La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el fallo de segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de tutela iniciado por los periodistas Camila Orozco Becerra, Cesar Augusto Melo Romero, Florencio Sánchez, César Jiménez Lechas, Leonidas Antonio Medina y Juan Carlos Giraldo contra el Juzgado 22 Penal Municipal de Control de Garantías y el Fiscal 23 de la Dirección Especializada, por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad de expresión y al trabajo. Para la FLIP, esta decisión contradice los estándares constitucionales de libertad de expresión y es peligrosa.

Los hechos que dieron lugar a la tutela son los siguientes. El 30 de enero de 2019, a través de una rueda de prensa y un comunicado público, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer a la opinión pública su investigación en un grave caso de corrupción en las cárceles La Modelo y La Picota de Bogotá conocido como ‘Operación Celdas’. El 31 de enero, varios reporteros acudieron a cubrir las audiencias preliminares del caso, sin embargo, el juez 22 penal municipal les restringió el acceso. El 6 de febrero, día en que se retomó la audiencia, el juez mantuvo su decisión.

Dado que el juez no motivó su decisión, el 7 de febrero, los periodistas enviaron un derecho de petición pidiendo explicaciones. El juez contestó el mismo día diciendo que, previamente al inicio de la audiencia, la Fiscalía - la misma entidad que convocó el día anterior a una rueda de prensa para poner al descubierto el caso - había pedido restringir la difusión de la audiencia debido a que las víctimas podrían estar en riesgo, esto dado el hecho de que se encuentran privadas de la libertad.

El 14 de febrero, los reporteros afectados interpusieron acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para proteger sus derechos y solicitaron que, como medida provisional, se les permitiera el ingreso a la audiencia que no había concluido. Las medidas cautelares fueron negadas inmediatamente y el 27 de febrero, cuando ya las audiencias habían terminado, se negó la tutela por tratarse de un hecho superado. Las audiencias habían culminado el 18 de febrero con la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad contra los procesados, sin permitir que los medios y la ciudadanía se enteraran de lo sucedido durante las mismas.

La decisión fue impugnada por los reporteros y llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de la jurisdicción penal. Contrario a lo dicho por el tribunal en primera instancia, la Corte consideró que la tutela sí era el medio judicial procedente en este caso. Sin embargo, avaló la decisión de restringir el acceso a las audiencias.

La Corte desconoce el hecho de que la Fiscalía fue quien dio a conocer la investigación. Por otra parte, el argumento de que al encontrarse las víctimas en la cárcel se encuentran en riesgo no es aceptable, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y de las personas privadas de la libertad. En consecuencia, es inadmisible que alegue que no puede cumplir sus obligaciones para limitar el derecho de acceder a información pública y limitar el principio de publicidad de las audiencias.

La FLIP manifiesta su profunda preocupación por las implicaciones de la decisión en el derecho a la libertad de prensa y anuncia que, dada la gravedad del caso, solicitará a la Corte Constitucional que seleccione la tutela para revisión.

El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.

La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.

Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.

En 2018, la FLIP registró el número más alto de violaciones a la libertad de prensa; en 2019, la prensa sigue asediada por la violencia y la censura. Por esa razón, los miembros del proyecto Antonio Nariño (PAN), del que hace parte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), han convocado a todos los partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos a firmar el Pacto por la Libertad de Prensa y contra la desinformación en elecciones.

El 1 de mayo, el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, perteneciente a la guerrilla del ELN. Este sujeto advirtió al periodista que tenía hasta las cuatro de la tarde de ese mismo día para irse de Arauca.

En el 2014, el periodista ya había recibido una llamada de un número desconocido en la que un hombre amenazó con matarlo. Y en enero de este año, en una de las ventanas de su carro le escribieron "está advertido".

Martínez, además de ser periodista en RCN, es propietario del portal de noticias El Círculo. En ambos medios de comunicación el periodista ha hecho un amplio cubrimiento de la difícil situación de orden público que se vive en el departamento de Arauca, a causa de la presencia de grupos armados. Otros periodistas del departamento también han recibido llamadas intimidatorias de personas que se identifican como miembros de la guerrilla del ELN y que les exigen que vayan a reuniones con ellos para seguir “instrucciones”.

La FLIP rechaza esta amenaza, expresa su preocupación por estos hechos y advierte sobre un clima intimidante creciente en el departamento de Arauca que puede derivar en autocensura y silenciamiento de medios sobre asuntos de interés público.

Ante la gravedad de los hechos, el Canal RCN y la FLIP han trabajado coordinadamente para apoyar a Martínez. La Fundación resalta la celeridad con la que el medio ha concurrido a la protección del periodista. No obstante lo anterior, la FLIP exige a la UNP que implemente a la brevedad medias de protección de emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad del periodista y hace un llamado a la Fiscalía para que investigue con celeridad estos hechos con el fin de juzgar y sancionar ejemplarmente a los responsables.

Ruedas creando Redes, Laboratorio de Periodismo, es proyecto de investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa que inició en febrero del 2019. Esta "escuela itinerante" viajará durante los próximos dos años por 10 municipios de Colombia, cinco en el departamento de Cesar y cinco en Tolima. Se convertirá en el principal centro de discusión y capacitación para la producción de información local.

El Laboratorio de Periodismo ofrecerá un Diplomado en gestión de las herramientas y rutinas para la producción de agendas noticiosas locales, un programa pedagógico-productivo de iniciación y fortalecimiento en las destrezas y rutinas auto-suficientes para la investigación, la narración y la publicación de contenidos periodísticos de valor comunitario en formatos tradicionales y digitales.

Además, será un espacio que reúna diferentes actividades culturales como cine foros, conversatorios, presentaciones artísticas y todo tipo de iniciativas que contribuyan al propósito de reconstruir redes de comunicación local dentro de comunidades que viven en las zonas en silencio o desiertos de información en Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza rotundamente las agresiones de las que fueron víctimas varios periodistas por parte de la fuerza pública mientras realizaban el cubrimiento del Paro Nacional en Bogotá el 25 de abril de 2019.

El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

El 7 de abril de 2019, el periodista Daniel Coronell publicó la columna '¿Por qué quieren silenciarme?' en la cual denunció que el congresista Álvaro Uribe Vélez presentó una demanda civil en los Estados Unidos en su contra. Esto sucedió luego de que el columnista revelara, en su habitual espacio de la Revista Semana, información relacionada con el expresidente y senador.

En la columna de Coronell se hace referencia a pruebas que acreditarían una instrucción del expresidente Uribe, el 23 de junio de 2018, para “proceder con ése tipo muy drásticamente” —refiriéndose a Coronell— y derivando en el pleito judicial que se inició en contra del periodista en los Estados Unidos.

Desde que la FLIP monitorea casos judiciales contra la prensa, es la primera vez que se registra una prueba sobre la instrucción de un funcionario público para llevar a cabo este tipo de acciones en contra de un periodista. En ese sentido, es importante recordar que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han catalogado el acoso judicial como un mecanismo de censura indirecta.

La activación de este pleito judicial se suma a los antecedentes de reacciones estigmatizantes y contrarias a estándares internacionales sobre derechos humanos, que en el pasado ya han puesto en riesgo al periodista Coronell.

La FLIP manifiesta su preocupación por el alcance de censura que puede tener este pleito y teme que estas acciones inhiban el debate público al causar restricciones para el trabajo de la prensa en el marco de la democracia. De igual forma, la FLIP expresa su solidaridad con Daniel Coronell.

La FLIP recuerda que el inicio de acciones legales contra periodistas o medios de comunicación, como represalia por hacer publicaciones sobre asuntos de interés público, se conoce como acoso judicial o “pleito estratégico contra la participación pública” (SLAPP).

Lo que se busca con este tipo de agresión, más que una condena contra los periodistas, es intimidarlos y someterlos al desgaste de años de defensa judicial. En este caso, en particular, también resulta preocupante que se activen acciones judiciales en otros países sobre controversias públicas relevantes para la democracia colombiana.

El 1 de abril de 2019, el abogado Abelardo de la Espriella difundió por su cuenta de Twitter un pantallazo de un chat de WhatsApp en el que hacía público el teléfono del periodista Camilo Poveda, quien le solicitaba una entrevista para el programa de la periodista Camila Zuluaga en Blu Radio. Luego de hacer público su teléfono, el periodista empezó a recibir llamadas intimidantes por parte de personas que habían visto el trino del abogado.