En lo corrido del 2020 el Ejército Nacional ha sido reiterativo en los ataques y agresiones contra la prensa: ayer fue asesinado Aberlardo Liz, comunicador indígena del Cauca, por impactos de balas que fueron disparadas desde donde se encontraban soldados del Ejército Nacional. Días atrás, en otra zona del país, un reportero perdió tres dedos tras una agresión física. Las detenciones ilegales y las acciones de espionaje y vigilancia han sido ampliamente denunciadas, y además, continúan las amenazas contra periodistas. 

A pesar de las constantes denuncias, a la fecha, la FLIP no tiene conocimiento de sanciones disciplinarias o condenas por ninguno de estos hechos. 

El periodismo está de luto

Ayer, 13 de agosto, la FLIP denunció el asesinato de Abelardo Liz, comunicador del la emisora Nación Nasa, quien falleció mientras era trasladado hacia Cali para recibir atención médica. El reportero recibió varios impactos con arma de fuego mientras cubría el proceso de ‘liberación de la madre tierra’ que adelantan los pueblos indígenas en la vereda El Barranco del municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Reporteros que hacen parte del Tejido de Comunicaciones para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quienes también se encontraban cubriendo la manifestación pública, aseguran que los disparos provenían del sector en el que se encontraban los miembros del Ejército Nacional.

Este asesinato es la violación a la libertad de prensa más grave que la FLIP ha registrado en el 2020. Sin embargo, la Fundación ha documentado otros casos preocupantes durante este en los que también estarían vinculados miembros del Ejército Nacional. 

Agresiones físicas en Guaviare

En circunstancias similares en las que fue asesinado Liz, comunicadores del colectivo Voces del Guayabero, que desarrollan su labor en el sur del Meta y Norte del Guaviare, han recibido diferentes ataques durante el desarrollo de su labor informativa que han puesto en riesgo su vida y su integridad. El primero de ellos ocurrió el pasado 4 de junio cuando Fernando Osorio perdió tres dedos de su mano derecha luego de recibir disparos por parte del Ejército Nacional. 

Además de este ataque desproporcionado, Osorio y tres de sus compañeros de Voces del Guayabero han denunciado amenazas contra su vida y detenciones irregulares por parte de los uniformados, quienes constantemente señalan a los comunicadores de ser guerrilleros. Las violaciones a la libertad de prensa contra los reporteros de este medio se han presentado durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en la vereda de Vista Hermosa, Meta, donde, según los periodistas, cerca de 80 comunidades campesinas se encuentran en riesgo por las acciones militares de la Fuerza Pública. 

Vigilancia y perfilamiento

Sin embargo, las agresiones contra la prensa en las que estarían involucrados miembros del Ejército Nacional no se limitan a los ataques directos durante el cubrimiento de operativos militares. El pasado primero de mayo la Revista Semana publicó su investigación titulada Carpetas secretas en la que se denuncian las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. El 11 de junio, luego de un informe de la Procuraduría General de la Nación, la FLIP confirmó que la cifra de periodistas vigilados por parte del Ejército Nacional ascendía a 52. 

Sin responsables

A pesar de las solicitudes de investigación que ha hecho la FLIP, hasta la fecha el Ejército Nacional no ha esclarecido los hechos denunciados ni ha informado sobre las sanciones o condenas contra los funcionarios responsables de estas graves violaciones a la libertad de prensa. Por el contrario, a través de sus comunicados de prensa, como el que se publicó ayer, 13 de agosto, la institución continúa negando que la sociedad civil esté siendo afectada por sus acciones, y señala de insurgentes o guerrilleros a periodistas y miembros de las comunidades para justificar sus acciones desproporcionadas. 

Estas situaciones son especialmente graves si se tiene en cuenta que el Estado colombiano no ha cumplido con su responsabilidad de sanción y prevención ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 después de los ataques contra el periodista Gonzalo “Richard” Vélez. 

El 5 de octubre de ese año, el organismo internacional condenó al Estado por las agresiones y posteriores amenazas por parte de miembros del Ejército hacia el reportero en 1996, y que lo forzaron al exilio. Vélez estaba registrando las violaciones a los derechos humanos durante las marchas cocaleras en el departamento de Caquetá. En el fallo, el órgano internacional determinó que como garantía de no repetición el Estado colombiano debía “incorporar, en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a la Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales”.  

La sistematicidad con la que el Ejército ha actuado en detrimento de la prensa, es un grave indicio de que no se trata de actuaciones aisladas por parte de uniformados individuales, sino que existe una instrucción en el interior de las fuerzas militares para limitar el ejercicio periodístico. Por esta razón, la FLIP reitera la necesidad de que el Ejército Nacional investigue con celeridad los hechos denunciados para esclarecer la responsabilidad de los militares. 

La Fundación solicita, además, que,  al atender el fallo de la Corte Interamericana, se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es una garantía de transparencia alrededor de los operativos militares.

La FLIP extiende su llamado a la Procuraduría General de la Nación para que haga seguimiento a las investigaciones que se desarrollan al interior del Ejército Nacional. También le solicita a la Defensoría del Pueblo que investigue las denuncias de los periodistas con el fin de adelantar las acciones pertinentes para garantizar el respeto por la libertad de prensa.  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena y lamenta el asesinato de Abelardo Liz, reportero de la emisora indígena Nación Nasa en el municipio de Corinto, quien se encontraba cubriendo una manifestación de los pueblos indígenas en el norte del Cauca. La FLIP le solicita a las autoridades que investiguen a los responsables de estos hechos con el fin de emitir las sanciones correspondientes.

Hoy se cumplen 21 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En la FLIP lo recordamos siempre, pero hoy especialmente queremos volver sobre los hitos relevantes de este caso, los momentos más importantes en la búsqueda de justicia.

En una decisión histórica y después de ocho años de lucha ante estrados judiciales de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y de su familia, en búsqueda de justicia por el secuestro, las amenazas y la tortura psicológica de la que fueron víctimas desde agosto de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa. Para el momento de los hechos, la periodista se encontraba realizando una investigación con el fin de esclarecer el homicidio de Jaime Garzón.

Bogotá D.C., agosto 11 de 2020

Señores
Magistrados 
Corte Suprema de Justicia
Sala Especial de Instrucción

Asunto: consideraciones de la FLIP sobre la exposición de periodistas y sus fuentes en el marco del proceso surtido en la CSJ contra Álvaro Uribe.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados. Bajo ese mandato, la Fundación hace seguimiento a los casos de periodistas que se encuentran en riesgo por el desarrollo de su oficio.

El pasado fin de semana se conoció que el Auto de la Corte Suprema de Justicia que define situación jurídica e impone medida de aseguramiento contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez cita conversaciones entre, al menos, cinco periodistas y sus fuentes. Al respecto la Fundación para la Libertad de Prensa quisiera compartir que:

1. Estamos documentando cada uno de los casos e identificando la referencia a periodistas y sus fuentes en la providencia para evaluar en detalle las implicaciones que tenga para la libertad de prensa y la inviolabilidad de la reserva de las fuentes. 
   
   
2. De la parte resolutiva de la providencia judicial no se desprende asignación de responsabilidad o reproche legal a los periodistas mencionados y por lo tanto entendemos que la Corte considera, al igual que nosotros, que la actividad desplegada por los periodistas mencionados se presume legítima y está protegida por los artículos 20 y 74 de la Constitución.
    
3. Consideramos que cuando un organismo judicial, en sus investigaciones y a través de medios legales, tiene conocimiento de una conversación entre un periodista y sus fuentes: le asiste el deber simultáneo de proteger la libertad de prensa y perseguir el delito.
   
   
4. La falta de claridad en la información conocida hasta ahora por la Corte ha hecho que terceros sugieran, sin fundamento, elementos de complicidad de los periodistas con las conductas investigadas. Por eso, invitamos a la Corte Suprema de Justicia a evaluar si a partir del debate público derivado de su providencia se requiere de una aclaración sobre las menciones a periodistas en su decisión. La ciudadanía tiene derecho a la información veraz e imparcial sobre estos hechos y resulta especialmente valioso que la Corte manifieste que accedió legalmente a esas conversaciones y que considera que la labor de los periodistas mencionados está protegida por la Constitución.
   
   
5. Partiendo del deber de ponderación entre la investigación de delitos y la garantía de la libertad de prensa, es pertinente preguntar a la Corte ¿por qué considera necesario y proporcional identificar a periodistas y hacer transcripciones de las conversaciones que sostuvieron con sus fuentes en el cuerpo de la decisión? y ¿qué previsiones tomó la Corte para no violar la reserva de la fuente citando conversaciones en providencias que se volverán públicas?
   
   
6. La Corte Constitucional ha reconocido que un elemento fundamental de la libertad de prensa es la libertad de fuentes. En el sistema constitucional colombiano NO hay fuentes prohibidas. Hacemos un llamado a la sociedad a valorar la importancia de que los periodistas cuenten con esta garantía sin la cual estaría en riesgo su derecho a la información.

Dentro del análisis al que hemos sido invitados por varios periodistas, nos gustaría conocer las respuestas que puede ofrecer la Corte sobre estos puntos y todos aquellos que considere relevantes para una discusión abierta sobre los impactos de este caso en el derecho a la información. 

Se trata de uno de los casos judiciales de mayor trascendencia en la historia del país, del cual el Estado de Derecho debe salir fortalecido, y que, tanto en su investigación como en su publicidad, menciona la labor de varios periodistas. La prensa ha contribuido a la vigencia del Estado de Derecho, y las garantías a la libertad de prensa no pueden quedar erosionadas cuando el Estado de Derecho actúa. 

Cordialmente,

Pedro Vaca Villarreal
Director Ejecutivo
Fundación para la Libertad de Prensa

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.

El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad de los reporteros.

Hoy en nuestra cápsula de memoria recordamos al periodista John Félix Tirado, asesinado hace 28 años en Pereira, Risaralda.

El caso del asesinato de John Félix Tirado prescribió en 2012. Aunque la justicia no se ha pronunciado, no queremos que su nombre y su trabajo sean olvidados. Gracias por recordar con nosotros.

En la FLIP no olvidamos.