La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el fallo de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de tutela iniciado por los periodistas Camila Orozco Becerra, Cesar Augusto Melo Romero, Florencio Sánchez, César Jiménez Lechas, Leonidas Antonio Medina y Juan Carlos Giraldo contra el Juzgado 22 Penal Municipal de Control de Garantías y el Fiscal 23 de la Dirección Especializada, por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresión y al trabajo. Para la FLIP, esta decisión contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión y es peligrosa.

Los hechos que dieron lugar a la tutela son los siguientes. El 30 de enero de 2019, a través de una rueda de prensa y un comunicado público, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer a la opinión pública su investigación en un grave caso de corrupción en las cárceles La Modelo y La Picota de Bogotá conocido como ‘Operación Celdas’. El 31 de enero, varios reporteros acudieron a cubrir las audiencias preliminares del caso, sin embargo, el juez 22 penal municipal les restringió el acceso. El 6 de febrero, día en que se retomó la audiencia, el juez mantuvo su decisión.

Dado que el juez no motivó su decisión, el 7 de febrero, los periodistas enviaron un derecho de petición pidiendo explicaciones. El juez contestó el mismo día diciendo que, previamente al inicio de la audiencia, la Fiscalía - la misma entidad que convocó el día anterior a una rueda de prensa para poner al descubierto el caso - había pedido restringir la difusión de la audiencia debido a que las víctimas podrían estar en riesgo, esto dado el hecho de que se encuentran privadas de la libertad.

El 14 de febrero, los reporteros afectados interpusieron acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para proteger sus derechos y solicitaron que, como medida provisional, se les permitiera el ingreso a la audiencia que no había concluido. Las medidas cautelares fueron negadas inmediatamente y el 27 de febrero, cuando ya las audiencias habían terminado, se negó la tutela por tratarse de un hecho superado. Las audiencias habían culminado el 18 de febrero con la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad contra los procesados, sin permitir que los medios y la ciudadanía se enteraran de lo sucedido durante las mismas.

La decisión fue impugnada por los reporteros y llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de la jurisdicción penal. Contrario a lo dicho por el tribunal en primera instancia, la Corte consideró que la tutela sí era el medio judicial procedente en este caso. Sin embargo, avaló la decisión de restringir el acceso a las audiencias.

La Corte desconoce el hecho de que la Fiscalía fue quien dio a conocer la investigación. Por otra parte, el argumento de que al encontrarse las víctimas en la cárcel se encuentran en riesgo no es aceptable, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y de las personas privadas de la libertad. En consecuencia, es inadmisible que alegue que no puede cumplir sus obligaciones para limitar el derecho de acceder a información pública y limitar el principio de publicidad de las audiencias.

La FLIP manifiesta su profunda preocupación por las implicaciones de la decisión en el derecho a la libertad de prensa y anuncia que, dada la gravedad del caso, solicitará a la Corte Constitucional que seleccione la tutela para revisión.

Ruedas creando Redes, Laboratorio de Periodismo, es proyecto de investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa que inició en febrero del 2019. Esta "escuela itinerante" viajará durante los próximos dos años por 10 municipios de Colombia, cinco en el departamento de Cesar y cinco en Tolima. Se convertirá en el principal centro de discusión y capacitación para la producción de información local.

El Laboratorio de Periodismo ofrecerá un Diplomado en gestión de las herramientas y rutinas para la producción de agendas noticiosas locales, un programa pedagógico-productivo de iniciación y fortalecimiento en las destrezas y rutinas auto-suficientes para la investigación, la narración y la publicación de contenidos periodísticos de valor comunitario en formatos tradicionales y digitales.

Además, será un espacio que reúna diferentes actividades culturales como cine foros, conversatorios, presentaciones artísticas y todo tipo de iniciativas que contribuyan al propósito de reconstruir redes de comunicación local dentro de comunidades que viven en las zonas en silencio o desiertos de información en Colombia.

El 1 de mayo, el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, perteneciente a la guerrilla del ELN. Este sujeto advirtió al periodista que tenía hasta las cuatro de la tarde de ese mismo día para irse de Arauca.

En el 2014, el periodista ya había recibido una llamada de un número desconocido en la que un hombre amenazó con matarlo. Y en enero de este año, en una de las ventanas de su carro le escribieron "está advertido".

Martínez, además de ser periodista en RCN, es propietario del portal de noticias El Círculo. En ambos medios de comunicación el periodista ha hecho un amplio cubrimiento de la difícil situación de orden público que se vive en el departamento de Arauca, a causa de la presencia de grupos armados. Otros periodistas del departamento también han recibido llamadas intimidatorias de personas que se identifican como miembros de la guerrilla del ELN y que les exigen que vayan a reuniones con ellos para seguir “instrucciones”.

La FLIP rechaza esta amenaza, expresa su preocupación por estos hechos y advierte sobre un clima intimidante creciente en el departamento de Arauca que puede derivar en autocensura y silenciamiento de medios sobre asuntos de interés público.

Ante la gravedad de los hechos, el Canal RCN y la FLIP han trabajado coordinadamente para apoyar a Martínez. La Fundación resalta la celeridad con la que el medio ha concurrido a la protección del periodista. No obstante lo anterior, la FLIP exige a la UNP que implemente a la brevedad medias de protección de emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad del periodista y hace un llamado a la Fiscalía para que investigue con celeridad estos hechos con el fin de juzgar y sancionar ejemplarmente a los responsables.

En 2018, la FLIP registró el número más alto de violaciones a la libertad de prensa; en 2019, la prensa sigue asediada por la violencia y la censura. Por esa razón, los miembros del proyecto Antonio Nariño (PAN), del que hace parte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), han convocado a todos los partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos a firmar el Pacto por la Libertad de Prensa y contra la desinformación en elecciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza rotundamente las agresiones de las que fueron víctimas varios periodistas por parte de la fuerza pública mientras realizaban el cubrimiento del Paro Nacional en Bogotá el 25 de abril de 2019.

El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

El 7 de abril de 2019, el periodista Daniel Coronell publicó la columna '¿Por qué quieren silenciarme?' en la cual denunció que el congresista Álvaro Uribe Vélez presentó una demanda civil en los Estados Unidos en su contra. Esto sucedió luego de que el columnista revelara, en su habitual espacio de la Revista Semana, información relacionada con el expresidente y senador.

En la columna de Coronell se hace referencia a pruebas que acreditarían una instrucción del expresidente Uribe, el 23 de junio de 2018, para “proceder con ése tipo muy drásticamente” —refiriéndose a Coronell— y derivando en el pleito judicial que se inició en contra del periodista en los Estados Unidos.

Desde que la FLIP monitorea casos judiciales contra la prensa, es la primera vez que se registra una prueba sobre la instrucción de un funcionario público para llevar a cabo este tipo de acciones en contra de un periodista. En ese sentido, es importante recordar que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han catalogado el acoso judicial como un mecanismo de censura indirecta.

La activación de este pleito judicial se suma a los antecedentes de reacciones estigmatizantes y contrarias a estándares internacionales sobre derechos humanos, que en el pasado ya han puesto en riesgo al periodista Coronell.

La FLIP manifiesta su preocupación por el alcance de censura que puede tener este pleito y teme que estas acciones inhiban el debate público al causar restricciones para el trabajo de la prensa en el marco de la democracia. De igual forma, la FLIP expresa su solidaridad con Daniel Coronell.

La FLIP recuerda que el inicio de acciones legales contra periodistas o medios de comunicación, como represalia por hacer publicaciones sobre asuntos de interés público, se conoce como acoso judicial o “pleito estratégico contra la participación pública” (SLAPP).

Lo que se busca con este tipo de agresión, más que una condena contra los periodistas, es intimidarlos y someterlos al desgaste de años de defensa judicial. En este caso, en particular, también resulta preocupante que se activen acciones judiciales en otros países sobre controversias públicas relevantes para la democracia colombiana.

El 1 de abril de 2019, el abogado Abelardo de la Espriella difundió por su cuenta de Twitter un pantallazo de un chat de WhatsApp en el que hacía público el teléfono del periodista Camilo Poveda, quien le solicitaba una entrevista para el programa de la periodista Camila Zuluaga en Blu Radio. Luego de hacer público su teléfono, el periodista empezó a recibir llamadas intimidantes por parte de personas que habían visto el trino del abogado.

A un año del secuestro en la frontera colombo-ecuatoriana de Juan Javier Ortega Reyes, Paúl Giovanny Rivas Bravo y Kelly Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio,Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hacen saber a la opinión pública que:

Destacamos los procedimientos para la recuperación e identificación de los cuerpos. También los avances en la investigación que a la fecha tienen acusadas a 3 personas, y a otras 4 con orden de captura.

También entendemos que ningún gobierno puede renunciar a la persecución de criminales como Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, y Luis Alberto Bermeo, alias ‘Pitufin’, responsables del secuestro y asesinato de los tres ciudadanos ecuatorianos. Reconocemos los esfuerzos de Colombia y Ecuador para cesar su actividad criminal haciendo uso de la fuerza legítima del Estado. Sin embargo, la muerte de alias ‘Guacho’ y de alias ‘Pitufin’ no es suficiente para evitar que en este caso haya impunidad.

Los gobiernos de Colombia y Ecuador no han dado explicaciones satisfactorias sobre lo sucedido en entre el 26 de marzo y el 13 de abril del 2018, las familias del equipo periodístico merecen saber con precisión cómo se desarrollaron los lamentables hechos.

El esclarecimiento de estos hechos es necesario para establecer la responsabilidad de los dos Estados en las fallas que se presentaron para garantizar los derechos básicos del equipo humano de El Comercio, tales como: la vida, la libre locomoción y la libertad de expresión.

Al mismo tiempo, como consecuencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 12 de abril del 2018, se creó el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH en cuyo mandato se encuentra el acompañamiento de las investigaciones que se realizan en las fiscalías de los dos países.

El trabajo del ESE ha tenido diversas dificultades para llevar adelante su tarea y finalmente se espera que se haga público su informe, que ahora mismo está ya en manos de los Estados.

Probablemente, los esfuerzos más consistentes para conocer la verdad de lo sucedido en la frontera entre finales de marzo y abril del año pasado, ha provenido del periodismo. El trabajo conjunto de equipos periodísticos a los dos lados de la frontera se convirtió en una gran labor de sistematización de información. Más tarde en el libro Rehenes, los periodistas ecuatorianos Arturo Torres y María Belén Arroyo revelaron que las autoridades de cada país no detuvieron las operaciones de “barrido” en ambos lados de la frontera, a pesar de que se había solicitado y ordenado la suspensión de actividades para no poner en riesgo a los 3 ciudadanos ecuatorianos y buscar una negociación que facilitara su liberación. Adjunto a este comunicado está la carta radicada el 13 de febrero que detalla las inconsistencias consignadas en el libro Rehenes.

De manera extemporánea, el ministerio de Defensa solo contestó las dudas de las familias hasta el pasado viernes 22 de marzo. Dicha respuesta es insuficiente y no es satisfactoria para las denuncias detalladas en el libro. También se adjunta a esta comunicación la respuesta del ministerio de Defensa.

A un año de la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano en la frontera, las organizaciones que defendemos el ejercicio periodístico en Colombia manifestamos nuestro temor porque no se sepa la verdad completa en este caso, lo cual también significa impunidad y resta posibilidades para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.

Nariño, el principal  departamento fronterizo con Ecuador, es un lugar donde solo 6 de sus 64 municipios tienen una oferta suficiente de información. Los habitantes de la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador tienen derecho a estar informados de manera apropiada y eso solo lo puede garantizar el ejercicio del periodismo libre y seguro.

Agradecemos a la sociedad las manifestaciones de respaldo y cariño a lo largo de estos 12 meses. El periodismo está para servirle a los ciudadanos y, por tanto, este crimen fue un ataque a toda la sociedad. Pedimos a los colombianos y a los ecuatorianos que sigan acompañando a la prensa en los esfuerzos por saber la verdad completa sobre el crimen del que fueron víctimas Paúl, Efraín y Javier.

Fundamedios y la FLIP reiteran su voluntad de seguir acompañando a las víctimas y a las familias de los periodistas asesinados. Seguimos, también, comprometidos en apoyar los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad por llegar a la verdad. Exigimos a los gobiernos y fiscalías que den pasos certeros y decididos para no dejar estos terribles asesinatos en la impunidad. Instamos a la comunidad internacional a seguir acompañando las investigaciones, también a acordar con los Estados y las sociedades en todo el continente mecanismos más efectivos para la protección efectiva del periodismo.

Debemos recordar en esta fecha, no solo a Paúl, Javier y Efraín, con ellos también traemos a la memoria a los 144 periodistas mexicanos asesinados en la última década, cinco únicamente en lo que va del año. Los periodistas asesinados en Honduras, Brasil, Estados Unidos y en muchas parte del mundo deben encontrar justicia.