La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los casos de censura y acoso judicial de los que ha sido víctima el periodista Juan Pablo Barrientos debido a la publicación de su investigación sobre casos de pederastia en la iglesia Católica en Colombia, Dejad que los niños vengan a mí. En una reciente decisión judicial, se ordenó suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta su preocupación por los casos de obstrucción al cubrimiento periodístico que ha registrado durante las elecciones locales que se han llevado a cabo desde las 8:00 am de hoy. Con corte a la 1:00 pm, la FLIP ha tenido conocimiento de nueve casos en los que se le ha impedido a la prensa el acceso a los puestos de votación.

En varias regiones, miembros de la Policía Nacional y funcionarios de la Registraduría han impedido el desarrollo del trabajo periodístico. Si bien en algunos casos las obstrucciones se superaron, en otros, como en el puesto de votación de Atalaya en Cúcuta, ante la intransigencia de las autoridades, los reporteros se vieron obligados a retirarse. En este caso, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los reporteros Orlando Carvajal y Juan Pablo Cohen con acciones que incluyeron retención de la cédula de ciudadanía por un lapso amplio, impedimento para hacer registros audiovisuales e, incluso, una amenaza de comparendo a Cohen por supuesto irrespeto a la autoridad.  

La FLIP se puso en contacto con el Coronel Palomino de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien sostuvo que no se permitirán grabaciones que violen la intimidad de los votantes. En efecto, los periodistas no pueden hacer registros de los tarjetones, sin embargo, es importante recordar que son libres de entrar a los puestos de votación y cubrir lo que ocurre en los lugares de sufragio. En este caso, el registro fotográfico que realizaban los reporteros correspondía a los rostros de los electores y no a sus decisiones. La decisión del Coronel puede acarrear sanciones ya que se estaría incurriendo en censura. 

En el puesto de votación Claustro de la Encarnación en Popayán una teniente de la Policía Nacional le solicitó al periodista Cristian Cuellar de Unicauca Estéreo una acreditación de prensa expedida por la Registraduría Nacional para dejarlo ingresar a cubrir en el puesto de votación, aun cuando Castellanos iba identificando con los logos del medio de comunicación. En Colombia ninguna norma exige que los periodistas tengan este tipo de credenciales para ejercer su trabajo. Tal exigencia sería una restricción ilegítima a la libertad de prensa.

En Bucaramanga, la periodista Ana León de La Silla Vacía fue víctima de una obstrucción al trabajo periodístico mientras grababa una posible irregularidad electoral ocurrida cerca 200 metros del puesto de votación del Colegio Miraflores en el barrio Morrorrico ubicado en la comuna 14 de Bucaramanga. La periodista fue abordada por varias personas que se encontraban en el lugar y quienes le dijeron que no podía grabar por ser una propiedad privada y llamaron a la Policía. León asegura que los uniformados le dijeron que tenía que borrar los vídeos y amenazaron con capturarla si no lo hacía. Ante la negativa de la periodista para borrar el material, el policía decidió hacer una anotación sobre lo sucedido.  

En otro caso, en San José del Guaviare, funcionarios de la Registraduría impidieron que periodistas de Caracol Radio entrevistaran a votantes y jurados de votación. La FLIP se comunicó con uno de los delegados de la Registraduría en Guaviare, quien dijo que los periodistas sólo estaban autorizados por la entidad para realizar tomas generales y no entrevistas. La FLIP también se comunicó con la Jefe de Prensa de la Registraduría Nacional, quien dijo que los periodistas pueden realizar entrevistas, pero sólo a los votantes. Ambas posiciones son erróneas, ya que la ley no establece ninguna restricción en este sentido.

Es necesario recordar que la jornada electoral que se desarrolla el día de hoy es de absoluto interés público y los periodistas tienen derecho a estar en los puestos de votación; a utilizar sus equipos de registro como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de video siempre y cuando no interfieran con la labor de los testigos electorales y no afecten el derecho de los ciudadanos a ejercer el voto secreto. La obstrucción al cubrimiento periodístico es un hecho grave que se considera como censura previa que puede constituir delitos y faltas disciplinarias. 

Las constantes obstrucciones por parte de funcionarios y fuerza pública son resultado del desorden institucional que han promovido las entidades del Gobierno y el Estado. El Decreto 1924 de 2019, expedido por el MinInterior, limita injustificadamente el ejercicio periodístico y promueve la censura a la prensa. Sumado a lo anterior, existe un desconocimiento generalizado acerca de las garantías internacionales y constitucionales en el ejercicio periodístico. Los servidores públicos deben recibir capacitaciones para no obstaculizar la libertad de prensa y evitar que la ciudadanía no acceda a información relevante. 

La FLIP reitera los llamados que ha hecho a la Policía Nacional y a la Registraduría para que garanticen el libre desarrollo del cubrimiento periodístico de las elecciones locales. De la misma manera, la FLIP solicita a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que acompañen e investiguen este tipo de hechos para garantizar el derecho a la información de toda la ciudadanía. 

La Fundación para la Libertad de Prensa hace públicos sus reparos respecto del Decreto 1924 de 2019, expedido por Ministerio del Interior y mediante el cual se disponen reglas especiales “para el normal desarrollo de las elecciones” regionales y locales. Para la FLIP el decreto limita injustificadamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, prensa e información en las elecciones que se realizarán el próximo 27 de octubre.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las agresiones que se han presentado en lo corrido de 2019 contra los periodistas y medios de comunicación que están informando sobre las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Estas violaciones evidencian que los periodistas, en especial los de ciertas regiones del país, se encuentran en un alto nivel de riesgo cuando hacen cubrimiento electoral.

La FLIP rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas de Ipiales, Nariño, el pasado 30 de septiembre. Así mismo, la FLIP expresa su preocupación por los señalamientos que han realizado funcionarios públicos de Ipiales contra los medios de comunicación de ese municipio responsabilizando a la prensa del fallecimiento, el 11 de octubre, del gerente de la empresa de obras sanitarias, Empoobando.  

La FLIP tuvo conocimiento de que el 30 de septiembre de 2019 hasta las instalaciones de Caracol Radio Ipiales llegó un CD con un video en el que un hombre encapuchado amenaza a Miguel Rojas, periodista de esa emisora, y a su hijo Ruben Dario Rojas, quien trabaja en el sistema radial de Tropicana. La amenaza está relacionada con una serie de debates electorales que han organizado los periodistas en alianza con otros medios del municipio. 

En otros hechos, el 11 de octubre, varios funcionarios públicos de Ipiales salieron a marchar contra los medios de comunicación. Según contó a la FLIP uno de los periodistas señalados, quienes protestaron frente a la sede de Caracol les gritaban “asesinos” y los acusaban de propagar el odio contra los funcionarios públicos. Además, algunos funcionarios publicaron a través de sus redes sociales mensajes en los que señalaban que la presión de los medios de comunicación sobre Fernando Rosero, gerente de Empoobando, había causado su muerte. El fallecimiento de Rosero se dio en medio de una grave crisis de desabastecimiento de agua en el municipio que duró un mes, que estaba siendo superada desde hace una semana y que recibió amplio cubrimiento de los medios de comunicación.

La crisis por el desabastecimiento de agua es un tema de alto interés para la comunidad que merece atención de la prensa. Si bien la manifestación pública es un derecho constitucional, a la FLIP le preocupan las estigmatizaciones que un sector de la administración pública de Ipiales hizo contra los periodistas y medios de comunicación al responsabilizarlos de la muerte del señor Rosero. Este tipo de señalamientos, en el contexto como el que vive actualmente el departamento, pueden poner en alto riesgo a los periodistas del municipio.

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido enfática en declarar que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa, aún cuando la información divulgada resulte contraria a sus interes: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Varios periodistas consultados por la FLIP manifiestan que incluso el alcalde, en el pasado, ha hecho señalamientos contra la prensa vinculando a los periodistas con intereses políticos. 

En relación con estos hechos, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo para los periodistas Miguel Rojas y Ruben Dario Rojas, así como para que evalúe las situación de seguridad de los periodistas en Ipiales en el marco del cubrimiento de las elecciones del 27 de octubre. Adicionalmente, le solicita a la Fiscalía general de la Nación para que investigue la amenaza contra Miguel y Rubén Darío Rojas  y sancione a los responsables.

La fundación se comunicó con la Alcaldía Municipal de Ipiales y con la Gobernación de Nariño para obtener sus declaraciones sobre estas situaciones, sin embargo, las dos entidades manifestaron que aún no se pronunciarán al respecto. La FLIP le hace un llamado a alcalde de Ipiales y a todos los funcionarios de esta administración para que se abstengan de estigmatizar a la prensa y sean garantes de la labor periodística.

La FLIP rechaza el acoso y las amenazas de las que ha sido víctima la periodista de la W Radio, Luz Helena Fonseca, luego de que congresistas del Centro Democrático, incluido el senador Álvaro Uribe, descalificaran a la periodista por un supuesto activismo en contra del líder político de ese partido.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones físicas y los daños al material periodístico de los que fue víctima María Montiel, reportera de Colombia Informa, por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional. Los ataques contra la comunicadora se presentaron durante el cubrimiento de las manifestaciones en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

El pasado 8 de octubre estudiantes y otros sectores sociales se reunieron en la UIS para movilizarse en contra de las acciones violentas del Esmad durante las manifestaciones y para exigir una educación pública de calidad. Según Montiel, en medio de las protestas, miembros de la Policía Nacional agredieron físicamente a los manifestantes y al equipo periodístico de Colombia Informa que estaba haciendo el cubrimiento. La reportera fue golpeada por los Policías y presenta graves lesiones en sus manos, producto de las agresiones que recibió mientras protegía su cámara fotográfica, la cual también quedó en mal estado.

Es importante tener en cuenta que, durante el cubrimiento, Montiel se identificó como periodista de Colombia Informa y portaba chaleco, credencial de prensa y equipos periodísticos. Es decir que, los uniformados tenían elementos suficientes para corroborar que se trataba d

e una reportera que hacía parte de un medio de comunicación y que estaba haciendo cubrimiento periodístico.

La FLIP rechaza las agresiones contra la reportera y le exige a la Policía Nacional que tome los correctivos necesarios para identificar a los uniformados responsables de estos hechos y se inicien los procesos disciplinarios para emitir las sanciones correspondientes. La impunidad en este tipo de casos se convierte en un mensaje desafortunado que puede ser interpretado por los demás miembros de Policía como un acto de tolerancia de la institución frente a las agresiones contra la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones.

Adicionalmente, la FLIP le recuerda a la Policía Nacional su deber de garantizar la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

El 6 de octubre de 2019 murió el periodista Javier Darío Restrepo, la FLIP lamenta su partida y manifiesta sus condolencias a sus familiares y seres queridos. Restrepo fue un referente del periodismo colombiano. Su amplia trayectoria en televisión, radio y prensa fue la base de su reconocimiento como uno de los maestros de varias generaciones de reporteros.

En 1996 hizo parte del grupo de fundadores de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, más tarde sería director ejecutivo de esta organización y en múltiples ocasiones conformó el consejo directivo. En muchas ocasiones su criterio fue esencial para marcar el rumbo de la FLIP y su trabajo contribuyó a vigorizar la defensa de la libertad de prensa en el país.

Restrepo dirigió desde el año 2000 el Consultorio de ética periodística de la Fundación Gabo, lo cual lo convirtió en un referente de buenas prácticas periodísticas siendo el encargado de moderar y resolver discusiones al respecto de los dilemas que trae la tarea de informar a la sociedad.

Escribió 22 libros y recibió múltiples reconocimientos como el premio nacional del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de prensa en 1993; el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1985 y 1986; el Premio latinoamericano a la ética periodística otorgado por el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP), auspiciado por la Universidad Internacional de la Florida, en 1997; y también el reconocimiento a la Excelencia Periodística del Premio Gabo en 2014, entre otros.

Javier Darío Restrepo trabajó durante casi 6 décadas, ya fuera desde los medios o las organizaciones de la sociedad civil, por garantizar el derecho de los ciudadanos a estar bien informados.

*Con información de la Fundación Gabo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresan su preocupación por la seguridad del periodista Daniel Coronell. En días pasados se dio a conocer la conversación entre el abogado Diego Cadena y su hermano Álvaro Cadena en la que señalan que hay que “hacerle una fiesta” al periodista. El CPJ y la FLIP hacen un llamado a las autoridades a investigar con prontitud y precisión el alcance de esta amenaza al ejercicio periodístico de Coronell.

El domingo 29 de septiembre de 2019 el periodista Daniel Coronell publicó en la revista Semana su columna titulada ‘La fiesta sorpresa’, en la cual dio a conocer una grabación de una conversación entre Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, y su hermano Álvaro Cadena. En la interceptación que Coronell manifiesta es legalmente “ordenada y ejecutada por los organismos judiciales” y se encuentra “en manos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación”, se escucha cuando Álvaro Cadena le sugiere a su hermano “hacerle fiesta a ese hijueputa”, refiriéndose al columnista y a lo que el abogado responde que ya se comunicó con alguien al que llama “Vinagre”. 

Coronell manifiesta que a lo que se refiere Diego Cadena en la grabación es a la columna llamada “Cortinas y realidades” publicada en julio de 2018 en la revista Semana. Por lo que sería ese trabajo periodístico lo que llevó a Cadena y a su hermano a pensar en represalias contra el periodista. En el escrito el columnista denuncia que Cadena habría estado intentando persuadir a un testigo para que cambie su testimonio en un caso de Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, además publicó tres fotografías en las que salía Cadena con el senador Álvaro Uribe y que se encontraban en la cuenta de Instagram del abogado. 

De acuerdo a lo anterior, la FLIP y el CPJ dan a conocer que: 

• Estos hechos hacen parte de una serie de intimidaciones que el periodista Daniel Coronell ha recibido por el desarrollo de su labor periodística desde hace varios años que lo llevaron a exiliarse en el 2005.  Hasta la fecha la FLIP ha registrado diez ataques contra el columnista, varias de ellos relacionadas con temas que involucran al senador Álvaro Uribe Vélez.
• El caso del senador Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia es un tema de alta relevancia nacional para el país y por lo tanto el Gobierno Nacional debe garantizar la seguridad de todos los periodistas que publiquen información relacionada con este proceso. 
• Es deber del Estado colombiano tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del periodista durante su estadía en Colombia.