la libertad de expresión.

Un grupo de congresistas pidió encarcelar a los periodistas y tomar acciones legales en su contra. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, dijo que “tiene que haber algún tipo de sanción penal (…) ojalá cárcel al agresor”. Así mismo, Rosmary Martinez de Cambio Radical pidió demandar a Noticias Uno: “o si no va a venir el ELN disfrazado de doctor (sic) y nos va a masacrar en este Congreso”. Por su parte, Mílton Rodríguez, del partido de la U pidió sanciones “ejemplares” porque “la prensa no puede dar ese ejemplo aquí en la casa de la democracia”.

Otros senadores pidieron obstruir el trabajo periodístico del noticiero. Jorge Pedraza, del Partido Conservador le dijo a Mauricio Lizcano: “debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista no se mantenga en el recinto”. Maritza Rodríguez, de la U, pidió que como medida cautelar se retirara al periodista y no se permitiera “nunca más” su entrada al Congreso. De igual modo, José Obdulio Gaviria expresó que tenía que haber una medida administrativa que impidiera “para siempre” la presencia de quienes atacaron a Cruz.

Por último, la senadora del partido liberal Sofía Gaviria insinuó sentirse en riesgo por estos hechos y dijo que Noticias Uno tenía que responder como empresa. “Yo me siento amenazada,” concluyó.

Para la FLIP estos hechos son de la mayor gravedad pues sucedieron en el Congreso de la República, en donde deben existir las mayores garantías para el cubrimiento periodístico y el derecho a la información. En segundo lugar, porque están enmarcados dentro de una serie de agresiones repetitivas por parte de congresistas y que están generando un ambiente cada vez más hostil para la prensa en el congreso.

El 28 de marzo de 2016, la periodista Tania Guevara, después de cubrir una sesión en el Congreso, fue retenida por los guardaespaldas del secretario del senado Gregorio Eljach y conducida a una oficina en donde le obligaron a borrar las fotografías que había tomado. El primero de abril de 2017, mientras se realizaba una marcha en contra de la corrupción en Cartagena, el congresista Fernando Araújo, exhibió pancartas que incitaban a obstruir el trabajo periodístico. De igual forma, el pasado 15 de mayo de 2017, el senador Álvaro Uribe acusó de ser “pro Farc” a un periodista de Noticias Uno que estaba cubriendo presuntos malos manejos de recursos públicos con los que se habría beneficiado un predio propiedad del senador.

La simulación de la agresión por parte de Saúl Cruz, la posterior falsa denuncia presentada ante la policía y el Congreso y la andanada de llamados a encarcelar, censurar, demandar y obstruir el trabajo de Noticias Uno por parte de senadores de la República son una violación de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano en materia de la libertad de expresión. 

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Así mismo, el comportamiento de Cruz es contrario a la obligación de los funcionarios públicos a ser tolerantes a la crítica. “En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008).

La FLIP también recuerda a los senadores que hicieron el llamado a la censura que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida (…) por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos versus Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009).

La FLIP está evaluando qué medidas tomará para que se avance en la investigación y sanción de los responsables de estos graves hechos así como para proteger a Noticias Uno de futuras agresiones de las que puede ser víctima en el Congreso. 

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Actualización

El 29 de noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por 8 meses al subsecretario del Senado Saúl Cruz. La defensa del funcionario apeló el fallo y el caso pasó a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

La FLIP espera que esta sanción sirva de ejemplo para que los funcionarios se apropien del respeto a la libertad de prensa como un principio fundamental de su labor.

El jueves 25 de mayo la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) le envió una comunicación a Gabriel Reyes, presidente de RCN Televisión, y a Mauricio Correa, presidente de Win Sports, solicitándoles que se abstuvieran de transmitir a través de sus medios de comunicación los partidos del Deportivo Cali contra Millonarios y del América de Cali contra el Atlético Bucaramanga. Ambos encuentros completarán la última fecha del todos contra todos de la Liga Águila.

La comunicación firmada por Jorge Fernando Perdomo, presidente de la Dimayor, agrega “DIMAYOR ha dado instrucciones para que la prensa hablada y escrita no tenga acceso a los respectivos estadios”. Sin embargo, la institución aclara que RCN y Win Sports sí podrán hacer cubrimiento periodístico en ambos estadios sin hacer ningún tipo de transmisión en directo.

La determinación se tomó luego de los enfrentamientos que protagonizaron los hinchas del Deportivo Cali y del América, durante el partido que se disputó el pasado miércoles 24 de mayo en el Estadio Pascual Guerrero.

La Fundación entiende que la Dimayor esté obligada a tomar correctivos que le permitan prevenir y sancionar la violencia en los estadios, pero también aclara que estas decisiones deben tener unos mínimos de proporcionalidad. Al respecto, Jorge Perdomo, presidente de Dimayor, aseguró “las medidas son extremas, lo reconozco” y agregó que busca hacer un llamado a la reflexión. Sin embargo, no explicó la relación entre la restricción al cubrimiento periodístico y lo sucedido en el Pascual Guerrero.

La FLIP considera que las medidas para garantizar la seguridad en los estadios no pueden vulnerar otros derechos como, por ejemplo, el que tienen los medios de comunicación de cubrir espectáculos de interés público y el que tienen los ciudadanos de estar informados sobre estos acontecimientos.

La FLIP le planteó estos interrogantes a Carlos Lajud, jefe de prensa de Dimayor, quien no ofreció mayores explicaciones y se limitó a argumentar que “la gente no ha entendido que la Dimayor como tal es una empresa privada (…) los partidos de fútbol son un espectáculo privado”.

Sin embargo, la Dimayor ignora el aporte que hace el sector público para el desarrollo del espectáculo deportivo. En primera medida, 19 de los 20 equipos que disputan la Liga colombiana juegan en el estadio distrital de la ciudad a la que pertenecen. Segundo, la seguridad en los estadios es responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, quienes juegan un rol de funcionarios públicos. Y, finalmente, la mitad de los equipos que compiten en la primera división reciben algún tipo de patrocinio por parte de entidades públicas.

Esta contribución del sector público legitima el cubrimiento y la veeduría que deben hacer los medios de comunicación frente las gestiones de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y su desempeño en la liga. Es decir, que los partidos del fútbol colombiano están lejos de ser solamente un espectáculo privado.

Por otra parte, la FLIP reconoce que RCN Televisión y Win Sports tienen los derechos de las transmisiones del Fútbol Profesional Colombiano. Sin embargo, otros medios de comunicación que, incluso, están acreditados por la Dimayor, tienen derecho a ingresar a los estadios para cubrir las novedades de los encuentros deportivos. Por esta razón, la FLIP considera problemático que estos medios sean excluidos, debido a que este tipo de medidas atentan contra la pluralidad de la información y de opiniones que debe ser garantizada en toda sociedad democrática. Es comprensible que se castigue a los aficionados con impedirles el acceso o la transmisión en directo, pero es desproporcionado que se impida el acceso a la prensa que no tiene siquiera permiso para transmitir en directo pero sí guarda interés con hacer cubrimiento periodístico.

Una cosa es tomar correctivos, otra atropellar derechos con medidas desproporcionadas. La Dimayor atiende una situación grave declarando una suerte de estado de excepción donde se restringen garantías civiles básicas como la libertad de prensa.

La FLIP hace un llamado a la Dimayor para que reconsidere las disposiciones de la sanción e implemente las medidas de prevención necesarias que cumplan con los estándares internacionales de libertad de prensa, esto incluye permitir el acceso a la prensa a los escenarios deportivos sin perjuicio de diferir la transmisión de los hechos para que no sea haga en directo, como muestra de sanción a los aficionados.

De igual forma, solicitamos a Coldeportes, a las distintas entidades públicas que arriendan espacios deportivos de propiedad estatal, así como a las entidades que pautan en los equipos, explicar de qué forma es compatible que en escenarios deportivos públicos se restrinja el derecho a la libertad de prensa.

Fútbol profesional colombiano, el estadio de la censura

El viernes 26 de mayo, Jorge Perdomo ofreció declaraciones a la W Radio para referirse al tema y aseguró que desde Dimayor se le ha entregado acreditaciones a “cualquier periodista”. Sin embargo, la FLIP ha documentado con preocupación que algunos clubes de la Liga Colombiana también han limitado el acceso de los medios de comunicación a los eventos deportivos.

Uno de los medios que se ha visto afectado por este tipo decisiones es el portal en internet El Rincón Vinotinto, que dedica su agenda mediática a informar sobre la actualidad del Deportes Tolima. Durante el 2016 y lo que va corrido del 2017, a este medio de comunicación se le negaron las acreditaciones para acceder al Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

El otro medio afectado es el portal web Casablanca, que el 20 de enero de 2017 le envió al Once Caldas una solicitud de acreditación para acceder al estadio Palogrande cuando el equipo de Manizales disputara los encuentros de la Liga. Sin embargo, los dirigentes del equipo negaron la solicitud.

En ambos casos las respuestas de los clubes generan preocupaciones, debido a que violan estándares de libertad de prensa. Por un lado, tanto Once Caldas como Deportes Tolima, argumentaron que no era posible otorgar las acreditaciones porque los integrantes del medio no eran periodistas, sino que se trataba simplemente de hinchas que administran una página web. Sobre este punto es importante aclarar que para ejercer el periodismo en Colombia no se necesita tarjeta profesional y que es un oficio que puede ejercer cualquier ciudadano. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre estos asuntos, dando instrucciones a los equipos de no restringir la libertad de expresión, pero la arbitrariedad de los clubes, así como de la Dimayor están fuera de todo control democrático.

Por otro lado, en ambos casos los medios a los que se les negó la credencial para el cubrimiento publican contenidos críticos sobre las gestiones de Once Caldas y Deportes Tolima. Resulta preocupante que la potestad que desde el 2017 les entregó la Dimayor a los clubes para que otorguen o nieguen acreditaciones pueda ser utilizada por los equipos de fútbol para obstruir la labor periodística de los medios que publican información contraria a sus intereses.

Debido a estas inquietudes, el 4 de abril de 2017 la FLIP le solicitó por escrito a Coldeportes que, a partir del deber que cumple frente al control y vigilancia de las gestiones que adelantan las federaciones en el país, revisara los parámetros que la Dimayor tiene dispuestos para la acreditación a periodistas. Adicionalmente, la Fundación le solicitó a la entidad que ejerciera mayor vigilancia sobre la disposición, la publicación y el cumplimiento de los requisitos dispuestos por los clubes para otorgar las credenciales.

A la fecha de esta publicación no ha habido respuesta alguna por parte de Coldeportes y la entidad tampoco ha emprendido ningún tipo de acciones para vigilar y controlar las actuaciones de Dimayor.

La FLIP encuentra inapropiado que los actos de obstrucción al cubrimiento periodístico y al acceso a la información por parte de las instituciones que participan del desarrollo de la Liga Colombiana no tengan ningún tipo de sanción y se sigan presentando sistemáticamente.

Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos.

Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto armado.

Visibilidad

En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las víctimas de este flagelo.

Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos.

La FLIP le solicita al Estado que tome las medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las agresiones de las que son víctimas.

Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”. Y añade: “[l]os Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.

Y concluye diciendo que “[r]esulta indispensable además que las autoridades encargadas de proteger e investigar sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, culpabilizar a la víctima, justificar los hechos por su actitud o comportamiento, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra o se utilice un vocabulario sexista”.

De acuerdo con los registros de la FLIP, entre 2006 y 2016 al menos 191 mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones en el marco de su ejercicio periodístico. Estas comprenden, entre otras, amenazas, estigmatización, atentados, obstrucción a su trabajo y violencia sexual; las cuales han sido cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares, actores estatales o particulares.

Por último, la Relatoría también ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: “vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrantador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. Por lo anterior, de acuerdo con este mismo organismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia. El caso de Jineth Bedoya es un claro ejemplo de una falla por parte del Estado en el cumplimiento de dicho deber por lo que se hace necesario que este caso siente un precedente para que las instituciones actúen y reivindiquen su responsabilidad a la hora de evitar que las agresiones contra la libertad de prensa se repliquen.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

La FLIP rechaza las intimidaciones de las que fue víctima Ricardo Ruidiaz y el resto del equipo periodístico de Colmundo Radio en Bogotá.

El domingo 14 de mayo, mientras Ruidiaz transmitía en vivo el programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidiaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (Sic.). 

Según los miembros del equipo periodístico, apenas notaron que se trataba de una amenaza, retiraron la llamada del aire y por el interno escucharon que el agresor se identificó como miembro del Clan del Golfo. Además de la labor que desempeña como periodista, Ruidiaz es el director de la Fundación Amigos Unidos, que denuncia y hace campañas de prevención sobre los riesgos a los que están expuestos los menores en Colombia. En los últimos días el periodista ha denunciado que las bandas criminales son los principales agresores de niños en el país frente a los delitos relacionados con explotación sexual.

El lunes 15 de mayo la Cadena Radial Colmundo emitió un pronunciamiento público refiriéndose a las intimidaciones y respaldando a Ruidiaz: “Es nuestra obligación sentar una voz de protesta y rechazo ante cualquier intención de intimidar o silenciar a un comunicador, pues nuestro trabajo se enfoca en un servicio social e informativo, que está alejado de cualquier otra consideración o postura”.

La FLIP expresa su preocupación por estas amenazas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos. Al respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (...) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que refuerce el esquema de seguridad de Ruidiaz con el fin de salvaguardar su vida. Para la FLIP, la amenaza pública de la que fue víctima el reportero lo sitúa en un riesgo inminente que el Estado debe atender con celeridad.