Tras la confirmación de la decisión del Canal1 sobre la salida del aire de Noticias Uno, la Fundación para la Libertad de Prensa manifiesta lo siguiente:

1.  El canal sostiene que esta decisión es de carácter corporativo, obedece a la crisis económica sobre los medios de comunicación y se enmarca en un patrón que afecta a otros medios que se han visto en la obligación de tomar decisiones similares que incluyen, el recorte de personal y la reducción de sus operaciones. En diálogo con la FLIP, el Canal1 afirmó que no recibieron presión evidente por parte del gobierno y que se trata de una decisión de los socios mayoritarios —Hemisphere Media— quienes optaron por sacrificar el noticiero del fin de semana dentro de sus proyecciones financieras a pesar de ser uno de sus activos más valiosos en términos periodísticos.

2.  La FLIP también documentó que una de las causas de la crisis económica del Canal1 tiene que ver con no haber podido acceder a otros anunciantes, ya que los otros canales de televisión abierta tienen contratos de exclusividad con potenciales contratantes de publicidad. Esta controversia, que podría constituir una práctica de competencia desleal, está en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, un organismo que depende directamente de la Presidencia de la República.

3.  Si bien la FLIP no advirtió injerencias directas del Gobierno Nacional en esta decisión, la salida del aire de Noticias Uno pone a prueba el talante democrático del Estado colombiano. La concentración de poder en el sector de telecomunicaciones entregado por el Congreso al Ejecutivo a través de la Ley TIC, acompañada de la intención de voces potentes del partido de Gobierno de silenciar a Noticias Uno, configuran un escenario propicio para que el Canal1 haya contemplado sacrificar al mencionado noticiero. En manos del gobierno están decisiones críticas con respecto al futuro financiero de los medios, entre ellas, resolver la controversia sobre abuso de posición dominante de los competidores en televisión y buena parte de la regulación del sector. Personas con posición de liderazgo dentro de la empresa advirtieron a la FLIP sobre este escenario.

4.  Un factor que incidió en la decisión de sacar del aire a Noticias Uno es que el Grupo Aval, anunciante histórico y muy importante de ese espacio, retiró la totalidad de su pauta afectando notablemente los recursos para la operación del canal.

5.  El Canal1 decidió en junta directiva, del pasado miércoles 28 de agosto, retirar de su parrilla de programación los noticieros de fin de semana buscando que Noticias Uno y CM& se unieran para emitir entre semana pero, según pudo documentar la FLIP, esa es una opción inviable.

6.  Por la sensibilidad de algunos asuntos abordados por Noticias Uno y su inminente salida del aire, es muy importante que el Gobierno Nacional asuma el deber de protección de los periodistas que estén en situación de riesgo como consecuencia de su oficio.

7.  Con la salida del aire de Noticias Uno  (cuya vigencia depende de una negociación interna del grupo empresarial pero que se estima entre 30 y  60 días) pierde el pluralismo informativo en Colombia. La homogeneidad del cubrimiento periodístico en nuestro país hace que este hecho represente una pérdida significativa para la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar bien informada.

8.  La FLIP convoca a los medios de comunicación, a todas las ramas del poder público y a los organismos de control a instalar una mesa de discusión sobre el futuro del periodismo libre en Colombia. Como sociedad nos corresponde garantizar que estos desenlaces no sean motivados o funcionales a los intereses de un poder determinado.

---

Aquí puede conocer el comunicado de prensa que emitió Canal1. 

El 30 de agosto, la periodista Blanca Urango informó a la FLIP que la candidata a la alcaldía de Cartagena por Colombia Humana Adelina Covo y su equipo la intimidaron, la agredieron verbalmente, la retuvieron contra su voluntad y la obligaron a eliminar material periodístico, durante una entrevista que la reportera estaba realizando en la casa de la candidata.

Cuenta Urango que se dirigió junto con su novio a la casa de Covo para realizar una entrevista, previamente aceptada por la candidata. Luego de alrededor de quince minutos de entrevista, la periodista hizo tres preguntas que al parecer incomodaron a la candidata: una sobre la decisión de Covo de lanzarse a la alcaldía de Cartagena, a pesar de que vivía en Bogotá; otra sobre la división al interior del partido Colombia Humana por el apoyo de Gustavo Petro a su candidatura y otra sobre la relación de Covo con otros partidos tradicionales antes de llegar a Colombia Humana.

De acuerdo con la periodista, la candidata respondió sus preguntas, pero luego le exigió borrar la entrevista grabada y le dijo que ni Urango ni su novio saldrían de su casa hasta tanto lo hicieran. La candidata la insultó y llamó a varios hombres de su equipo que, luego de un forcejeo, le quitaron la cámara a la periodista y borraron el contenido. Percatandose de que también había registro de la entrevista en el celular de Urango, se llevaron el equipo a otra habitación para intentar acceder a él. Al no lograrlo, intimidaron a la reportera para que desbloqueara el celular y procedieron a borrar el audio.

Según relata la periodista, la retención contra su voluntad en la casa de Covo duró alrededor de veinte minutos y sólo los dejaron salir hasta que se cercioraron de que los contenidos grabados habían sido borrados.

La FLIP se puso en contacto con Adelina Covo, quien dijo que Urango fue irrespetuosa y que cree que fue enviada por otra campaña para dañar su imagen. Sobre las agresiones denunciadas por la periodista dijo no saber ni haber escuchado nada al respecto. La FLIP también se puso en contacto con Luis Armando García, coordinador de la campaña de Covo, quien insistió en que la reportera planteó preguntas irrespetuosas y demasiado invasivas, pero negó todo lo sucedido. García dijo que en ningún momento se coaccionó a la periodista para que borrara su material periodístico.

A pesar de que desde la campaña se niegan estos hechos y de que la candidata dijo no saber nada sobre lo que sucedió, en su respuesta a la FLIP, Covo sostuvo que “ella [Urango] misma abrió su celular”, lo cual sugiere que la candidata sí tiene alguna idea sobre lo que aconteció en ese momento.

En respuesta a los señalamientos de Covo, Blanca Urango aclaró a la FLIP que no fue enviada por ninguna campaña, sino que estaba realizando esta entrevista como parte de un proyecto periodístico para una clase de la universidad. Agrega que quien fue irrespetuosa fue la candidata y no ella.

El hostigamiento, la agresión, la retención forzada y eliminación del material periodístico son graves violaciones a la libertad de prensa. A la luz de la ley colombiana, estas acciones pueden constituir delitos graves como el de secuestro extorsivo y extorsión, ambos agravados por el Código Penal por el hecho de ser cometidos sobre periodista. La FLIP tiene conocimiento de que la periodista presentará una denuncia por estos hecho, denuncia que la fundación apoyará.

Los estándares constitucionales e internacionales que protegen a la libertad de expresión exigen que los funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular sean especialmente tolerantes a la crítica y el escrutinio de sus acciones públicas y privadas. Además, los asuntos electorales son temas de altísimo interés público y, en consecuencia, el trabajo periodístico que al respecto se produzca constituye un discurso especialmente protegido.

La FLIP rechaza contundentemente estos hechos, en consecuencia, solicitará a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones a que haya lugar y sancione penalmente a todos los responsables. También hace un llamado a la Colombia Humana para que evalúe los hechos y tome las acciones a las que haya lugar.

La Fundación Karisma, la Comisión Colombiana de Juristas, Bejarano Abogados, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Santiago Rivas, luego de un estudio de la Ley 1978 de 2019 (Ley TIC), encontraron que hay motivos para creer que la misma debe ser declarada inconstitucional. Por esa razón, radicaron hoy ante la Corte Constitucional, dos demandas en las que se ofrecen los argumentos jurídicos y técnicos por los cuales se acusa a dicha Ley de no ajustarse al ordenamiento legal colombiano.

Los representantes de la sociedad civil mencionados sostienen que por la forma en la que está estructurada la Ley demandada, se crean graves riesgos para la democracia. La Ley 1978 de 2019 otorga competencias excesivas al poder ejecutivo sobre los órganos y personas que toman decisiones sobre el internet, la radio y la televisión que la ciudadanía colombiana consume y crea para satisfacer su derecho a la libertad de expresión e información.

Estos son los principales puntos de las acciones presentadas:

1. Control del ejecutivo sobre la CRC

Dentro de una democracia, debemos entender que la separación de poderes no se limita solo al control de las tres ramas del poder público entre ellas, sino que este esquema requiere una arquitectura institucional que involucra a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Para garantizar este derecho y su aplicación, existen órganos autónomos para temas complejos: uno de esos es la regulación de los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales. La Ley TIC crea una nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que  tendrá poder sobre aspectos esenciales de los medios de comunicación que consumimos a diario: regulará servicios de telecomunicaciones, radio y televisión abierta; resolverá controversias de los proveedores de esos servicios; y vigilará y sancionará conductas que afecten el pluralismo en esos servicios. 

Sin embargo, tal como la Ley TIC estructura la CRC, quedan dudas sobre si podrá ejercer su labor de forma autónoma. La autonomía de la CRC queda en entredicho porque en el mecanismo de elección de los integrantes de la CRC el gobierno de turno tiene una influencia alta.

La CRC funciona con dos comisiones. En la comisión de contenidos audiovisuales, el presidente podrá reglamentar el concurso para elegir a dos de los tres integrantes de esa comisión. La otra es la comisión de comunicación. Allí el gobierno tiene dos de cinco asientos. Puede nombrar a uno y el otro es un cupo directo para el ministerio TIC. La CRC también tendrá representantes de la sociedad civil y del sector audiovisual, pero serán elegidos por la universidad que designe el gobierno.

Viéndolo así, el Ejecutivo tendrá control sobre siete de los ocho miembros que componen dicha comisión. Si la CRC debe regular los temas que tienen que ver con los medios de comunicación, es decir, los canales por donde se difunde información para los intereses de la ciudadanía, resulta desequilibrado que sólo el gobierno tenga el control sobre esta comisión, que debe ser una garante del pluralismo. En pocas palabras, la CRC se puede convertir en un mecanismo del gobierno para limitar la libertad de expresión. 

En el pasado, por ejemplo, la Corte Constitucional ya ha explicado que la independencia del regulador de la televisión es importante para que los intereses políticos no la afecten. La Corte ha preservado la autonomía de la Comisión Nacional de Televisión; además la Corte impidió que el Congreso eligiera dos miembros de su junta directiva y que la cartera de las comunicaciones tuviera voto en esa junta. En resumen, la Corte ya ha considerado que el órgano que regule la televisión debe estar libre de injerencias excesivas de las ramas del poder público.

2. Gobierno asigna frecuencias de televisión sin contrapesos

La Ley TIC le da mucho poder al MinTIC otorgándole demasiadas funciones. Le permite otorgar, inspeccionar y reglamentar el espectro electromagnético. Definir el valor del espectro, o sea, tasar el importe a favor del Fondo Único de TICs y determinar si ese pago se puede hacer en especie y en qué porcentajes. También definirá las inversiones que se realicen bajo esta última modalidad. Definir la política pública e  inspeccionar, vigilar y controlar el sector TIC. 

El resultado es un ministerio que concentra poderes, lo que crea incentivos perversos para el gobierno. Todo lo anterior pone en riesgo la pluralidad informativa. Entonces, ¿por qué correr riesgos concentrando tanto poder en el ejecutivo?, ¿No necesita el Ministerio TIC un contrapeso que le ponga freno a su poder sobre el espectro?

Es verdad que la CRC ya tenía problemas de autonomía, pero si el gobierno asigna directamente las concesiones para la operación de la televisión, existe la posibilidad de que se conformen agendas políticas en medios de comunicación que deberían tener un contenido inclusivo y diverso.

3. Desfinanciación de la TV pública

Aunque el Ministerio TIC ha señalado que no es cierto que la televisión pública será desfinanciada, la verdad es que sí.  

Antes de la Ley TIC existían dos fondos: uno era FonTV que estaba a cargo de la Autoridad Nacional de Televisión, un órgano autónomo al ejecutivo. El otro era el FonTIC que estaba adscrito al MinTIC. Ahora sólo habrá un fondo que junta los dos anteriores y lo pone a cargo del Ministerio TIC en su totalidad. Este control económico se suma a los otros controles ya dispuestos por la ley.

Si bien los objetivos de este nuevo fondo son fomentar proyectos del sector TIC y crear contenidos de radio y televisión pública, tener un ministerio con control económico absoluto, crea el grave riesgo de que los contenidos respondan únicamente a intereses del gobierno y no promuevan la pluralidad informativa.

Mientras que la Ley anterior destinaba el 60% de sus recursos para fortalecer los operadores públicos de la televisión, esta nueva ley trae unas definiciones que pueden quedar muy abiertas a interpretaciones del propio Ministerio TIC para distribuir los recursos. 

Además, la Ley carga el fondo con funciones de apoyo económico para el mejoramiento administrativo y técnico del MinTIC y de la Agencia Nacional de Espectro. El dinero con el que se hacía televisión pública antes, ahora será también destinado a cargos burocráticos. 

También se aseguran los porcentajes de inversión en la TV y radio pública con un fórmula complicada, que busca hacer un promedio de todos los años en que se han financiado estos programas en el pasado, resultando en un porcentaje mucho más bajo que el actual, o por lo menos estancado en el tiempo, pues si el presupuesto de estos fondos incrementa, el MinTIC no tiene obligación legal de incrementar la inversión en la televisión o radio públicas. 

Vale mencionar que el fondo le da mucha importancia a las “asociaciones público privadas en tecnologías de la información y las comunicaciones” pero la forma en la que estas asociaciones van a funcionar serán reglamentadas por el mismo gobierno.

La televisión pública es importante porque no solo garantiza pluralidad en los contenidos y acceso a este medio para distintas comunidades, sino que evita la consolidación de monopolios de televisión para que la información sea veraz y objetiva, garantizando pluralidad de voces en la discusión pública.

4. Redes comunitarias

Hoy en día, la tecnología permite que todo tipo de actores hagan uso del espectro para conectarse a internet. Una forma de aprovechar el uso del espectro, que a fin de cuentas es un bien público, es a través de la creación de redes comunitarias a cargo de las comunidades que sufren de diferentes formas de desconexión y pueden conectarse por su propia cuenta y con su propia tecnología. 

Sin embargo, la Ley TIC olvida su existencia y sólo prevé un sistema para acceso a licencias de uso del espectro, el sistema para fines lucrativos. Esto obliga a las comunidades a competir en condiciones iguales a las medianas y grandes empresas de telecomunicación, como ETB o Claro, en un sistema que favorece a grandes empresas privadas. Un sistema que supone, por ejemplo, una serie de contribuciones y contraprestaciones a un lucro que estas comunidades no tienen. Además, el proceso de selección estará centrado en el MinTIC, es decir, un proceso centrado en Bogotá en el que deben competir empresas de telecomunicación y comunidades vía web siendo que de hecho éstas últimas no tienen cómo conectarse en principio a la red. 

Es inconstitucional exigir a una red comunitaria que cumpla con los mismos requisitos de las grandes compañías de telecomunicaciones para usar el espectro, tratando de modo igual a actores manifiestamente desiguales. Además, se impide así el cumplimiento del propio fin de la Ley al no permitir que estas redes comunitarias contribuyan a la conectividad en donde el Estado aún no la garantiza y las TELCOS no ven oportunidad de mercado rentable. Las redes comunitarias permiten el ejercicio no sólo del derecho a la libre expresión y el acceso a la información, sino también el libre desarrollo de la personalidad. La información siempre debe tener canales para fortalecer la democracia. 

5. Consulta previa

La Ley TIC derogó la Ley 1507 de 2012 que consagraba derechos y garantías respecto al acceso a la televisión por parte de las comunidades indígenas y otros grupos étnicos. La nueva ley no tiene normas específicas para estas comunidades, por lo que hay un estructural cambio de condiciones que requería de consulta previa. Recordemos que cuando un proyecto de ley puede afectar a comunidades indígenas, debe ser consultado primero con esas comunidades antes de pasar por el congreso.

El Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior fue quien dijo que en este caso no era necesario consulta previa, sin embargo AFROMEDIOS, en intervención ante el Congreso, demostró que este funcionario no tenía competencia para dar este concepto.

Miami/Washington D.C./Bogotá (19 de agosto de 2019) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) celebran que la Justicia colombiana haya declarado como delito de lesa humanidad el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido el 16 de abril de 1998.

Nelson Carvajal Carvajal trabajaba en la Emisora Radio Sur, afiliada a la cadena nacional RCN, en Pitalito, departamento del Huila, donde se caracterizaba por investigar casos de corrupción en la administración pública. También era docente y director de una escuela.

Tras dos décadas de impunidad, en marzo de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Colombia por no garantizar el derecho a la vida del periodista y por no investigar los hechos e identificar a los responsables. En consecuencia, ordenó reparar a las víctimas y adoptar medidas de no repetición de hechos similares.

El Estado de Colombia reconoció públicamente su responsabilidad en un acto realizado el pasado 29 de marzo en cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en la Sentencia. Sin embargo, al celebrar el fallo de este 14 de agosto de la Fiscalía General de la Nación que declara la imprescriptibilidad del crimen de Carvajal Carvajal, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez y la presidenta del RFK Human Rights, Kerry Kennedy, hacen un "llamado a la Justicia colombiana para que redoble sus esfuerzos para que el crimen del periodistas sea esclarecido y los autores materiales e intelectuales sean condenados". De manera más amplia, Domínguez y Kennedy "urgen al Estado a cumplir con las demás medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso y que siguen pendientes de cumplimiento a más de un año de proferida la Sentencia".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Fundado en 1968, Robert F. Kennedy Human Rights promueve la visión de Robert F. Kennedy de un mundo más justo y pacífico. En alianza con defensores y organizaciones en el terreno, Robert F. Kennedy Human Rights utiliza la incidencia y el litigio estratégico para lograr justicia alrededor del mundo.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados.

El 16 de agosto de 2019, la Fiscalía 95 de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal ocurrido el 12 de abril de 1998 en Pitalito, Huila.