El 9 de mayo de 2019 el productor audiovisual y gestor cultural Mauricio Lezama fue asesinado en el corregimiento la Esmeralda del municipio de Arauquita, Arauca. Según investigaciones realizadas por FLIP, el homicidio estaría relacionado con las labores que desarrollaba Lezama como gestor cultural y realizador audiovisual. Sin embargo, corresponde a las autoridades judiciales adelantar las investigaciones del caso para determinar quiénes fueron los responsables del crimen y que se emitan sanciones ejemplares.

El día en que sucedieron los hechos, Lezama se encontraba en este corregimiento haciendo un casting para la grabación del cortometraje Mayo, en el que participaba como productor general. El objetivo de este proyecto audiovisual era contar la historia de Mayo Villarreal, una enfermera y militante de la Unión Patriótica (UP) en Arauca, quien sobrevivió a un atentado en el cual casi pierde la vida. 

Mayo fue una de las sobrevivientes de la arremetida violenta contra los miembros y simpatizantes de la UP en Colombia a finales de los años 80 y principios de los 90, que se acentuaban en regiones donde este partido político tenía fuerza y apoyo social, como ocurría en Arauca. Al igual que muchas personas, después del paso de la violencia, Mayo salió junto a su familia de la zona como estrategia de sobrevivencia, pero evitó perder los vínculos que la ataban a la región. Tonni Villarreal, hijo de Mayo, se interesó porque, al igual que él, la sociedad conociera esta historia a través de un relato ficcionado y se juntó con Lezama para sacar adelante este proyecto audiovisual.

Con una historia por contar, estos dos realizadores se dieron a la tarea de encontrar los recursos para la producción de la cinta. A través de la productora Indosana, de la que Mauricio Lezama era uno de los representantes legales, estos realizadores se presentaron para la convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico en el estímulo de Relatos Regionales. Su propuesta fue merecedora del apoyo que necesitaban para emprender el cortometraje, del cual Tonni Villarreal sería el director y Lezama el productor general.

Dentro de las múltiples tareas para desarrollar el cortometraje, en conjunto, habían decidido algunas locaciones y la realización de casting para seleccionar a los actores y actrices que participarían en el audiovisual que se empezaría a rodar en junio. Dentro de las locaciones estaba el corregimiento La Esmeralda, lugar donde ya había realizado trabajos Lezama, según contó a la FLIP uno de sus compañeros de trabajo, quien habló de talleres con niños y jóvenes en la zona. 

Semanas después de que el proyecto fuera aprobado, Andrea Martínez* se unió al equipo de trabajo. Según cuenta, Lezama le pidió que hiciera parte de esta iniciativa para ordenar todo lo relacionado con los trámites administrativos de gastos y soportes de facturación. Martínez* cuenta que “llegó a poner orden al proyecto”, debido a que Lezama se caracterizaba por ser un poco desordenado con las cuentas y con los requisitos de las entidades que financiaban sus proyectos. “Trabajar con Mauricio siempre fue una gran experiencia, era muy talentoso, pero a veces tocaba llamarle la atención para que se organizara”, agrega Martínez*.

Martínez* cuenta que uno de los requisitos del proyecto era seleccionar a los actores a través de un casting que tuviera una convocatoria abierta. Por esta razón, Lezama se dirigió el 8 de mayo a La Esmeralda, donde la participación de la gente fue menor a la que se esperaba, así que decidió quedarse un día más para continuar con el casting al día siguiente. En medio de la jornada, Lezama y Ricardo Llain, un joven fotógrafo de La Esmeralda, se sentaron en una de las pocas cafeterías del poblado a tomar una gaseosa. Mientras estaban de espaldas a la carretera, dos hombres en moto llegaron al lugar y les propinaron siete tiros. La persona que se encontraba con Lezama recibió uno de los impactos en un brazo y alcanzó a correr hasta un establecimiento para refugiarse. Los otros seis tiros los recibió Lezama, quien no tuvo oportunidad de reaccionar y de inmediato quedó tendido en el suelo.

Según los testigos del crimen, el homicidio ocurrió hacia las tres de la tarde. Sin embargo, el cuerpo del realizador audiovisual estuvo más de cuatro horas expuesto en la vía. Personas cercanas a Lezama aseguran que el levantamiento del cuerpo fue completamente irregular y que ellos a la distancia tuvieron que gestionar con el encargado de la funeraria más cercana el respectivo levantamiento. La FLIP tuvo conocimiento de que, a pesar de ser advertidos de manera casi inmediata sobre el homicidio, ningún miembro de la Policía Judicial o de la Fiscalía pudo llegar a la zona, debido a que no contaban con garantías de seguridad por parte del Ejército ni de la Policía. 

Contrario a las versiones de los familiares y amigos de Lezama, desde su cuenta de Twitter el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía se desplazaron al lugar una vez fueron alertados sobre el homicidio: “Rechazamos el asesinato de Mauricio Lezama, quien trabajaba como gestor cultural en Arauca, hecho ocurrido en la zona de La Esmeralda, Arauquita. Desde el momento del hecho se desplazaron equipos de @PoliciaArauca, @Ejercito_Div8 y @FiscaliaCol para adelantar actos urgentes”.

En el momento del levantamiento los casquillos de las balas no se encontraron en el sitio, tampoco el celular y la cámara fotográfica que llevaba Mauricio Lezama sujeta al cinto. No se sabe quiénes se llevaron la cámara y el celular o cómo desaparecieron los casquillos, solo que no estaban ahí cuando sobre las siete de la noche, ante la negativa de los cuerpos de seguridad del Estado de realizar un operativo, el delegado de la funeraria levantó el cuerpo y se lo llevó rumbo a Arauca.

Este tipo de irregularidades ocurren con relativa frecuencia en zonas de difícil orden público en el departamento, según menciona una funcionaria local de Arauca, quien advierte que estos inadecuados procedimientos permiten que se pierdan elementos probatorios vitales para el proceso judicial.

Mauricio Lezama: un artista con vocación social

Aunque no había nacido en Arauca, Lezama había asumido como propio el departamento. Trabajaba en procesos de formación de actuación, de pintura y de fotografía, con niños, jóvenes o población indígena, en varios de los municipios del departamento. Además de las actividades de formación y realización de proyectos como Imaginando Nuestra Imagen y audiovisuales como El corazón en la guerra o Los Ángeles —de la cual fue actor y realizada con la productora Indosana en 2017—, se debe agregar su labor como gestor cultural. Lezama era Consejero Departamental de Cine y había realizado, en el 2015, la primera versión del Festival de Cine de la Frontera, del cual fue fundador.

Una familiar de Lezama recuerda otros proyectos que se quedaron en carpetas y que va encontrando mientras revisa los papeles que dejó el productor. Ella menciona Camaritas, un proyecto para hacer recetas con niños y otro, aún sin nombre, para hacer un audiovisual de cambio climático con población indígena. También muestra su asombro frente a la diversidad de actividades que hacía Lezama desconocidas para ella y las que se encontraba en mora de realizar. Señala, frente a los efectos de su asesinato, “el daño irreparable que significa su ausencia para la cultura en el departamento”.

Me falta uno era otro de los proyectos audiovisuales que estaba realizado Lezama, esta vez en compañía de la emisora Meridiano 70, que lo había apoyado para hacer la convocatoria del casting. Se trataba de la historia de una profesora que, junto con sus alumnos, inician la búsqueda de uno de uno de los niños, después de advertir que él no había asistido a clase. De este proyecto quedó un video de prelanzamiento que estaba a la espera de ser enviado a una convocatoria. El gerente de la emisora, Carlos Alberto Jaimes, afirma que recientemente habían concertado una alianza para desarrollar otros productos audiovisuales y que la noticia del asesinato le produjo un profundo desaliento.

El impacto de la ausencia de Lezama es palpable en el recuento de estos y otros proyectos que se quedaron por hacer, así como en los niños y jóvenes que se quedaron sin la posibilidad de ser formados y capacitados por él en teatro, fotografía o pintura. La integralidad artística le permitía a Lezama trasegar entre expresiones artísticas y dotarlas de un sentido práctico para la comunidad. Una capacidad que le daba un valor especial al trabajo de Lezama.

Otro familiar de Lezama cuenta que el joven productor llegó a principios de los 90 a Arauca, en tiempos en los que todavía estaba en el colegio. Luego de dos años de vivir allí, Lezama se devolvió para Cali, ciudad donde nació, para terminar el bachillerato y posteriormente estudiar bellas artes. Después de cursar algunos semestres, Lezama abandonó la universidad y se devolvió a Arauca a vivir con sus familiares. Sin embargo, esta vez no volvió solo, pues ya tenía una pareja y una hija. Para los parientes del productor audiovisual fue una sorpresa verlo llegar acompañado, pero lo recibieron con su nueva familia.

Para esa época los familiares de Lezama tenían una cafetería en el primer piso de su casa con la que conseguían el sustento diario. Uno de los parientes del joven artista le insistía constantemente que trabajara con él en el negocio, pero Lezama se negaba. Él quería explorar esa vena artística heredada de su madre, la cual lo motivó a dedicarse a sus proyectos creativos. Sus familiares no tuvieron otra alternativa que apoyarlo y le regalaron la primera cámara para que trabajara en sus proyectos. Los familiares coinciden con el resto de compañeros del cineasta en describirlo como un soñador, un hombre muy activo que: “se metió en cosas de meditación, yoga y se volvió Hare Krishna para canalizar toda esa hiperactividad”, asegura uno de los familiares.

Y fue precisamente el cortometraje sobre Mayo el proyecto que por esos días le generaba mayor entusiasmo a Lezama. Andrea Martínez* cuenta que el proyecto audiovisual era la oportunidad del productor para levantarse de la difícil situación emocional por la que estaba atravesando, luego de la muerte de su madre, quien falleció en diciembre de 2018. Adicionalmente, Martínez* asegura que Mauricio Lezama estaba enfrentando dificultades económicas y que, al ser un hombre tan solitario, no contaba con muchas personas. Raúl Rodríguez*, compañero de trabajo de Lezama, coincide con Martínez* en la importancia que le estaba dando el cineasta al cortometraje y asegura: “Mayo era el proyecto que le estaba quitando todo el tiempo. Era lo que lo tenía soñando”.

Las hipótesis del asesinato

Al momento de indagar sobre las hipótesis del asesinato de Lezama, sus familiares y amigos no se atreven a afirmar con certeza cuál pudo ser la motivación. Sin embargo, entre las versiones de las autoridades y lo que han podido indagar los allegados del cineasta, existen por lo menos tres hipótesis sobre el asesinato.

La primera de ellas es que Lezama fue asesinado porque se trasladó a La Esmeralda para hacer los trabajos de campo sin el acompañamiento de personas reconocidas en la región. A pesar de que esta es una situación que se puede presentar con frecuencia en el departamento de Arauca, donde el conflicto armado ha hecho que los actores en disputa desconfíen de la presencia de personas extrañas, los familiares y amigos de Lezama aseguran que él ya había estado en la región haciendo otros trabajos y que un mes atrás había visitado las locaciones para el rodaje.

Andrea Martínez* sostiene que, luego de esa última visita, Lezama no le manifestó haber tenido ningún inconveniente durante el trabajo en la región. Personas cercanas al cineasta le confirmaron esta información a una familiar de Lezama e, incluso, le contaron que la misma Mayo Villarreal, quien conserva un liderazgo importante en la región, conocía sobre el proyecto y les manifestó su apoyo.  

Al respecto, Raúl Rodríguez* afirma que Mauricio no sólo había visitado el municipio de Arauquita para hacer estas tomas, sino que lo había recorrido en varias ocasiones para hacer talleres con menores. Agrega que él hizo parte de esas jornadas de formación con Lezama y que en ocasiones se habían visto obligados a transitar durante altas horas de la noche sin que nada les ocurriera.

La segunda hipótesis apunta a que el asesinato de Lezama estuvo motivado por sus labores como gestor artístico y productor audiovisual. Sobre esta posibilidad, ninguno de los allegados del cineasta se atreve a asegurar que éste haya sido el motivo, pero no lo descartan del todo. La mayoría de ellos asegura que el liderazgo de Lezama era muy importante para la comunidad: “Mira, lo que él hacía con la cámara era empoderar a las personas, a los niños y a las mujeres para contar sus historias”, agrega una de sus parientes.

Al reflexionar sobre esta hipótesis, Andrea Martínez* manifestó que la producción audiovisual de Lezama no estaba enfocada en abordar los temas de conflicto. Por el contrario, su interés estaba en producir piezas audiovisuales que se enfocaran en contar las historias de personas inmersas en esos contextos: “En Mayo, por ejemplo, ni siquiera se menciona a grupos armados”, agregó.

Martínez* afirma que durante la planeación del proyecto ninguno de los miembros consideró que la temática del cortometraje pudiera representar un riesgo para ellos. Sin embargo, al ver que después del asesinato de Lezama muchos medios de comunicación se refirieron al cortometraje como un documental, Martínez* reconoce que pudo haber un error en la promoción y la convocatoria que se hizo para el casting. Por esa razón, ella no descarta que algún grupo armado de los que opera en el departamento haya asesinado a Lezama con el objetivo de impedir que se publicara el cortometraje.

La tercera hipótesis es que al productor audiovisual lo asesinaron las disidencias de las FARC, debido a que lo confundieron con un informante de la Fuerza Pública. Una funcionaria de la Defensoría del Pueblo en Arauca explicó que en 2013 las FARC y el ELN firmaron un manual de convivencia para mantener el control del departamento. A pesar de que las FARC se desmovilizaron, la funcionaria sostiene que recientemente el pacto se reactivó entre las disidencias de este grupo y las estructuras del ELN.

La funcionaria explicó que el pacto se firmó con el fin de disminuir los homicidios de civiles que se estaban ejecutando sin que las estructuras armadas corroboraran la razón del asesinato. Sin embargo, aclaró que en los casos en los que los grupos armados tienen información sobre un posible informante, no se contrasta la información, sino que la persona es asesinada sin advertencia previa. A pesar de que esta versión ha sido difundida, sobre todo, por funcionarios del departamento como el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, no hay información que permita determinar quiénes fueron los responsables y cuál fue su motivación.

Teniendo en cuenta las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Mauricio Lezama, la FLIP reconoce este homicidio como el número 159 en Colombia relacionado con el desarrollo de labores informativas. La fundación, además, le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos para dar con el paradero de los responsables y emitir las sanciones correspondientes.

La FLIP considera indispensable que la entidad asuma como hipótesis principal del asesinato la producción cinematográfica que estaba desarrollando Lezama en el momento en el que ocurrieron los hechos. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La Fundación le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las acciones y las omisiones por parte de las entidades que tenían la responsabilidad de hacer el levantamiento del cuerpo. Según el relato de las personas cercanas a Lezama, en la escena del crimen se perdió material probatorio indispensable para determinar quiénes fueron los responsables del asesinato. Es importante que estos procedimientos cuenten con criterios claros de monitoreo y verificación por parte de los organismos de control para garantizar el debido proceso.

La violencia que acecha a los periodistas de Arauca

El asesinato de Mauricio Lezama es un caso representativo de la difícil situación de zozobra que enfrentan los habitantes de Arauca en estos últimos meses, donde las acciones violentas han aumentado considerablemente. Según las cifras de homicidios en el departamento, entre enero y mayo de 2019, se han presentado 74 asesinatos contra miembros de la sociedad civil. A partir de información de la Defensoría del Pueblo, entre las víctimas hay 17 migrantes venezolanos, seis líderes sociales y dos menores de edad.

Un aumento de la violencia de este año, contrasta con las cifras de acciones violentas, incluyendo homicidios, que registraban una continua disminución entre 2015 (96 homicidios), 2016 (94 homicidios) y 2017 (88 homicidios) y un notable aumento para el 2018, cuando hubo un total de 156 homicidios en el departamento. Información del contexto de seguridad en la zona, muestra la configuración de un nuevo mapa de la violencia, con fortalecimiento del ELN y la consolidación de una disidencia de las FARC, así como el surgimiento de nuevos actores armados en la zona, que dan muestra de unas disputas por el territorio, en las que la población civil está llevando la peor parte. El 9 de mayo se difundió un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que se amenazaban a varios líderes sociales, incluyendo a un periodista de Saravena.

En medio de esta situación de violencia, los periodistas de Arauca han tenido que desarrollar su labor asumiendo los riesgos que implica informar sobre estos temas sensibles. En lo corrido de 2019, la FLIP ha registrado doce ataques contra la prensa en el departamento, la mitad de ellos son amenazas y las seis restantes son cuatro casos de hostigamiento, una obstrucción y el asesinato de Mauricio Lezama. Adicionalmente, según cifras de la FLIP, Arauca es uno de los siete departamentos que ha registrado más ataques contra la prensa entre 2016 y 2018 con 38 violaciones.

Frente a esta situación los periodistas del departamento manifiestan que sienten temor de informar sobre acciones violentas de los grupos armados como el reclutamiento forzado, el bloqueo de vías, las actividades del narcotráfico y los asesinatos selectivos en todo Arauca. Las amenazas contra la prensa provienen de todos los sectores de la confrontación armada y se hacen a través de llamadas como las que ha recibido Meridiano 70 por parte de las disidencias de las FARC, de panfletos firmados por grupos paramilitares como el que recibió el pasado mes de mayo Emiro Goyeneche, director de Sarare Stereo, o las comunicaciones por parte del ELN que ha recibido el corresponsal de RCN Televisión, Daniel Martínez.

Debido a los altos índices de violencia contra la prensa, actualmente 26 periodistas del departamento cuentan con medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, los reporteros consideran que las medidas no están siendo suficientes para afrontar los riesgos a los que están expuestos. Las quejas van desde las dificultades administrativas que tienen para el funcionamiento de sus esquemas hasta en la forma como se hacen los estudios de riesgo y se determina la implementación de las medidas.

Algunos periodistas del departamento denuncian que tienen problemas con la aprobación de viáticos para sus guardaespaldas y esto les impide desplazarse a otros municipios. También han tenido dificultades con el pago oportuno de estos gastos, lo que ocasiona que en muchas ocasiones los hombres de protección se abstengan de hacer traslados a otros lugares del departamento. Según una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Arauca, en lo corrido de 2019, los grupos armados han despojado de sus vehículos de protección a beneficiarios del programa de protección del gobierno. Por esta razón, muchos reporteros temen viajar por las vías del departamento.

Por otro lado, los contratos laborales de los guardaespaldas estipulan que su disponibilidad diaria es de diez horas para acompañar a los protegidos. Esta situación resulta problemática si se tiene en cuenta que, debido a sus trabajos de reportería, algunos periodistas deben permanecer fuera de sus casas más del tiempo estipulado y temen quedar expuestos durante estas jornadas. Finalmente, otros reporteros manifiestan que las evaluaciones de riesgo de la UNP no son rigurosas y en muchas ocasiones no encuentran relación entre el contexto que viven y las medidas que les otorgan. Otros reporteros, incluso, a quienes les son asignados esquemas de protección más limitados, aseguran que deben asumir los gastos de transporte de los guardaespaldas que les asigna la UNP, debido a que no les otorgan vehículo ni alternativas seguras para sus traslados.

Se avecinan las próximas elecciones locales y, dada la tensión en el departamento, los periodistas temen a enfrentar una situación de violencia como la ocurrida a principios de los 2000 en Arauca. En 2002, Efraín Varela, uno de los periodistas más reconocidos del departamento, fue asesinado por paramilitares de Arauca. Un año después, en 2003, dieciséis periodistas del departamento tuvieron que salir desplazados hacia Bogotá, luego de recibir amenazas por parte de la guerrilla y de los paramilitares. Carmen Rosa Pabón, una de las periodistas más veteranas de la región, quien sobrevivió a esa etapa violenta y que regresó para seguir cumpliendo con su labor de informar, manifiesta que le llena de angustia la situación de violencia actual contra la prensa y con lágrimas en sus ojos advierte: “todo coincide, todo vuelve a ser como en esa época y sería terrible tener que repetir eso”.      

* Los nombres de estas fuentes fueron modificados con el fin de proteger su vida y su integridad.

A pesar de la preocupante cifra de agresiones, hubo una buena noticia para el ejercicio periodístico gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que estableció nuevos parámetros para valorar el riesgo que corren los periodistas.

El 17 de junio de 2019, fue asesinado en Caloto (Cauca) Ánderson Pérez, excombatiente de las FARC, comunicador audiovisual y activista político. Según fuentes consultadas por la FLIP, Pérez se encontraba departiendo con unos amigos cuando dos hombres que se desplazaban en moto le dispararon y huyeron del lugar.

Desde que tuvo noticia del asesinato, la FLIP inició su proceso de documentación. Fuentes cercanas a Pérez indicaron que él había participado en la escuela de comunicadores para la paz que se realizó en las zonas veredales transitorias a principios de 2017 y que trabajaba como reportero audiovisual y camarógrafo. Además, fue actor en Historias de guerra, un cortometraje realizado por reincorporados de las FARC. Pérez también realizó videos sobre los procesos productivos de excombatientes. Sin embargo, la FLIP sólo conoció producciones del 2017.

Diversas fuentes indicaron que Ánderson Pérez había recibido amenazas y que temía por su vida, pero vinculan estos hechos a su condición de excombatiente y no a su ejercicio como comunicador. Las fuentes también señalaron que Pérez no se encontraba desarrollando trabajos investigativos. Manuel Bolívar, gerente de NC Noticias, señaló que el medio tampoco encuentra relación directa entre el trabajo de Pérez como comunicador y el motivo de su asesinato.

Además de comunicador, Ánderson fue activista político y excombatiente. Este hecho, sumado a la ausencia de registros recientes de su actividad periodística, llevan a la FLIP a concluir que no se advierten razones para atar su asesinato al ejercicio del periodismo.

No obstante lo anterior, debe señalarse que para la FLIP es muy importante que las personas que están en proceso de regresar a la vida civil luego de la firma del acuerdo de paz encuentren en el periodismo una opción de vida que asegure que sus voces también sean escuchadas. Para ello se requieren plenas garantías del Estado para un periodismo libre de violencia y censura.

En el caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”.

La FLIP tomará contacto con NC Noticias para ofrecer un acompañamiento especial para los procesos comunicativos con el fin de evaluar su situación de riesgo y trabajar en protocolos de seguridad.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el proyecto de ley con el cual se busca endurecer las penas contra los funcionarios que revelen información o noticias reservadas. El proyecto de ley 18 de 2018 Senado - 05 de 2017 Cámara incrementa las multas y establece la pena de prisión en todos los casos y no sólo cuando la conducta cause perjuicios, como sucede actualmente.

Este proyecto es riesgoso para la libertad de expresión, ya que él podría afectar a los funcionarios que alertan sobre corrupción y otros hechos ilegales que ocurren al interior de las instituciones del Estado. Resulta irónico que un proyecto de ley que pretende combatir la corrupción endurezca las penas y, en consecuencia, desincentive la denuncia de quienes adviertan conductas ilegales.

Criminalizar a los alertadores trae consecuencias negativas para la libertad de prensa. Si bien el proyecto no castiga a los periodistas, sí debilita a sus fuentes. Así, se afecta la capacidad de los medios, y de la sociedad en general, para acceder a información de alto interés público y de realizar veeduría de los poderes estatales.

En una sociedad democrática debería protegerse y no castigarse, como propone el proyecto, a quienes valientemente denuncian la ilegalidad. Este ha sido el reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia reciéntemente hace parte, y de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La denuncia por parte de quienes tengan conocimiento de actos ilegales dentro de las entidades del Estado es una herramienta esencial para el control público. El Estado debe garantizar canales seguros para denunciar, garantías frente a posibles represalias laborales, penales o de seguridad, y la posibilidad de acudir a la prensa o a organizaciones de la sociedad civil.

Sin las denuncias de alertadores el país no habría tenido acceso a información de altísimo interés público. Por ejemplo, Jorge Enrique Pizano, testigo en el caso de Odebrecht en Colombia, entregó audios a los medios de comunicación que vinculan al exfiscal Néstor Humberto Martínez al caso. Recientemente, el New York Times hizo pública información entregada por miembros del ejército para denunciar las directrices dadas por algunos oficiales para aumentar el número de bajas, reviviendo las preocupaciones en torno a la tragedia de los denominados “falsos positivos”.

Este proyecto fue presentado en forma conjunta por Néstor Humberto Martínez, ex-Fiscal General de la Nación, Enrique Botero Gil, ex-Ministro de Justicia, y varios congresistas, como una ley para combatir la corrupción. Éste ya fue aprobado en tres debates y sólo necesita un último debate en Senado para convertirse en ley.

La FLIP hace un llamado al Congreso de la República para que no apruebe esta proposición sin que antes se discutan los efectos nocivos que ésta podría causar y se planteen alternativas de regulación. También hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de la transparencia, para que haga veeduría de lo que queda del debate legislativo e intervenga a favor de la protección de los alertadores.

El 11 de junio de 2019 fue asesinado en el municipio de Samaniego (Nariño) el periodista José Libardo Montenegro, integrante de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Según la gobernación de Nariño, un reporte de la fuerza pública señala que el asesinato fue cometido en horas de la noche por dos sicarios que se desplazaban en moto.

La FLIP se comunicó con Ricardo Álvarez, compañero de Libardo en Samaniego Estéreo. Los periodistas trabajaban juntos de lunes a viernes. Según Álvarez, Libardo presentaba varias secciones de la emisora: programa informativo El despertador, en la mañana; luego el magacín Café al día y un programa de dos a cuatro de tarde con música y cápsulas informativas. De acuerdo con Álvarez, Libardo publicaba información del municipio, centrándose en noticias municipales y departamentales.

En la noche del asesinato, el periodista Leobar Ibarra Fernández, director del programa Nuestro Sur Televisión, informó que Libardo le había concedido una entrevista esa mañana. Según Ibarra, en la entrevista hablaron de un encuentro por la paz que éste estaba organizando para el viernes 14 de junio, por la defensa de la vida y los derechos humanos en Samaniego.

Adicionalmente, según Giovanni Melo, coordinador de la Oficina Local de Paz de la Secretaría de Gobierno de Samaniego, no tienen reporte de amenazas en contra de Montenegro. Melo añadió que el contexto de seguridad del municipio es complejo y que han hecho varios llamados al gobierno nacional para que investigue e intervenga sobre esta situación.

Según cifras de Cartografías de la Información, Samaniego hace parte de los 578 municipios con déficit de oferta de información local o zonas silenciadas. En el municipio sólo hay cinco medios de comunicación: dos son de fuerza pública, una radio comercial, un canal de televisión comunitario y una emisora comunitaria que es Samaniego Estéreo 104.1 FM. Se tiene registro de un solo informativo: el de la emisora comunitaria en la que trabajaba Libardo Montenegro..

De acuerdo con Fundepaz, 15 defensores de DDHH han sido asesinados en lo corrido del año en Nariño. El 20 de mayo fue asesinada por dos sicarios en el mismo municipio Paula Andrea Rosero Ordóñez, personera del municipio. De acuerdo con el diario El Espectador, Rosero habría recibido amenazas luego de denunciar malos manejos en el hospital local. Por otro lado, según Caracol Radio, el mecánico Víctor Fernando Corrales fue asesinado horas antes del crimen contra Montenegro en el mismo municipio.

La FLIP conoció un audio en el que el Coronel Jhon Peña, subcomandante de la Policía de Nariño, expresó que Libardo Montenegro se desempeñaba como locutor, en actividades de perifoneo en el municipio. Como se indicó anteriormente, la FLIP documentó que Montenegro era un periodista reconocido en el municipio con una larga trayectoria en medios de comunicación incluyendo la conducción de un programa informativo.

La calificación de la Policía no solo es precaria sino contradictoria con la labor que Montenegro desarrollaba en el municipio. Si bien la relación del asesinato con el oficio está en proceso de documentación, no hay un solo insumo para que la Policía desconozca su condición de periodista. Cuando las autoridades desconocen el rol de periodista se puede afectar las cifras oficiales de registro y monitoreo del fenómeno de violencia contra la prensa. Los impactos de esta reacción -imprudente- se agudizan en municipios como Samaniego donde la prensa regional es escasa y vulnerable.

La FLIP rechaza el asesinato del periodista Libardo Montenegro y hace un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. Además la Fundación le solicita a la Fiscalía que tenga como hipótesis de la investigación sobre los móviles del crimen el desarrollo de su labor periodística. La FLIP se solidariza con los familiares y colegas de Libardo Montenegro y continuará la documentación del caso.

La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Daniel Coronell anunció que Revista Semana tomó la decisión de cancelar la columna en la que escribió durante más de catorce años. A este hecho le antecede una columna de Coronell en la que públicamente pedía explicaciones ante decisiones editoriales de Revista Semana sobre hallazgos de políticas del Ministerio de Defensa y que terminarían siendo publicadas en primicia por el diario The New York Times. Revista Semana informó a la FLIP que se pronunciará sobre estos hechos en su próxima edición. Sobre el particular, la FLIP manifiesta lo siguiente :

1. La FLIP reconoce la autonomía que tienen los medios de comunicación para seleccionar o despedir periodistas, columnistas o colaboradores. No obstante, en distintas ocasiones la FLIP ha manifestado preocupación por el hecho de que estas decisiones tengan como propósito silenciar voces críticas.

2. La FLIP valora positivamente que Revista Semana haya publicado la última columna de Coronell cuando era la principal destinataria de las críticas del periodista. Este gesto, de talante plural y de apertura a la crítica, resulta opacado y entra en contradicción con la decisión posterior de cancelar la columna sin ofrecer una motivación a su audiencia.

3. Con la información disponible, la decisión sólo puede ser entendida como una retaliación contra Daniel Coronell por sus opiniones. Las condiciones de la salida del periodista le restan credenciales de pluralismo a Revista Semana.

4. El debate público en Colombia carece de espacios para la crítica de medios. Al igual que con cualquier otro poder, la FLIP considera que la crítica a los medios de comunicación fortalece la democracia. La decisión de Revista Semana envía un mensaje desalentador sobre la autorregulación del sector y sobre la tolerancia a la crítica de este medio. Esto afecta la calidad del debate público.

5. Los medios son entidades privadas pero realizan una actividad de interés público. Es importante que el balance entre estos dos factores esté presente en la toma decisiones que afecten a sus audiencias. Revista Semana tiene plena libertad editorial para no explicar lo sucedido, pero hacerlo fortalecería el debate público sobre el asunto.

6. Uno de los aspectos que más preocupa a la FLIP es el efecto de autocensura que esta decisión pueda generar en la sala de redacción, columnistas y colaboradores de la Revista Semana. Estas personas pueden leer lo sucedido como un acto aleccionador suficientemente claro como para inhibir el cubrimiento sobre los temas del sector defensa o la manifestación de críticas sobre el medio de comunicación.

7. Frente a los efectos que la censura indirecta* tenga sobre los demás periodistas, colaboradores, empleados o directivos de Revista Semana, la FLIP manifiesta su disposición de documentar y brindar apoyo para contrarrestar el ambiente de autocensura.

*La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay censura indirecta cuando se usan vías o medios indirectos por parte de gobiernos o particulares para restringir la comunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones. (Caso Ríos y otro vs Venezuela) Adicionalmente, la Corte Interamericana ha dicho que “la restricción indirecta puede llegar a generar un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen el derecho a la libertad de expresión, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad” (Caso Granier y otros vs Venezuela).

El 27 de mayo de 2019, la Fiscalía 53 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, definió situación jurídica de Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias “Popeye” y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla alias “Maxwel”, dentro de la investigación que adelanta por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. En relación con esta decisión, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Fundación Guillermo Cano (FGC) se permiten señalar:

1. Si bien reconocemos la importancia de la decisión adoptada, consideramos que la misma es tardía y no conlleva a concluir que el Estado colombiano ha cumplido con la obligación de investigar, juzgar y sancionar esta grave violación a los derechos humanos. Esta es la primera decisión relevante que se profiere en contra de presuntos coautores del crimen, desde el 16 de enero de 2008, fecha en la cual se reanudó la investigación de los hechos con ocasión de la edición del diario El Espectador del 19 de diciembre de 2007.

2. Resulta desconcertante que la decisión adoptada tiene sustento en pruebas que, en su mayoría, fueron recaudadas durante los años 1993 y 1994. Esto muestra que la Fiscalía fue negligente en evacuar hipótesis de investigación presentes en el expediente hace más de dos décadas. Esto refuerza la necesidad de una observancia internacional, especialmente de la CIDH, sobre la responsabilidad del Estado en este caso.

3. Hacemos un llamado a la Fiscalía para que se adelante una línea de investigación orientada a determinar si funcionarios del Estado tuvieron conocimiento o participación directa dentro del homicidio de Guillermo Cano Isaza, incluyendo posibles obstrucciones a la investigación y juzgamiento.

4. Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación, para que continué avanzando en el esclarecimiento de los hechos, haciendo frente a los múltiples obstáculos que han incidido en el avance tardío de la investigación.

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En su decisión del 27 de mayo, la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Jhon Jairo Velásquez Vásquez, como presunto coautor del delito de homicidio agravado. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de la participación del señor Velásquez Vásquez en la reunión en la cual el Cartel de Medellín concertó el homicidio del periodista Guillermo Cano Isaza.

Por otro lado, la Fiscalía estableció que Gustavo Gutiérrez Arrubla presuntamente realizó labores de inteligencia, con el fin de identificar movimientos y rutinas del periodista Guillermo Cano Isaza, las cuales fueron determinantes para que el grupo de sicarios pudiese atentar contra la vida del periodista. En consecuencia, le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la presentación periódica ante la justicia, la prohibición de salir del país, mantener una buena conducta, no establecer comunicación con las víctimas y constituir una caución de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En mayo de este año el periódico regional Boyacá 7 Días ha sido víctima de censura indirecta, obstrucción al trabajo periodístico y agresión física a los reporteros.

El más reciente hecho sucedió el miércoles 22 de mayo, cuando más de la mitad de la edición del periódico distribuida en Sogamoso fue comprada en menos de dos horas. Varios de los voceadores y distribuidores informaron que hombres en una camioneta negra recorrieron el centro y la terminal de la población, adquiriendo los ejemplares con dinero en efectivo y guardándolos en el platón del vehículo. Generalmente en Sogamoso el periódico se distribuye a las 5:30 de la mañana y se agota hacia las doce del medio día. En esta ocasión a las siete de la mañana ya no había disponibilidad de ningún ejemplar en las zonas más concurridas del municipio.

En esta edición, el periódico abría en la primera página con cinco notas: la primera era el reclamo de las organizaciones apícolas en Boyacá al gobierno nacional, debido al desinterés por proteger esta especie. La segunda trataba sobre el llamado de los alcaldes de las provincias de Norte y Gutiérrez por la falta de celeridad en la las obras del Puente Pinzón. Siguió con un par de notas sobre las candidaturas para las elecciones por el Partido Verde y el Partido Liberal y finalmente, estaba la denuncia que le interpusieron al concejal de Sogamoso Wilkins Chaparro por agredir a su esposa y a su hija.

Por otro lado, el 14 de mayo de 2019 el reportero gráfico Luis Lizardo y el editor Héctor Rodríguez fueron víctimas de agresión y obstrucción al trabajo periodístico. Los reporteros se encontraban cubriendo la legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento de dos miembros de la Policía Nacional por los delitos de concusión y retención ilegal. Sin embargo, Claudia Patricia Zambrano, juez promiscuo de Firavitoba, les impidió el ingreso a diligencia judicial.

Según informaron los periodistas, la decisión de la jueza se tomó por solicitud de los familiares de los procesados y les fue comunicada de forma oral. Adicionalmente, tras salir del despacho, los periodistas fueron agredidos por personas que reconocieron como familiares de los dos imputados. Estas personas los insultaron, empujaron, golpearon en el rostro y les taparon el lente de la cámara con un paraguas para impedir que tomaran fotografías desde las afueras del juzgado. Ambos periodistas manifiestan que estas agresiones se dieron en presencia de varios miembros del Gaula de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía, quienes no hicieron nada para impedir el ataque a los reporteros.

En este hecho también se vio afectada la periodista Mónica Agudelo del periódico regional Entérese, quien, debido a los constantes insultos, decidió retirarse del lugar sin lograr obtener ningún tipo de registro fotográfico para ilustrar la nota.

Sobre este hecho, la FLIP le recuerda a todos los funcionarios de la Rama Judicial que, según el artículo 152 de la Ley 906 de 2004, toda restricción al acceso a audiencias judiciales debe tomarse mediante auto motivado y en cumplimento el test tripartito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todas las autoridades y funcionarios públicos para que sean garantes del desarrollo de la labor periodística. Es de suma importancia que los medios de comunicación realicen el cubrimiento de este tipo de asuntos de alto interés para la comunidad, permitiendo la libre circulación de ideas para que la ciudadanía pueda ser participe del debate público sobre todo cuando se trata de faltas cometidas por empleados estatales.