La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) intervendrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública que tendrá lugar el 12 de noviembre en Quito, Ecuador, a las 14:30. La Fundación ve con mucha preocupación que en Colombia han venido aumentando las barreras impuestas a los medios de comunicación y periodistas para acceder a audiencias públicas en los juicios penales.

La FLIP expresa su preocupación por el exilio de los periodistas de Caracol Televisión en Cali, Eduardo Manzano y Alexander Cárdenas, y por las amenazas contra el reportero de este mismo medio Arlex Piedrahita. La Fundación le hace un llamado a las autoridades para que investiguen los hechos y garanticen la seguridad de los comunicadores.

Después de los hostigamientos de los que fueron víctimas Alexander Cárdenas y Eduardo Manzano, los dos reporteros decidieron salir del país. El pasado 19 de septiembre dos hombres desconocidos fueron hasta la casa de la hermana de Cárdenas, en donde se estaba hospedando el camarógrafo, con el fin de conocer su paradero. Luego, el 27 de octubre, Manzano fue interceptado por un hombre en una moto que lo siguió por varias cuadras cuando el periodista conducía su vehículo

Posteriormente, el 28 de octubre, el periodista Arlex Piedrahita recibió una amenaza en la que le decían que lo tenían ubicado y que debía abandonar su medio de comunicación y la ciudad donde desarrolla su labor periodística. El periodista recibió esta intimidación un día después de que regresara a trabajar luego de las amenazas ocurridas el 1 y 4 de agosto de este mismo año contra él y sus compañeros Eduardo Manzano, Alexander Cárdenas y otros dos reporteros. Las intimidaciones contra los reporteros han sido producto del cubrimiento de la problemática de cultivos ilícitos en el Cauca y las denuncias que han hecho sobre la presencia de los carteles mexicanos, aliados con las disidencias de las Farc en ese departamento. 

Las constantes amenazas y el incumplimeinto por parte de la Policía Nacional para la implementación de las rondas policiales obligaron a  Manzano y a Cárdenas a abandonar el país para salvaguardar su integridad y las de sus familias. De la misma manera, Piedrahita continúa enfrentando la misma situación de riesgo sin recibir atención oportuna por parte de las autoridades. A esto se suma que las medidas que otorgó la Unidad Nacional de Protección (UNP) a los reporteros son insuficientes y no tuvieron en cuenta los hechos ocurridos el 19 de septiembre y el 27 y 28 de octubre. 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce por trámite de emergencia las medidas de seguridad para el periodista Arlex Piedrahita y tenga en cuenta los nuevos hechos en el estudio de seguridad de Cárdenas y Manzano con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Además, le exige a la Policía Nacional que cumpla con los tiempos y la frecuencia de las medidas de protección establecidas por la institución.  

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones de las que fue víctima el periodista Jesús Blanquicet del diario El Heraldo de Barranquilla. La FLIP hace un fuerte llamado al presidente Duque para que rechace públicamente estas agresiones y, en nombre de su equipo de seguridad, emita unas disculpas públicas.

El pasado 28 de octubre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá profirió fallo de segunda instancia, confirmando la pena impuesta a Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ”Huevoepizca”, a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento y a Alejandro Cárdenas Orozco, alias “J.J”, a 30 años por el delito de acceso carnal violento, contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Los procesados habían apelado el fallo de primera instancia argumentando que las pruebas practicadas no comprobaban la existencia de las conductas y la responsabilidad de los condenados.

La Fiscalía General de la Nación y la FLIP solicitaron al Tribunal confirmar la decisión adoptada por el juez de primera instancia, pues existen pruebas directas que vinculan Cárdenas y Pereira en la participación de los hechos. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de analizar las múltiples declaraciones brindadas por víctima, concluyó que no quedaba duda sobre la ocurrencia de las conductas delictivas y de la participación de los procesados en las mismas.

Sin embargo, en virtud del principio de legalidad, el Tribunal decidió no clasificar las conductas como delitos de acceso carnal violento y tortura en persona protegida, pues estos tipos penales fueron incorporados mediante una norma que no estaba vigente al momento de los hechos. Por lo anterior, resolvió condenarlos por los delitos de acceso carnal violento agravado y tortura, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 100 de 1980. Pese a lo anterior, el monto de la pena se mantuvo, pues el juez de primera instancia al momento de fijar la sanción, utilizó las penas establecidas para dichos delitos en el Decreto Ley 100.

Por otro lado, el Tribunal compulsó copias para que se investigue la posible comisión del delito de prevaricato por acción, por parte de la funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, quien el 1 de junio de 2015 precluyó la investigación y ordenó la libertad inmediata de Alejandro Cárdenas Orozco. La actuación de la fiscal es cuestionada pues para la fecha Cárdenas Orozco había aceptado los cargos por los delitos de secuestro y tortura, razón por la cual la funcionaria únicamente era competente para remitir la actuación a los jueces de conocimiento.

La FLIP reconoce la importancia de la decisión adoptada por el Tribunal y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance en la investigación de los demás autores materiales y determinadores de los hechos de los que fue víctima la periodista, incluyendo la investigación ordenada por el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá contra el General (r) José Leonardo Gallego.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones físicas contra el periodista independiente Chris Horn por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las manifestaciones estudiantiles en Medellín. El reportero resultó con fracturas luego del ataque de los uniformados y debe someterse a una cirugía en los próximos días.

El pasado 31 de octubre, mientras el fotógrafo independiente estaba cubriendo la movilización estudiantil en las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, miembros del Esmad lo agredieron con los bastones de dotación cuando el reportero estaba registrando con su cámara fotográfica los ataques contra un manifestante. Según el reportero, luego de recibir un golpe en la cara por parte de uno de los uniformados, el reportero cayó al suelo producto de un breve desmayo y cuando despertó vio que un grupo de policías lo estaba agrediendo con sus escudos y bastones.

Luego de que Horn gritó insistentemente que era periodista, los miembros del Esmad dejaron de golpearlo. Sin embargo, las lesiones en el ojo derecho del periodista fueron muy fuertes y, luego de una valoración médica, se determinó que tenía una fractura en la órbita ocular, una estructura ósea que delimita las cavidades orbitarias. 

La FLIP rechaza las agresiones contra el periodista Chris Horn durante el cubrimiento de la movilización y le exige a la Policía Nacional que tome las acciones necesarias para identificar a los agentes responsables de estas graves agresiones y se inicien los procesos disciplinarios correspondientes para retirar a los uniformados del cargo. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje equivocado hacia los demás miembros de la Fuerza Pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber frente al cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano pueda grabar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía conciba la presencia de cámaras en sus operativos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

En este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado para que incremente sus esfuerzos para que los crímenes contra la prensa no queden impunes. Al terminar 2019, seis casos de asesinatos contra periodistas prescribirán sin condenas contra toda la cadena criminal, es decir para autores materiales e intelectuales. Otros delitos contra periodistas, como las amenazas y agresiones, también alcanzan altísimos índices de impunidad.

No obstante, con motivo de esta fecha, es oportuno reconocer avances, aunque no plenos, en algunos casos como en el de Jineth Bedoya Lima en el que se ha abierto un camino de justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como ya lo ha señalado la FLIP, es la justicia efectiva la única que puede sentar un precedente para generar un efecto disuasorio que evite la aparición de nuevas agresiones. Lamentablemente la impunidad en crímenes como los asesinatos de periodistas colombianos sigue siendo muy alta, cada año sumamos más casos a una cifra que es muy grave: de un total de 160 asesinatos contra periodistas, 159 están en distintos niveles de impunidad. Y al terminar el año, la totalidad de crímenes contra periodistas que estarán prescritos será de 89.

Casos que prescribieron o prescribirán este año

Hernando Rangel Moreno fue asesinado el 11 de abril de 1999. Realizaba denuncias de la corrupción local y los abusos en la mala administración de los servicios públicos. Esta investigación se encuentra inactiva.

Rodolfo Julio Torres fue asesinado el 21 de octubre de 1999. Desconocidos lo secuestraron y, luego, su cadáver fue encontrado en el corregimiento Rincón del Mar, Sucre. Cuando informaba sobre el gobierno y la corrupción fue estigmatizado como como auxiliador de la guerrilla.

Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón fueron asesinados el 28 de noviembre de 1999. Sus cuerpos fue hallados a la orilla de una carretera en El Playón, Santander. En su trabajo de reportería habían logrado grabar la fiesta de un paramilitar. En este caso hubo condena a los autores materiales Orlando Sánchez y Gregorio Castillo García. Sin embargo no se sabe de los autores intelectuales. Esta investigación también se encuentra inactiva.

Pablo Emilio Medina Motta fue asesinado el 3 de diciembre de 1999 en un retén de la guerrilla mientras se dirigía a cubrir la toma del municipio de Gigante, Huila. Existen 11 condenas contra Dair Giraldo Navarro Morales, Edgar Gustavo Navarro Morales, Floresmiro Burbano, Guillermo León Sáenz Vargas, José Benito Cabrera, Luciano Marin Arango, Milton de Jesús Toncel, Noel Mata Mata, Pedro Antonio Marín, Rodrigo Londoño Echeverry y Wiliam Mangarres. La investigación se encuentra activa en etapa de instrucción pero en menos de un mes prescribirá.

Jaime Garzón Forero fue asesinado el 13 de agosto de 1999. En su caso hay condena al jefe paramilitar Carlos Castaño como coautor del delito de homicidio agravado. También condena a José Miguel Narváez Martínez, ex subdirector del DAS, por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador. También en 2012, el Coronel del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo fue vinculado a la investigación por el delito de homicidio agravado, luego de determinar que tenía una estrecha relación con Castaño y Narváez cuando era jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército en 1998.

Sin embargo, este año hubo un retroceso cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió en primera instancia no declarar el crimen de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad. En agosto de este año la FLIP explicó que esa decisión llevó a la prescripción del crimen contra Garzón desconociendo los estándares para la investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Si bien los procesos contra Plazas y Narváez continuarán, hasta que una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no permita que el crimen sea declarado de lesa humanidad, este caso seguirá en la impunidad pues de esa manera se impide que otros implicados en la cadena criminal respondan ya que puden evadir su responsabilidad debido a la mencionada preclusión.

Avances importantes en 2019 contra la impunidad

El caso de Jineth Bedoya Lima ha presentado avances significativos en 2019. Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, en enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000.

En julio de este año la CIDH decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región que deberá tomar una decisión al respecto en los próximos meses.

En mayo el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencias condenatorias contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya.

La decisión reconoce que las amenazas contra la periodista eran de conocimiento de las autoridades y que pudo existir una posible responsabilidad penal de terceras personas, por  eso compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

En febrero de este año hubo avances en el caso de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres. La Fiscalía General de la Nación decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a los miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En octubre de este año les fue proferida medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En el caso de Guillermo Cano la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en establecimiento a Jhon Jairo Velásquez Vásquez en mayo de este año. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de la participación de Velásquez Vásquez en la reunión en la cual el Cartel de Medellín concertó el homicidio de  Cano. Por otro lado, la Fiscalía estableció que Gustavo Gutiérrez Arrubla presuntamente realizó labores de inteligencia determinantes para que el grupo de sicarios pudiese atentar contra la vida del periodista. Por esa razón, Gutiérrez Arrubla recibió medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Al respecto del asesinato del periodista Guzmán Quintero, la Fiscalía declaró el delito como de lesa humanidad reconociendo que los hechos hacen parte de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia.

En el caso de Nelson Carvajal Carvajal, el ente acusador también decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista.

Los avances mencionados son positivos, sin embargo la FLIP hace un llamado al gobierno para que coordine e impulse a la instituciones del Estado colombiano en la búsqueda de justicia en todos los casos impunes de crímenes contra la prensa. La FLIP reitera su compromiso con las víctimas y sus familias en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra los y las periodistas.

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones físicas y los daños a los equipos periodísticos de los que fueron víctimas varios reporteros por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de manifestantes que hicieron parte de las movilizaciones estudiantiles en Bogotá. Los ataques contra los comunicadores se presentaron en varios puntos de la ciudad. 

El pasado 31 de octubre dos camarógrafos de CityNoticias fueron agredidos cuando cubrían las manifestaciones de los estudiantes universitarios entre las estaciones de transmilenio Calle 76 y Héroes. Jessica Leaño, reportera de este noticiero, y Juan Leiva, el camarógrafo que la acompañaba, aseguran que fueron víctimas de obstrucciones durante el cubrimiento. Según los reporteros, inicialmente los manifestantes intentaron tapar el lente de la cámara para evitar el registro y, luego, les hurtaron el receptor, un dispositivo que transmite el audio del micrófono inalámbrico a la cámara, lo que impidió que la periodista continuara con la transmisión. Adicionalmente, Leaño afirma que los agresores la golpearon con una piedra en su pierna derecha. 

Edward Moreno, otro de los camarógrafos de CityNoticias, fue agredido en el rostro por parte de un encapuchado, quien le intentó quitar la cámara mientras transmitía en vivo la movilización sobre la Avenida Caracas con calle 76. En medio de la agresión el cubo del micrófono de la cámara que tiene el logo del medio fue destruido. 

En este mismo sector, el periodista de Canal Capital, Juan Sebastián Sandoval, fue agredido verbalmente por varios manifestantes quienes además le golpearon el micrófono, le lanzaron agua y le taparon el lente de la cámara para impedir el registro. El reportero asegura que minutos después, en inmediaciones a la Universidad Pedagógica, agentes del ESMAD lo aislaron del cubrimiento periodístico con el escudo de dotación y le impidieron grabar las movilizaciones en ese lugar. 

Una situación similar vivió el fotógrafo independiente Sebastián Benavides cuando tomaba imágenes de la detención de algunos manifestantes a las afueras de la Universidad Pedagógica. El periodista manifiesta que varios agentes lanzaron gases lacrimógenos a un grupo de cerca de 50 personas, entre las que había prensa y manifestantes. Luego lo empujaron a él con el escudo y le pegaron varias veces a su cámara. Según Benavides, las agresiones se presentaron aun cuando el reportero se identificó como prensa ante los uniformados. 

La FLIP rechaza las agresiones contra los reporteros durante el cubrimiento de las manifestaciones y le exige a la Policía Nacional que tome los correctivos necesarios para identificar a los agentes responsables de las obstrucciones y se inicien los procesos disciplinarios para emitir las sanciones correspondientes. 

Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información sobre las movilizaciones sociales, que son un tema de interés general.

Estas agresiones contra la prensa afectan el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recibir información oportuna sobre hechos de interés público. En este sentido, la Fundación también le hace un llamado a los diferentes movimientos estudiantiles para que no se conviertan en los principales agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Resulta paradógico que se presenten obstrucciones a la prensa para el cubrimiento de una expresión democrática como lo es la manifestación social, la cual necesita ser difundida a través de los medios de comunicación con el fin de que se difundan las exigencias de distintos sectores sociales. Los ataques contra la prensa en este tipo de escenarios afectan la deliberación libre, abierta y plural que necesita cualquier sociedad democrática. 

La FLIP rechaza el decomiso de cerca de 900 ejemplares de los periódicos Entre Líneas y Nostoca en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, por parte de miembros de la Policía local. La Fundación le solicita a las autoridades que investiguen lo sucedido y sancionen a los funcionarios responsables de los operativos.

La FLIP conoció que el viernes 25 de octubre miembros de la Policía de Tocancipá decomisaron cerca de 400 ejemplares del periódico regional Entre Líneas, que llega a 15 municipios de Cundinamarca y desde hace tres años se distribuye en Tocancipá. Los uniformados también decomisaron cerca de 500 copias del periódico local Nostoca que lleva un año circulando en este municipio. 

De acuerdo con Angy Alayón y Miguel Castañeda, directores de los periódicos Nostoca y Entre Líneas respectivamente, esta situación se presentó luego de que el Comité de Garantías Electorales prohibiera la circulación de cualquier tipo de propaganda electoral entre el 25 y el 27 de octubre. Este comité está conformado por el alcalde o su delegado, el comandante de la Policía, el personero, el registrador municipal y representantes de partidos políticos del municipio. Esta situación se presentó aun cuando la misma alcaldía de Tocancipá emitió una circular el 24 de octubre, en la que hace referencia a la Ley 163 de 1994, donde se prohíbe la circulación de propaganda política y electoral únicamente el día de las elecciones. 

La FLIP intentó comunicarse con el alcalde del municipio, ​​Walfrando Adolfo Forero, para conocer su versión sobre lo sucedido, pero no atendió a los llamados. Por esta razón, la Fundación se comunicó directamente con el Sargento Franco, comandante de la estación de Policía de Tocancipá, quien se abstuvo de dar declaraciones, argumentando que no lo haría a través de una comunicación telefónica.  

Situación similar se presentó dos días antes de las votaciones en el municipio de Girardota, Antioquia. El director del periódico local Girardota Crítica, Daniel Largo, denunció que se impidió la circulación de cerca de 400 ejemplares del periódico que según uno de sus distribuidores habrían sido recogidos por miembros de la Policía Nacional. 

Al respecto, el comandante de la Policía de ese municipio, capitán José Cortinez, aseguró que los agentes atendieron a una denuncia de miembros de la comunidad, quienes reportaron que la edición del periódico contenía publicidad política que estaría siendo repartida por menores de edad. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron una bolsa negra llena de ejemplares del periódico. El capitán Cortinez asegura que la Policía no decomisó esos periódicos y que fueron los mismos ciudadanos que denunciaron quienes se quedaron con los ejemplares.

Largo manifiesta que la distribución de su periódico no la realizan menores de edad y que hasta ahora desconoce qué pasó con los ejemplares que estaban listos para repartirse en el municipio. Esta situación obstaculizó la libre circulación de información que es esencial para que la ciudadanía pueda ser partícipe del debate público sobre todo en temas tan importantes como las elecciones regionales.

La FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue el actuar de los funcionarios públicos de la alcaldía de Tocancipá responsables de tomar la decisión de recoger los ejemplares de los periódicos. Así mismo, la Fundación le solicita a la Policía Nacional que investigue disciplinariamente a los agentes que efectuaron el decomiso. 

La FLIP también hace un llamado a la Policía Nacional para que aclare las razones por las que los uniformados en Antioquia permitieron que la ciudadanía recogiera irregularmente y retuviera los ejemplares del periódico Girardota Crítica. Es sumamente importante que las autoridades tengan clara la legislación entorno a la libertad de expresión y garanticen la libre circulación de información que es de interés público para los ciudadanos. 

Sobre lo anterior, la Comisión Interamericana de los Derechos humanos ha dicho que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los casos de censura y acoso judicial de los que ha sido víctima el periodista Juan Pablo Barrientos debido a la publicación de su investigación sobre casos de pederastia en la iglesia Católica en Colombia, Dejad que los niños vengan a mí. En una reciente decisión judicial, se ordenó suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.