La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) rechaza la decisión -de segunda instancia de tutela- de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirma la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, a la periodista Vicky Dávila y a Radio Cadena Nacional SAS (La FM) a indemnizar al excomandante de la Policía Jorge Hilario Estupiñán y a su familia.

La FLIP junto al Goethe Institut presentan el especial multimedia "Ideas para un periodismo con futuro". 

El lanzamiento del sitio web estará acompañado por una charla en línea, transmitida por redes sociales, entre las periodistas María Jimena Duzán y Belén Pardo (Vokaribe Radio), con la moderación de Camilo Jiménez Santofimio. Juntos hablarán no solo sobre sus experiencias y retos profesionales a la hora de hacer periodismo en el país, sino también sobre su visión de cómo mantener viva una actividad fundamental para la democracia.

"Ideas para un periodismo con futuro" está disponible en este enlace e incluye formatos diversos, como pódcasts, textos, videocolumnas y conversatorios. Bajo la dirección editorial de Camilo Jiménez Santofimio, en el especial participan periodistas como Juan Gossaín, Ana Cristina Restrepo, Carlos Cortés, Sara Trejos, Santiago Rivas, Ómar Rincón, Alejandro Gómez Dugand, Camila Osorio, Mario Jursich, Juan David Arenas, entre otros.

Puede acceder al comunicado completo haciendo clic aquí.

Héctor Giraldo Gálvez era abogado, periodista y miembro de la junta directiva de El Espectador. Hoy, tras 32 años de su asesinato, recordamos su historia.

Desde su llegada al diario en 1965, su pasión y compromiso con la verdad acompañaron su trabajo en la unidad investigativa. Una de sus grandes investigaciones fue sobre la crisis financiera generada por el Grupo Grancolombiano.

Gracias a su trabajo, actualmente se conocen los nexos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín con el magnicidio de Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. El éxito de sus investigaciones lo convirtió en un blanco para el Cartel de Medellín. El miércoles 29 de marzo de 1989, Héctor fue atacado en su automóvil por dos sujetos que le dispararon desde una moto cuando se dirigía a uno de los juzgados. 

En la FLIP no olvidamos la lucha de Héctor en contra de la impunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, de clic en el siguiente audio.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco condenó a Jesús Vargas Cuajiboy a 28 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, por su participación en los hechos ocurridos en la frontera colombo-ecuatoriana en marzo de 2018 en los que perdieron la vida Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. 

Esta sentencia se da como consecuencia del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Jesús Vargas Cuajiboy, por el cual se realizó un acto de perdón y reconocimiento de responsabilidad como medida de reparación a las víctimas.

Puede acceder al comunicado final en el siguiente enlace.

Desde la FLIP les compartimos esta entrevista a Pedro Vaca, el nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada por la IFEX. 

En el video de la entrevista, grabado pocas semanas después de su designación, Vaca conversa por 45 minutos con la periodista Vanina Berghella sobre diversos desafíos cruciales que enfrenta la región de las Américas en materia de libertad de expresión, desde el impacto de la COVID-19 en los medios de comunicación y el tema de la brecha digital, pasando por el componente de género de los ataques a la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, hasta las responsabilidades que les competen a las plataformas digitales ante la creciente propagación del discurso de odio y la desinformación.

La entrevista completa podrá encontrarla aquí y en el canal de YouTube de IFEX. 

La justicia debe garantizar que el interés general de conocer opiniones que fomentan el debate público, prevalezca sobre la censura a la prensa. Por ello, destacamos el rol fundamental de los jueces en la garantía de la libertad de expresión. En particular, que en sus decisiones se analicen los riesgos actuales del ejercicio periodístico de manera amplia e integral, ya que reconocer el acoso judicial como una nueva forma de agresión contra la prensa es un primer paso para frenar la instrumentalización de la justicia para silenciar opiniones críticas.

El 16 de marzo del 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, revirtió la condena histórica contra el sicario que asesinó al periodista Luis Antonio Peralta y a su esposa Sofía Quintero. El Tribunal redujo 13 años de la condena como resultado del desconocimiento injustificado de la relación del oficio periodístico de Peralta con su asesinato. 

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, la decisión del Tribunal es un pésimo precedente de cara a los altos índices de impunidad de crímenes contra la prensa y a los múltiples procesos contra los responsables de los 161 periodistas asesinados de 1977 al 2020. 

El Tribunal desestimó la relación del oficio periodístico con el asesinato de manera contradictoria. En sus términos, “sobre las denuncias realizadas en el ejercicio de la profesión del periodista Peralta Cuellar, no existe duda para la sala, pero no es posible con ello establecer que el homicidio del recordado periodista se dio en razón de su labor pues el hecho indicador no permite establecer el hecho indicado”. Después de hacer esta afirmación el Tribunal añadió que algunas amenazas reportadas por el periodista no tenían que ver con las denuncias públicas realizadas. 

Esto revela la falta de comprensión de los elementos esenciales del caso, tal como los riesgos inherentes al ejercicio del periodismo en regiones. La FLIP reitera que para la investigación, judicialización y sanción de crímenes contra la prensa es indispensable hacer un análisis de contexto  que  permita  identificar  plenamente las dinámicas regionales y los riesgos a los que están expuestos los periodistas por su oficio, en lugar de presumir su inexistencia en un país con altos índices de violencia contra la prensa. 

Luis Antonio Peralta era un periodista crítico de la gestión pública en la región, en donde ejerció el periodismo por más de treinta años. Su trabajo estaba relacionado con las denuncias sobre irregularidades en contratación estatal, extracción de petróleo y corrupción. Su emisora Linda Stereo, de la cual fue fundador y director, fue la plataforma a través de la cual hizo públicas sus denuncias y entregó a la ciudadanía información valiosa sobre las autoridades y los funcionarios. 

El Tribunal no valoró de manera adecuada este contexto ni el riesgo que le generaba el programa en el que Peralta hacía públicas algunas denuncias en contra de la administración pública. Además, desestimó que días antes de su asesinato, el periodista había anunciado que tenía conocimiento de que un precandidato habría incurrido en actos de corrupción en el municipio del Doncello, Caquetá.

La falta de reconocimiento de los riesgos inherentes al oficio periodístico es un factor que acrecienta la impunidad de los crímenes contra la prensa . En este caso, también persiste la falta de identificación y sanción de los determinadores, quienes hoy se encuentran en libertad.

La FLIP continuará acompañando este caso, y este 19 de marzo de 2021 presentó el recurso de casación contra la decisión del Tribunal para que se reconozca la necesidad de reincorporar en la decisión el reconocimiento de la relación del oficio periodístico con el asesinato de Luis Antonio Peralta. La decisión se apartó de elementos esenciales del caso y, con ello, desconoció el rol que desempeñan las autoridades judiciales en la protección de los y las periodistas y en la garantía de que los delitos y los ataques en su contra no queden impunes. 

Por lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que coadyuven el recurso y visibilicen la violencia y los riesgos a los que están expuestos los periodistas, cuya labor contribuye a la construcción de sociedades democráticas.   

Luis Eduardo Alfonso Parada era periodista de la emisora Meridiano 70 en Arauca. A lo largo de 10 años, se dedicó a denunciar, a través de los micrófonos, temas relacionados con el orden público y la administración municipal. Hoy, tras 18 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

El periodista, a través del noticiero “Actualidad informativa”, se convirtió en un referente informativo para los araucanos pero, las amenazas fueron una constante. Luis Eduardo fue atacado la madrugada del 18 de marzo del 2003 por tres hombres en motocicleta. Estos realizaron múltiples disparos a la entrada de su casa, justo cuando iba de salida a la emisora.

En 2009, amparados bajo la Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, José Rubén Tobón, alias “Lucho” aseguró que el paramilitar alias “Cúcuta” había asesinado a Luis Eduardo. Este paramilitar, a su vez, declaró haber asesinado a un periodista. Tobón fue identificado como autor material y recibió una condena sin posibilidad de excarcelación. Sin embargo, los autores intelectuales aún no han sido identificados. 

En la FLIP no olvidamos a Luis Eduardo y su compromiso con la región. Su memoria debe ser honrada con la justicia y esclarecimiento completo de su asesinato. Gracias por recordar con nosotros.

Haciendo clic en el siguiente audio podremos escuchar la historia de este periodista:

Sonríe #estamosvigilando, una iniciativa para proteger los derechos humanos que pueden verse afectados por el uso de tecnologías con capacidad de vigilancia durante la pandemia.

En el día del lanzamiento, presentan en simultáneo solicitudes de acceso a la información pública en Brasil, Chile, Colombia y El Salvador sobre distintos aspectos de los procesos y tecnologías en uso en esos países e inician una campaña.

18 de marzo de 2021- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Derechos Digitales, FLIP, IDHUCA, y Open Knowledge Brasil presentaron hoy en simultáneo solicitudes de acceso a la información pública en Brasil, Chile, Colombia, y El Salvador para obtener información sobre los procesos llevados a cabo por esos países para adquirir e implementar tecnologías con capacidad de vigilancia durante la pandemia del COVID-19 y evaluar su impacto en los derechos humanos de las personas. Las solicitudes buscan también conocer distintos aspectos asociados a las tecnologías, incluyendo sus funcionalidades, políticas de privacidad, condiciones de almacenamiento de datos, entre otras.   

Estas solicitudes de acceso a la información marcan el lanzamiento de la iniciativa conjunta Sonríe #estamosvigilando, que tiene el objetivo de exigir transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de tecnologías que pueden impactar en nuestros derechos, tanto durante la pandemia como en otros contextos.  Junto con las solicitudes, las organizaciones presentan su campaña y el sitio web en el cual se puede dar seguimiento a las solicitudes, acceder a las respuestas y a recursos relevantes.  Se trata de un sitio web dinámico, que se irá actualizando constantemente, ofreciendo una biblioteca jurídica con los insumos generados durante y a partir de los procesos locales con la finalidad de animar al inicio de solicitudes similares en otros países. 

Con diversas estrategias, el proyecto propone generar discusiones, recursos e iniciativas para proteger los derechos humanos que pueden verse afectados por el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia sin las salvaguardas, restricciones y controles necesarios.

La pandemia del COVID-19 ha llevado a muchos países de la región a adquirir, desarrollar e implementar tecnologías como mecanismos de respuesta al virus. Sin embargo, muchas veces se desconoce sobre sus alcances y eficacia, así como sobre los impactos que pueden tener sobre derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, la igualdad y la integridad. Sin información y control sobre esto son elevados los riesgos de vulneración de derechos. 

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que las tecnologías con capacidad de vigilancia no violen derechos humanos y sean usadas con apego a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Los Estados deben generar procesos diligentes y garantizar el acceso a la información pública necesaria para fiscalizar la protección de nuestros derechos y permitir el acceso a la justicia. 

Las organizaciones partes de esta iniciativa invitan a la comunidad de derechos humanos y personas y grupos interesados a sumarse y seguir la campaña y acciones que se irán actualizando en el sitio web y en las distintas plataformas sociales en miras a multiplicar el mensaje de la necesidad de transparencia para la protección de los derechos humanos.