Han transcurrido cuatro meses de las denuncias sobre perfilamientos a periodistas detalladas en la investigación "Carpetas secretas" de Revista Semana. La Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho seguimiento a los anuncios y compromisos de las autoridades con respecto a este caso y, con preocupación, comparte este balance:

Investigaciones disciplinarias 

El pasado 20 de mayo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia. Aún sigue pendiente fijar la fecha para la audiencia de juicio disciplinario. La FLIP valora positivamente que, una vez el Ministerio Público asumió competencia de este caso, se adoptaron decisiones de fondo, lo que no ocurrió mientras el Comando General de las Fuerzas Militares estuvo a cargo de la investigación.

Se tiene conocimiento de un informe de la investigación realizado por el Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares que habría sido remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

Investigaciones penales

El 4 de mayo de 2020, el Fiscal General de la Nación anunció que desde enero comenzó una investigación por delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. Cuatro meses después dicha diligencia no se ha realizado. 

La Fiscalía ha señalado que adelanta una investigación minuciosa ordenando entrevistas a integrantes de las Fuerzas Militares, también que cuenta con la información de los equipos incautados en el allanamiento ordenado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2019 y que realizó una inspección judicial a la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación. A pesar de esta positiva autocalificación, a la fecha, no se conocen vinculaciones formales al proceso.

Acceso a la información

Resulta preocupante una respuesta del pasado 11 de agosto de la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición enviado por la FLIP, donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, "no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20"¹. La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor.

La FLIP no ha recibido información sobre el alcance de los perfilamientos y los responsables a pesar de que se ha insistido recurrentemente en las preguntas concretas formuladas el 12 de mayo. Si bien el cuestionario tuvo un trámite formal ante distintas entidades del Gobierno, se ofrecieron respuestas parciales que no resuelven de fondo los interrogantes planteados. En varias ocasiones la petición fue  trasladada de una dependencia a otra aumentando los tiempos y sin que el traslado implicara el pleno cumplimiento de los estándares de acceso a la información.

Medidas adoptadas en las FF.MM.

El 2 de mayo, el Ministro de Defensa anunció que once militares fueron retirados de servicio. En un comunicado posterior, explicó que esa decisión se fundamentó en “las necesidades del servicio y conveniencia institucional” pero no se refirió a las razones de manera clara, ni explicó la relación con las investigaciones que se adelantan por los hechos de perfilamiento a periodistas.

El ministro también anunció la adopción de medidas para evitar la continuidad de los perfilamientos. Para ello, el Comando General de las Fuerzas Militares realizó un proceso de revisión estratégica de capacidades de inteligencia, "cuyas conclusiones fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia". Dicho diagnóstico es de carácter reservado, razón por la cual no se conocen los pormenores de las medidas que se adoptarán para que se respeten los estándares de protección de derechos humanos. 

El despliegue de actividades de inteligencia militar contra la prensa no es un fenómeno nuevo, y a pesar de que cada vez se anuncian medidas para evitar que los hechos se repitan, se ha demostrado que son insuficientes. Para la FLIP, en este proceso debería participar la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Inteligencia con el fin de garantizar que los controles externos a los servicios de inteligencia cumplan con su labor.

Naciones Unidas y la CIDH observan con preocupación el caso

El 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo del ejercicio periodístico. Por lo anterior, solicitaron al Estado colombiano información para aclarar los hechos: detalles de las investigaciones que se han adelantado y de las actividades de prevención que se han desplegado. 

En una comunicación del 5 de agosto, el Estado contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH. 

Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines ilegítimos. Por ello, allí cursa un proyecto de ley que busca el esclarecimiento del uso de la asistencia internacional del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia, con el fin de aclarar si fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. 

Conclusiones

Las actividades de inteligencia contra periodistas son tan recurrentes como las reacciones enérgicas de rechazo por parte de las autoridades una vez se conoce que ocurren. Las autoridades asumen públicamente compromisos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero con el paso del tiempo pareciera que estos quedan en una rueda de prensa, se diluyen en pocas semanas y no se reflejan en las investigaciones.

Es importante valorar el rechazo de lo ocurrido por parte del Gobierno nacional pero es prematuro dar por sentado y asumir con ese rechazo que todo está resuelto. Se ha forjado un ambiente gubernamental de superación del fenómeno que no pasa por la garantía del derecho a la justicia. Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos.  

Para la FLIP es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para  esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir. 

¹ Fiscalía General de la Nación. Oficio nº FDCSJ-10100- del 11/08/2020 en respuesta al derecho de petición radicado 110016000102202000007.

Hoy recordamos a Javier Darío Arroyave, periodista de Cartago, Valle del Cauca, asesinado hace 13 años.

El pasado 22 de agosto el periodista Juan David Ortiz publicó en su cuenta de Twitter que la Alcaldía de Medellín estaría haciendo seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group. Telemedellín fue la entidad contratante a nombre de la administración con el objetivo principal de hacer “análisis estratégico de redes sociales”.  

Sobre lo anterior, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación y manifiesta que:

• Tuvimos acceso a diez informes que la empresa consultora habría entregado a la alcaldía donde se compilan alertas diarias enviadas por WhatsApp notificando lo que determinados usuarios de Twitter publicaban sobre la administración. Dentro de las personas monitoreadas se encuentran los periodistas Clara Giraldo, José Guarnizo, Pascual Gaviria y Ana Cristina Restrepo, además del medio de comunicación Juan Paz. 
  
  
• Aunque la alcaldía ha dicho que solo se trata de un monitoreo de redes con el fin de “mejorar la gestión, fortalecer programas o aclarar temas relevantes para la opinión pública”, para la FLIP es preocupante el lenguaje de los informes porque utiliza categorías estigmatizantes. En ellos se emplean términos como “cibermilitante” para referirse a los periodistas que estaban “atacando” a la administración cuando expresaban su opinión sobre temas de interés público para la ciudadanía.  
  
  
• Es alarmante que se usen recursos públicos para categorizar a los ciudadanos, basándose en una evaluación parcializada de sus expresiones en línea. La FLIP no comparte que la alcaldía normalice este lenguaje bajo el argumento de que es técnico y propio del contratista. Estos señalamientos y etiquetas son arbitrarios y mucho más cercanos a regímenes autoritarios y policivos que a sociedades democráticas, plurales e incluyentes.
  
  
• A la pregunta de por qué hace uso de etiquetas en usuarios de redes con posiciones críticas, la alcaldía no ofreció respuesta. Mientras la administración no dé una explicación ajustada a la Constitución sobre el uso de esas categorías, las entenderemos como una etiqueta temeraria y peligrosa para la libre expresión y el debate público.
  
  
• En la FLIP continuaremos la documentación del caso de la mano de los periodistas involucrados para que se garanticen sus derechos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Gonzalo Guillén, Diana López Zuleta y Amalfi Rosales. La Fiscalía General de la Nación tiene información detallada sobre estos hechos y conoce del riesgo inminente al que están expuestos los periodistas. La FLIP le solicita a la entidad que avance con celeridad en las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

Conversemos sobre libertad de prensa y de expresión en Colombia.

En las últimas semanas se conoció el Auto de la Corte Suprema de Justicia que define situación jurídica e impone medida de aseguramiento contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. En este documento se citan conversaciones entre, al menos, cinco periodistas y sus fuentes. 

Esto detonó muchas opiniones. Por eso, queremos tener una conversación alrededor de este tema. 

Invitamos a Catalina Botero, exrelatora de Libertad de Expresión de la CIDH; Carlos Cortés, director de la Mesa de Centro y cofundador de Linterna Verde; Ana Bejarano, codirectora de El Veinte; Emmanuel Vargas, codirector de El Veinte; y Pedro Vaca Villareal, director ejecutivo de la FLIP.

Los esperamos el próximo martes, 25 de agosto a las 5:00 p.m.

Nos reuniremos por Zoom Webinar.

Deben registrarse para asistir y participar del conversatorio: https://zoom.us/webinar/register/WN_CcEKwX_fQASgVzyDonavQg

¡Los esperamos!

Esta semana se cumplió un año desde que el caso del homicidio de Nelson Carvajal fuera declarado como crimen de lesa humanidad. A pesar de que la familia del periodista ya tiene la garantía de que este homicidio no prescribirá y, por lo tanto, se seguirá investigando, los avances en justicia han sido mínimos.

Los crímenes de lesa humanidad no pueden seguir siendo casos  que se investigan por años sin arrojar jamás respuestas satisfactorias para las familias. Después de un año, no perdemos la confianza en que el crimen contra Nelson Carvajal sea esclarecido.

En la FLIP no olvidamos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los hostigamientos del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hacia los periodistas que difunden cuestionamientos sobre su ejercicio como funcionario público. El 16 de agosto el periodista José Marulanda compartió una publicación a través de Twitter en la que la reportera Juliana Rámirez hizo dos preguntas relacionadas con el caso del asesinato de cinco menores de edad en el barrio Llano Verde de Cali, ocurrido el pasado 11 de agosto.

Consonante es un laboratorio de periodismo que busca que en las zonas silenciadas o con poca oferta informativa se desarrollen proyectos comunicativos locales e hiperlocales. Para lograr esto, en la FLIP construimos un diplomado en periodismo local para estudiantes, ciudadanos, lideresas y miembros de organizaciones campesinas. La puesta en marcha de Consonante ha sido posible gracias al impulso de varios donantes de la cooperación internacional. En este artículos les contamos quiénes lo han respaldado desde diferentes ángulos.

El proyecto Consonante nació antes de que se construyeran los contenedores y mucho antes de que la plataforma virtual estuviera disponible. Desde 2015 la FLIP investigó las condiciones de los medios de comunicación en todo el país. Cartografías de la información expuso un escenario desalentador y generó alarmas por las zonas en las que no existen medios de comunicación que transmitan información local. Esta investigación, que duró cuatro años, fue financiada por el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación (FOS), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED). 

Al analizar los resultados de Cartografías de la información, quisimos intervenir en estas zonas e intentar combatir el silencio que permea muchas de las regiones de Colombia. Si una sociedad no cuenta con canales de comunicación para difundir lo que sucede en su entorno, la democracia se ve fuertemente afectada ya que es más difícil hacer control a las autoridades.

Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF) quisimos fortalecer a una sociedad informada a través de la construcción de redes locales de comunicación. Con UNDEF planeamos la intervención en cinco municipios de Tolima (Chaparral, Rioblanco, Cajamarca, Planadas y Ataco) y en cinco del Cesar (Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y Codazzi). En este momento ya hemos recorrido los cinco municipios de Tolima.

Aquí pueden visitar el sitio web de Consonante.

En esta cruzada contra el silencio también se unió el Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (Peacebuilding Fund) financiando una mayor intervención de Consonante. En esta fase invitamos a la iniciativa No Es Hora de Callar a crear una alianza con el fin de fortalecer el debate acerca de la violencia contra la mujer en el conflicto armado en Colombia. Queremos empoderar a los jóvenes, a las mujeres y a miembros de la comunidad LGBTIQ+ a través de la enseñanza de herramientas periodísticas para que las utilicen como herramientas útiles para su participación en el debate público.  

Nos enfocamos en las regiones priorizadas por el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC y que además tienen un alto número de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Así, cuando se sumó a este proyecto Peacebuiliding incluimos dos departamentos más en nuestra intervención: Nariño (Tumaco y Túquerres)  y Chocó (Atrato, Tadó y Bajo Baudó).

Con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) buscamos fortalecer los conocimientos en autoprotección y en defensa de los periodistas frente al acoso judicial y las obstrucciones en el acceso a la información. 

En muchas zonas del país los periodistas se ven enfrentados a muchos riesgos físicos y digitales por ejercer su labor. Además, desde la FLIP hemos documentado que otro de los riesgos a los que se enfrenta la prensa es el acoso judicial. Con esto, junto con USAID hemos enfocado algunas de las sesiones en la autoprotección y recomendaciones para responder a este acoso judicial. 

Finalmente, otro de los donantes que le apuestan a Consonante es Google. Ellos entregarán becas para algunos de los proyectos periodísticos que resulten del diplomado en periodismo local.

¿Quién era el comunicador indígena asesinado la semana pasada en el norte del Cauca? ¿Qué hacía en medio de las confrontaciones entre las fuerzas armadas y comunidades indígenas? ¿Para qué medio de comunicación trabajaba y sobre qué informaba?

Se escuchan disparos seguidos de un jadeo. Se ve el pasto. La imagen se mueve y en un plano inclinado hacia arriba, aparecen dos personas tapándose la boca. Al fondo un grupo de militares avanza. En la siguiente escena se ve un paisaje verde y marrón. Es un día opaco, las plantas están secas y los árboles no son muy altos. De  nuevo los disparos, la imagen se tambalea bruscamente, se precipita y ahora solo se ve el suelo. “Me dieron, me dieron”, se oye un grito ahogado, sin fuerzas y tras varios movimientos, la imagen solo proyecta un cielo que da vueltas.

Quien grababa era el comunicador Abelardo Liz, y ese fue su último cubrimiento periodístico.

Liz trabajaba en la emisora Nación Nasa Estéreo ubicada en el municipio de Corinto, en el norte del Cauca, era el menor de seis hijos y el pasado 7 de agosto celebró su cumpleaños número 34. Murió seis días después, mientras registraba una confrontación entre la fuerza pública y las comunidades indígenas del proceso de ‘liberación de la madre tierra’ en la finca Quebrada Seca en el municipio de Corinto. Recibió tres impactos de bala que fueron disparados desde la zona donde se encontraba el Ejército Nacional. Con Abelardo, la cifra de periodistas asesinados en Colombia, desde 1938, asciende a 161.

La primera noticia

Liz se empezó a formar como periodista en el 2014 en la escuela de comunicaciones promovida por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y un año después, cuando se creó Nación Nasa Estéreo se vinculó a la emisora. Al principio, solo apoyaba las emisiones de los fines de semana, pero dado su compromiso y liderazgo pronto se convirtió en periodista de planta.

Desde que empezó el 2020, Abelardo se unió al grupo de cuatro comunicadores de tiempo completo con los que contaba Nación Nasa. Participaba en el programa El Sabor de la Tarde, un espacio musical con una franja de entrevistas. Además realizaba notas y hacía registro audiovisual para medios comunicativos de la comunidad de Corinto. El rol de Abelardo en el equipo de comunicaciones era fundamental: se encargaba de entrevistar a la gente, particularmente a los jóvenes, para visibilizar todo lo que pasaba y se preocupaba por los temas económicos y ambientales.

Natalia Salazar, una de las compañeras de Abelardo en la emisora lo describe como una persona muy respetuosa que siempre estuvo muy comprometida con su trabajo y que tenía una fuerte vocación por todo lo que se hacía desde el Tejido de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas.

“La pérdida de Abelardo le deja un gran vacío en nuestro equipo. Abelardo no solo era nuestro compañero, era nuestro amigo y hacía parte de esta familia de comunicación. Es una persona irremplazable”, manifiesta Natalia. 

Para Juan Dagua, comunicador de la emisora Radio Payumat, Abelardo era un joven con mucha inquietud sobre lo que pasaba a su alrededor, que deseaba aprender para compartir sus conocimientos con la comunidad y por eso se sumó a la escuela de comunicaciones hace seis años.

Por su parte, Gerald Bermúdez, quien conoció a Abelardo en 2014 en unos talleres de comunicación que Bermúdez impartió, afirma que Liz “era una persona muy comprometida, con una vocación de servicio increíble y muy entregado a su trabajo”.

En el lugar de los hechos

Desde hace cinco años varias comunidades indígenas del Cauca se han unido para desarrollar un proceso llamado la liberación de la madre tierra. Con frecuencia se organizan mingas para ocupar terrenos que han sido sembrados en caña de azúcar. A punta de machete tumban toda la caña y a cambio siembran comida: maíz, plátano, yuca, fríjol… El argumento es histórico: “estas tierras han sido de nuestros abuelos ancestralmente, fueron arrebatadas con violencia hace unos 80 años, y desde hace más de 30 solo hay caña. En las mingas de liberación las familias bajan, cortan caña, siembran alimento, levantan sus cambuches y crían animales. Recuperan la tierra y la liberan del monocultivo”. Así lo explica Dora Muñoz, coordinadora de Tejido de Comunicaciones del Cabildo de Corinto.

En Corinto hay siete puntos de liberación distribuidos en cuatro haciendas: Granadita, García Riva, Miraflores y Caucanita. Pertenecen a los ingenios azucareros de Incauca, Manuelita y Mayagüés. Desde la perspectiva de estas empresas y de las autoridades estatales, los procesos de liberación son una invasión a la propiedad privada. Por eso se producen los desalojos. El ESMAD, la Policía y el Ejército apoyan las acciones de las empresas de seguridad privada de los ingenios y entran a los terrenos con maquinaria a arrasar los cultivos, a decomisar los animales, a tumbar los cambuches y a forzar a la gente a abandonar el área. Los días 12 y 13 de agosto de 2020 estaban precisamente en medio de un desalojo forzado con presencia militar en un punto de liberación conocido como la finca Quebrada Seca en Corinto. 

Los líderes indígenas se han reunido varias veces con los voceros de los ingenios azucareros para conciliar la tenencia de la tierra, pero no han llegado a ningún acuerdo satisfactorio, entonces las comunidades se han mantenido firmes: “resistiremos y continuaremos liberando la tierra del monocultivo”, dice Dora. Mientras tanto, las autoridades estatales también han reforzado su posición: acuden a las armas para diseminar a la población.

No era la primera vez que Abelardo debía cubrir una minga de liberación o un desalojo forzado. El proceso de liberación de la madre tierra es complejo e involucra luchas indígenas históricas por la tierra que hoy está en manos de empresas agroindustriales. La presencia de un periodista indígena en momentos como los que se vivieron la semana pasada en Corinto es más que obvia.

“Abelardo estaba registrando estos hechos para contarlos en la emisora y en la página web. Estuvo el día 12 registrando el desalojo y hablando con la comunidad. Y el día 13 estaba haciendo lo mismo. Él no tenía ni una piedra en la mano, solo tenía su cámara”, comenta Dora, quien también trabajaba con Abelardo en la emisora Nación Nasa Estéreo.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca ha sido enfática en sostener que el día 13, cuando la fuerza pública empezó a disparar contra la comunidad, no había presencia de ningún grupo armado disidente de las FARC, como lo aseguró el Ejército en sus comunicados públicos.

Abelardo recibió los impactos de las balas mientras grababa las confrontaciones entre la fuerza pública y las comunidades. Cayó al suelo con su cámara aún encendida en la mano. El video que grabó está publicado en el canal de YouTube de Nación Nasa. Fue su último trabajo periodístico.

“Reportamos desde Nación Nasa Estéreo en el norte del Cauca”

En 2002 la comunidad del Cabildo de Corinto decidió crear su propia emisora comunitaria: Nación Nasa Estéreo. Esta hace parte de Radio Payumat, una red que recoge a las demás emisoras indígenas que hay en el norte del departamento y que se enlazan en una sola frecuencia a través del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 

Cuando se creó la emisora de Corinto, otros cabildos ya tenían sus propias estaciones radiales, como Toribío y Jambaló. Juan Dagua es comunicador de Radio Payumat y afirma que hoy esta radio llega al 80% del territorio. Alrededor de 30 mil personas se informan por este medio.

Las escuelas de formación donde Abelardo empezó a perfilarse como reportero fueron espacios creados por la misma comunidad para que quienes estuvieran interesados empezaran a prepararse para trabajar como comunicadores. Después de estos talleres se creó Nación Nasa Estéreo. Juan cuenta que las escuelas de formación se dieron para que los jóvenes retomaran prácticas y saberes que se estaban perdiendo con los años. 

Uno de los objetivos de la emisora es tratar temas propios del cabildo que son prácticos y útiles para las personas: informan desde sitios y temas sagrados, hasta asuntos políticos y de activismo como las mingas de liberación. Nación Nasa Estéreo, además de emitir contenido por la emisora, también difunde material en su página web y a través de su canal de Youtube. Hasta la semana pasada, el equipo periodístico estaba conformado por cinco comunicadores.

Este es el reporte periodístico que entregó Nación Nasa Estéreo después del asesinato de su periodista: