A partir del comunicado publicado por la FLIP el pasado 1 de junio en el que se expresan las preocupaciones por actos de censura sobre el caso Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín y el proyecto SIATA se comunicaron con la FLIP para expresar su versión sobre lo sucedido. A continuación se exponen esas reacciones y la postura de la Fundación frente a las mismas.

Reacción de EPM y posición de la FLIP

La FLIP expresó su preocupación por la eliminación de tres documentos del sitio web de EPM:

1. La escritura pública mediante la cual la EPM Ituango da mandato a EPM para ejecutar el proyecto.

2. El plan de contingencia que se entrega con la licencia ambiental

3. Un cronograma de desarrollo del proyecto.

En su respuesta, EPM sostuvo que los tres documentos removidos de la página no hacen parte de la información obligatoria que las entidades deben publicar de manera proactiva en su sitio web, de acuerdo con la Ley de Transparencia, y que la información se mantiene en sus inventarios de activos.

EPM alega que, por no ser estos documentos de aquellos mínimos exigidos por la Ley de Transparencia, mantiene discrecionalidad para publicar o retirar información de su página web “de acuerdo con las circunstancias que permitan dar una lectura pertinente y adecuada en un momento determinado”.

La FLIP no comparte esta posición. Que la información no haga parte de los mínimos exigidos por la ley no faculta a EPM para desmontarla después de haberla hecho pública. El artículo 14 de la Ley de Transparencia y el artículo 48 del Decreto 103 de 2015 establecen la obligación de los sujetos obligados de garantizar y facilitar el acceso a “toda la información previamente divulgada” y exige definir procedimientos para el retiro de la información.

De acuerdo con la entidad, esta exigencia es aplicable sólo en relación con la información mínima obligatoria. A juicio de la FLIP, esta interpretación es contradictoria. Por exigencia de la ley, la información mínima debe estar permanentemente publicada en la página web, es decir, no se puede borrar. Luego, si la misma ley establece otras disposiciones para proteger información que se pueda borrar, y obliga a la entidad a definir procedimientos para hacerlo, no podrá estarse refiriendo a los mínimos que no son eliminables.

Vale la pena recordar que, además, EPM está sujeta al principio de facilitación (artículo 3 de la Ley de Transparencia) en virtud del cual “los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo”. De modo que no corresponde a la entidad argumentar que la información sigue disponible en sus archivos y que puede ser solicitada a través de derechos de petición, porque tal acción dificulta el derecho de los ciudadanos a conocer información previamente divulgada.

Los documentos eliminados de la página web son de enorme relevancia pública y la confusión que se genere entre los ciudadanos por su contenido se debería solucionar de manera más transparente. Y esto se logra con más información.

Por otra parte, EPM manifestó su interés por mantener informadas a las audiencias e indica los distintos canales (declaraciones, ruedas de prensa, atención a periodistas, cuñas radiales, etc.) a través de los cuales ciudadanos y periodistas pueden acceder a información sobre Hidroituango. Sin embargo, la FLIP ha tenido noticia de nuevas obstrucciones al trabajo periodístico que en esta ocasión afectan a Noticias Uno y a damnificados albergados en Puerto Valdivia.

Lea aquí la carta que EPM envió a la FLIP.

Reacción del SIATA y posición de la FLIP

El pasado 6 de junio la FLIP tuvo una conversación telefónica con Carlos Hoyos, director del SIATA, en la cual se aclararon los hechos y posiciones de ambas organizaciones. En relación con la información del sensor de nivel 302, la FLIP se permite aclarar lo siguiente:

El SIATA fue convocado por EPM para monitorear la situación de Hidroituango, para efectos de lo cual se instaló un sensor de nivel de agua. La información generada por este sensor fue efectivamente desenlazada hacia el 20 de mayo de la página web del SIATA para el Valle de Aburrá. Sin embargo, de acuerdo con el SIATA, tal información ha estado disponible sin interrupción en el sitio web que fue dispuesto específicamente para el cubrimiento de Ituango.

De acuerdo con el director del SIATA, la decisión de desenlazar la información de su página principal (Valle de Aburrá) buscaba evitar confusiones o malas interpretaciones. No obstante, a juicio de la FLIP, la forma cómo se ejecutó la decisión resultó confusa para los ciudadanos que habían estado accediendo al sitio. Tanto así que inmediatamente generó reclamos de los ciudadanos que creyeron que ya no podrían acceder a la información.

Faltan compromisos

La FLIP valora la disposición de las entidades para conversar y las invita a reafirmar sus obligaciones de máxima publicidad y facilitación. Además, invita a EPM a declarar públicamente que los periodistas tienen derecho de informar y acceder a todo tipo de fuentes en el terreno, incluyendo a trabajadores del proyecto y a las comunidades víctimas. Adicionalmente, la FLIP le solicita a EMP que reconozca el derecho que tienen las personas vinculadas al proyecto a hacer denuncias a la prensa.

Además, la Fundación hace un llamado para que EPM publique nuevamente la totalidad de la información eliminada de su sitio web para facilitar el derecho de los ciudadanos de conocer esos documentos de innegable relevancia pública.

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_{Viernes, 01 de junio de 2018 12:13}

Alerta de la FLIP por censura en Hidroituango

En los últimos días, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha tenido conocimiento de distintos tipos de denuncias de periodistas y ciudadanos en relación con el manejo de la información sobre Hidroituango. Estas denuncias involucran a distintas entidades, entre las cuales se encuentran Empresas Públicas de Medellín (EPM), principal socio del proyecto, y al Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

Estos reclamos son especialmente preocupantes para la FLIP, pues señalan que las entidades estarían incumpliendo su deber de transparencia, el cual les exige publicar información oportuna, veraz y completa, en los términos más amplios posibles. Este deber se refuerza en circunstancias de emergencia, en las cuales el acceso a la información es esencial para la reducción de riesgos, para mantener al tanto a toda la ciudadanía y para permitir el escrutinio de las acciones de las autoridades. La FLIP ha tenido noticia de las siguientes denuncias.

Se ha ocultado la información del sensor de nivel 302 del SIATA

Desde el 20 de mayo de 2018, múltiples periodistas y ciudadanos han denunciado que se ha ocultado la información del sensor 302 que se mostraba en la página del SIATA. Este instrumento mide el nivel del agua del río Cauca en Hidroituango.

Según se ha informado, el sensor fue deshabilitado para consulta del público alrededor de las 10 de la mañana del 20 de mayo. En respuesta a los reclamos ciudadanos, el SIATA confirmó la deshabilitación diciendo que “[l]os sensores instalados por SIATA continúan funcionando, la información está siendo entregada al PMU (Puesto de Mando Unificado), para tener una adecuada e integral interpretación de la información. Se continuará informando a toda la ciudadanía en caso de ser necesario”. Horas después dijo que la información había sido desenlazada de su sitio web para evitar “interpretaciones aisladas que pueden ser erróneas”.

El 22 de mayo hubo nuevas denuncias en las que se señalaban que se había deshabilitado del sensor. En esta ocasión el SIATA respondió diciendo que había “dificultades de telecomunicaciones que esperamos se solucionen durante el día”.

Ocultar esta información contraría las obligaciones que tiene el SIATA en materia de transparencia activa en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la cual obliga a los sujetos obligados (como el SIATA) a actuar de buena fe y facilitar el acceso a la información “en los términos más amplios posibles”.

Eliminación de documentos públicos de la página de EPM

La FLIP también ha tenido conocimiento de denuncias de eliminación de documentos públicos relacionados con el proyecto de Hidroituango que antes estaban disponibles en la página web de EPM. Daniel Quintero, exViceministro de Economía Digital,fue una de las personas que se pronunció al respecto. Es preocupante que se estén ocultando documentos que puedan ayudar a entender y hacer escrutinio de las acciones de las entidades involucradas.

EPM, por ser una entidad prestadora de servicios que administra recursos públicos, es un sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, por lo tanto, tiene la obligación de tener publicada de forma proactiva en su página web cierta información exigida por tal ley (como, por ejemplo, la información sobre sus relaciones contractuales). Los cuestionamientos de los ciudadanos levantan dudas sobre la transparencia de EPM y sobre la eventual responsabilidad disciplinaria o penal por ocultar de documentos públicos (artículo 292 del Código Penal).

La FLIP se comunicó con Maritza Alzate, Secretaria General de EPM, quien aclaró que los documentos retirados fueron tres: la escritura pública donde se da el mandato que la sociedad EPM Ituango le hizo a EPM, en virtud del cual le transfirió el contrato BOMT; un plan de contingencia que se tiene que entregar con la licencia ambiental y una presentación de una secuencia cronológica en la cual se explica cómo ha sido la evolución del proyecto desde el punto de vista societario. Según Alzate, la Ley de Transparencia no exige publicar esta clase de documentos, razón por la cual la entidad mantiene su discrecionalidad de subirlos o bajarlos.

Según informa la funcionaria, estos documentos fueron publicados originalmente con una función pedagógica, dado el nivel técnico del proyecto. Se buscaba que la ciudadanía entendiera qué era la sociedad EPM Ituango, qué es un contrato BOOMT y por qué la sociedad podía transferirlo a EPM. Contó que, sin embargo, la información resultó confusa para los ciudadanos, causando un efecto contrario al deseado y que, por tal razón, EPM decidió retirarla. La funcionaria llamó la atención sobre el hecho de que para efectos de transparencia también es importante que se publique información que no genere confusión en el público.

Sin embargo, la ley también obliga a la entidad a garantizar y facilitar el acceso a la información previamente publicada y a definir procedimientos para retirarla de su página web¹. La funcionaria sostuvo que tal exigencia aplica en relación con la información mínima obligatoria exigida por la Ley de Transparencia. La FLIP no comparte esta posición. Es obvio que la norma busca proteger la información que es propensa a ser eliminada, porque los mínimos simplemente no se pueden borrar.

Amenazas a trabajadores de Hidroituango para que no den información a la prensa

La FLIP también tuvo conocimiento de denuncias de amenazas a trabajadores de Hidroituango para que no entreguen información a los periodistas que están haciendo cubrimiento de la situación. Esta denuncia también genera preocupaciones por cuanto los trabajadores están legitimados para comunicar información de interés a la prensa que, además, no tiene carácter reservado según la Ley de Transparencia. Cualquier tipo de represalia en contra de ellos iría en contra de los estándares internacionales sobre libertad de información y que protegen a aquellos alertadores que informan sobre irregularidades que ocurran al interior de las organizaciones para las que ellos trabajan.

Al respecto de esta denuncia, John Maya, Vicepresidente de Negocios de EPM, aclaró que en Hidroituango hay más de once mil trabajadores y que no todos son directamente contratados por EPM sino por sus contratistas o asesores. Según los funcionarios Maya y Alzate, desde EPM no se ha dado ninguna instrucción en este sentido.

La falta de transparencia y la censura durante situaciones de calamidad son inaceptables en tiempos en los que se acentúa la necesidad de información. Las autoridades a cargo no pueden pretender evitar la confusión a partir de la censura. Una situación crítica, prolongada en el tiempo y que puede comprometer la vida de cientos de personas, debe estar abierta al escrutinio público.

Es importante también señalar que EPM e Hidroituango son grandes anunciantes en medios comerciales y comunitarios de la región. Lo anterior genera preocupaciones adicionales de censura indirecta, dado que los medios locales pueden temer que les retiren la pauta por cubrir de forma crítica a sus anunciantes. Esta conducta puede restringir el acceso de los ciudadanos a la información a través de estos medios.

La FLIP hace un llamado al SIATA, a EPM y a las demás entidades vinculadas a este proyecto para que garanticen la mayor transparencia y el acceso amplio a la información por parte de periodistas y ciudadanos. Además, hace un llamado a la Procuraduría para que, con la información disponible, investigue si ha habido alguna falta disciplinaria y preste especial atención al manejo de la pauta como posible mecanismo de censura.

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¹  Art. 14 de la Ley de Transparencia y art. 48 del Decreto 103 de 2015.

 

En la mañana de este martes 29 de mayo estaba previsto un debate conjunto entre los senadores y representantes a la cámara de la Comisión Sexta para tomar decisiones frente al proyecto de ley que pretende crear un regulador convergente para las telecomunicaciones del país. 

El proyecto de ley, de autoría del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), llegó al Congreso con mensaje de urgencia de la Presidencia de la República, dado que estaba contemplado como uno de los requisitos para el ingreso del país a la OCDE.

La iniciativa, no obstante, trae consigo una serie de irregularidades que deben ser contempladas por los legisladores y la ciudadanía. 

Vea aquí los comentarios de la Fundación Karisma y la FLIP al proyecto de ley.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el cierre de siete emisoras en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño.

El pasado jueves 17 de mayo, la Fiscalía Seccional Nariño, con apoyo de la Sijín, allanó tres emisoras indígenas y dos campesinas de zonas rurales de Pasto. Además, sus equipos de funcionamiento fueron incautados. Las tres emisoras indígenas afectadas son La Voz de Obunoco, Quilla Huirá Stereo de Catambuco, y La Voz Quillasinga de Mocondino. Los otros dos medios sellados son Chuquimarca Stereo y Latina Stereo. Sumado a esto, las autoridades indígenas decidieron apagar otras dos emisoras que funcionaban sin licencias, una en el corregimiento el Encano y otra en La Laguna.

En rueda de prensa, Nelson Andrés Escobar López, director de la Fiscalía Seccional Nariño, afirmó que durante los procedimientos habían dialogado con las autoridades indígenas para evitar el uso de la fuerza. Como resultado, los equipos de transmisión quedaron en custodia de las comunidades indígenas con el compromiso de no utilizarse hasta no tener los permisos para el uso del espectro.  “Al desarticular esas emisoras logramos sellar, conjuntamente con la Policía Nacional, esos focos ilegales de radiodifusión. Teniendo en cuenta que hay que hacer respetar la legalidad”, puntualizó Escobar.

La FLIP resalta lo inconveniente que resulta referirse en estos términos a medios de comunicación que buscan ejercer legítimamente su libertad de expresión y que durante años han buscado normalizar su situación, sin encontrar garantías por parte del Estado para hacerlo. En este sentido, la FLIP también expresa su preocupación por las dificultades que enfrentan los propietarios de las emisoras de Pasto para obtener las licencias de funcionamiento.

En 2013, el Ministerio del Interior creó la “Mesa Regional Permanente de concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Quillacingas”. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue la legalización de 32 emisoras indígenas. No obstante, según algunas fuentes consultadas por la FLIP, personas particulares interpusieron denuncias ante la Fiscalía con el fin de sellar estos medios de comunicación. El taita Efrén Achicanoy -gobernador del pueblo Obonuco- afirmó que ha habido negligencia del MinTIC para la legalización de estas emisoras.

Esta situación es problemática ya que a los ciudadanos de Pasto se les ha limitado su derecho a acceder a una diversidad de medios de comunicación. Según datos de Cartografías de la Información, en la ciudad funcionan 17 emisoras legales, de estas, tres son oficiales: RTVC Pasto, Radio Universidad UDENAR y la emisora de la alcaldía. El panorama refleja que en este momento en Pasto no hay ninguna emisora indígena o campesina al aire.

La FLIP expresa su preocupación por el debilitamiento de la pluralidad en los medios de comunicación de Pasto. Esta situación afecta directamente la libertad de información y silencia la voz de comunidades valiosas para la democracia.

La FLIP hace un llamado al MinTIC para que garantice el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación a la hora de tomar decisiones tan restrictivas que no garantizan la operación. Es necesario que se estimule el desarrollo de los medios de comunicación de interés público, en especial los que representan los intereses de una población étnica.

Algunas consideraciones

La fundación de medios de comunicación es un derecho fundamental protegido expresamente como parte del derecho a la libertad de expresión por el artículo 20 de la Constitución. Este derecho no sólo genera la obligación del Estado colombiano de respetar la creación y la operación de medios de comunicación creados por sus ciudadanos. Además, los Estados deben tomar acciones para incentivar y hacer posible la creación de medios, en especial cuando dichos medios den voz a grupos que han sido tradicionalmente marginalizados o excluidos. En este sentido, y según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los Estados están obligados a adoptar medidas “para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”¹.

El Estado debe crear las condiciones para que estos sectores sociales puedan operar legalmente, lo que, en el caso de la radiodifusión sonora, exige la apertura de procesos de concesión de licencias para el uso del espectro radioeléctrico. Además de los estándares interamericanos que apuntan en este sentido, el Estado colombiano tiene también esta obligación específicamente en relación con los grupos étnicos a partir de la Ley 335 de 1996, la cual dispone en el parágrafo segundo de su artículo 20 que el Estado debe garantizar a los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro y la creación de medios de comunicación propios.

La inacción del Estado colombiano en relación con las emisoras indígenas de la ciudad de Pasto no solo viola el derecho de los periodistas de fundar medios de comunicación y de expresarse a través de ellos. También vulnera el derecho de las audiencias a contar con medios de comunicaciones plurales, que ofrezcan mayor diversidad en los contenidos.

 

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^1.RELE, Informe Anual 2008.

 

Hoy, 25 de mayo de 2018, se cumplen 18 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima. La periodista lleva casi 20 años en una lucha incansable por alcanzar justicia.

La investigación de los hechos ha sido injustificablemente lenta y las autoridades han actuado de forma negligente. Los pocos avances en materia judicial se han dado por la tenacidad de la periodista en la búsqueda de verdad.

De acuerdo al expediente judicial, los autores materiales del delito son Mario Jaimes Mejía -alias Panadero-, Alejandro Cárdenas -alias J.J.- y Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'-. Hasta el momento solo se han producido dos condenas anticipadas contra Mario Jaimes Mejía por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por los delitos de secuestro y tortura.

Estas decisiones judiciales son contribuciones muy pobres para las dimensiones de este crimen atroz. Aún es necesario determinar quiénes ordenaron y planearon estos graves delitos, y cuál fue su grado exacto de participación y responsabilidad.

 

En el marco de este mismo proceso y a más de 7 meses desde que la FLIP solicitara la condena de Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'- por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por el delito de acceso carnal violento, no existe una decisión definitiva sobre el caso.

En estos 18 años, Bedoya  ha sido llamada a declarar sobre los mismos hechos en más de 17 oportunidades, sin que con ello se generen mayores aportes a la investigación. El obligar a la periodista a repetir lo que ya está consignado en el expediente dilata el proceso de forma injustificable y la revictimiza.

El caso de Jineth Bedoya ilustra los miles actos de violencia cometidos contra las mujeres periodistas en el marco del conflicto armado colombiano con el objetivo de silenciarlas. Ante la impunidad generalizada en estos crímenes su campaña #NoEsHoradeCallar brinda esperanza para la reivindicación de derechos de las mujeres.

Ante la ausencia de justicia en Colombia, la esperanza está hoy en la justicia internacional. En el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a estudiar el caso y se dispone a presentar un informe de fondo sobre el caso en los próximos meses. Dicha instancia evaluará la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en la comisión de los hechos como en la ausencia de cumplimiento en los estándares internacionales de justicia y verdad.

La FLIP reafirma su compromiso de acompañar a Jineth Bedoya en la búsqueda de la verdad y la justicia ante la comisión de los crímenes en su contra. La Fundación resalta la valentía con la que Bedoya ha enfrentado esta situación y reitera su voluntad de llevar este caso hasta las últimas instancias..

 

El 25 de mayo del 2000, Bedoya -quien en esa época trabaja como reportera en el diario El Espectador- se dirigía a entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ´Panadero´, en la cárcel Modelo de Bogotá. La periodista investigaba irregularidades en el centro penitenciario que incluyen la desaparición forzada de detenidos y enfrentamientos armados entre distintos grupos ilegales al interior del penal. Antes de entrar al centro penitenciario, fue secuestrada secuestrada torturada y violentada sexualmente. La reportera fue encontrada 16 horas después en un sector de la Vía al Llano. Su caso es emblemático para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres.

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No es Hora de Callar

El valor de la periodista durante estos años se ha materializado en la campaña “No es hora de callar”. Desde 2009, Bedoya incentiva a las mujeres víctimas de violencia sexual a que denuncien a sus agresores y compartan su experiencia como parte de un proceso de socialización en busca el empoderamiento y la confianza en que la voz de las mujeres debe ser escuchada. Por este trabajo, Bedoya ha sido víctima de constantes amenazas de muerte y estigmatizaciones por parte de grupos al margen de la ley.

Vea aquí más información sobre la campaña.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Fundamedios le exigen al gobierno colombiano que cumpla con los compromisos pactados durante la reunión con los familiares de los periodistas ecuatorianos. 

Este martes 15 de mayo, la delegación compuesta por Ricardo Rivas, Cristian Segarra y Raúl Borja -familiares de los reporteros de El Comercio- se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Oscar Naranjo, la canciller Maria Ángela Holguín y el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Durante la reunión los funcionarios acordaron lo siguiente con los familiares: 

1. La Canciller María Ángela Holguín se comprometió a enviar una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para autorizar las acciones del comité de investigación que tiene dispuesto el ente internacional para esclarecer el crimen de los tres periodistas. 

2. El Presidente Juan Manuel Santos ratificó su compromiso de contribuir a la transparencia en el proceso, proporcionando la información que sea neceaaria para que avance la investigación. 

3. El gobierno ratificó su compromiso de hacer la mayor cantidad de esfuerzos para repatriar los cuerpos de los tres periodistas del Diario El Comercio. 

La FLIP y Fundamedios le reiteran al gobierno la petición de cumplir con los compromisos pactados durante la reunión. Las organizaciones, además, le hacen un llamado a las autoridades colombianas para que reconozcan la importancia de estas acciones con el fin de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos.

Hoy, 16 de mayo, la delegación ecuatoriana se reunirá con representantes de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Simultáneamente, en Quito se discutirá el tema en la Comisión de Justicia y en el pleno de la Asamblea.

La Fundación para la Libertad de Prensa y Fundamedios informan que entre el 15 y el 17 de mayo, una delegación de familiares de los periodistas ecuatorianos, compuesta por Raúl Borja, Cristian Segarra y Ricardo Rivas; estará en Bogotá para reunirse con autoridades colombianas. 

50 días después de que iniciara la labor periodística en la que fueron secuestrados y posteriormente asesinados los reporteros Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra; las respuestas del Estado continúan siendo insuficientes frente al deber de procurar justicia en este crimen.

Los familiares del equipo periodístico del Diario El Comercio esperan que haya receptividad por parte de la sociedad y las autoridades colombianas con el fin de que haya un avance en las investigaciones y en la sanción a los responsables de estos hechos.

A través de un derecho de petición firmado por 178 personas, y en el marco de un debate de control político al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, realizado en la Comisión Segunda del Senado de la República, la FLIP dirigió una serie de interrogantes sobre la forma como el gobierno de Colombia actuó ante el secuestro y desaparición de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Tras la desaparición de los trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, varios grupos de periodistas en Colombia se reunieron en las plazas principales de sus ciudades para expresar el rechazo a este acto atroz y solidarizarse con las familias de las víctimas. Los miembros de la red de corresponsales de la FLIP, en distintas regiones del país, recolectaron firmas para exigir al Ministerio de Defensa de Colombia que esclarezca qué gestiones se hicieron para cuidar la vida del equipo periodístico y lograr su liberación.

El derecho de petición solicita la siguiente información:

1. Toda la documentación sobre los operativos realizados por las diferentes entidades de la fuerza pública en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador entre los días 26 de marzo y 13 de abril del 2018.

2. Información sobre los canales que el gobierno colombiano adelantó con el fin de lograr la liberación de los trabajadores de El Comercio de Ecuador Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Esto incluye: recuento, indicando asunto, duración, fecha y hora de llamadas realizadas a funcionarios del gobierno ecuatoriano, a entidades humanitarias, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y grupos ilegales; recuento de los diferentes acuerdos que se lograron con ese tipo de entidades con respecto a la situación de los trabajadores de El Comercio.

3. Recuento y descripción de las hipótesis que se manejaron con respecto al secuestro y al asesinato de los trabajadores de El Comercio durante el desarrollo de los hechos.

4. Cuántos "operativos de control territorial" (dada la respuesta del Mindefensa el 10 de abril al diario El Colombiano) se llevaron a cabo en la zona (y agregaría específicamente los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo) entre el 26 de marzo y el 13 de abril, y en qué consistieron los mismos.

5. Número de personal militar y policial que fue desplegado en la frontera durante esos días.

Adicionalmente, en el marco del debate de control político al Ministro de Defensa, que se realizó el pasado martes 24 en la Comisión Segunda del Senado, Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, expresó estas y otras inquietudes al Ministro y los miembros de la cúpula militar allí presente.

“El Ministro Villegas dijo a la W Radio el pasado 28 de marzo que se estaba prestando colaboración al gobierno ecuatoriano a través de la experiencia del ejército, del gaula, y vía inteligencia militar.  ¿Qué pasó con los organismos humanitarios? ¿CICR, Conferencia Episcopal, el párroco?”, preguntó al ministro el director de la FLIP.

Y es que según los datos de la Fundación, en los últimos 7 casos de secuestros de periodistas en Colombia, nunca la liberación ha sido un asunto exclusivo de la fuerza pública.

En la FLIP no hay dudas sobre en quiénes recae la culpa, y así lo expresó Vaca en el Senado: “Debo ser claro en que la primera responsabilidad cae sobre las estructuras criminales salvajes que operan en el margen fronterizo. Sin embargo, es importante esclarecer si lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades contribuyó a este fatal desenlace”.

Veinte días han pasado desde la desaparición del equipo periodístico del diario El Comercio y sus cuerpos no han podido ser recuperados. La FLIP se solidariza una vez más con las familias de las víctimas e insiste en el llamado a las autoridades de Colombia y Ecuador para que aceleren los procedimientos necesarios para dar con los restos de Rivas, Ortega y Segarra.

Exigimos a las autoridades den respuesta a la solicitud de información hecha por la FLIP. Argumentos como la defensa de la seguridad nacional no deberían primar en este caso ya que, como lo advierte el derecho de petición, “nos permitimos recordar que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 establece que “Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.” El secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra son una violación de derechos humanos”.


Vea aquí el derecho de petición presentado al Ministerio de Defensa.

Desde que empezó el 2018 a la fecha se han presentado 150 violaciones a la libertad de prensa, que han afectado a 177 víctimas. En 2017, para esta misma fecha, la FLIP había registrado 87 ataques al periodismo. El periodo electoral ha potenciado las agresiones y por eso la Fundación, desde la campaña #VotoInformado, ha invitado a los candidatos y sus seguidores a promover un ambiente favorable para la libertad de expresión. Las regiones con más ataques son, sin contar a Bogotá, Tolima, con 16 casos; y Antioquia y Norte de Santander, cada uno con 11.

El secuestro y desaparición de los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana es sin duda el caso más grave en lo corrido del año. Además de la responsabilidad del grupo criminal liderado por alias Guacho, se destaca la inacción por parte del gobierno colombiano y la falta de coordinación de este con las autoridades ecuatorianas.

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se cumplen 20 días desde que se confirmara la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano y es lamentable que todavía no se recuperen sus cuerpos. El pasado 24 de abril, la FLIP radicó un derecho de petición al Ministerio de Defensa para indagar por las acciones del gobierno durante las tres semanas de secuestro para facilitar la liberación de estas personas y cuidar sus vidas.

Entre otros hechos destacados, la FLIP rechazó la decisión de la Fiscalía de no declarar el caso de Nelson Carvajal como un crimen de lesa humanidad. Esto sucede en un contexto en que, de 158 casos de asesinatos de periodistas entre 1938 y 1958, solo 24 cuentan con condena de autor material y 3 de autor intelectual.

Este ha sido un año en el que también se ha agredido constantemente a la sátira y el humor. Primero, un seguidor del Centro Democrático presenta una tutela contra Matador. Después el alcalde de Floridablanca presentó un denuncia por injuria y calumnia en contra de Diego, caricaturista de Vanguardia Liberal. Por último, otro seguidor del Centro Democrático amenaza a Matador en redes sociales. La FLIP espera que la justicia colombiana obre en favor de la libertad de expresión en estos y otros casos en los que se intente penalizar la sátira.

En el Informe anual de la FLIP, presentado el pasado 9 de febrero, se destacó, entre otras cosas:

El aumento de ataques contra la prensa: 310 en total, un 43,5% más que en el 2016. Dentro de estas cifras el caso más grave es el asesinato de Efigenia Vásquez en el Cauca.

En los últimos seis años, la Corte Constitucional ha tomado al menos ocho decisiones regresivas en la protección de la libertad de expresión en Internet. Esto ha implicado posiciones restrictivas en el uso de redes sociales, medidas desproporcionadas para los medios de comunicación como el deber de actualización, entre otras.

La falta de resultados efectivos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en la promoción y defensa de la libertad de expresión. Las principales acciones de Santos, como la política pública promovida por el Ministerio del Interior y el proceso de reparación colectiva a la prensa tomaron años de trabajo y miles de millones de pesos en inversión sin que se diera ningún resultado. Esto se agrava al recordar que el presidente ha sugerido abiertamente a los grupos económicos del país que presionen indebidamente a los medios de comunicación para que adopten posiciones editoriales favorables a su gobierno. A lo anterior se suman los discursos del presidente en los que emite juicios sobre lo que él considera que es buen o mal periodismo, lo cual lo aleja de su obligación de garante y promotor de la libertad de expresión.

Con más de medio año por delante, el panorama es incierto y preocupante. La FLIP espera que los nuevos líderes políticos que llegarán al Congreso el 20 de julio, y a la presidencia el 7 de agosto, abracen las banderas de la libertad de prensa como una garantía fundamental para la democracia.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra Jhanuarya Gómez, periodista de la página Informativo Segoviano. Miembros de bandas delincuenciales la hostigaron y le dieron 48 horas para salir de Segovia, municipio del Nordeste Antioqueño.

El 7 y el 13 de abril, Gómez compartió en la página de Facebook del medio notas acerca de la captura de unos presuntos traficantes de drogas y que, al parecer, están vinculados con el Clan del Golfo. Las publicaciones se hicieron con base en la información y fotografías ofrecidas por la Policía Nacional.

Después de esta publicación, la periodista recibió reiteradas amenazas. El 17 de abril, un hombre abordó a la hija de periodista -de trece años de edad- a la salida del colegio en donde estudia. El desconocido le dijo a la menor que tenía la orden de asesinar a su mamá.

Después de esto, recibió dos llamadas telefónicas el 19 de abril en las que le afirmaron que tenía que salir del municipio o habría un desenlace fatal. "No tenés tiempo pa' perder. Tenés 48 horas. Ábrete del pueblo. Te pusiste a publicar ‘huevonadas’ y calentaste el parche a los parceros. Por tu culpa los cogieron. Tenés 48 horas. Mirá a ver cuánto te queda", afirmó el autor de las amenazas. Debido a esto, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Segovia, la periodista se vio obligada a salir del municipio junto a su familia.

La Fundación rechaza estas amenazas de muerte y condena los actos de hostigamiento. La página Informativo Segoviano tiene un papel activo en la trasmisión de información local en toda la región.

Sumado a esto, la situación de seguridad para los periodistas en el Nordeste Antioqueño es preocupante. El año pasado, durante el paro minero que se desarrolló en agosto, dos periodistas tuvieron que desplazarse de sus municipios por las constantes amenazas y agresiones mientras hacían tareas de reportería.

La FLIP tuvo conocimiento de que la periodista  está esperando la implementación de medidas que le brindará la Unidad Nacional de Protección después de la realización de un estudio de emergencia. La FLIP espera que estas medidas sean integrales para atender la complejidad de la situación.

La Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y dé con los responsables. Así mismo, la FLIP solicita a la Policía Nacional que acompañe a la periodista víctima de amenazas.