El pasado miércoles 13 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2019 de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP. En la reunión fue elegido el nuevo Consejo Directivo para los próximos dos años. Como presidente del Consejo fue ratificado Fernando Ramírez y como vicepresidenta fue elegida Catalina Botero. La asamblea también respaldó a Pedro Vaca Villarreal para que continúe como Director Ejecutivo de la organización.

Este es el Consejo Directivo FLIP 2019:

Fernando Ramírez - presidente: editor de noticias, periódico La Patria de Manizales.

Catalina Botero Marino - vicepresidenta: decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Carlos Huertas: director de Connectas.

Camilo Jiménez Santofimio: director general de la revista Arcadia.

Betty Martínez: directora de noticias del Diario del Norte de La Guajira y corresponsal de la FLIP en ese departamento.

Sonia Godoy: periodista independiente de Popayán y corresponsal de la FLIP en el Cauca.

Rodrigo Pardo: director Editorial de revista Semana

Vivian Newman: directora del Centro de Estudios DeJusticia.

Diana Durán Núñez: Editora judicial de El Espectador

Darío Fernando Patiño: Director Señal de la mañana, Radio Nacional

Alejandra Cruz: Directora del taller del Nuevo Periodismo de la FNPI

Juan Esteban Lewin: Director (e) de La Silla Vacía.

Ricardo Corredor: Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Cartagena

César Molinares: Periodista investigador

La FLIP agradece a los miembros salientes del Consejo Directivo 2017-2019 por su dedicada labor en favor de la libertad de expresión, también resalta el compromiso de todos los miembros de Asamblea que, año tras año, han hecho posible que la organización siga trabajando en favor de una democracia que garantice la prensa libre en Colombia.

Como producto del consenso, la Asamblea felicitó al equipo de trabajo de la Fundación por los resultados alcanzados. El pasado 11 de marzo la FLIP cumplió 23 años promoviendo acciones con el objetivo de crear un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Los abajo firmantes, rechazamos categóricamente la detención arbitraria de la que fue víctima el periodista venezolano Luis Carlos Díaz Vásquez, el lunes 11 de marzo de 2019 en la ciudad de Caracas.

Organizaciones en defensa de la Libertad de Expresión y el periodismo a nivel mundial, condenamos la intimidación y la censura de Nicolás Maduro a periodistas de Univison.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la retención de la que fueron víctimas los periodistas Diego Veloza (Caracol Televisión), Luis Enrique Cárdenas (Noticias Uno), el camarógrafo Neiser Velázquez y el defensor de derechos humanos Jorge Solano, el pasado 16 de febrero por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas estaban realizando trabajo de reportería en el corregimiento de San Pablo, en la región de Catatumbo, Norte de Santander.

Los periodistas se trasladaron en la mañana del sábado al corregimiento de San Pablo para cubrir los daños ocasionados al río Catatumbo por el derrame de crudo que produjo el atentado del pasado martes contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. A la salida del corregimiento, un grupo de cuatro hombres armados que se identificaron como miembros del ELN retuvo el vehículo en el que se trasladaban los hombres, los hicieron bajar y les quitaron los equipos periodísticos, los teléfonos celulares, los chalecos de prensa y la camioneta en la que se transportaban.

Los periodistas manifestaron que la retención duró, aproximadamente, veinte minutos y que los dejaron ir una vez escucharon sobrevolar un helicóptero del ejército muy cerca de donde ellos estaban. Finalmente, los periodistas fueron auxiliados por habitantes de la zona y llevados a la base militar de La Esmeralda, en el municipio de Convención.

Tanto la retención de los periodistas como el hurto de sus sus equipos son delitos castigados por la ley penal colombiana, además de una grave violación a la libertad de prensa. Con sus acciones el ELN no sólo impidió que los reporteros informaran sobre un asunto de interés público sino que envía también un mensaje a otros periodistas para que no trabajen informando sobre los asuntos relevantes en la zona.

De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

El Catatumbo es una de las zonas más difíciles para el cubrimiento periodístico y el Estado colombiano tiene el deber de investigar este tipo de agresiones, de proteger a los periodistas y de prevenir las violaciones a la libertad de prensa. La FLIP hace un llamado a los actores armados para que cesen las intimidaciones, retenciones y demás agresiones. También hace un llamado a la Fiscalía para que investigue estos hechos.

El 29 de enero de 2019, el Juzgado Cuarto del Circuito de Cartagena confirmó la sanción por desacato de cinco días de arresto y multa de cinco salarios mínimos en contra de Lucio Torres, periodista de Vox Populi. El juzgado confirmó la decisión de desacato del Juez Décimo Penal de Control de Garantías de Cartagena en el proceso de tutela iniciado por el pastor Miguel Arrázola en contra del periodista.

Lucio Torres publicó tres notas entre 2016 y 2017 en las que cuestionó las finanzas del pastor Arrázola y denunció las posteriores intimidaciones del mismo. En aquella ocasión, durante la prédica “Noches de milagro”, el líder evangélico afirmó: “Dale gracias a Dios que soy nacido nuevo. Tengo el Espíritu Santo y Jesucristo en mi corazón, porque hace rato estuvieras en la Ciénaga de la Virgen, metido ahí”, haciendo referencia a un lugar de Cartagena donde frecuentemente se encuentran cuerpos sin vida. Arrázola también sostuvo “yo tengo unos manes tabluos aquí, yo te puedo hacer la vuelta” haciendo referencia a una publicación de Torres en la que hablaba del salario del pastor. A pesar de que el periodista realizó una denuncia formal en la Fiscalía en contra de Arrázola, la investigación no prosperó.

A raíz de las publicaciones del periodista, Arrázola interpuso una acción de tutela alegando la violación de su derecho al buen nombre y a la libertad de culto. La tutela fue fallada a favor del pastor y se ordenó al periodista a rectificar y pedir disculpas. Sin embargo, el periodista se negó a rectificar e impugnó la sentencia, dado que confía en la veracidad de sus publicaciones. Arrázola presentó un incidente de desacato, el cual fue decidido y confirmado antes de la sentencia de segunda instancia, ordenándose la detención del periodista.

A la FLIP le preocupa especialmente que se tomen medidas drásticas como el arresto en contra de periodistas. Esta situación genera un ambiente adverso para la libertad de prensa, pues inhibe a los periodistas de hacer denuncias públicas y crea antecedentes funestos para el derecho a la información y para la democracia.

El periodista Lucio Torres ha enfrentado distintas formas de censura. En 2018 tuvo que cambiar de residencia tras ser víctima del ataque de dos hombres armados y de múltiples amenazas de muerte. Además, solo en 2018, enfrentó ocho procesos judiciales en su contra. La difícil situación del periodista lo llevó a enviar una carta al Defensor del Pueblo, Carlos Negret, en la que anunció que los cinco días que pasará privado de la libertad serán el punto final a su carrera de 38 años como periodista.

Esta situación de continuas presiones externas, sumada a la orden de un juez de sancionarlo con cinco días en prisión, llevaron a Lucio Torres a tomar la decisión de dejar de ejercer su derecho a la libertad de expresión. En esta ocasión el acoso judicial y la violencia silenciaron a un periodista colombiano.

La FLIP hace un llamado a las autoridades judiciales del país para que respeten los estándares interamericanos de libertad de expresión y a las figuras públicas para que asuman con responsabilidad sus deber de especial tolerancia respecto a la crítica y la veeduría de medios y ciudadanía.

El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.

La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazamos de manera enfática las detenciones arbitrarias a periodistas en Venezuela dentro de los cuales se registran los reporteros colombianos, Leonardo Muñoz y Maurén Barriga, el reportero Español Gonzalo Domínguez, los periodistas chilenos Rodrigo Perez y Gonzálo Barahona, los periodistas franceses Pierre Caillé y Baptiste des Monstiers, y los venezolanos Rolando Rodríguez y  José Salas. Ante la gravedad de los hechos hacemos saber a la opinión pública que:

• Estas detenciones constituyen graves violaciones a la libertad de prensa en contra de los reporteros y periodistas que afectan el derecho a la libertad de información en el desarrollo de hechos de alto interés público en Venezuela.  

• La falta de información provocada por sus captores y la incertidumbre sobre sus condiciones de detención configuran un tratamiento arbitrario, contrario a todos los compromisos internacionales y convenciones sobre derechos humanos. A los periodistas se les ha impedido tener asistencia de abogados y contacto con representantes de los medios para los cuales trabajan y esto es un tratamiento inadmisible.

• Nos sumamos a las voces de rechazo de las distintas Cancillerías y pedimos la activación de todas las acciones diplomáticas posibles que conduzcan a que esta situación irregular y arbitraria tenga como desenlace la libertad de los periodistas y el respeto a su integridad personal. Hacemos un llamado especial a la Cancillería colombiana para que siga brindando apoyo a los periodistas colombianos que trabajan en ese país, lo anterior tomando en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso las relaciones internacionales.

• Ante la gravedad de los hechos hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que active mecanismos de protección cautelar para los periodistas detenidos de manera arbitraria.

• El sistemático desprecio del régimen venezolano por la libertad de prensa restringe el derecho a la información y aumenta las condiciones de riesgo de los periodistas que trabajan en este país. A pesar del que el régimen desconoce sus obligaciones de respeto a la prensa a partir de acciones autoritarias, nos corresponde  insistir en la exigencia de los valores democráticos.

• Manifestamos nuestra solidaridad y disponibilidad de apoyo a los familiares y medios de comunicación afectados.

• Convocamos al periodismo de las américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela. 

Actualización:

Al mediodía de este 31 de enero, la Cancillería emitió un comunicado en el que anunció que los periodistas de Agencia EFE fueron liberados y que se encuentran en buenas condiciones de salud. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el atentado del que fue víctima la periodista Tana Montoya, el pasado 24 de enero, en la vía que conduce del municipio de Anzá (Antioquia) a la ciudad de Medellín.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por la falta de diligencia del Juzgado Segundo Penal Especializado del circuito de Bogotá, que en los últimos seis meses ha dejado en libertad a tres exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) investigados por su presunta responsabilidad en los seguimientos, interceptaciones y tortura psicológica en contra de la periodista Claudia Julieta Duque.

Con las recientes decisiones del juzgado y de la Fiscalía General de la Nación, de los ocho funcionarios del DAS implicados en el caso de violencia contra la reportera, cuatro se encuentran en libertad por vencimiento de términos, dos están prófugos y otros dos se encuentran detenidos cumpliendo su condena por otros procesos.

El pasado 18 de enero, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá ordenó por vencimiento de términos la libertad de William Merchán, exfuncionario del DAS que está siendo procesado por el delito de tortura agravada en contra de la periodista. La decisión la tomó el juez luego de que el 11 de enero de este año el acusado presentara una solicitud de libertad amparada en la Ley 1786 de 2016, que estipula que, luego de la audiencia preparatoria, el juzgado tiene 240 días para dar inicio a la audiencia pública de juicio oral. Al momento de la petición, Merchán había estado 243 días detenido sin que se iniciara esta diligencia.

Situación similar se presentó con otros tres exfuncionarios del DAS que están vinculados al proceso. En 2018 Ronal Rivera y Emiro Rojas, presuntos responsables del delito de tortura agravada contra Duque, también fueron dejados en libertad luego de que se vencieran los términos para emitir sentencia en sus respectivos procesos. En los casos de Rivera y Rojas, el juez sustituyó la medida de aseguramiento en establecimiento intramural para que los acusados queden en libertad cumpliendo las siguientes condiciones: presentarse ante el juez cuando sean requeridos, no cambiar de domicilio ni abandonar el país y no acercarse a la periodista. En el caso de William Merchán el juez ordenó la libertad sin condiciones para sustituir la medida de aseguramiento.

El otro sindicado que había sido puesto en libertad en el proceso de la periodista fue Néstor Javier Pachón. El exagente del DAS fue capturado en noviembre de 2016 por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir y estuvo detenido por un año mientras se adelantaba el proceso en su contra. El 4 de diciembre de 2017 su defensor solicitó la libertad por vencimiento de términos y la fiscal asignada al caso, Gilma Amparo Duarte, negó la petición y prorrogó el tiempo de detención. Sin embargo, el 27 de diciembre del 2017, Catherine Naranjo Sierra, Fiscal 53 de Apoyo de la Unidad especializada contra violaciones a los derechos humanos, revocó la decisión anterior y lo dejó en libertad por vencimiento de términos.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le hace un llamado al Juez Segundo Penal Especializado de Bogotá para que los procesos avancen con diligencia y, de esta manera, evitar que se prolongue la impunidad en el caso de tortura contra la periodista. La Fundación rechaza, además, las actuaciones de la Fiscalía al conceder la libertad de los sindicados, debido a que este tipo de decisiones ponen en riesgo el sometimiento de los acusados a la justicia y contribuye a la revictimización de la afectada