En la sentencia T-063 de 2017, la Corte Constitucional ordenó la eliminación de un blog anónimo de la plataforma Blogger. Esta decisión generó muchas preocupaciones por las repercusiones que podría traer para la libertad de expresión de los colombianos en internet.

En carta abierta dirigida al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Armadas, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia la detención arbitraria de la que fueron víctimas dos periodistas del proyecto Crónicas Desarmadas el pasado 11 de noviembre en la región del Catatumbo.

Los reporteros estuvieron retenidos por cerca de 14 horas acusados de realizar sobrevuelos nocturnos de las bases militares con un dron en Tibú, Norte de Santander. Los militares implicados en los hechos intentaron decomisar el material periodístico y el dron sin ninguna orden judicial.

Puede conocer los detalles de los hechos y las consideraciones de la FLIP en esta carta.

El 8 de noviembre de 2017, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó una intervención ante la Corte Constitucional en relación con la acción de nulidad presentada por Google contra una sentencia de esa misma corte (T-063A de 2017) en la que se ordena que dicha empresa elimine un blog anónimo de la plataforma Blogger.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las frecuentes intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero de Colmundo y le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que fortalezca su esquema de protección cuanto antes.

El 2 de noviembre, Ruidíaz recibió una llamada por parte de un desconocido, que lo amenazó: “Lo tenemos vigilado. Se salvó porque va en el SITP con el polocho pero lo tenemos vigilado y le vamos a dar en la jeta pa’ que aprenda, sapo hp. Está en la emisora pero espere que esté solo que lo vamos a coger y lo vamos a reventar”, sentenció el agresor.

Minutos antes, Ruidíaz identificó la presencia de un hombre en motocicleta frente a su lugar de residencia. Luego, mientras el periodista y su hombre de protección, asignado por la UNP, se trasladaban en un bus de transporte público; notaron que un hombre de aspecto y actitud sospechosa abordó el vehículo y se bajó de este una cuadra antes de llegar a las instalaciones de Colmundo. En el momento en que el hombre salió del bus, se subió a una motocicleta que lo estaba esperando.

Las intimidaciones y hostigamientos en contra de Ruidíaz han sido constantes. El 14 de mayo, en la transmisión del programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidíaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (sic). Después de esto, el reportero recibió más amenazas telefónicas y fue víctima de seguimientos en sus lugares de vivienda y de trabajo.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la UNP que refuerce cuanto antes el esquema de protección de Ruidíaz con el fin de salvaguardar su vida y su integridad.  

La Fundación reitera su preocupación por los inconvenientes que implica la asignación de esquemas de protección que no garantizan un transporte seguro para sus beneficiarios y que, por el contrario, aumentan las condiciones de vulnerabilidad de los protegidos y sus hombres de protección. La FLIP ha expresado esta preocupación con insistencia ante la UNP con el fin de prevenir situaciones de riesgo inminentes como la que se presentó en contra de Ruidíaz, pero las recomendaciones no han sido acogidas por la entidad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Ruidíaz con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques a periodistas por parte de Fuerza Pública y manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Cauca y Norte de Santander.

El pasado 1 de noviembre, dos periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector conocido como la “Y”, a la altura del municipio de Sardinata, Norte de Santander. Los reporteros Arquímedes Gutiérrez de NC Noticias y Luis Fernando Molina de Prensa Rural estaban cubriendo el paro campesino en la región del Catatumbo.

Cerca del mediodía los reporteros registraron una confrontación entre campesinos de la región y la Policía Nacional. Según el relato de Gutiérrez, miembros de la Fuerza Pública agredieron a los reporteros, les decomisaron su material periodístico e intentaron detenerlos: “Comienzan a botarnos gasolina por encima, diciéndonos que nosotros éramos los sapos. Luego empiezan a quitarnos el material que teníamos”, narró el reportero.

Gutiérrez asegura que miembros de la Policía y de la Sijín requisaron sus pertenencias y  revisaron el contenido de sus celulares. Según el reportero, gracias a la intervención de funcionarios de la ONU y de integrantes de Marcha Patriótica, los miembros de la Fuerza Pública dejaron de agredirlos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Gustavo Molina, reportero de la emisora Radio 1040 de Popayán, fue golpeado por miembros de los pueblos indígenas, que se encuentran en Minga desde hace más de tres días en el Cauca. La agresión se presentó después de una reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas en el sector de Monterilla, a la que asistieron los periodistas para hacer el cubrimiento. Al finalizar el encuentro, los reporteros salieron en el vehículo del medio de comunicación, en el que además se transportaban los corresponsales de Red+ Noticias, y fueron atacados con piedras.

Además de los ataques físicos, los protestantes señalaron a los periodistas de ser mentirosos y vendidos. Gutiérrez afirma que las personas que los agredieron tenían pañoletas y otros símbolos que los identificaban como miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Fundación hace un llamado al Consejo Regional para que aclare estos hechos y determine la responsabilidad de sus integrantes en esta grave agresión.

La FLIP expresa su preocupación por las agresiones que se vienen presentando en las recientes manifestaciones y le exige a los actores en confrontación que cesen cualquier acción de censura contra la prensa.

Para la FLIP las acciones de la Policía resultan inadmisibles, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tipo de actuaciones interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y se configura como una violación de la reserva de la fuente, que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

La FLIP puso en conocimiento de estos hechos al Área de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional y está a la espera de que la entidad inicie las investigaciones disciplinarias a los uniformados que hicieron parte del operativo con el fin de sancionar a los responsables de las agresiones contra los reporteros.

Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.

Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las constantes amenazas de las que ha sido víctima el periodista José Luis Mayorga, director del medio Agencia de Reporteros Sin Fronteras.

El pasado 29 de octubre el reportero recibió un panfleto con la siguiente amenaza: “Ustedes hijueputas periodistas sapos no han creido que nuestra advertencia es de verdad y piensan que pueden sguir paseándose y guevoneando por donde se les de la gana (...) cuando ustedes perros no sean sino unos periodistas mas muertos, de los que vendran porque nuestra lista de sapos Castro Chavistas camuflados como periodistas aumenta y acabaremos con toda esa plaga" (sic).  

Los agresores dejaron la intimidación dentro de un sobre en la portería del edificio en el que vive Mayorga, pero no se especificaba el destinatario, únicamente tenía registrado el número de apartamento. El panfleto, además, tenía impreso el símbolo de las “Águilas Negras” y estaba firmado por el “Bloque Capital”.  

Esta no es la primer amenaza que recibe el periodista. En abril de este año, Mayorga recibió un panfleto con las mismas características, pero en esa ocasión el sobre contenía dos balas. El mensaje de aquella vez decía: “SAPO CASTRO CHAVISTA LAS PROXIMAS NO LAS VERA POR QUE ESTARAN DENTRO DE SU CABEZA POR NO HABER APRENDIDO Y SEGUIR JODIENDO DONDE NO DEBE” (sic).

El medio ha publicado investigaciones de alta sensibilidad relacionadas con el proceso de paz de las Farc, los diálogos del Gobierno con el ELN, algunos casos de corrupción y de influencia de grupos paramilitares en diferentes regiones del país.

La FLIP expresa su preocupación por los riesgos a los que está expuesto el director de la Agencia Reporteros Sin Fronteras por las constantes amenazas que ha recibido. A partir de estos nuevos hechos, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de Mayorga con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. La FLIP considera que las intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero lo sitúan en un riesgo inminente, que el Estado tiene el deber de atender con celeridad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Mayorga con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las acusaciones realizadas por la Representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal a la columnista de El Heraldo, Claudia Ayola, y al portal periodístico Verdad Abierta.

El pasado 29 de octubre, la congresista Cabal publicó la columna titulada “El Raponazo de Las Pavas (III)” en su página web. En su entrada de blog, la Representante expresa su postura frente al emblemático caso de disputa territorial entre campesinos y la empresa palmífera Aportes San Isidro por el predio Las Pavas. Cabal escribió: “En el frente periodístico cuentan con Claudia Ayola, cronista de El Heraldo, quien se encarga de la desinformación correspondiente, para hacer creer a la opinión pública que Las Pavas es de Asocab y no de quien la compró legítimamente en Marzo de 2017. Igualmente tienen de cómplice al portal Verdad Abierta, financiado por el filántropo maquiavélico George Soros”.

En dicho artículo, la Representante del Centro Democrático hace varios señalamientos a quienes, a su juicio, son los “protagonistas del asalto”: el sacerdote jesuita Francisco de Roux; los abogados Juan Felipe García Arboleda y Roberto Carlos Vidal López; el fundador de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), Misael Payares; las exdirectivas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas y Jhenifer Mojica; finalmente, los periodistas de Verdad Abierta y la columnista Claudia Ayola.

Los periodistas han hecho un cubrimiento constante de esta situación a través de los años. Ayola, en distintas columnas en el periódico El Heraldo de Barranquilla, ha compartido las complejidades de la disputa de estas tierras baldías y los distintos actores que han participado en el proceso, desde la región donde se desarrolla. Verdad Abierta, por su lado, desde el 2011 ha hecho un seguimiento del pleito jurídico, de las víctimas y de las distintas amenazas que se han dado en este proceso de reclamación de tierras.

La FLIP expresa su preocupación por las afirmaciones de Cabal, debido a que relaciona la labor periodística de los reporteros con actos delictivos y señala a los medios de responder a intereses particulares sin aportar las pruebas que soporten esta acusación. La congresista desconoce el trabajo de investigación de los medios de comunicación que hacen cubrimiento a esta situación.

Teniendo en cuenta el ambiente polarizado que vive el país y el contexto actual en el que se avecina el inicio de las campañas electorales de 2018, estas declaraciones ponen en riesgo a los periodistas señalados, debido a que los puede situar en uno de los espectros de la contienda electoral y hacerlos blanco de algún tipo de ataque por su labor. La FLIP le recuerda a la congresista Cabal su deber como servidora pública para garantizar, a través de su discurso, un ambiente favorable para el desarrollo de la labor periodística.

En este contexto, la FLIP le recuerda a los funcionarios públicos su deber de abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de los medios de comunicación y de los periodistas. En su informe anual de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

Esto no quiere decir que los funcionarios no puedan controvertir la información que transmiten y producen los medios de comunicación. La FLIP les recuerda que lo pueden hacer de manera respetuosa con la libertad de expresión, a través de mecanismos como la solicitud de réplica o la rectificación.

Para la Fundación es preocupante que, en lo que va corrido del año, se hayan documentado 65 ataques a la prensa en los que el agresor es un funcionario público. La agresión más constante es la estigmatización, lo que demuestra que los servidores del Estado están aprovechando los escenarios de debate para agredir a la prensa. Intentan callar las críticas con señalamientos y estigmatizaciones a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las declaraciones estigmatizantes de la Representante y al comité de ética del Centro Democrático para que haga un llamado de atención a Cabal por este tipo de señalamientos que ponen en riesgo el trabajo periodístico.