Guzmán Quintero era periodista y estaba a punto de celebrar su primer año como jefe de redacción del diario El Pilón. El día jueves, 16 de septiembre de 1999, había salido a departir con dos de sus colegas en Valledupar cuando un sicario le disparó. 

Guzmán se había consagrado al periodismo de investigación en la región. Denunció las acciones tanto de la guerrilla, como de militares y paramilitares en el Cesar. En 1995, recibió amenazas contra su vida por haber denunciado la aparición de nuevos grupos armados en el centro del departamento. Sin embargo, para el momento de su asesinato todo parecía estar más tranquilo, pues no había recibido amenazas. 

Periodista de tiempo completo

Guzmán tuvo su primera conexión con el periodismo cuando vivió de cerca el nacimiento del primer diario de Valledupar, El Diario Vallenato. Estaba cursando el bachillerato y colaboraba con algunas cosas de la redacción. Luego decidió estudiar comunicación social en la Universidad Autónoma del Caribe para aportarle a  Valledupar desde un periodismo más académico y no solo empírico.

“El 80% de la vida de Guzmán era periodismo”, dice Yuri, el hermano. A pesar de que apreciaba a su familia, la mayor parte del tiempo Guzmán se dedicaba a investigar temas de interés para el Cesar. “Tanto era que se dedicaba al periodismo, que Guzmán dormía con el radio prendido y si pasaba alguna noticia importante era capaz de despertarse”, cuenta Yuri aún con asombro y nostalgia.

Su pasión por el periodismo lo llevó a proponer el pregrado de comunicación social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la seccional del Cesar. Se desempeñó como coordinador del programa y también daba algunas clases. Estaba comprometido con la creación de nuevos periodistas para la región. 

La investigación

Después de 21 años de su asesinato, solamente se han condenado a los autores materiales. Aunque en 2019 su crimen fue declarado de lesa humanidad, muy poco ha avanzado la Fiscalía en la investigación sobre los determinadores. No se han destinado nuevos recursos al caso y tampoco se ha recogido todo el material probatorio necesario. Según la misma Fiscalía, el paso del tiempo ha sido el principal obstáculo para avanzar con la investigación. Yuri considera que ninguno de los autores materiales que han sido condenados tiene relación con el homicidio de su hermano. “A Guzmán lo mataron agentes del Estado”, afirma Yuri. 

Reynaldo Villalba, integrante del colectivo de abogados que lleva el caso, explica que la condena a los autores materiales hizo parte de un plan para desviar la investigación del caso y evitar que se siguiera escalando en la cadena de mando que operó detrás del crimen del periodista.

La familia de Quintero consideraba que se habían cometido tantas injusticias, que en el 2014, Yuri publicó el libro “¿Quiénes y por qué mataron al periodista?”. El libro fue escrito especialmente para entregárselo a los fiscales y al juez del caso. Era una recolección de las investigaciones que Guzmán realizó que involucraron a la fuerza pública. La familia creía que esa sería la prueba de que el crimen sucedió a causa de su oficio como periodista. 

En la familia de Guzmán las heridas no han sanado. El recuerdo de Guzmán está siempre presente. Lo invocan como el humanista que siempre fue. “No solo pedimos que haya justicia, sino que el Estado se comprometa a una no repetición”, exige Yuri. 

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo, donde asesoraba a la comunidad de Puerto Berrío, Antioquia en temas legales, pues también ejercía el derecho. Edison hacía fuertes denuncias contra la corrupción y lideraba la oposición al alcalde de hace siete años, Robinson Baena.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal de los periodistas Diego Andrés Patiño, fotoperiodista del medio Universitario Mi Ciudad de la Universidad Agustiniana; y de Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad. La FLIP expresa su preocupación por los ataques contra periodistas y medios de comunicación que han cubierto las manifestaciones de los últimos días en el país. Entre el 9 y el 10 de septiembre, la Fundación registró 20* casos de violaciones a la libertad de prensa que afectaron a 22 reporteros, de las cuales 16 fueron responsabilidad de la Policía Nacional y cuatro  fueron responsabilidad de los manifestantes. 

El jueves 10 de septiembre continuaron las protestas en Bogotá y otras ciudades del país por los actos de violencia atribuidos a miembros de la Policía Nacional. En medio del cubrimiento de las manifestantes miembros de la fuerza pública atacaron a la prensa. Durante este segundo día, la FLIP registró un total de 12 ataques a la prensa: seis agresiones físicas, dos detenciones ilegales, dos amenazas, una obstrucción y una agresión más categorizada como otras.

En el CAI de Villemar en la localidad de Fontibón fue detenido de manera ilegal el reportero gráfico Diego Andrés Patiño mientras cubría las manifestaciones en este punto de la ciudad. Según el relato que obtuvo la FLIP por parte del abogado que está representando al periodista, miembros de la fuerza pública intentaron arrebatarle su maleta, donde tenía sus dispositivos periodísticos y elementos de bioseguridad. Patiño manifiesta que cuando se negó a entregar sus pertenencias, uno de los uniformados lo golpeó en su ceja, luego fue llevado al CAI y allí lo insultaron y lo golpearon. Posteriormente, lo trasladaron a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de La Granja, donde todavía permanece sin que se resuelva su situación jurídica.  

En Ibagué los reporteros Cristian Camilo Trujillo, Luis Enrique Rengifo y Kevin Charry del medio digital La Otra Verdad fueron detenidos ilegalmente y agredidos por miembros de la Policía mientras realizaban el cubrimiento de las manifestaciones en el barrio Santa Helena. Los tres periodistas le manifestaron a la FLIP que aunque ellos se identificaron como prensa los policías no se detuvieron revisar sus credenciales y en medio de insultos y señalamientos de ser guerrilleros, los subieron a un camión en el cual los trasladaron hasta la estación central de la Policía Metropolitana de Ibagué. Los periodistas estuvieron detenidos por cerca de siete horas sin tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Además, los reporteros manifestaron que los uniformados nos les permitieron grabar el procedimiento.

En Bogotá, en el barrio Alcalá, Juan Camilo Gómez, periodista de De Pasillo, fue agredido e intimidado por un miembro de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones en este sector de la ciudad. En video quedó registrado cuando un uniformado se acerca al reportero, quien portaba su carné y usaba un casco que lo identificaba como prensa, y le ordena retirarse. Posteriormente se evidencia que otro uniformado se acerca y golpea al reportero, lo insulta y le dice “apague esa mierda”, “¿lo va apagar o no?” refiriéndose al celular con que el periodista estaba grabando. Luego de la agresión, Gómez abandonó la reportería. 

En el CAI de Sabanagrande, mientras el periodista Juan Carlo Giraldo se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas para Red Más Noticias, fue increpado por miembros de la Policía luego de haber terminado su transmisión en vivo. Giraldo le manifestó a la FLIP que los uniformados le reclamaron por el contenido que había emitido respecto a algunas personas capturadas que llegaban a la unidad policial. El reportero afirmó que uno de los agentes lo enfrentó, le mostró un video de un operativo policial realizado durante las protestas y le dijo que eso era lo que debería mostrarse. Adicionalmente, el periodista asegura que otros agentes a su alrededor lo agredieron verbalmente, lo intimidaron y le exigieron cambios en su contenido para favorecer a la institución. 

Frente al CAI de Fontanar, en la localidad de Suba, Fabián Forero, también periodista del canal Red Más Noticias, fue víctima de una obstrucción a su trabajo periodístico. El reportero le contó a la FLIP que varios manifestantes les lanzaron piedras a él y al carro del medio. Por esta razón, Javier Cárdenas, conductor del noticiero, tuvo que alejarse en el vehículo y, aún teniendo visible el logo de prensa, varios manifestantes le quitaron uno de los espejos al carro, lo amedrentaron y le exigieron que saliera del lugar. 

También en la localidad de Suba, en el barrio San Carlos Tibabuyes, la labor de la periodista Ángelica Barrea y el camarógrafo Edwin Bejarano resultó afectada. Según la reportera de Semana, cuando documentaban las acciones de manifestantes en contra de buses de transporte público y señales de tránsito, éstos se acercaron a exigirles que salieran del lugar, le pidieron el carné a Bejarano y les exigieron que dejaran de grabar. Más adelante, en otra zona del mismo barrio, un grupo de manifestantes lanzaron piedras contra la periodista y amenazaron con golpearla a ella y al camarógrafo quienes estaban identificados como prensa. 

Fabián Yanez, periodista de Revista Semana, fue amenazado en dos ocasiones. La primera ocurrió en el barrio Villaluz, cuando unas personas en bicicleta amenazaron a Yanez y su equipo con romperle las cámaras cuando estuvieran presentando en directo. Por este motivo, el periodista decidió abandonar el lugar. Sin embargo, el reportero le  manifestó a la FLIP que quienes los habían amenazado los persiguieron por alrededor de cuatro cuadras hasta que el equipo encontró resguardo en un local comercial. La segunda amenaza se presentó cuando el periodista y su equipo se encontraban realizando una transmisión en vivo desde el barrio La Gaitana, en Suba. Un grupo de manifestantes comenzó a reclamarle al periodista por supuestamente haber dicho que era la población la que había quemado el CAI de la zona. Estas personas le advirtieron al periodista que tenía que cambiar su relato y lo amenazaron con cuchillos. El periodista tuvo que abandonar el cubrimiento. 

En Popayán, Cauca, el camarógrafo de CM& Yerson Buitrón fue agredido con balas de goma que dispararon integrantes del Esmad mientras el reportero cubría las manifestaciones en las inmediaciones del Cementerio Central. El camarógrafo, quien estaba identificado con los logos del noticiero, recibió cuatro impactos, que le dejaron hematomas en sus brazos y en el cuello.

El periodista de Caracol Héctor Rojas recibió numerosas amenazas a través de redes sociales a sus cuentas personales de Facebook, Twitter e Instagram. En los mensajes se acusa al periodista de “vendido” y le dicen que se “va a hacer matar” y que “huele a formol”. En las amenazas además afirman que el periodista está a favor de la Policía y que justifica las muertes de las víctimas de las jornadas de protesta a través de los informes periodísticos que ha realizado sobre los hechos. 

Según la denuncia pública realizada por CityNoticias, un equipo de periodistas de este medio fue víctima de una agresión por parte de un miembro de la Policía. Los periodistas, se encontraban en cercanías del CAI de Villaluz, en Engativá, realizando cubrimiento de las manifestaciones cuando un policía les lanzó una piedra desde la moto en la que se movilizaba.

En el sector del Parkway, localidad de Teusaquillo, dos periodistas de 070 fueron golpeadas con bombas aturdidoras que lanzaron miembros del Esmad. Según una de las reporteras, a pesar de que se identificó como periodista fue atacada en dos ocasiones por los agentes del Esmad con este mismo elemento. 

Adicionalmente, la FLIP conoció que una de las movilizaciones convocada para el viernes 11 de septiembre se realizará frente a las instalaciones del canal RCN en Bogotá. La Fundación hace un llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias al medio y a sus periodistas para el cubrimiento de esta jornada de manifestaciones.  

La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por el aumento en las violaciones a la libertad de prensa contra los periodistas y medios de comunicación que se encuentran cubriendo las recientes jornadas de manifestaciones. Sobre el caso de Diego Andrés Patiño, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que se defina cuanto antes la situación jurídica del reportero gráfico y se garantice su derecho al debido proceso. 

La Fundación para la Libertad de Prensa le reitera a la Policía Nacional la necesidad de iniciar las investigaciones disciplinarias sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones. 

La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezcan un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la labor periodística.

Actualización, 12 de septiembre

La FLIP tuvo conocimiento de que el jueves 10 de septiembre el periodista Jhon Robledo, del periódico El Heraldo, fue agredido por algunos manifestantes mientras cubría la movilización social en Barranquilla. El fotógrafo le reportó a la FLIP que un grupo de jóvenes le lanzó piedras, lo golpearon en la espalda y las piernas con una patineta e intentaron arrollarlo con una bicicleta. Además, Robledo asegura que le golpearon la cámara y le dañaron el parasol y un aro. En el lugar únicamente se encontraba un policía de tránsito, quien no tomó ninguna acción para proteger al reportero. El periodista estaba identificado como prensa y, luego de la agresión, presenta lesiones leves.

La FLIP también recibió el reporte de daño a la infraestructura del medio Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga. Durante la jornada de manifestaciones del 10 de septiembre, las instalaciones del medio resultaron afectadas, al parecer, por manifestantes que se pronunciaban en contra de los actos violentos que involucran a miembros de la Policía Nacional. La Fundación continúa documentando el caso.

*Estos hechos suman 22 agresiones contra la prensa durante las manifestaciones de esta semana. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal, las agresiones físicas y las obstrucciones a la labor periodística que se presentaron ayer, 9 de septiembre. A diferencia de otras protestas, en la jornada del 9 de septiembre, día Nacional de los Derechos Humanos, todos los casos son atribuidos a la Policía Nacional.

Hoy se cumplen cinco años del homicidio de Flor Alba Núñez, periodista de Pitalito, Huila. 

Flor trabajaba en la emisora comunitaria La Preferida y en el noticiero TV Noticias del canal 6. Su ausencia y el vacío que dejó entre su familia, comunidad y compañeros de trabajo es irreparable.

Luego de 5 años se han judicializado a dos autores materiales. Uno de ellos asesinó a una zootecnista en 2013. La justicia aún no se ha pronunciado sobre los autores intelectuales del asesinato.

En la FLIP no olvidamos el asesinato de Flor y hacemos un llamado a que las investigaciones sobre los determinadores del homicidio sigan avanzando hasta encontrar a los responsables. Gracias por recordar con nosotros.

Como es de público conocimiento el pasado 2 de septiembre se llevó a cabo una reunión de políticos en la residencia del exministro Juan Fernando Cristo. La ocurrencia del encuentro en el que participaron congresistas y el expresidente Juan Manuel Santos, entre otros, fue divulgada públicamente por Gustavo Rugeles con fotografías tomadas desde la parte externa de la residencia y fragmentos de videos de discusiones con escoltas y policías. 

Al respecto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta lo siguiente:

• El espacio desde el cual se obtuvo información de interés periodístico es semiprivado y Gustavo Rugeles accedió allí con autorización. Señalarlo de espionaje desde voces que tienen responsabilidades públicas es una calificación que estigmatiza la presencia autorizada de quien estaba indagando sobre lo que allí ocurría. 
  
  
• De los registros de video consideramos que hay una obstrucción a la labor legítima desplegada por Gustavo Rugeles. El personal de seguridad está para reaccionar ante eventos que comprometan o puedan comprometer la seguridad e integridad física de sus protegidos no para restringir o dar órdenes a los ciudadanos que están en el parqueadero de una copropiedad con autorización de residentes. Esta situación se agrava cuando se acude a la intimidación de civiles con el uso de actividades de inteligencia para “verificar” sus antecedentes. 
  
  
• Exigimos a las autoridades garantizar la libertad de expresión sin discriminación y esto pasa por asegurar que la policía y escoltas de la UNP no extiendan su labor misional de protección hasta acciones de obstrucción del ejercicio de libertades civiles por parte de ciudadanos que no representan riesgo a la integridad de las personas que protegen. 
  
  
• En las últimas horas Gustavo Rugeles ha denunciado el funcionamiento atípico de dispositivos electrónicos y en consecuencia solicitamos a la Unidad Nacional de Protección activar los análisis de riesgo y tomar las medidas de protección correspondientes.

Conversemos sobre libertad de prensa y de expresión en Colombia

Tendremos una conversación acerca del gasto de publicidad oficial de alcaldías, gobernaciones y otras entidades estatales. Además, les presentaremos el segundo capítulo de La pantalla del presidente: Duque y la pauta. 

Invitamos a Ana Cristina Restrepo, periodista y columnista; Guillermo Franco, estratega en dirección e innovación de medios digitales; María Paula Martínez, coordinadora de la alianza Proyecto Antonio Nariño; y Jonathan Bock Ruiz, subdirector ejecutivo de la FLIP.

Los esperamos el próximo jueves, 10 de septiembre, a las 5:00 p.m..

Nos reuniremos por Zoom Webinar.

Deben registrarse para asistir y participar del conversatorio: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_V0ucfRj9TNyZAj09K3Lw2Q

¡Los esperamos!

Han transcurrido cuatro meses de las denuncias sobre perfilamientos a periodistas detalladas en la investigación "Carpetas secretas" de Revista Semana. La Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho seguimiento a los anuncios y compromisos de las autoridades con respecto a este caso y, con preocupación, comparte este balance:

Investigaciones disciplinarias 

El pasado 20 de mayo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia. Aún sigue pendiente fijar la fecha para la audiencia de juicio disciplinario. La FLIP valora positivamente que, una vez el Ministerio Público asumió competencia de este caso, se adoptaron decisiones de fondo, lo que no ocurrió mientras el Comando General de las Fuerzas Militares estuvo a cargo de la investigación.

Se tiene conocimiento de un informe de la investigación realizado por el Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares que habría sido remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

Investigaciones penales

El 4 de mayo de 2020, el Fiscal General de la Nación anunció que desde enero comenzó una investigación por delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. Cuatro meses después dicha diligencia no se ha realizado. 

La Fiscalía ha señalado que adelanta una investigación minuciosa ordenando entrevistas a integrantes de las Fuerzas Militares, también que cuenta con la información de los equipos incautados en el allanamiento ordenado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2019 y que realizó una inspección judicial a la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación. A pesar de esta positiva autocalificación, a la fecha, no se conocen vinculaciones formales al proceso.

Acceso a la información

Resulta preocupante una respuesta del pasado 11 de agosto de la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición enviado por la FLIP, donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, "no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20"¹. La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor.

La FLIP no ha recibido información sobre el alcance de los perfilamientos y los responsables a pesar de que se ha insistido recurrentemente en las preguntas concretas formuladas el 12 de mayo. Si bien el cuestionario tuvo un trámite formal ante distintas entidades del Gobierno, se ofrecieron respuestas parciales que no resuelven de fondo los interrogantes planteados. En varias ocasiones la petición fue  trasladada de una dependencia a otra aumentando los tiempos y sin que el traslado implicara el pleno cumplimiento de los estándares de acceso a la información.

Medidas adoptadas en las FF.MM.

El 2 de mayo, el Ministro de Defensa anunció que once militares fueron retirados de servicio. En un comunicado posterior, explicó que esa decisión se fundamentó en “las necesidades del servicio y conveniencia institucional” pero no se refirió a las razones de manera clara, ni explicó la relación con las investigaciones que se adelantan por los hechos de perfilamiento a periodistas.

El ministro también anunció la adopción de medidas para evitar la continuidad de los perfilamientos. Para ello, el Comando General de las Fuerzas Militares realizó un proceso de revisión estratégica de capacidades de inteligencia, "cuyas conclusiones fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia". Dicho diagnóstico es de carácter reservado, razón por la cual no se conocen los pormenores de las medidas que se adoptarán para que se respeten los estándares de protección de derechos humanos. 

El despliegue de actividades de inteligencia militar contra la prensa no es un fenómeno nuevo, y a pesar de que cada vez se anuncian medidas para evitar que los hechos se repitan, se ha demostrado que son insuficientes. Para la FLIP, en este proceso debería participar la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Inteligencia con el fin de garantizar que los controles externos a los servicios de inteligencia cumplan con su labor.

Naciones Unidas y la CIDH observan con preocupación el caso

El 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo del ejercicio periodístico. Por lo anterior, solicitaron al Estado colombiano información para aclarar los hechos: detalles de las investigaciones que se han adelantado y de las actividades de prevención que se han desplegado. 

En una comunicación del 5 de agosto, el Estado contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH. 

Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines ilegítimos. Por ello, allí cursa un proyecto de ley que busca el esclarecimiento del uso de la asistencia internacional del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia, con el fin de aclarar si fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. 

Conclusiones

Las actividades de inteligencia contra periodistas son tan recurrentes como las reacciones enérgicas de rechazo por parte de las autoridades una vez se conoce que ocurren. Las autoridades asumen públicamente compromisos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero con el paso del tiempo pareciera que estos quedan en una rueda de prensa, se diluyen en pocas semanas y no se reflejan en las investigaciones.

Es importante valorar el rechazo de lo ocurrido por parte del Gobierno nacional pero es prematuro dar por sentado y asumir con ese rechazo que todo está resuelto. Se ha forjado un ambiente gubernamental de superación del fenómeno que no pasa por la garantía del derecho a la justicia. Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos.  

Para la FLIP es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para  esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir. 

¹ Fiscalía General de la Nación. Oficio nº FDCSJ-10100- del 11/08/2020 en respuesta al derecho de petición radicado 110016000102202000007.

Hoy recordamos a Javier Darío Arroyave, periodista de Cartago, Valle del Cauca, asesinado hace 13 años.