La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la circular 002 de la Procuraduría en la que define los lineamientos generales para la gestión de comunicación y la imagen institucional. En la circular, se establece que “en ningún caso los procuradores delegados regionales, distritales o provinciales podrán entregar declaraciones o información periodística a los medios de comunicación. La única vocera institucional es la Procuraduría General de la Nación o quien ella delegue”.

La estricta coordinación administrativa no es razón suficiente para romper el flujo de información de las labores de la Procuraduría, toda vez que esto afecta la libertad de prensa, el acceso a la información y a las fuentes.

Al respecto, la FLIP recuerda que la obligación de proporcionar información se extiende a todos los órganos públicos en todos los niveles de gobierno, de ahí que la obligación de dar información recae sobre todos los funcionarios públicos, no únicamente frente a quienes ostentan altos cargos. 

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente recalcó que, respecto de la evolución de la pandemia, se debe tener un especial cuidado en los pronunciamientos de los funcionarios públicos, lo cual implica mayor coordinación más no una concentración de la comunicación. 

Así mismo, el principio de transparencia que rige la función pública no es excluyente de los principios de facilitación y de difusión proactiva de la información. Aunque la información esté publicada y sea de libre acceso para los ciudadanos, los funcionarios públicos también deben permitir que se les interrogue frente asuntos de interés público y, especialmente, sobre asuntos que conocen en ejercicio de sus cargos. 

Por último, esta medida de centralización de la información perjudica en mayor medida a la prensa regional, quien no solo queda desprovista de fuentes sino también presa de las ya existentes dificultades para acceder a la información. 

En lugar de limitar los canales para el flujo de información entre las entidades públicas y la prensa, se deben adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a las peticiones de los medios de comunicación y periodistas, inclusive aquellas presentadas en espacios virtuales. Así lo ha referido la CIDH: “las preguntas formuladas en espacios virtuales deben ser respondidas por las autoridades con debida diligencia, debido a que la prensa es el principal canal para allegar cuestionamientos o interrogantes a las autoridades ante la situación de emergencia y aislamiento de la población”.

De ninguna manera se debe supeditar o condicionar el acceso a la información, pues asegurar este derecho es un requisito indispensable para el buen funcionamiento del Estado de derecho. Por esto, la Fundación invita a la Procuradora General Margarita Cabello Blanco a que consolide las mejores prácticas frente al acceso a la información pública, en aras de fortalecer la transparencia de la función pública y velar por el adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En Cali, Valle del Cauca, durante las corridas de toros de la tradicional Feria de la Caña, una voz derrochaba energía frente a los micrófonos. "¡Qué buena tarde que estamos viviendo! ¡Qué bueno el público de Cali, cómo entiende la faena!", diría Gerardo Didier, periodista asesinado hace 28 años. 

La faena de narrar 

Gerardo Gómez era periodista freelance y empresario, amante de los toros, cuya afición lo llevó a compartir su pasión con toda la ciudad a través de los micrófonos de la Radio Súper de Cali. Fue asesinado a manos de desconocidos el 11 de febrero de 1993. 

Diego Galvis, compañero del periodista en el programa semanal Yo te conté: toros y turismo, recuerda que en su labor como narrador, Gerardo “no criticaba, no censuraba, era una persona muy constructiva, transmitía mucho positivismo en sus crónicas”. Además, lo describió como un hombre entregado, comprometido, cuya alegría le dio notoriedad entre sus amigos y los vallecaucanos aficionados al toreo. “Gerardo era rumbero y un excelente bailador de pasodobles, había que desocupar la pista cuando salía a bailar porque bailaba como si estuviera toreando, armaba todo un espectáculo”, comentó Galvis.

Galvis comentó que hace veintiocho años, hacia las siete de la noche, Gómez se dirigía solo desde una de sus oficinas en el municipio de Buga hacia Cali. Aunque conocía bien esa vía, esa noche mientras hacía un pare frente a las vías del tren, una motocicleta se detuvo junto a su carro y desde allí le dispararon en repetidas ocasiones. 

Las heridas fueron fulminantes y la noticia empezó a sonar en las diferentes emisoras de la ciudad hasta llegar a oídos de sus colegas. Diego Galvis, su compañero de programa, estaba escuchando la transmisión de un partido de fútbol cuando la programación se interrumpió para dar el boletín y hacer un homenaje al periodista. “Echaron el extra y quien estaba transmitiendo el partido era Óscar Rentería. Ellos se conocían de las corridas e inmediatamente, Rentería dio un discurso. Era increíble porque uno podría creer cualquier cosa menos que Gerardo muriera de esa manera”, afirmó Galvis. 

De la afición por los toros al periodismo

Pese a que la comunicación no era su oficio de base, a sus 49 años, Gerardo se había consagrado en el mundo del periodismo taurino bajo el acrónimo de Gedigo. Su comienzo estuvo de la mano de crónicas y columnas en el Diario de Occidente de Cali. Desde allí, cada lunes, informaba los últimos detalles de las ferias, festivales y corridas celebradas en países como España, Perú, Ecuador y Colombia.

Más tarde, su voz marcaría el ritmo en algunas de las transmisiones taurinas de Radio Todelar y de Radio Súper, donde dio sus primeros pasos como comentarista en el programa a cargo de Galvis. Jaime Fernández, uno de los comentaristas de Radio Súper, destaca de Gerardo su gran conocimiento y admiración por el mundo taurino a lo largo de sus 20 años como periodista independiente.

De acuerdo con los registros de la FLIP, al parecer los responsables de su muerte fueron personas inconformes con una evaluación hecha por Gerardo sobre un festival taurino. Sin embargo, sus colegas afirman que él era un hombre comprometido con sus narraciones y, mostrándose siempre emocionado ante los micrófonos, rara vez se quejaba o criticaba lo que ocurría en la corrida por lo que todavía no se explican por qué fue atacado. “Para él darle palo a un torero era menospreciarlo, darle palo a su hobby favorito”, afirmó Galvis. 

Actualmente se desconocen quiénes fueron los autores del crimen y, lastimosamente, este será un caso que quedará sin resolver dado que en el 2013 el caso prescribió ante la justicia colombiana. Desde la FLIP no olvidamos la historia de este periodista que hizo de una de sus más grandes aficiones parte de su pasión por el oficio periodístico.

Ha pasado un año desde que Revista Semana reveló que el Ejército hizo uso de sus recursos de inteligencia para vigilar y perfilar a más de treinta periodistas nacionales e internacionales. Las carpetas contenían datos personales, laborales, familiares, de amigos y colegas. Después de la denuncia de Semana, en la FLIP conocimos catorce casos más. A pesar del revuelo que causó la noticia, hoy es poco lo que sabemos sobre el contenido de esas carpetas.

A esto se suma la falta de consenso entre la Procuraduría y la Fiscalía sobre la lista y el número de personas allí incluidas, pues la primera identificó como víctimas a 29 personas y a los miembros de cuatro organizaciones y un medio de comunicación; mientras que la Fiscalía aseguró que tan solo veinte personas habían sido las víctimas. Tampoco se sabe cuál fue la formulación de cargos hecha por la Procuraduría General de la Nación hacia los trece militares que habrían hecho uso  ilegal de la inteligencia informática del Ejército para realizar estos seguimientos. 

Desde la FLIP, tuvimos acceso a los testimonios de algunos de los periodistas víctimas de estos perfilamientos ilegales, para conocer el impacto individual y colectivo que generaron estas acciones de intimidación y estigmatización a la labor periodística.

Entérense de lo que se conoce de este caso en la página 9 del PDF de Páginas para la libertad de expresión. Puede acceder al documento PDF o descargarlo aquí. 

Los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados durante el 2020. Sus casos dejaron al descubierto la violencia cruda que se siguen enfrentando los periodistas, tanto por parte de la fuerza pública como de bandas criminales.

Cayetano Domínguez, fotógrafo y periodista era un amante de la cámara y un apasionado en la dirección de su emisora, Radio Barrancabermeja, en Santander. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

Durante las jornadas de trabajo en el periódico La Patria en Manizales, Caldas, había un sonido particular que se escuchaba por encima de los teclados. Se trataba de unos pasos firmes y afanados que merodeaban las impresoras del diario: “Ahí viene Orlando“, diría la periodista Martha Lucía Gómez, refiriéndose a su colega y jefe, Orlando Sierra, quien fue asesinado hace diecinueve años, víctima de la corrupción política. 

El 30 de enero de 2002, mientras llegaba de almorzar junto a su hija, en frente de la sede del diario, dos disparos apagaron su andar, sus bromas y su pluma. Tras el ataque, Orlando fue trasladado de urgencia al Hospital de Caldas e intervenido quirúrgicamente. Para Martha, en La Patria el ambiente se permeó de angustia, miedo y tristeza, mientras se trabajaba en la publicación del día. “Cuándo nos preguntan cómo hicieron periódico, yo ni sé cómo. Hacer periódico esos tres días fue terrible”, aseguró la periodista. Finalmente, y tras dos días en coma, el 1 de febrero, el periodista falleció en la unidad de cuidados intensivos. 

Orlando, el periodista incómodo

A sus 42 años el periodista, filósofo y escritor ocupaba la subdirección de La Patria, donde también se dedicaba a la opinión. En su columna Punto de encuentro realizaba críticas a la clase política del departamento de Caldas. Era un gran conocedor tanto de los casos de corrupción como de la cotidianidad de la región. “Para la comunidad él era como el faro de la verdad, escribía lo que nadie se atrevía”, afirma Gómez. 

Orlando contaba con el talento de encontrar titulares para cada historia. Era un apasionado por las letras y, en especial, un jefe exigente. Alba Nelfy Bernal, amiga y compañera de Orlando en el diario, recuerda cómo él, desde la puerta de su oficina, les expresaba su enojo. “Le tiraba a uno zapatos. En medio de todo, era chistoso, era muy enérgico pero no lo hacía de maldad. Le gustaba que las cosas salieran bien”, recuerda Alba.

Siempre estaba atento a la noticia. Entre sus conocidos, Orlando destacaba como un hombre de un humor singular e inquieto, rebosaba energía y una sagacidad que lograba picar a las clases dirigentes de Manizales. Alba cuenta que “él se volvió la piedra del zapato para muchos aquí, porque empezó a denunciar todas las corruptelas y las arbitrariedades que hacían aquí en la ciudad y en el departamento”.

La manera que tenía de escribir y, como algunos llaman, su “desfachatez” para denunciar, lo convirtieron en una incomodidad recurrente en el caminar de los poderosos. En particular para Ferney Tapasco, político que controló durante veinte años la Asamblea de Caldas. Gracias a una columna hecha por Orlando, en 1998, se descubrió la nulidad en su elección como diputado y, posteriormente, se logró la pérdida de su investidura.

Su labor periodística le ocasionó momentos de temor. En una oportunidad Tapasco agredió físicamente a Orlando: le quitó las gafas y las pisoteó en el suelo. Nelfy, su amiga, afirma que pese a que él manifestaba su miedo en sus escritos aún así seguía atento a la realidad política de la región.

Proyecto Manizales, un triunfo

Su muerte fue un precedente para el diario y para sus compañeros. Desde el momento de su asesinato, comenzó a conformarse un equipo mediático que contó con el apoyo de periodistas de La Patria, Semana, Cambio, El Espectador, El País, El Colombiano y El Tiempo. Todo con el fin de hacer reportería para esclarecer el caso. “Este movimiento lo que hizo fue presionar para que se esclareciera lo más pronto posible quién era el autor intelectual, porque el autor material lo cogieron”, afirmó Alba Nelfy refiriéndose a Luis Fernando Soto, el joven que disparó contra Orlando, y quien fue reconocido rápidamente, ya que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. 

Efectivamente, la movilización periodística y la presión de sus compañeros contribuyó a que la muerte de Orlando no cayera en el olvido. Entre los más de 160 casos de asesinato a periodistas de los que la FLIP tiene registro, el de Orlando es el único en el que hay una condena a toda la cadena criminal; es decir, desde quien accionó el arma hasta quien dio la orden. “Para mí la suerte que tuvo ese proceso se logró gracias a que el caso de Orlando se mantuvo siempre vigente, ahí en la línea de trabajo. Ese fue el éxito”, explicó Martha. 

Y aunque Ferney Tapasco pretendía quedar en libertad alegando que el Tribunal Superior de Manizales no le había garantizado el derecho a la doble instancia, pero, para el 25 de septiembre de 2019, la Corte Suprema negó la petición. Actualmente, el caso se encuentra cerrado y Tapasco González, reconocido como el autor intelectual del asesinato, fue sentenciado a 36 años y tres meses de cárcel. Mientras que los hermanos Fabio y Jorge Hernando López Escobar, fueron condenados por complicidad, a una pena de 28 años y 10 meses, al haber contratado a la banda sicarial, según la Fiscalía.

En la FLIP no olvidamos los ataques y pedimos justicia por los periodistas que han sido asesinados por culpa de la violencia y de la corrupción política. La celeridad en los procesos no debería depender de acciones de terceros, como lo fue en el caso de Orlando. Esta garantía la debe otorgar el Estado en los cientos de casos de periodistas asesinados que aún se encuentran en la impunidad.

El abogado Abelardo De La Espriella abusa de las herramientas legales para intimidar y acallar voces que revelan o cuestionan cualquier asunto relacionado con él. Desde el 2018 la FLIP ha registrado catorce actuaciones judiciales de De La Espriella contra periodistas, de las cuales al menos ocho corresponden a procesos civiles que pretenden una cuantiosa indemnización, bajo el argumento de que las opiniones sobre su persona y ejercicio profesional generan supuestamente una afectación al buen nombre y la honra.

La Fundación expresa su preocupación por la intención de censura del abogado sobre la periodista Cecilia Orozco, en contra de quien ha iniciado al menos cuatro procesos judiciales por su ejercicio del periodismo.

La FLIP tiene conocimiento de que el próximo 22 de enero, tras ser aplazada desde el  10 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia del proceso civil que inició De La Espriella —contrariando los estándares de protección a la libertad de expresión— contra la periodista Orozco para obtener una indemnización de hasta 45 millones de pesos, por considerar que sus columnas de opinión, publicadas en El Espectador, son difamatorias.  

Este proceso busca reprender las opiniones de Orozco publicadas en las columnas de opinión tituladas “La Ruta Preteliana de la Justicia”; “La   contrafiscalía de Pretelt y su propio DAS”; “Pretelt, bien acusado pero no vencido”; “Pretelt, antipersonaje del año (2015)” y “Estrategia de abogados: engañar e intimidar a la prensa”. En las columnas Orozco se refiere a la posible comisión del  delito de concusión por parte  de ese magistrado de la Corte Constitucional y a las prácticas de la defensa de su abogado, Abelardo De La Espriella.  

Para la FLIP resulta inaceptable que se judicialice un asunto que a todas luces está cobijado por la libertad de expresión y, con ello, se congestione innecesariamente el aparato de justicia. La opinión de los periodistas es indispensable para fomentar el debate público. Al respecto, la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de que los periodistas manifiesten sus opiniones al sostener que “la libertad de opinión de los propios periodistas, y la defensa del pluralismo, autorizan que los medios valoren de determinada manera lo sucedido.”

Vale la pena reiterar que De La Espriella debe soportar un mayor nivel de escrutinio público porque así lo exige su práctica profesional y protagonismo voluntario en medios de comunicación, tanto por cuestionamientos a su persona, como por las presuntas faltas éticas a la profesión y por la relevancia social de los casos que representa. 

El abuso de la tutela, las denuncias penales y los procesos civiles en contra de periodistas es una actitud que representa una amenaza latente a la libertad de prensa que configura un escenario proclive al silenciamiento de  los medios de comunicación y, particularmente, busca intimidar. Esta estrategia ha sido  promocionada de manera pública y vehemente por De La Espriella como represalia contra sus detractores. 

Al respecto, la FLIP expresa su preocupación sobre la activación sistemática del sistema judicial para callar el oficio periodístico. La judicialización de expresiones de libertad de expresión sobre asuntos públicos responde a interferencias indebidas y  tiene un fuerte potencial silenciador y de autocensura porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas. 

La FLIP advierte que Cecilia Orozco está siendo víctima de acoso judicial por parte Abelardo De La Espriella, práctica restrictiva de la libertad de expresión que él mismo ha  publicitado públicamente y a través de sus redes sociales con el único propósito de amedrentar a la prensa, a costa de desgastar a la administración de justicia. 

En vista de lo anterior, hacemos un llamado a los jueces para que conozcan más sobre esta nueva forma de agresión a la prensa, de manera que no se instrumentalice a la justicia y no se preste al juego intimidatorio propuesto por De La Espriella para acallar a la prensa. La justicia debe garantizar que el interés general de conocer opiniones que fomentan el debate público, prevalezca sobre la censura a la prensa.

La FLIP reconoce positivamente la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca proteger la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón. La CIDH concluyó que la situación de Calderón es de grave riesgo, teniendo en cuenta la falta de adopción de medidas que velen por su seguridad y la ausencia de avances sustanciales por parte del Estado colombiano en las investigaciones de las agresiones de las que ha sido víctima. En la decisión del 14 de enero de 2021, la CIDH destacó que este indicio de impunidad prolonga su situación de riesgo.

Al advertir que existe una situación de riesgo inminente relacionada con el ejercicio del trabajo periodístico que se ha prolongado por varios años, que puede desencadenar en otros actos violentos o conllevar a la autocensura, la Comisión solicita al Estado colombiano que adopte de manera urgente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del periodista. También lo requiere para que informe sobre los avances en la investigación de los hechos que originaron la solicitud de la medida cautelar.  

En marzo de 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) solicitaron a la CIDH otorgar medidas cautelares para garantizar la protección a la integridad de Ricardo Calderón y de los periodistas víctimas de perfilamientos sistemáticos por parte del Ejército Nacional. 

Respecto a la situación de Ricardo Calderón, se sometieron a consideración de la Comisión una serie de amenazas, hostigamientos, seguimientos e interceptaciones ilegales, que están relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico. Durante 2019 y 2020, Ricardo Calderón publicó en Revista Semana una serie de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos por parte del Ejército de Colombia. Una de esas investigaciones es “Las Carpetas Secretas”, en la cual se revelaba el perfilamiento y vigilancia masiva de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar.

En su decisión, la Comisión valoró el contexto en el cual se origina el riesgo al que está expuesto el periodista, haciendo énfasis en que los espionajes ilegales y perfilamientos por parte del Ejército Nacional a periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos en Colombia constituyen una práctica intrusiva e ilegal que cuenta con varios antecedentes graves en el país. En este sentido, llamó la atención sobre el preocupante incremento de amenazas hacia periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales que investigan y denuncian temas de alta sensibilidad.

Por otra parte, enfatizó en la falta de sanción de los responsables, señalando que el avance en las investigaciones es elemental para establecer el riesgo al que se enfrenta el periodista y prevenir la posible afectación de los derechos a la vida e integridad personal.

Respecto a las medidas de protección hasta ahora implementadas, la Comisión señaló que el Estado no aportó información sobre la efectividad de las mismas y advirtió que en este caso existe una situación de vulnerabilidad especial, ya que la mayor agresión provino de agentes del Estado. Por este motivo, las medidas deben ser concertadas con el beneficiario. 

La FLIP continuará realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas colombianos. La FLIP recuerda al Estado colombiano que han pasado diez meses sin que a los periodistas víctimas se les conceda su derecho de conocer la verdad y obtener justicia frente a los perfilamientos y la vigilancia realizada por el Ejército. 

Bogotá D.C., 14 de enero del 2021.

Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el marco del Paro Nacional del 2019, instauramos una acción de tutela con el fin de que se protegieran los derechos fundamentales a la protesta, vida, integridad personal, libertad de expresión, debido proceso, entre otros. A partir de esa tutela la honorable Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020. Este fallo ordenó al presidente de la República convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”. 

Entre el 14 de octubre y el 28 de diciembre de 2020 hicimos presencia en la Mesa de Trabajo, convocada por el Gobierno nacional para dar cumplimiento a la sentencia en mención.

Durante nueve semanas, tanto los accionantes como ciudadanos y ciudadanas con interés en el asunto, discutimos y analizamos con los representantes del Gobierno nacional, dentro de un diálogo respetuoso, un conjunto de generalidades sobre la actuación de las autoridades de Policía en manifestaciones públicas, además de las acciones que aquellas deben observar en etapas preventivas, concomitantes y posteriores al desarrollo de las manifestaciones. 

Sin embargo, varios puntos de gran importancia no fueron tenidos en cuenta para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial y evite excesos  en su labor de atención a manifestaciones públicas, la cual debe  procurar por una garantía real del derecho fundamental a la protesta social y la protección a la vida, integridad personal, libertad de expresión y debido proceso en el marco del ejercicio de este derecho. A continuación nos permitimos reseñar algunos de estos disensos:

1. En primer lugar, los y las accionantes rechazamos que el Gobierno nacional, a lo largo de las discusiones de la mesa de trabajo,  desestimara de plano cualquier posibilidad de que se revisaran las directrices de uso de la fuerza vigentes con fines de reestructuración, como lo ordenó la honorable Corte Suprema de Justicia. A nuestro juicio, estas directrices resultan insuficientes y permisivas para el abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Entre dichas directrices se encuentran las Resoluciones 2903 y 3002 de 2017, expedidas por el Director General de la Policía Nacional, en donde se establecen pautas generales sobre uso de armas de letalidad reducida y sobre la atención en manifestaciones, respectivamente. Estas reglamentaciones, que configuran el marco operacional que posibilitó la brutalidad policial durante el Paro Nacional de 2019 y durante las movilizaciones de 2020, no fueron cuestionadas ni revisadas bajo la negativa férrea del Gobierno, lo cual resulta ser una grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública sobre la manifestación pública y pacífica. 
   
   
2. Rechazamos que el Gobierno no admitiera la posibilidad de redefinir algunos elementos de importancia para una adecuada prevención de actuaciones arbitrarias por parte de la Policía en atención a manifestaciones. En este punto nos referimos a la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de policía; así como la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil tengan participación en los Puestos de Mando Unificado que se convocan con el fin de coordinar la actuación institucional para la conservación del orden público en las manifestaciones sociales, como lo permite el Decreto 563 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
   
   
3. Confirmamos a su vez que en la mesa de trabajo no se llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones. 
   
   
4. En la mesa de trabajo encontramos obstáculos para la inclusión del respeto a la misión periodística, y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia. Si bien quedó incluida una disposición de respeto transversal en las acciones previas, no hubo consenso por parte del Gobierno Nacional en la inclusión de este deber de respeto en el artículo de los focos de violencia, a pesar de haber advertido que en este escenario concreto es donde se materializan gran parte de las agresiones a la prensa en las manifestaciones. 
   
   
5. Por último, rechazamos que el Gobierno Nacional se opusiera a la inclusión de criterios ciertos, claros y completos para limitar la realización de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones, y la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos podamos ejercer una labor de verificación de la integridad personal de las personas sujetos de estas medidas.

Estos aspectos, que consideramos centrales para una adecuada regulación del uso de la fuerza en garantía del derecho fundamental a la protesta, resultan ser indispensables para dar cumplimiento integral a las órdenes impartidas por la honorable Corte Suprema de Justicia. 

Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada. Asimismo, denunciamos que la actitud del Gobierno nacional en lo atinente a su férrea oposición de discutir y debatir estos temas, a la luz de las recomendaciones internacionales y de instancias judiciales, resulta ser una grave  restricción del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo.

La sociedad colombiana necesita de manera urgente una regulación del uso de la fuerza en las manifestaciones públicas por parte de las autoridades, que sea compatible con los derechos a la participación en asuntos públicos, la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, especialmente las disidentes, que a lo largo de setenta años de historia política han sido excluidas y estigmatizadas. 

Firman:

María Angélica Prada
Douglas Lorduy Montañez
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - DH Colombia
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
La red de derechos humanos del Suroccidente colombiano "Francisco Isaias Cifuentes"
La Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” - CAJAR
Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP 
Dejusticia
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP