En días pasados, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la aprehensión de un menor de edad que presuntamente es el autor material del homicidio del periodista Felipe Guevara, a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El menor no aceptó su responsabilidad en los hechos y se le impuso medida internamiento preventivo por parte del Juez Quinto Penal para Adolescentes con función de control de garantías de Cali.

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*La FLIP tuvo conocimiento de que en la tarde del 23 de diciembre el periodista Felipe Guevara falleció a causa de complicaciones médicas producidas por los impactos de bala. Esta noticia nos entristece infinitamente. Acompañamos a la familia y los amigos de Felipe.

Atentan contra la vida del periodista Felipe Guevara en Cali 

22 de diciembre de 2020

La FLIP rechaza el atentado del que fue víctima Felipe Guevara, periodista del Q’Hubo en la ciudad de Cali*. A la Fundación le preocupa que la Policía descarte anticipadamente la relación de estos hechos con su actividad periodística. La FLIP le hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación seria, imparcial y diligente sobre estos hechos y que se tenga como primera línea de investigación la relación con su oficio.

Según ha conocido la FLIP, la noche del 21 de diciembre Guevara recibió cuatro disparos que le afectaron el tórax, el estómago y una pierna. El hecho ocurrió en el barrio Mariano Ramos, perteneciente a la Comuna 16 al oriente de Cali donde vive el comunicador. El periodista fue trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad donde permanece en este momento bajo pronóstico reservado.

Guevara ha trabajado los últimos tres años para el periódico Q'hubo de la casa editorial El País y actualmente cubre temas judiciales. Fuentes consultadas por la FLIP, entre ellos periodistas colegas de Guevara, han manifestado que desde hace un par de años él había recibido amenazas que estarían relacionadas con su trabajo periodístico.

Precisamente, y según la información recolectada por la FLIP, a raíz de estas amenazas Guevara había tenido que irse del barrio Mariano Ramos en el 2017, luego de que hiciera algunas notas sobre una banda criminal que operaba en ese sector. Según conocen las personas allegadas al comunicador, él había puesto una denuncia ante las autoridades por estos hechos. Además, en 2018 y en agosto de este año, Guevara reportó nuevamente amenazas y hostigamientos y afirmó que ya no quería salir de su casa porque no se sentía seguro.

La Fundación expresa su preocupación por los antecedentes que tendría el periodista en torno a su seguridad y exige a las autoridades que investiguen este caso con celeridad y que contemplen como primera hipótesis la relación con su labor periodística. Es preocupante que la Policía Nacional descarte desde un inicio que el atentado contra Guevara podría estar relacionado con su trabajo como periodista. El general Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, expresó que “preliminarmente desvirtúan que este suceso estuviera relacionado con su profesión”.

La Fundación se solidariza con los familiares del comunicador y desea una pronta recuperación. Además, la FLIP se suma al llamado de las y los periodistas del suroccidente del país frente este terrible atentado.

Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El pasado 18 de diciembre la FLIP conoció un video en el que se ve al secretario de salud de Popayán, Óscar Ospina, reaccionando de forma violenta ante un cuestionamiento realizado por el reportero Armando Meléndez sobre su gestión en la Secretaría.  En las imágenes se ve cómo Ospina le lanza un golpe a Meléndez y después intenta quitarle el celular con el que estaba siendo grabado. 

Meléndez tiene un blog denominado Así Ocurrió y ha trabajado como reportero gráfico para El Tiempo y El País. Meléndez explicó a la FLIP que el día de los hechos estaba esperando en Popayán a que salieran los asistentes de la reunión en  la que se  discutía el lanzamiento del plan piloto de Reactivación Económica en la capital de Cauca. Entre los asistentes se encontraba la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el secretario de salud Óscar Ospina. Meléndez se acercó a Ospina para preguntarle sobre su gestión, y la reacción del funcionario fue agresiva. 

La FLIP se comunicó con Ospina quien, a pesar de la evidencia, negó que hubiera intentado agredir a Meléndez y anunció que iba a denunciarlo ante la Fiscalía por hostigamiento. Además, justificó el intento de quitarle el celular aduciendo que él no identificaba al señor Meléndez como periodista. 

Meléndez manifestó que él ha estado haciendo críticas a la gestión de la Alcaldía y del secretario de salud en el marco de un ejercicio informativo y de control a los funcionarios públicos.

La FLIP rechaza la actitud violenta y desproporcionada con la que reaccionó el secretario Ospina ante un cuestionamiento a su gestión como funcionario público. Es indispensable recordar que como secretario de salud tiene el deber de ser tolerante a la crítica y de ser garante del derecho constitucional que tienen todos los colombianos de informar y recibir información. La Fundación le hace un llamado a Óscar Ospina para que ofrezca disculpas públicas por lo sucedido y se comprometa a respaldar la labor periodística. 

Además, la FLIP le hace un llamado al alcalde de Popayán para que dé instrucciones claras a los funcionarios de su administración sobre la importancia de garantizar la labor de la prensa y el derecho a la libertad de expresión. Estos son pilares indispensables para la construcción de una sociedad democrática.  En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión se establece que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. 

Guillermo Cano fue asesinado hace 34 años, cuando salía de las oficinas de El Espectador en Bogotá. El Cartel de Medellín lo puso en la mira luego de que liderara fuertes críticas hacia Pablo Escobar. 

A pesar de que este fue un caso muy mediático y emblemático, su investigación no ha sido especialmente eficiente. A penas en 2019 se impuso medida de aseguramiento a dos presuntos coautores: Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell y Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye. Debido a la muerte de Popeye, a inicios del 2020 la Fiscalía decidió cerrar la investigación que tenía en su contra. 

Hoy honramos su legado, a través de los recuerdos de su hijo Fernando, y decimos no olvidamos. 

Guillermo Cano, el valiente

Fernando Cano, hijo de don Guillermo, recuerda en esta entrevista, realizada por Camilo Jiménez, cómo fueron las épocas en las que El Espectador empezó a ser atacado. Esta conversación hace parte de uno de los informes que la FLIP entregó a la Comisión de la Verdad en noviembre de 2020.

Guillermo Cano fue uno de los primeros que criticó de frente a Escobar y al narcotráfico en general, pero ¿él conocía los riesgos que producían sus posturas?

El Espectador estaba bastante solo en eso. Nadie lo secundó, ni lo acompañó, y eso abrió un vacío porque llevó al periódico a ejercer una función que no le correspondía: ser el procurador de la Nación. Don Guillermo tenía un clamor: “¿Dónde están las entidades del Estado que deben ponerse al frente de esto?”. Esos dos años entre el asesinato de Lara y el de don Guillermo fueron tensos y terribles. Pero no recuerdo haber visto nunca ni en él ni en los redactores que cubrían esas fuentes ningún temor de avanzar con esas investigaciones.

¿Cómo recuerda los días del asesinato de don Guillermo?

Al siguiente día del asesinato, nos llegó una carta en que nos decían que yo, mi hermano y mi mamá éramos los siguientes. Dijimos: “Mierda, esto no se detuvo acá”. Pero eran tan recientes la rabia y el dolor que decidimos no abandonar la lucha. En reuniones en las que estuvieron don José Salgar, otros directivos y mis otros tíos decidimos seguir publicando notas sobre el narcotráfico, no solo sobre los carteles sino también sobre sus colaboradores en el poder económico. Ahí no hubo ninguna autocensura. 

El asesinato a Guillermo Cano era un ataque contra todo el diario, que posteriormente sufriría más atentados contra sus periodistas e infraestructura. En palabras de Cristian Valencia, escritor de otro de los informes entregados a la Comisión, El Espectador “era el único medio con cobertura nacional que se atrevía a poner en boca de todos las discusiones necesarias para la consolidación de una nación pluralista, diversa y multicultural, que serían los pilares, a la postre, de la Constitución del 91”.

Para conmemorar este aniversario, creamos esta línea del tiempo con los principales hitos en la investigación del asesinato de Guillermo Cano. 

Ayer en la tarde el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley del nuevo Código Electoral. Falta la conciliación entre Cámara y Senado para que la iniciativa pase a revisión previa de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria. 

Las organizaciones firmantes advertimos que esta reforma al Código Electoral fue tramitada de manera irregular en el Congreso, sin suficiente debate ni transparencia por cuenta del mensaje de urgencia del gobierno, e incluyendo varios artículos preocupantes en al menos los siguientes temas: 

1. Bajo el objetivo general de prevenir la violencia política, busca castigar expresiones críticas a partidos o movimientos políticos. Pretender que el buen nombre de un partido político prevalezca sobre la libertad de expresión y de prensa afecta la deliberación democrática y genera un entorno de censura. Los candidatos, las campañas y las elecciones deben estar sometidos al escrutinio público constante. 
   
   
2. Concedería una amplia competencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar y sancionar a ciudadanos, por ejemplo, por una expresión que emitan a través de las redes sociales. Por un lado, los artículos son ambiguos; por el otro, el CNE no debería actuar como juez de ciudadanos particulares que no hacen parte de la contienda política. 
   
   
3. Determina la implementación del voto electrónico de afán, con una definición riesgosa que se aleja de los estándares de neutralidad necesarios, y que dificultará las garantías y controles para el proceso de evaluación y selección de la tecnología que se usará.  
   
   
4. Establece la obligación para las firmas encuestadoras de entregar al CNE datos georeferenciados y biográficos de los encuestados antes de publicar las encuestas, con lo cual se estarían exponiendo datos sensibles y reservados de ciudadanos que participaron en un ejercicio que es en esencia anónimo.
   
   
5. Crea una excepción de seguridad nacional desproporcionada y arbitraria para todas las actividades que realice la Registraduría. Esto dificultaría el acceso a información pública del ente electoral –como gastos y procesos contractuales– cuya naturaleza no amerita una reserva generalizada de ese tipo. 

El nuevo Código Electoral incluye otras disposiciones cuestionables sobre provisión de cargos, aumento de gastos y facultades del registrador, entre otros. Tanto en estos puntos como en los mencionados, el proyecto se tramitó –como ya es costumbre– sobre el final de la legislatura y al filo de la medianoche, en medio de sesiones virtuales, votaciones suspendidas y proposiciones y artículos aprobados en bloque. Incluso, se registraron diferencias entre artículos aprobados y lo que finalmente fue publicado en las gacetas. Es decir: para crear las reglas de nuestra democracia, el Congreso se saltó las propias. 

La sociedad civil reitera su exigencia y derecho de hacer parte de estas discusiones en el Congreso. Las organizaciones firmantes exigen transparencia en el proceso de conciliación y que se modifiquen o eliminen los puntos mencionados en este comunicado, que consideramos inconstitucionales. En su momento, expondremos estas irregularidades de fondo y de trámite ante la Corte Constitucional para que proteja los derechos fundamentales y el proceso legislativo. 

Más de dos años lleva sin resolverse el caso por amenazas de muerte en contra de Daniel Samper Ospina, Matador y María Antonia García de la Torre. Los periodistas fueron amenazados a través de Twitter por Ariel Ortega entre marzo y abril del 2018. Uno de los tuits decía “bobo mal nacido, vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena. ¡Qué falta hacen las AUC para callar a este sapo!”.

La época electoral de cualquier país puede significar que en redes sociales haya intentos de manipulación o interferencia en las elecciones. Es por esto que Twitter, durante las elecciones de Estados Unidos, por primera vez se decidió etiquetar los trinos que contenían información falsa o no verificada.

Una de las prohibiciones claras era publicar información que declarara una victoria electoral antes de tiempo. Los tuits que incumplieran con esto serían etiquetados con una advertencia sobre la legitimidad de las afirmaciones y dirigían a los usuarios a la página oficial de las elecciones. Cuando las personas intentaran retuitear un trino con una etiqueta de información engañosa, aparecía un mensaje que les mostraba información creíble sobre el tema antes de que pudieran ampliarlo.

En el contexto colombiano podría empezar a suceder algo similar. El Congreso del país está tramitando una ley que prohíbe que en campañas políticas se tengan discursos que desacrediten el buen nombre de los candidatos, cuestionando, por ejemplo, su idoneidad para el cargo. Si el proyecto llegase a convertirse en ley, hay una gran posibilidad de que se terminen censurando críticas o denuncias de corrupción. Twitter podría dejar de ser un espacio para discutir abiertamente sobre las capacidades de un político que aspira a un cargo público. 

Otra de las medidas tomadas por Twitter durante las elecciones en Estados Unidos fue eliminar los trinos destinados a interferir con el proceso electoral o en la implementación de los resultados de las elecciones, por ejemplo, mediante acciones violentas. 

En los trinos con información engañosa y que eran hechos desde cuentas de Estados Unidos con más de 100,000 seguidores, Twitter decidió agregar advertencias y restricciones adicionales mediante una etiqueta de información engañosa. Las personas debían aceptar la advertencia para ver estos trinos, esto dificultaba que hubiese retuits o me gusta. Sumado a esto, las respuestas se desactivaron y el algoritmo de Twitter no priorizó estos tuits. 

Estas medidas implementadas por Twitter son importantes en cuanto priorizan la libertad de expresión, por ejemplo, al etiquetar los tuits y no eliminarlos. Esta es una postura que no reduce la discusión sobre asuntos de interés público y, que a la vez, según Twitter, ayuda a que la conversación en Twitter sea veraz. 

Esta es una apuesta para combatir la desinformación sin acudir a decisiones restrictivas. Sin embargo, es más que necesario abrir el debate sobre el uso de las redes sociales en épocas electorales y las decisiones que podrían limitar la libertad de expresión de los usuarios.