Las plataformas en internet son primordiales para el desarrollo del periodismo en estos momentos. Por esta razón, también son un blanco para aquellos que quieren censurar o amedrentar a la prensa.

La FLIP documenta y denuncia agresiones a la prensa que ocurren exclusivamente en internet. En esta categoría se encuentran las solicitudes de eliminación de material, las acciones arbitrarias en redes sociales y los ciberataques a páginas web.

Solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet:

Desde hace algunos años, algunas personas, especialmente abogados, argumentan que se puede solicitar a un medio de comunicación que elimine o bloquee artículos periodísticos que consideran irrelevantes debido al paso del tiempo.
En esta guía pueden conocer lo que se ha dicho al respecto del llamado “derecho al olvido” y cómo responder a estas solicitudes.
Además, en este paso a paso les explicamos cómo responder a las solicitudes de rectificación.

Ciberataque a páginas web:

Ataques digitales para obstruir la labor periodística como: acceso ilegal a usuarios y contraseñas de computadores, correos y administradores de contenidos; falsificación de cuentas de usuario para suplantar al periodista; ataques a la página del medio de comunicación para dejarlo fuera de servicio e instalación de programas maliciosos con el fin de robar información.

Acciones arbitrarias de redes sociales:

Acciones de plataformas de Internet, a través de las cuales se bloquea, limita o elimina contenido de medios o periodistas obstruyendo la difusión o la obtención de información de interés público. También aplica para casos en los que las plataformas impiden que los periodistas ingresen a sus perfiles como administradores de sus páginas.

En la FLIP estamos comprometidos con defender el derecho a la libertad de prensa y a recibir información. Por esta razón, si usted es periodista y está siendo víctima de estos ataques, no dude en contactarnos por nuestras redes sociales o por el correo documentacion@flip.org.co.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las presiones por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y de personas cercanas al mandatario contra los equipos periodísticos de la W Radio y El Espectador. La FLIP pudo documentar que Quintero presionó personalmente a directivos de medios de comunicación y señaló a periodistas de ser opositoras a su gestión como forma de evadir las preguntas acerca de asuntos sobre los cuales debe rendir cuentas.

Acos Alliance construyó un protocolo de seguridad para enfrentar los riesgos que ha traído consigo la pandemia. El protocolo busca que los medios de comunicación y periodistas independientes logren adaptar sus prácticas a las nuevas circunstancias.

Aquí puede conocer el protoclo en español.

Además, Acos Alliance puso a disposición una serie de recursos para cubrir la pandemia y minimizar los riesgos a los que se enfrentan medios y periodistas. Los recursos y guías abordan temas como manejo de crisis, comunicaciones, higiene y salud mental.

Las guías están enfocadas especialmente en los reporteros independientes y las recomendaciones para atender asuntos como las acreditaciones, los insumos de bioseguridad y los seguros.

Aquí puede navegar por los recursos.

En este momento los recursos están en inglés pero la guía se está traduciendo al español.

Esta herramienta fue producida por Acos en alianza con Article 19, Committee to Protect Journalists, Free Press Unlimited, Frontline Freelance Register, International Center for Journalists, International Media Support, International News Safety Institute, International Press Institute, International Women’s Media Foundation, Reporters Without Borders, Samir Kassir Foundation y World Association of News Publishers.

A propósito del Día Mundial de los whistleblowers (denunciantes), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo al que están expuestos los periodistas y las fuentes que han publicado reportajes periodísticos de altísimo interés público en las últimas semanas.

Por ello, queremos llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación sobre dos casos. Primero, el de los denunciantes y periodistas que sacaron a la luz pública la participación de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en la presunta compra de votos durante la segunda vuelta presidencial de 2018; y segundo, el caso de quienes aportaron información a Revista Semana y que ahora son investigados disciplinariamente por parte de la Procuraduría General de la Nación. Estas fuentes revelaron la existencia de acciones sistemáticas para perfilar a decenas de personas (entre las cuales hay más de 54 periodistas) a partir de los lugares que frecuentaban, con quiénes se citaban y los contenidos publicados.

Los riesgos a los que están expuestos periodistas y fuentes que revelan información sensible de interés público exige que las entidades del Estado, responsables de su protección, implementen las medidas necesarias para garantizar que los reporteros continúen desarrollando su labor. El Estado colombiano está en la obligación de proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad e integridad.

En este escenario, es necesario que las fuentes puedan seguir aportando información relevante que contribuya a la investigación sobre estos hechos. Aquí, la Fiscalía General de la Nación desempeña un rol central al garantizar que se investiguen las amenazas que han recibido los denunciantes. Por lo anterior, la Fundación le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que: i) adopte medidas concretas que permitan garantizar la seguridad de quienes están aportando información de interés general y ii) tome acciones para garantizar la seguridad de las fuentes que estén expuestas a una situación de riesgo inminente derivado de estas publicaciones periodísticas. 

Además, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de los reporteros que han denunciados situaciones de riesgo derivadas de estas investigaciones periodísticas.

El Día Mundial de los Whistleblowers y por qué defenderlos

Este 23 de junio se conmemora el Día Mundial de los Whistleblowers, que reconoce el importante papel de los denunciantes (whistleblowers) en la lucha contra la corrupción y el mantenimiento de la seguridad nacional. El derecho de los ciudadanos a denunciar es una faceta legítima del derecho a la libertad de expresión que requiere medidas concretas de las autoridades nacionales para su garantía efectiva.

Las denuncias de whistleblowers parten de la buena fe y de la convicción de que se está frente a irregularidades como: la violación de políticas, normas, regulaciones, leyes; amenazas al interés público o la seguridad nacional; así como ante fraude, corrupción o actos poco éticos o incorrectos dentro de una organización. 

Exponer a la luz pública este tipo de información busca mantener vivo el derecho de la sociedad a estar informada con el fin de hacer control político y social, y promover la rendición de cuentas y la gobernanza democrática. Estas denuncias generalmente ocurren cuando los mecanismos institucionales son insuficientes, no proporcionan los canales seguros para hacer efectiva la denuncia o son ineficaces.

Los denunciantes suelen asumir un alto riesgo: pueden ser despedidos, sancionados disciplinaria y penalmente, apartados de su sector profesional como mecanismo de sanción social, arrestados, amenazados o, en casos extremos, hostigados o asesinados. 

Proteger a los denunciantes y a quienes difunden sus denuncias fomenta una cultura de transparencia, forja un mejor debate democrático y es una condición necesaria para quienes confrontan las barreras institucionales y las estructuras rígidas. En algunos casos estas estructuras facilitan la posibilidad de obstruir el acceso y la difusión de información que la sociedad legítimamente está interesada en conocer. Por ello, en contextos de cooptación o uso irregular de los poderes del Estado y la falta de mecanismos jurídicos que garanticen la seguridad del denunciante, es indispensable que se garantice tanto la confidencialidad de los denunciantes como la posibilidad de formular denuncias anónimas. 

• El alcalde Urrego hizo señalamientos irresponsables contra el periodismo del municipio.

• Además, el alcalde ha utilizado las vías judiciales para restringir el debate público.

• El alcalde tiene el deber de garantizar el ejercicio periodístico y tener mayor tolerancia a la crítica.

La FLIP tuvo conocimiento de las declaraciones que el pasado 16 de junio hizo Leyton Urrego Durango, alcalde de Dabeiba, contra el periodismo local que indaga sobre información del contagio de COVID-19. En una alocución el alcalde sostuvo: “Le pedimos a las personas que dejen de llamar ese virus por acá. No se dejen influenciar por supuestos periodistas malignos, carroñeros, que dicen ser periodistas y están publicando cosas negativas para nuestro municipio”.

La FLIP advierte que esta situación es perjudicial para el ejercicio libre e independiente del periodismo en la región, para el acceso a la información por parte de la población y, además, socava la garantía de veeduría sobre la gestión de la administración frente a la atención de la emergencia. 

Durante el estado de emergencia es indispensable que las autoridades públicas garanticen las condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa ya que la información relativa a su gestión y atención es de relevancia pública. Brindar información y asegurar su difusión permite que los ciudadanos tengan múltiples herramientas para comprender aspectos complejos que les permitan tomar decisiones informadas.

La pandemia del COVID-19 no sólo exige que las autoridades públicas sean proactivas en proporcionar información veraz y oportuna. Para que la ciudadanía esté informada también se requiere que todo lo que sucede con ocasión de la crisis sea contrastado y cuestionado por puntos de vista diversos que escapan de la mirada institucional y que son de enorme utilidad para fortalecer el debate democrático sobre esta situación de interés general.  

La Corte Constitucional ha recalcado recientemente que la libertad de expresión es un pilar del Estado Social de Derecho y un principio fundamental de los regímenes democráticos, en esa calidad previene abusos de poder y es una “válvula de escape” que estimula la confrontación pacífica de las decisiones estatales o sociales que no se compartan, de ahí que goza de un grado reforzado de protección (Sentencia T-155 de 2019).

El alcalde Urrego debe fomentar un clima óptimo para que la ciudadanía se mantenga informada sin valerse de estigmatizaciones contra la prensa. Una característica esencial de una sociedad democrática es la posibilidad de consultar distintos puntos de vista, contenidos y aproximaciones a los hechos, de manera que se respete la autonomía y criterio de los ciudadanos.

El alcalde y su equipo de trabajo deben asumir el deber de mayor tolerancia a la crítica propio de los funcionarios públicos en el marco de una crisis como la actual. Así lo recordó recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 01 de 2020: “En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la población (...) También, deben recordar que están expuestos a un mayor escrutinio y a la crítica pública, aun en períodos especiales”.

Por ello, la FLIP le recuerda a las autoridades del municipio de Dabeiba, y en especial al alcalde, que deben respetar el escrutinio sobre la gestión frente a la emergencia y sobre la situación de contagio sin que ello signifique una represalia contra la prensa. 

Además, la FLIP alerta sobre el uso de vías judiciales para contrarrestar el debate público por parte del alcalde Urrego. Recientemente interpuso una acción de tutela contra un periodista independiente a sabiendas de no haber solicitado la rectificación de manera previa, requisito indispensable para utilizar este mecanismo de defensa de manera legítima.  

Para la FLIP es de extrema gravedad que el resultado de dicho proceso implicó  la afectación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del periodista por cuenta de un error judicial. Ordenar la rectificación de opiniones desconoce la jurisprudencia constitucional que ha establecido que el objetivo de la rectificación es controvertir las informaciones que carecen de veracidad e imparcialidad, por lo que este mecanismo no puede aplicarse a las opiniones. Limitar las opiniones sobre la gestión de un funcionario público desconoce que, por su relevancia pública, se trata de un discurso especialmente protegido y esto constituye una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al alcalde de Dabeiba a que, en cumplimiento del mandato constitucional de su cargo, respete la libertad de expresión y promueva un ambiente favorable que respalde la labor periodística y el acceso a la información. De ese modo, se abstenga de calificar la labor de la prensa en el municipio, de intimidar y desacreditar a la prensa al igual que censurar los contenidos periodísticos en la región.  

El 17 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las situaciones de violencia contra la prensa que se presentaron durante la detención de los reporteros gráficos que cubrían las manifestaciones en Medellín el pasado lunes 15 de junio. La FLIP le solicita a las autoridades que investiguen los hechos para sancionar a los funcionarios responsables de estas situaciones.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tuvo conocimiento de un trino en el que el senador Gustavo Bolívar hizo señalamientos irresponsables en contra de Jaime Arizabaleta, columnista del portal Los Irreverentes. La Fundación le recuerda al senador que estos señalamientos pueden ser entendidos por sus seguidores como una autorización para tomar acciones que atenten contra la integridad o el derecho al ejercicio periodístico del columnista.

La FLIP le hace un llamado al senador a que establezca condiciones de diálogo con los reporteros que hacen cobertura de las gestiones de los miembros de la coalición Decentes.

Aquí puede leer la carta completa con las consideraciones hechas por la FLIP. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los reporteros de Putumayo a través de un panfleto firmado por disidencias de las FARC. La FLIP hace un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para proteger a los periodistas e investiguen estos hechos con el fin de sancionar a los responsables.

El 17 de junio llegó a la casa del periodista Dubán García un panfleto intimidante que también incluía los nombres de los reporteros Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa. En la amenaza los agresores acusan a los reporteros de ser cómplices de la Gobernación de Putumayo. Los cinco reporteros aseguran que la intimidación puede ser producto del cubrimiento que han estado haciendo del impacto y la gestión de la Gobernación y la Secretaría de Salud departamental para atender la pandemia por COVID-19 en el departamento. 

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan los periodistas del departamento, debido a que en 2019 se registraron ocho violaciones a la libertad de prensa, de las cuales cinco fueron amenazas relacionadas con el cubrimiento de la gestión de los funcionarios públicos en el departamento y la difícil situación de orden público de la región. En ese sentido, los periodistas afectados manifiestan que las amenazas han sido constantes y que las medidas de protección implementadas por la Unidad Nacional de Protección no son suficientes para mitigar su riesgo, debido a que no cuentan con esquemas de protección para desarrollar su labor periodística en medio de las situaciones de violencia. Además, aseguran que los dispositivos electrónicos, como botones de apoyo y teléfonos celulares, frecuentemente presentan fallas.

De acuerdo con lo anterior, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación del riesgo que enfrentan los periodistas amenazados en el departamento con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, le hace un llamado para que verifique las condiciones y el funcionamiento de las medidas ya implementadas.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.