El 10 de octubre, un grupo minoritario de personas participantes del paro universitario atacó las instalaciones de RCN Radio en Bogotá, afectando sus paredes y ventanas. Si bien los actos fueron rechazados por los demás manifestantes, es preocupante que el espacio democrático en el que se presentan los necesarios reclamos frente del sector educativo sean utilizados como excusa para vandalizar medios de comunicación.

Al respecto, Yolanda Ruíz, directora de noticias del medio de comunicación, declaró: “Creo que no hay necesidad de vandalismo para protestar o reclamar. La causa de la universidad pública es justa y hemos venido informando pero algunos decidieron dejar el mensaje en las paredes de RCN Radio. No hay necesidad de eso”.

Los periodistas de RCN Radio han estado realizando el cubrimiento a las manifestaciones y en general a los reclamos de los estudiantes. El director de La FM, Luis Carlos Vélez, también rechazó los actos violentos.

La FLIP manifiesta su preocupación por este ataque. No deja de ser irónico que algunos participantes del espacio democrático de protesta lo utilicen como medio para el ataque a los medios, quienes ejercen la libertad de prensa, derecho que constituye piedra angular de la democracia.

La FLIP hace un llamado para que ningún participante del paro caiga en el error de convertirse en otro agresor más de la prensa en contexto de protesta. Así mismo, hace un llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen a los involucrados.

Aquí puede leer el comunicado de RCN Radio respecto a los hechos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación frente a grave caso de censura previa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) al programa de televisión Mimbre, del Canal Institucional. La OACP prohibió la emisión de una entrevista que realizó la periodista Gloria Cecilia Gómez al exjefe guerrillero de las FARC Pastor Alape.

Aquí puede consultar la carta.

Mediante decisión del 1 de octubre, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la tutela presentada por el Fiscal Daniel Hernández Martínez contra la columna de opinión de la periodista María Jimena Duzán.

En palabras del juez, “el texto publicado objeto de censura se enmarca dentro de lo que se considera como una columna de opinión y así se hace saber en su publicación. De su lectura se advierte que la periodista desde el inicio marca su intención de emitir un juicio de valor”. Así, se concluye que  la pretensión de rectificación es inviable, ya que la opinión, a diferencia de la información, no está amparada por el derecho de rectificación.

La FLIP valora positivamente que en esta oportunidad la justicia haya respaldado la libertad de opinión y su rol central en una sociedad democrática. Sin embargo, la Fundación ha expresado su preocupación por el acoso judicial a la prensa.

La deliberación pública requiere de funcionarios que tramiten sus diferencias con la prensa de cara a la ciudadanía. Casos como este, que representan un alto interés público, requieren opiniones desde todas las aristas posibles.

La FLIP hace un llamado al poder judicial para que así como en este caso, tome en consideración su papel protagónico en la defensa de las libertades civiles y la libertad de prensa.

El 2 de octubre en Boulder, Colorado (Estados Unidos), se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, la familia Cano Busquets y las organizaciones vinculadas al caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza.

La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.

A propósito de las recientes declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, que contribuyen a generar un ambiente adverso para el desarrollo de la labor periodística en la ciudad, la FLIP hace pública la siguiente carta.

Lea aquí la carta dirigida al alcalde de Ibagué.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva varios años investigando la inversión de la pauta oficial en distintas entidades públicas del país. La evidencia, luego de entrevistas a periodistas y funcionarios, grupos focales, investigaciones y denuncias, muestra que en muchos casos la publicidad oficial se usa como un mecanismo de censura indirecta que castiga a los críticos y premia a quienes callan.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones de la Policía Nacional a los periodistas Ernesto Mercado de RT Ruptly.tv, César Melgarejo de El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes y a un reportero gráfico de Revista Semana que prefirió mantenerse en el anonimato.

El 13 de septiembre los reporteros se trasladaron a la sede principal de la Universidad Pedagógica en Bogotá para cubrir manifestaciones estudiantiles. Hacia el mediodía empezaron los enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la Policía.

En ese momento, el grupo de periodistas se acercó a registrar con sus cámaras las detenciones y los uniformados obstruyeron la labor periodística con sus escudos y arrinconaron a los reporteros contra el muro de un parqueadero. En medio de la agresión, los Policías empujaron al reportero de Revista Semana, lo lesionaron en una de sus rodillas y un dedo de la mano y le rompieron el pantalón. Según conoció la FLIP, la agresión más grave la recibió César Melgarejo, reportero de El Tiempo, quien fue golpeado brutalmente en la espalda por uno de los uniformados con su bastón de mando.

Adicionalmente, los reporteros aseguran que durante la agresión los oficiales de Policía se dirigían a ellos en tono burlesco para provocarlos: “El Policía que agredió al periodista de El Tiempo me hablaba con burla y se reía de nosotros mientras me mandaba besos y me hacía señas de que me iba a agredir con el bastón de mando”, afirmó John Hamon, reportero gráfico de Actualidad RT.

La FLIP le exige a la Policía Nacional apartar inmediatamente a estos funcionarios de sus cargos y suspender al oficial a cargo del operativo. La impunidad en este caso envía un mensaje equivocado a los demás miembros de la Policía sobre la falta de consecuencias que trae violar el derecho de los ciudadanos a informar y ser informados.

Los funcionarios violaron además el mismo Código de Policía que establece que “cualquier ciudadano puede grabar los procedimientos policivos sin que nadie pueda impedirlo”. En reiteradas ocasiones la FLIP ha denunciado que integrantes del ESMAD han atacado a ciudadanos y periodistas por el hecho de estar documentando protestas sociales con cámaras de video o con sus móviles. La opacidad en los procedimientos policivos es incompatible con los valores democráticos de respeto a las libertades civiles.

Durante 2017 y lo corrido de 2018, la Fundación ha registrado 46 ataques contra la prensa por parte de integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales 33 de ellos se han presentado en contextos de manifestaciones sociales, operativos e incautaciones.  

En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno colombiano instruir a los integrantes de la fuerza pública en estándares sobre libertad de expresión. A partir de 2013 la FLIP con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Comunicación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inició un trabajo de colaboración con la Policía Nacional para contribuir en este proceso con el fin de capacitar uniformados para disminuir las agresiones contra la prensa.

Como parte de ese trabajo, la FLIP está apoyando a la UNESCO en la creación de un curso  de libertad de expresión para cientos de integrantes del cuerpo de Policía de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, como consecuencia de los hechos del día de ayer, la FLIP ha decidido suspender su acompañamiento a la Policía Nacional en materia de capacitación a policías hasta tanto no haya un pronunciamiento público que anuncie las medidas sancionatorias por estos hechos y reafirme el alcance de su compromiso con la libertad de prensa. No resulta consecuente que una entidad pública, que busca ser ejemplo regional en materia de respeto a la prensa, permita que su cuerpo antidisturbios agreda de manera colectiva y violenta a un grupo de periodistas y que esto no tenga ninguna sanción.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas de medios de comunicación alternativos y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.