A un año del secuestro en la frontera colombo-ecuatoriana de Juan Javier Ortega Reyes, Paúl Giovanny Rivas Bravo y Kelly Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio,Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hacen saber a la opinión pública que:

Destacamos los procedimientos para la recuperación e identificación de los cuerpos. También los avances en la investigación que a la fecha tienen acusadas a 3 personas, y a otras 4 con orden de captura.

También entendemos que ningún gobierno puede renunciar a la persecución de criminales como Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, y Luis Alberto Bermeo, alias ‘Pitufin’, responsables del secuestro y asesinato de los tres ciudadanos ecuatorianos. Reconocemos los esfuerzos de Colombia y Ecuador para cesar su actividad criminal haciendo uso de la fuerza legítima del Estado. Sin embargo, la muerte de alias ‘Guacho’ y de alias ‘Pitufin’ no es suficiente para evitar que en este caso haya impunidad.

Los gobiernos de Colombia y Ecuador no han dado explicaciones satisfactorias sobre lo sucedido en entre el 26 de marzo y el 13 de abril del 2018, las familias del equipo periodístico merecen saber con precisión cómo se desarrollaron los lamentables hechos.

El esclarecimiento de estos hechos es necesario para establecer la responsabilidad de los dos Estados en las fallas que se presentaron para garantizar los derechos básicos del equipo humano de El Comercio, tales como: la vida, la libre locomoción y la libertad de expresión.

Al mismo tiempo, como consecuencia de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 12 de abril del 2018, se creó el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH en cuyo mandato se encuentra el acompañamiento de las investigaciones que se realizan en las fiscalías de los dos países.

El trabajo del ESE ha tenido diversas dificultades para llevar adelante su tarea y finalmente se espera que se haga público su informe, que ahora mismo está ya en manos de los Estados.

Probablemente, los esfuerzos más consistentes para conocer la verdad de lo sucedido en la frontera entre finales de marzo y abril del año pasado, ha provenido del periodismo. El trabajo conjunto de equipos periodísticos a los dos lados de la frontera se convirtió en una gran labor de sistematización de información. Más tarde en el libro Rehenes, los periodistas ecuatorianos Arturo Torres y María Belén Arroyo revelaron que las autoridades de cada país no detuvieron las operaciones de “barrido” en ambos lados de la frontera, a pesar de que se había solicitado y ordenado la suspensión de actividades para no poner en riesgo a los 3 ciudadanos ecuatorianos y buscar una negociación que facilitara su liberación. Adjunto a este comunicado está la carta radicada el 13 de febrero que detalla las inconsistencias consignadas en el libro Rehenes.

De manera extemporánea, el ministerio de Defensa solo contestó las dudas de las familias hasta el pasado viernes 22 de marzo. Dicha respuesta es insuficiente y no es satisfactoria para las denuncias detalladas en el libro. También se adjunta a esta comunicación la respuesta del ministerio de Defensa.

A un año de la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano en la frontera, las organizaciones que defendemos el ejercicio periodístico en Colombia manifestamos nuestro temor porque no se sepa la verdad completa en este caso, lo cual también significa impunidad y resta posibilidades para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir.

Nariño, el principal  departamento fronterizo con Ecuador, es un lugar donde solo 6 de sus 64 municipios tienen una oferta suficiente de información. Los habitantes de la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador tienen derecho a estar informados de manera apropiada y eso solo lo puede garantizar el ejercicio del periodismo libre y seguro.

Agradecemos a la sociedad las manifestaciones de respaldo y cariño a lo largo de estos 12 meses. El periodismo está para servirle a los ciudadanos y, por tanto, este crimen fue un ataque a toda la sociedad. Pedimos a los colombianos y a los ecuatorianos que sigan acompañando a la prensa en los esfuerzos por saber la verdad completa sobre el crimen del que fueron víctimas Paúl, Efraín y Javier.

Fundamedios y la FLIP reiteran su voluntad de seguir acompañando a las víctimas y a las familias de los periodistas asesinados. Seguimos, también, comprometidos en apoyar los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad por llegar a la verdad. Exigimos a los gobiernos y fiscalías que den pasos certeros y decididos para no dejar estos terribles asesinatos en la impunidad. Instamos a la comunidad internacional a seguir acompañando las investigaciones, también a acordar con los Estados y las sociedades en todo el continente mecanismos más efectivos para la protección efectiva del periodismo.

Debemos recordar en esta fecha, no solo a Paúl, Javier y Efraín, con ellos también traemos a la memoria a los 144 periodistas mexicanos asesinados en la última década, cinco únicamente en lo que va del año. Los periodistas asesinados en Honduras, Brasil, Estados Unidos y en muchas parte del mundo deben encontrar justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la obstrucción e intimidación de la que fueron víctimas en el departamento del Cauca varios periodistas de medios locales y nacionales por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Dos de los periodistas manifestaron que al llegar al sector de La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao, encapuchados no los dejaron avanzar y amenazaron con quemar los vehículos en los que se movilizaban si no se retiraban del lugar. En esta misma zona, el el 19 de marzo, fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Los periodistas aseguran que cuando fueron interceptados, informaron a los encapuchados que tenía autorización del CRIC para ingresar a la rueda de prensa. Sin embargo, tras las intimidaciones, los reporteros decidieron retirarse del lugar. Otros periodistas manifiestan que colegas y habitantes de la zona les informaron sobre los bloqueos y las presencia de encapuchados por lo que se abstuvieron de seguir avanzando.

Durante el 2018 y en lo que va del 2019 la Fundación ha registrado 18  ataques a la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo —pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen—”.

En comunicación con la Policía del Cauca, la institución dio a conocer que los canales para denunciar este tipo de hechos están abiertos. La Fundación invita a los periodistas para que informen a las autoridades este tipo de situaciones y exhorta a estas instituciones para que adelanten las investigaciones correspondientes y brinden las garantías de seguridad necesarias para que los periodistas puedan desarrollar libremente su labor periodística.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa de las que fueron víctimas dos periodistas el pasado 16 de marzo, mientras cubrían la Minga indígena y campesina a la altura de El Cairo, Cajibío, en el departamento del Cauca.

La FLIP conoció que William Enrique Becerra, periodista de Marcha Patriótica, fue víctima de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando cubría la intervención de ese cuerpo policial en el campamento de El Cairo.

Becerra manifestó que cuando empezó a grabar el operativo, un agente del Esmad le arrebató la cámara y se la lanzó a la cabeza, dañando el equipo. Además, Becerra asegura que intentó hacer una transmisión en vivo que fue impedida por agentes que lo tumbaron al piso, le propinaron varios golpes y le quitaron su celular. Después de eso, el comunicador fue trasladado a la estación de Policía del municipio de Piendamó en donde se verificó que él es periodista.

En comunicación con la FLIP, el Comandante del Departamento de Policía Cauca, Coronel Rojas García, manifestó no tener conocimiento de lo ocurrido. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la Policía en el departamento, Capitán Trujillo, sostuvo que los agentes del Esmad en dos ocasiones solicitaron la identificación del periodistas y que, en una de ellas, no tenía ningún documento, por lo que el periodista fue trasladado a la estación de policía para identificación por huella digital. Sobre la agresión y el daño a los equipos, el Capitán asegura no haber recibido ningún reporte.

Sin embargo, Becerra asegura que cuando ocurrió la agresión y el daño de la cámara, él portaba su documento de identificación y un chaleco rojo de prensa. Además, al ser traslado a la estación de policía él informó a los dos agentes que lo recibieron el maltrato del que había sido víctima y la afectación de su equipo.

El periodista Andrés Martínez, de Colombia Informa, también fue víctima de agresiones. Martínez contó que fue impactado por uno de los gases lacrimógenos que lanzó el Esmad al campamento, lo que le ocasionó una leve lesión muscular en una de sus piernas. Además, la carpa en la que estaba instalado, para realizar el cubrimiento de la Minga, fue incendiada en medio del operativo. El periodista portaba chaleco y credencial de prensa.

La FLIP rechaza las agresiones de las que fueron víctimas estos dos periodistas. Resulta altamente preocupante que las autoridades encargadas de generar un ambiente seguro para el trabajo de los periodistas, por el contrario, generan un ambiente hostil para la prensa.

La Fundación solicitará que se inicie una investigación disciplinaria sobre los hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La FLIP además hace una llamado a la institución para que garantice el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales, para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural sobre este tipo de asuntos de alto interés público.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la decisión de Alfonso Lineros, alcalde del municipio El Socorro (Santander), de impedir el funcionamiento de la emisora La Cúpula en la Casa Campesina, donde ha funcionado durante los últimos veinte años. Según los reporteros, la restricción se viene presentando desde hace seis meses y, por este motivo, la radio comunitaria está en peligro de perder la licencia.

El inmueble en el que se encontraba operando la emisora figura a nombre de la Alcaldía de Socorro. Sin embargo, en la escritura pública de adquisición del bien se pactó en el punto séptimo la condición de que el bien se destinaría “para una obra social que es LA CASA CAMPESINA DE LA PROVINCIA CAMPESINA y que por tratarse de interés social y público queda exenta del pago de retención en la fuente”.

La FLIP tuvo conocimiento de que el medio de comunicación se encuentra fuera del aire desde el 3 de septiembre de 2018. Según los miembros de la organización, desde esa fecha, el alcalde de El Socorro restringió el acceso de los trabajadores a las instalaciones de la emisora y cambió las guardas. El mandatario argumenta que tiene la potestad de tomar esta determinación, pero los trabajadores del medio consideran que se trata de una retaliación por las críticas que se han emitido al aire sobre las gestiones de la administración.

En cuanto a las acciones que ha emprendido, el alcalde ha manifestado que la decisión hace parte de un requerimiento de la Contraloría Departamental de tomar control del inmueble. Además, en diálogo con Noticias Uno, aseguró que la decisión estuvo motivada por las actividades que desarrolla la emisora para su funcionamiento, señalando que: “era una emisora que tenía más fines comerciales que, lógicamente, comunitarios”.

Sergio Rojas, jefe de prensa de la alcaldía, añadió que la administración podía tomar esta determinación, teniendo en cuenta que la Asociación Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Socorro no tenía ningún compromiso contractual para el funcionamiento de la emisora. Sin embargo, Hilario Bayona, representante legal de “La Cúpula” asegura que en 1999, cuando la casa fue adquirida por la alcaldía y cedida en comodato, la asociación quedaba exonerada de cualquier pago y, en contraprestación, la emisora debía difundir la pauta de la administración.

La decisión de la administración ha causado molestia en los comunicadores de la emisora, debido a que, según ellos, las razones del mandatario para ordenar el cierre no son administrativas, sino editoriales. En entrevista con Noticias Uno, Fernando Otero, periodista de la emisora, aseguró: “Él decidió callarnos seguramente por unas críticas que yo le hice dentro del noticiero”.

La FLIP rechaza la determinación del alcalde Alfonso Lineros, debido a que la restricción para el ingreso de los comunicadores a la emisora afecta su ejercicio informativo y el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural sobre hechos de interés público. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la administración de El Socorro para que disponga de un espacio de concertación en el que se atienda el llamado de los comunicadores y los habitantes del municipio con el fin de que adelanten las gestiones necesarias para que se reanuden las actividades de La Cúpula.

La FLIP también hace un llamado a la Procuraduría para que revise las acciones desarrolladas por el alcalde y evalúe si se cometió alguna falta disciplinaria.

Finalmente, la FLIP hace una llamado al Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones que tenga en cuenta las circunstancias en las que se presentó la suspensión del funcionamiento de la emisora con el fin de que se abstenga de interrumpir la licencia.

El pasado miércoles 13 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2019 de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP. En la reunión fue elegido el nuevo Consejo Directivo para los próximos dos años. Como presidente del Consejo fue ratificado Fernando Ramírez y como vicepresidenta fue elegida Catalina Botero. La asamblea también respaldó a Pedro Vaca Villarreal para que continúe como Director Ejecutivo de la organización.

Este es el Consejo Directivo FLIP 2019:

Fernando Ramírez - presidente: editor de noticias, periódico La Patria de Manizales.

Catalina Botero Marino - vicepresidenta: decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Carlos Huertas: director de Connectas.

Camilo Jiménez Santofimio: director general de la revista Arcadia.

Betty Martínez: directora de noticias del Diario del Norte de La Guajira y corresponsal de la FLIP en ese departamento.

Sonia Godoy: periodista independiente de Popayán y corresponsal de la FLIP en el Cauca.

Rodrigo Pardo: director Editorial de revista Semana

Vivian Newman: directora del Centro de Estudios DeJusticia.

Diana Durán Núñez: Editora judicial de El Espectador

Darío Fernando Patiño: Director Señal de la mañana, Radio Nacional

Alejandra Cruz: Directora del taller del Nuevo Periodismo de la FNPI

Juan Esteban Lewin: Director (e) de La Silla Vacía.

Ricardo Corredor: Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Cartagena

César Molinares: Periodista investigador

La FLIP agradece a los miembros salientes del Consejo Directivo 2017-2019 por su dedicada labor en favor de la libertad de expresión, también resalta el compromiso de todos los miembros de Asamblea que, año tras año, han hecho posible que la organización siga trabajando en favor de una democracia que garantice la prensa libre en Colombia.

Como producto del consenso, la Asamblea felicitó al equipo de trabajo de la Fundación por los resultados alcanzados. El pasado 11 de marzo la FLIP cumplió 23 años promoviendo acciones con el objetivo de crear un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Los abajo firmantes, rechazamos categóricamente la detención arbitraria de la que fue víctima el periodista venezolano Luis Carlos Díaz Vásquez, el lunes 11 de marzo de 2019 en la ciudad de Caracas.

Organizaciones en defensa de la Libertad de Expresión y el periodismo a nivel mundial, condenamos la intimidación y la censura de Nicolás Maduro a periodistas de Univison.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la retención de la que fueron víctimas los periodistas Diego Veloza (Caracol Televisión), Luis Enrique Cárdenas (Noticias Uno), el camarógrafo Neiser Velázquez y el defensor de derechos humanos Jorge Solano, el pasado 16 de febrero por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas estaban realizando trabajo de reportería en el corregimiento de San Pablo, en la región de Catatumbo, Norte de Santander.

Los periodistas se trasladaron en la mañana del sábado al corregimiento de San Pablo para cubrir los daños ocasionados al río Catatumbo por el derrame de crudo que produjo el atentado del pasado martes contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. A la salida del corregimiento, un grupo de cuatro hombres armados que se identificaron como miembros del ELN retuvo el vehículo en el que se trasladaban los hombres, los hicieron bajar y les quitaron los equipos periodísticos, los teléfonos celulares, los chalecos de prensa y la camioneta en la que se transportaban.

Los periodistas manifestaron que la retención duró, aproximadamente, veinte minutos y que los dejaron ir una vez escucharon sobrevolar un helicóptero del ejército muy cerca de donde ellos estaban. Finalmente, los periodistas fueron auxiliados por habitantes de la zona y llevados a la base militar de La Esmeralda, en el municipio de Convención.

Tanto la retención de los periodistas como el hurto de sus sus equipos son delitos castigados por la ley penal colombiana, además de una grave violación a la libertad de prensa. Con sus acciones el ELN no sólo impidió que los reporteros informaran sobre un asunto de interés público sino que envía también un mensaje a otros periodistas para que no trabajen informando sobre los asuntos relevantes en la zona.

De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

El Catatumbo es una de las zonas más difíciles para el cubrimiento periodístico y el Estado colombiano tiene el deber de investigar este tipo de agresiones, de proteger a los periodistas y de prevenir las violaciones a la libertad de prensa. La FLIP hace un llamado a los actores armados para que cesen las intimidaciones, retenciones y demás agresiones. También hace un llamado a la Fiscalía para que investigue estos hechos.

El 29 de enero de 2019, el Juzgado Cuarto del Circuito de Cartagena confirmó la sanción por desacato de cinco días de arresto y multa de cinco salarios mínimos en contra de Lucio Torres, periodista de Vox Populi. El juzgado confirmó la decisión de desacato del Juez Décimo Penal de Control de Garantías de Cartagena en el proceso de tutela iniciado por el pastor Miguel Arrázola en contra del periodista.

Lucio Torres publicó tres notas entre 2016 y 2017 en las que cuestionó las finanzas del pastor Arrázola y denunció las posteriores intimidaciones del mismo. En aquella ocasión, durante la prédica “Noches de milagro”, el líder evangélico afirmó: “Dale gracias a Dios que soy nacido nuevo. Tengo el Espíritu Santo y Jesucristo en mi corazón, porque hace rato estuvieras en la Ciénaga de la Virgen, metido ahí”, haciendo referencia a un lugar de Cartagena donde frecuentemente se encuentran cuerpos sin vida. Arrázola también sostuvo “yo tengo unos manes tabluos aquí, yo te puedo hacer la vuelta” haciendo referencia a una publicación de Torres en la que hablaba del salario del pastor. A pesar de que el periodista realizó una denuncia formal en la Fiscalía en contra de Arrázola, la investigación no prosperó.

A raíz de las publicaciones del periodista, Arrázola interpuso una acción de tutela alegando la violación de su derecho al buen nombre y a la libertad de culto. La tutela fue fallada a favor del pastor y se ordenó al periodista a rectificar y pedir disculpas. Sin embargo, el periodista se negó a rectificar e impugnó la sentencia, dado que confía en la veracidad de sus publicaciones. Arrázola presentó un incidente de desacato, el cual fue decidido y confirmado antes de la sentencia de segunda instancia, ordenándose la detención del periodista.

A la FLIP le preocupa especialmente que se tomen medidas drásticas como el arresto en contra de periodistas. Esta situación genera un ambiente adverso para la libertad de prensa, pues inhibe a los periodistas de hacer denuncias públicas y crea antecedentes funestos para el derecho a la información y para la democracia.

El periodista Lucio Torres ha enfrentado distintas formas de censura. En 2018 tuvo que cambiar de residencia tras ser víctima del ataque de dos hombres armados y de múltiples amenazas de muerte. Además, solo en 2018, enfrentó ocho procesos judiciales en su contra. La difícil situación del periodista lo llevó a enviar una carta al Defensor del Pueblo, Carlos Negret, en la que anunció que los cinco días que pasará privado de la libertad serán el punto final a su carrera de 38 años como periodista.

Esta situación de continuas presiones externas, sumada a la orden de un juez de sancionarlo con cinco días en prisión, llevaron a Lucio Torres a tomar la decisión de dejar de ejercer su derecho a la libertad de expresión. En esta ocasión el acoso judicial y la violencia silenciaron a un periodista colombiano.

La FLIP hace un llamado a las autoridades judiciales del país para que respeten los estándares interamericanos de libertad de expresión y a las figuras públicas para que asuman con responsabilidad sus deber de especial tolerancia respecto a la crítica y la veeduría de medios y ciudadanía.