La FLIP expresa su preocupación por el exilio del periodista de Noticias Caracol Arlex Piedrahita tras recibir nuevas amenazas y ante la falta de garantías para salvaguardar su vida y continuar ejerciendo su labor en el país. 

El 16 de octubre de este año Piedrahita recibió un mensaje de texto a su celular en el que lo declaran objetivo militar y lo amenazan de muerte a él y a su familia. Esta es la más reciente de una serie de amenazas y hostigamientos que el periodista ha recibido desde el 2019 y que estarían relacionadas con el cubrimiento de temas judiciales, orden público y narcotráfico en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca.

Las constantes intimidaciones y la falta de una respuesta efectiva y atención oportuna por parte de las autoridades obligaron a Piedrahita a abandonar el país a mediados de noviembre de este año buscando salvaguardar su integridad y la de su familia.  

Es la segunda vez que el reportero se ve obligado a dejar de hacer su trabajo periodístico como consecuencia de la falta de garantías frente a su seguridad. A finales de 2019, luego de recibir amenazas en su contra junto con otros cuatro periodistas, Piedrahita estuvo por fuera de los medios un par de semanas y un día después de reintegrarse a su trabajo recibió una nueva intimidación en la que le advertían que tenía que renunciar al noticiero. 

Cuando Piedrahita recibió nuevamente una amenaza en octubre de este año sintió que ya no tenía muchas opciones, no encontró una respuesta diligente y oportuna por parte de las autoridades: no había garantías de seguridad para él y su familia. Además, dos de los periodistas que habían sido amenazados con él en agosto de 2019 se vieron obligados a salir del país por encontrarse en las mismas condiciones. Así, con el apoyo de su medio de comunicación, el periodista abandonó el país.  

En noviembre de 2019, la FLIP advirtió que Piedrahita se encontraba en un alto riesgo y era urgente implementar medidas idóneas. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tardó un año en volver a evaluar la situación de riesgo del periodista y la FLIP aún no conoce de ningún avance en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha resaltado que  los Estado no sólo tienen la obligación de proteger a periodistas en riesgo, sino que deben garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivas y adecuadas. 

La Fundación hace un llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que investiguen con celeridad, seriedad e imparcialidad, las amenazas y hostigamientos reportados por los tres periodistas con el fin de identificar y sancionar a los responsables.  El exilio de periodistas trae consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. Además de tener una afectación psicológica, económica, social y familiar en quienes lo padecen, genera un ambiente de miedo y autocensura entre los periodistas que están alrededor. 

En varias oportunidades el exfiscal Néstor Humberto Martínez se ha referido a la prensa de manera estigmatizante y ha cuestionado, sin fundamentos, las investigaciones periodísticas sobre asuntos relacionados a su gestión como Fiscal General de la Nación. Esto configura una estrategia para intimidar a los periodistas que investigan y publican información de suma relevancia pública.

Hace 21 años fueron asesinados los camarógrafos y periodistas Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón. Sus cuerpos fueron encontrados en el área rural de El Playón, Santander. En su momento, algunas versiones afirmaron que habrían sido detenidos por grupos armados mientras iban de camino a hacia El Playón. Fueron secuestrados y luego asesinados. 

El día de los hechos fue confuso. Alberto y Luis se dirigían a cubrir la elección del sucesor del alcalde Ramiro Alarcón, que también había sido asesinado dos meses atrás. Una de las primeras versiones de los hechos ubicaba a Vidal Abreo, uno de los colegas periodistas de Alberto y Luis, como uno de los asesinados. Ese día Vidal se dirigía a El Playón, casi a la misma hora que Alberto y Luis, tan solo se llevaban una distancia de entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, él no fue detenido y pudo pasar sin problema. 

Alberto Sánchez Tovar fue primero periodista y luego gerente de su propia empresa: Producciones de Colombia Ltda. Había contratado a Luis Alberto Rincón, camarógrafo independiente y que trabajó para Comuneros Televisión y para Teleoriente.

Las cámaras fotográficas y de video de los dos periodistas fueron robadas por sus agresores. Sin embargo, según las autoridades, los victimarios intentaron disfrazar su crimen como un robo.

La violencia de la época

Tan solo un día antes del homicidio de Sánchez y Rincón, otras siete personas fueron asesinadas en el país a manos de grupos armados. En el 99 muchas áreas alejadas de los centros urbanos se encontraban azotadas por guerrilleros y paramilitares. Ese año fueron asesinados otros cuatro periodistas: Jaime Garzón, Guzmán Quintero Torres, Rodolfo Julio Torres y Pablo Emilio Medina. 

Durante estos 21 años muy poco ha pasado en materia investigativa de todos estos casos. Esto, a pesar de que en su momento varias organizaciones, como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenaron los asesinatos e hicieron declaraciones para que se aceleraran las investigaciones en la Fiscalía.

Ese año los periodistas, especialmente en regiones, fueron objeto de amenazas y amedrentamientos. A finales del 99 la SIP denunció con especial preocupación el caso del periodista Carlos Pulgarín, quien tuvo que salir forzosamente al extranjero tras recibir amenazas de muerte directamente vinculadas a su actividad profesional.  

A esta fecha, el crimen contra Alberto y Luis tiene condena a autores materiales. No hay condena contra los determinadores de los asesinatos. 

En la FLIP no queremos que sus nombres caigan en el olvido. Gracias por recordar con nosotros.

La FLIP expresa su más alta preocupación por la censura a las denuncias de acoso sexual y conductas sexuales indebidas al interior de la Universidad Nacional. Este caso representa un alto interés público por tratarse de violencia sexual y de género al interior de una universidad pública e involucrar a docentes. 

A principios de este año, un colectivo estudiantil de la Universidad Nacional denominado Comisión Feminista y de Asuntos de Género – Las que Luchan, en asesoría de Mónica Godoy Ferro, investigó y publicó hechos de acoso sexual y conductas sexuales indebidas en la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. De esta investigación surgió un informe con los relatos de algunas víctimas, quienes vinculan a algunos profesores de la Universidad, entre ellos Fabián Sanabria Sánchez. 

Tras la publicación del informe, algunos medios de comunicación reprodujeron algunos de los hechos presentados en el informe y se exaltó la importancia de la investigación. La FLIP supo que la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional y la Fiscalía General de la Nación ya tienen conocimiento de este caso.  

Como respuesta a las denuncias, el profesor Sanabria Sánchez instauró una acción de tutela en contra de Godoy, pidiendo que se protegieran sus derechos a la honra y el buen nombre, pues en el informe figuraba como agresor de algunas de las conductas reseñadas. 

A lo largo del proceso, Sanabria alegó no haber contado con oportunidad para dar su versión en los medios de comunicación. Sin embargo, la FLIP pudo conocer que varios medios de comunicación brindaron un espacio para que, en favor del debate democrático, Sanabria pudiera entregar su versión de los hechos a la ciudadanía. 

La tutela fue decidida a favor de Sanabria el pasado 11 de septiembre por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C, que ordenó a Godoy que “no solo retire de sus redes sociales los comentarios realizados en torno de las acusaciones concernientes a las agresiones sexuales endilgadas al accionante, sino, abstenerse de seguirlo haciendo, tanto en ellos, como en otros medios de comunicación”. Esta decisión fue confirmada el pasado 16 de octubre. 

La FLIP expresa su preocupación porque esta orden se constituye como un acto de censura indirecta hacia los medios de comunicación al impidirles informar y acceder a las fuentes de estas denuncias de violencia sexual. La orden del juez limita el derecho a la libertad de expresión de las personas que hicieron públicos los casos de violencia sexual y de la misma ciudadanía que necesita conocer estos hechos. 

Posteriormente, Godoy realizó distintas publicaciones sobre los riesgos que trae eliminar del debate público a las víctimas y los defensores de derechos humanos que pudieran dar a conocer hechos sin un fallo previo de un juez que lo permita. A través de un incidente de desacato, Sanabria pretende hacer cumplir la orden de censura. Al respecto, la FLIP advierte que forzar su cumplimiento genera un profundo daño a la sociedad y un efecto inhibitorio sobre la reportería de temas de género y denuncias de las víctimas. 

La violencia de género se manifiesta de diferentes formas (física, psicológica, económica, sexual), y algunas de estas formas pueden ser invisibles al ser normalizadas. Por ello, es indispensable que los jueces den garantías suficientes a los denunciantes y a quienes divulgan la información, para que este tipo de casos no queden impunes.

La FLIP hace un llamado a los jueces para que garanticen el derecho a la libertad de expresión de aquellos valientes que denuncian y publican los distintos tipos de violencia de índole sexual, aún más cuando ocurren en instituciones públicas. 

En ese sentido, este llamado se extiende para que sus decisiones no perpetúen esta violencia. En los casos que involucren violencia contra las mujeres, la Corte Constitucional ha señalado que tienen la obligación de adoptar un enfoque de género, que permita visibilizar los tipos de violencia estructural a los que son sometidas y, de esa manera, ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa.

La FLIP rechaza acoso judicial por denuncias de violencia de género publicadas por Las Igualadas.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, compartimos dos informes realizados por No Es Hora de Callar. Esta es una iniciativa promovida por la periodista Jineth Bedoya Lima, que tiene como objetivo denunciar la violencia sistemática contra la mujer y trabajar en la promoción de los derechos de las mujeres.

En esta oportunidad los dos informes giran en torno a los medios de comunicación. El informe Medios de comunicación y violencia de género habla sobre cómo se tratan en las salas de redacción y en los productos periodísticos los temas de violencia de género. Parte de este informe fue desarrollado teniendo como base investigaciones previas de la FLIP

Por su parte, Violencia de género contra periodistas en Colombia habla sobre la violencia que existe en las salas de redacción contra las mujeres periodistas. Prácticamente todas las encuestadas afirmaron haber sido víctimas, o haber escuchado, de algún tipo de violencia de género dentro de su trabajo. Más preocupante aún es que el informe señala la falta de protocolos para tratar este tipo de hechos. Estas problemáticas afectan gravemente a la libertad de expresión, pues muchas veces empujan a las periodistas a dejar sus espacios laborales, temas o fuentes. 

Uno de los hallazgos más importantes es que en general son casi inexistentes las  capacitaciones a los periodistas en estos temas. También se evidencia que hay una marcada tendencia, por parte de los periodistas hombres, a prejuzgar a las víctimas en casos de feminicidio y violencia sexual. Resulta más preocupante aún que son los hombres periodistas, por lo general, los designados para construir las historias sobre feminicidios, por considerar que son más objetivos que las mujeres. 

En los siguientes enlaces puede acceder a los informes completos. 

La FLIP rechaza que figuras públicas y periodistas emitan mensajes que vinculan a reporteros, que cubren las protestas sociales con milicias urbanas. Estas valoraciones genéricas ponen en riesgo a los periodistas, deterioran las condiciones para el desarrollo de su trabajo e impactan negativamente el debate sobre temas de interés público.

Este 23 de noviembre la FLIP conoció que Herbin Hoyos realizó y publicó un video en el que relaciona a la prensa -que cubría las protestas en Bogotá y Medellín el 21 de noviembre- con estructuras criminales organizadas. En este video, mientras se ven imágenes de periodistas de Colprensa y otros medios cubriendo los hechos, Hoyos afirma: “están distribuidos los roles de cada uno de ellos: unos son los que atacan, otros son los que filman, hay unos que tienen incluso hasta chalecos de prensa, hay otros que a veces usan chalecos de derechos humanos”. 

Horas después, este mensaje fue respaldado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo difundió en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Las milicias y su acción vandálica y terrorista. Herbin Hoyos”. Esto significa una amplificación del mensaje ya que Uribe tiene casi cinco millones de seguidores en esa red social. El video ha tenido más de 70.000 reproducciones y 2.500 me gusta.  

Para la FLIP es preocupante que la difusión masiva de estos mensajes provoque un escenario de permisividad para atentar contra los derechos de los comunicadores. En particular, se destaca que en el contexto colombiano ya existe un riesgo latente en contra de periodistas que cubren este tipo de acciones. 

La FLIP le recuerda al ex senador Uribe y a quienes difundieron estos mensajes que desde noviembre del año pasado hasta la fecha las manifestaciones sociales se han convertido en un escenario de altísimo riesgo para los periodistas. La FLIP ha documentado ataques contra 75 periodistas, y en la mayoría de los casos los agresores fueron integrantes de la fuerza pública. 

La generalización de vínculos de la prensa con estructuras organizadas puede generar en el imaginario colectivo una criminalización de los y las periodistas que cubren la protesta social. Esto tiene el potencial de ponerlos en mayor riesgo infundado, constreñir su independencia y fomentar la autocensura. 

Vale la pena destacar que en una decisión reciente la Corte Suprema de Justicia, en aras de garantizar el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, ordenó conjurar, prevenir y sancionar la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa. Estos mensajes estigmatizantes van en contravía de esta orden. 

La FLIP conoce que Herbin Hoyos rectificó que quienes aparecen en el video identificados como prensa no hacen parte de ninguna organización criminal. Sin embargo, resulta prioritario  que Hoyos haga la misma aclaración en el video original para que circule la información actualizada.

A su vez, reiteramos que a las personas con alto nivel de exposición pública, como el expresidente Uribe, les asiste un deber de garantía de las libertades civiles. Por ello, Uribe está en la obligación de replicar con la misma difusión el segundo video aclarativo sobre la ausencia de vinculación de periodistas con milicias urbanas. Por el contrario, puede alimentar una atmósfera peligrosa para la vida democrática.

Hace 23 años fue asesinado Jairo Elías Márquez, el director y fundador de la revista El Marqués en Armenia, Quindío.

Jairo Elías se había dedicado en sus últimos años a criticar fuertemente la gestión de Carlos Alberto Oviedo, Representante a la Cámara y supuestamente abogado de narcotraficantes. En El Marqués, Jairo detalló sus actividades corruptas.

El crimen contra Jairo Elías se encuentra en total impunidad. A pesar de que existían pruebas de la participación del abogado Oviedo como determinador, finalmente la investigación concluyó y no se pudo comprobar nada. Sin embargo, en abril del 98 Oviedo fue arrestado por otros crímenes.

A pesar de todo esto el legado de Jairo Elías permanece vivo. Gracias también por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos. 

Jorge Enrique Pulido fue un periodista asesinado por el Cartel de Medellín en Bogotá en 1989. Trabajó en la cadena Todelar durante 20 años. Luego se dedicó a emprender con su propia productora: JEP Televisión. Y aunque solo tenía una hora por semana de programación, su proyecto abrió el camino al surgimiento de nuevos programas de denuncia social.

En la FLIP no queremos que la memoria de este periodista caiga en el olvido. Junto a él, muchos periodistas fueron asesinados en el 89 por el narcotráfico, trataban de callar sus voces. Sin embargo, su memoria sigue viva entre nosotros. Gracias por recordar con nosotros.