En Magangué, Bolívar, los medios de comunicación estuvieron silenciados durante la administración del alcalde Jorge Luis Alfonso López. Esto cambió gracias al periodista Rafael Enrique Prins y a su medio Apocalipsis, que comenzó a realizar críticas sobre la Alcaldía. No obstante, esto terminó por costarle la vida: Rafael Enrique fue asesinado el 19 de febrero de 2005.

Al igual que varios ciudadanos de Magangué, Prins creía que su municipio podía tener un futuro distinto. Por ello, trabajó en la campaña de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la conocida exempresaria Enilce López.

El documental “Homenaje a Rafael Enrique Prins” cuenta que meses después de las elecciones en las que Alfonso López salió victorioso, el periodista se percató de que los cambios que prometía este nunca se realizarían. Por eso, Prins decidió renunciar al Fondo Municipal de Tránsito, y emprendió con Apocalipsis, un medio independiente en donde comenzó a denunciar las problemáticas de la administración de Alfonso López. El medio, aunque solo era una hoja impresa de ambos lados, y que además se distribuía de forma clandestina, logró incomodar al entonces alcalde. “Las denuncias sobre cómo manejaron los recursos de la salud y quién se quedó con esos dineros fueron las que probablemente enojaron a Jorge Luis Alfonso”, cuenta Edison Lucio Torres, periodista y amigo de Prins desde la niñez. 

Según La Silla Vacía, cuando Alfonso López llegó a la Alcaldía, Magangué estuvo repleto de personas armadas. El temor y el silencio comenzaron a apoderarse de la población y los medios de comunicación se silenciaron frente a las sospechas de corrupción de la administración. Pero Apocalipsis fue la excepción.

El día de su asesinato, según un testigo anónimo, hombres desconocidos buscaron a Prins y lo hirieron con disparos cerca de las ocho de la noche, en el Parque de la Electricidad en Magangué. El periodista falleció en el Hospital San Juan de Dios cuatro horas después del ataque. 

Lucio Torres, colega de Prins, cuenta que luego de la muerte del periodista, desde 2005 al 2010, hubo una presión a nivel regional y nacional sobre la familia del alcalde Alfonso López, que desencadenó en la persecución y futura condena de los implicados en el asesinato de Prins. En palabras de Lucio Torres: “ellos se ganaron una enemistad con sectores importantes de la política. Estos sectores jugaron un papel determinante para llevar a los estrados judiciales a diferentes individuos de la misma familia”. 

En 2015, un juzgado de Bogotá condenó a Jorge Luis Alfonso López a 39 años de prisión. Posteriormente, en 2017, el Tribunal Superior de Bogotá rebajó su condena a 29 años. Pedro Vaca, exdirector de la FLIP y relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que este fue el primer caso de una condena efectiva al autor intelectual del asesinato a un periodista en el país. Para Lucio Torres “la efectividad en la condena se dio porque hubo voluntad política de sectores políticos del país”. 

Desde la FLIP intentamos comunicarnos con tres personas cercanas a Prins. Sin embargo, todas decidieron no dar entrevistas, pues temen a las amenazas que esto podría conllevar. 

En la FLIP no olvidamos a Rafael Enrique Prins y su lucha por la libertad de expresión. Gracias por recordar con nosotros.

Bogotá - Washington D.C., 16 de febrero de 2022. La Universidad de Columbia anunció a los ganadores del Global Freedom of Expression Prize 2022. En el grupo que recibirá el galardón el próximo 1 de marzo se encuentra el Centro por la Justicia y Derecho Internacional —CEJIL— y la Fundación para la Libertad de Prensa —FLIP— con el Premio Global a la Libertad de Expresión a la Excelencia en Servicios Legales, por el trabajo y la colaboración estratégica en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima.

La Alianza por la igualdad de las mujeres en los medios, integrada por ocho reconocidas organizaciones de Colombia (Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, Sentiido, Colnodo, Consejo de Redacción, Fundación Karisma, Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, La Línea del Medio y la Red Colombiana de Periodismo Universitario), presenta el 15 de febrero de 2022 el informe “Implementación del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing: Mujeres, medios y comunicación en Colombia 2021”, el cual expone los principales desafíos y avances en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación.

El informe está disponible para descarga aquí.

Contexto Informe Capítulo J 

Colombia ha ratificado casi todos los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, incluyendo la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) aún vigente y que desde hace 26 años considera el empoderamiento de todas las mujeres y específicamente en el Capítulo J dedicado a la mujer y los medios de difusión (comunicación), propone dos objetivos estratégicos para todos los países: 1. aumentar el acceso de la mujer, su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión, así como en las nuevas tecnologías de comunicación; 2. fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión (Naciones Unidas, 1996, pp.107-112).

Durante el tiempo de vigencia de la plataforma se observan avances, pero la falta de presupuesto, continuidad y seguimiento de las estrategias, proyectos, programas y acciones, así como la permanencia de contenidos mediáticos reproductores de estereotipos de género, no han permitido aportar contundentemente a un cambio estructural para la igualdad de mujeres y de hombres acorde con los dos objetivos del Capítulo J, tal y como se evidencia en el informe en el que se encuentran reflejados obstáculos fundamentales relacionados con la continuidad y el seguimiento de las acciones, programas y/o proyectos emprendidos por los gobiernos para la eliminación de brechas de género en relación con la comunicación. 

En la presentación del informe se busca socializar los logros, obstáculos y retos encontrados a partir de cinco ejes temáticos: i) normatividad y políticas públicas, ii) derechos digitales, iii) Libertad de prensa y ejercicio periodístico, iv) participación en los medios de comunicación y derechos laborales, v) contenidos sexistas en medios y comunicación digital. De igual manera, relaciona buenas prácticas sobre una comunicación incluyente y no discriminatoria, así como una serie de recomendaciones para que los gobiernos y los medios de comunicación tengan en cuenta para el avance de los derechos de las mujeres, posibilitando además enriquecer la discusión y la luz del balance de Beijing+25.

La FLIP expresa su preocupación por la desinformación, alrededor de las emisoras de paz, generada por la senadora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal. A través de un trino publicado el pasado 9 de febrero, Cabal afirmó que cinco emisoras están siendo “controladas por excombatientes de las FARC”. Sus declaraciones son irresponsables y ponen en riesgo a los y las periodistas que trabajan en los departamentos que ella menciona: Norte de Santander, La Guajira, Antioquia, Tolima y Bolívar

La periodista Claudia Julieta Duque hizo entrega de su esquema de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las reiteradas violaciones a sus datos personales. La UNP usó el esquema proporcionado a la periodista para recolectar y manejar datos sensibles. Esta situación es un claro incumplimiento del Estado colombiano a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida, integridad y libertad de expresión de la periodista.

El 27 de octubre de 2021, la FLIP alertó sobre la recolección de manera masiva y sin autorización de datos altamente sensibles de la periodista por medio de un dispositivo GPS instalado en el vehículo que hace parte de su esquema de protección. Dentro de la información recolectada se incluyen direcciones exactas y localización de Google Maps. Esto pone en riesgo la seguridad de la periodista, sus familiares y sus fuentes periodísticas. Además, preocupa que la UNP no haya garantizado el acceso a la información ni proporcionado alternativas para la protección de la periodista.

El 11 de noviembre la UNP respondió a un derecho de petición enviado por la FLIP en el que solicitamos información sobre el uso y la protección de los datos que se recolectan por medio de los dispositivos GPS. Según la entidad, la información era de carácter reservado, pero desconoce que los datos que solicitó la FLIP son de carácter general y estadístico, y no comprometen información privada de las personas protegidas. Por eso, el 17 de noviembre se presentó un recurso de insistencia, del cual se desconoce el trámite que haya adelantado la entidad. 

A raíz de todos estos hechos, el 9 de diciembre la Cancillería convocó a una reunión con la periodista y Alfonso Campo, director de la UNP. En el encuentro discutieron sobre el uso de los GPS en los vehículos de la entidad y Claudia Julieta Duque solicitó que se retirara dicho dispositivo. Sin embargo, no se llegó a una solución concreta.

El 13 de diciembre de 2021 la periodista reiteró la solicitud del retiro del GPS del vehículo, por medio de un derecho de petición. Diez días después, la entidad negó la solicitud alegando que el GPS “es la única herramienta con la que cuenta la UNP, para poder controlar la actividad de protección de manera idónea y eficaz”.

Luego de tres meses de dar a conocer la denuncia y de agotar infructuosamente distintas vías para llegar a una solución que sea acorde a su situación de riesgo, Claudia Julieta Duque tomó la decisión de entregar el vehículo de protección a la UNP. 

Esta es la segunda vez que se vulneran los derechos fundamentales de la periodista por medio del esquema de protección asignado por el Estado, pues anteriormente Claudia Julieta ya había sido víctima actividades de vigilancia realizadas por parte de los hombres de protección asignados al esquema que pertenecían al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La FLIP manifiesta su preocupación por la situación de seguridad de la periodista, que puede agudizarse por la falta de adopción de medidas de protección integrales por parte del Estado. Por eso, le solicitamos a la CIDH que realice un seguimiento especial a las medidas cautelares otorgadas a favor de la periodista, en el que evalúe los riesgos del uso de tecnologías en el mecanismo de protección, y reitere al Estado a que las mismas sean concertadas con la beneficiaria y acordes a su situación de riesgo. 

Las declaraciones estigmatizantes contra periodistas por parte de funcionarios del Estado con alta influencia en la opinión pública tienen un impacto nefasto en la seguridad y en las garantías de las que debería gozar la prensa. Es urgente que esto cambie. Los mensajes que emiten los dirigentes deben ayudar a fortalecer el derecho a la libertad de expresión.

Asustar con asfixiar a la prensa ha dejado de ser una actitud que genera mayores inconvenientes ante la opinión pública. Por el contrario, el discurso de poner límites a las y los periodistas es cada vez más reiterativo por parte de los representantes del Estado. Incluso, resulta atractivo para diversos sectores de la ciudadanía.

En los últimos años, han sido varios los casos en los que dirigentes políticos, funcionarios públicos o autoridades colombianas han denigrado, intimidado o amenazado a los medios de comunicación sin recibir ningún tipo de penalidad. Esa ola de represión, que también es global, ha convertido al periodismo en una piñata ideológica y ha permeado las garantías legales para el ejercicio periodístico, a pesar de ser protegidas de manera clara por la Constitución.

A esto se suma una larga lista de problemas estructurales en el periodismo colombiano y que durante décadas han sido eclipsados por otros asuntos en las agendas de los últimos gobiernos.

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

En una era de noticias falsas y de debilitamiento de los mecanismos democráticos, esta problemática no puede continuar invisible en el debate público. En particular, teniendo en cuenta lo difícil que resulta para los medios de comunicación preservar su profesionalismo en un entorno tóxico amenazado por la violencia, la crisis económica y en el que proliferan las campañas selectivas de desinformación y estigmatización para desacreditar la labor de las y los periodistas.

Para que puedan trabajar en un entorno seguro y propicio, el próximo gobierno de Colombia deberá implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país.

Este plan que debe estar llamado a restaurar el ecosistema del periodismo, entre otras cosas, deberá tener suficiente reconocimiento público y tener claro que estos nuevos programas no sólo tienen que ser aprobados sino implementados. Es necesario recordar que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior trabajó en la elaboración de una política pública de libertad de expresión. Sin embargo, y después de cuatro años de trabajo, ese documento terminó archivado.

Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía y deberá adoptar acciones claras con las que el Estado garantizará que las y los periodistas, que trabajan en los medios de comunicación, gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad. Para liderar ese trabajo será ideal que la próxima cabeza del ejecutivo designe, de manera temporal, a un enviado presidencial especial para la libertad de prensa.

La proyección de esa política pública sobre libertad de expresión también deberá contar con la participación de los diferentes miembros del sector y de las audiencias, para así recoger los insumos suficientes que permitan complementar un diagnóstico actual, que entre otros asuntos, incluye las siguientes problemáticas:

1. Adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar justicia en los crímenes contra periodistas y así acabar con el ciclo violento de la impunidad.
   
   
2. Defender la libertad de expresión en línea, evitar la censura por parte del Estado y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas.
   
   
3. Replantear el modelo de los medios públicos de tal manera que se garantice su gobernanza e independencia.
   
   
4. Atender las consecuencias del conflicto armado contra la prensa: memoria y reparación.
   
   
5. Implementar nuevas medidas de sostenibilidad de los medios que garanticen su independencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
   
   
6. Promover la comunicación ciudadana en un país silenciado y respaldar a medios de comunicación que garanticen la comunicación propia y el  pluralismo.
   
   
7. Revisar las condiciones desfavorables en la contratación de la publicidad oficial, promover su transparencia y blindar para que estos contratos no amenacen la independencia editorial de los medios.

El éxito del buen periodismo, el que es responsable, no dependerá solo de resolver algún aspecto en particular sino de atender todo su ecosistema. No se trata solamente de procurar garantías como el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de los medios, también resulta necesario atender la desfinanciación del sector para garantizar genuinamente el periodismo independiente.

Esa tarea es urgente, crítica y exigente, pero puede comenzar con unos pocos pasos muy visibles que incluyen que quienes se conviertan en los próximos funcionarios públicos, y especialmente el próximo presidente, se pronuncien enérgicamente en defensa de la libertad de prensa. 

Es necesario adoptar, en cabeza del gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa que permita contrarrestar la violencia contra las y los periodistas. Los funcionarios públicos deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia. Ello implica abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de medios de comunicación  y procurar un mejor acceso a la información pública. Esto permitirá reconocer el papel fundamental que desempeña la prensa al brindar información confiable, precisa y oportuna.

El momento exige pensar en trascender a los esfuerzos voluntarios del pasado. Reparar el periodismo requiere del apoyo público, específicamente, de un respaldo por parte de quienes integren el próximo Congreso y de quien llegue a ocupar la Presidencia. 

La violencia permanente contra los y las reporteras se traduce en menos información valiosa para la ciudadanía y en posibilidades limitadas para indagar sobre asuntos de interés público. Si bien el Estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes para reaccionar a esa violencia, es necesario revisar las políticas de protección. Se requieren estrategias diferenciadas y enfoques particulares.

Entre 180 países, Colombia ocupa el puesto 130 con las peores condiciones para el ejercicio de la prensa. Según la clasificación más reciente realizada por Reporteros sin Fronteras, en América Latina, el nuestro es el segundo país más letal para el periodismo, después de México. En los últimos cinco años, han sido asesinados ocho periodistas y por lo menos 782 han sido amenazados. 

Bajo estas circunstancias, es necesario reiterar que la seguridad debe ser una prioridad para los Estados y que deben hacer todo lo posible para prevenir actos de violencia, intimidación, amenazas y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Así ha quedado nuevamente consignado en la resolución adoptada, de manera unánime, por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2021.

En Colombia, el programa de protección se creó en el año 2000 y se ajustó en el 2012, momento desde el cual está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este programa no es suficiente para atender las vulnerabilidades de los y las reporteras. Es un mecanismo que, aunque fue pionero en su momento, actúa, principalmente, de manera reactiva, no opera articuladamente con otras entidades y desconoce las condiciones y prácticas únicas del ejercicio periodístico, así como las diferencias entre las violencias ejercidas en cada región del país. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Por otro lado, la pedagogía alrededor de la autoprotección es insuficiente y prácticamente no existen medidas preventivas. En la mayoría de los casos, al menos de la población de periodistas, estas acciones se limitan a patrullajes y revistas policiales que no se cumplen a cabalidad y que casi nunca tiene en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas en riesgo o la capacidad del cuerpo policial que debe prestar esta función. La FLIP ha advertido en diferentes informes que este programa se ha transformado en un mecanismo burocrático, cada vez más inclinado a tomar decisiones por motivaciones políticas y no técnicas.

En el Decreto 1139 de 2021, que establece la reingeniería de la UNP contemplada en el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), se establecieron algunas modificaciones dirigidas a reducir los tiempos de respuesta de los análisis de riesgo y a formalizar espacios y prácticas que ya existían. Sin embargo, no es suficiente ni útil reducir tiempos de respuesta si no se subsanan vacíos en la ruta de protección como la formación de los analistas en temas relacionados con labor periodística, enfoque de género, derechos humanos, etc. Tampoco es eficiente en la medida en que no hay disponibilidad de recursos para asignar medidas adaptadas a los territorios y garantizar su correcto funcionamiento. Además, sigue sin haber un espacio abierto a la veeduría por parte de organizaciones de la sociedad civil a la ruta de protección.

También existen riesgos de otra naturaleza que no están siendo reconocidos por el mecanismo y que pesan sobre la seguridad de los periodistas en la era digital como la vulnerabilidad a convertirse en blanco de la vigilancia, el acoso en línea o la intercepción ilegal o arbitraria de comunicaciones. En el 2020, el Ejército Nacional vigiló y parametrizó a periodistas etiquetando su trabajo. Con base en sus reportajes periodísticos o líneas editoriales, les relacionó, de manera estigmatizante, con grupos al margen de la ley y recolectó información personal sin su autorización. Casi dos años después no hay sanciones disciplinarias ni penales por estos hechos.

Además de la protección reactiva, el Estado también está llamado a promover la diversidad y la independencia de los medios de comunicación y el acceso a la información. Pero acontecimientos recientes evidencian la especial fragilidad de los medios independientes y del periodismo ciudadano, pues son blanco recurrente de ataques y estigmatizaciones. Por ejemplo, este tipo de medios de comunicación fueron los más afectados durante las manifestaciones del 2021; sobrevivieron a semanas muy violentas sin garantías para hacer su trabajo y cubrir las protestas sociales. 

Crímenes contra la prensa

1. La FLIP ha registrado desde 1938 hasta la fecha 163 casos de asesinatos a periodistas por razón de su oficio. 
   
   
2. De los 782 periodistas que han sido amenazados en los últimos cinco años en Colombia, en cuarenta casos tal amenaza ha derivado en desplazamientos internos y exilios. 
   
   
3. Entre 2016 y 2021, ha habido ocho atentados y ocho secuestros contra periodistas.
   
   
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que existe una situación de riesgo para la prensa en Colombia, que además se une a altas tasas de impunidad en la investigación de crímenes contra la prensa. 

En Colombia la prensa recibe más agresiones que mensajes de respaldo por parte de funcionarios públicos y de la institucionalidad. Los remitentes son desde el Fiscal General hasta alcaldes, gobernadores y miembros de la fuerza pública. Un contexto como ese es insostenible para la libertad de expresión. Catalina Botero, exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH y miembro del Consejo asesor de contenido de Facebook, explora las acciones necesarias para que el aparato estatal le dé mayores garantías a la prensa. 

FLIP: ¿Qué le parece clave que cambie en la narrativa que tienen los funcionarios públicos con el periodismo?

Catalina Botero (C.B): Cualquier Gobierno tiene que adoptar una narrativa a favor de la libertad de expresión. Ese debe ser el gran contexto en el que se promuevan todas las políticas públicas de promoción de la libertad de expresión. Esta es fundamental en una democracia, ya que hay unas amenazas que solo cambiarán si la gente y los funcionarios públicos entienden por qué defender la libertad de expresión es tan importante. 

FLIP: ¿Por ejemplo qué tipo de amenazas?

C.B: Las amenazas que sufren especialmente los periodistas locales, los que no están en las grandes ciudades. Hay una deuda inmensa con la prensa que está en esos territorios. Los reportajes de esos periodistas son claves para combatir, por ejemplo, a los grupos armados. Pero esas historias no se están contando, porque los y las periodistas no pueden estar en esas zonas. Para solucionar este problema de protección no solo hay que entregarles un chaleco antibalas, hay que garantizarles la protección de todo el sistema que permite las comunicaciones desde esos lugares. 

FLIP: El periodismo se ha visto enfrentado históricamente a la violencia en el marco del conflicto armado. ¿Cree usted que la JEP debería abrir un macrocaso para tratar la violencia contra la prensa?

C.B: Claro, yo creo que sería un macrocaso. A partir del informe que hizo Germán Reyes para el Centro de Memoría Histórica, La Palabra y el Silencio, es posible pedirle a la JEP que estudie como fenómeno criminal los atentados contra periodistas, y la violencia contra la prensa en el marco del conflicto armado. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

FLIP: Otro de los grandes problemas de los medios hoy en día es la financiación. Hace poco Unesco propuso que fueran los Gobiernos quienes financiaran el periodismo. ¿En el contexto colombiano, usted ve viable esta recomendación?

C.B: Entiendo la propuesta de Unesco porque la información es un bien público, entonces debería estar financiada por el Estado. Sin embargo, en el panorama político de Colombia creo que es inviable. La mayoría de políticos realmente creen que la información seria, imparcial, veraz, curada, es solo aquella que habla bien de su candidato; es decir, no evalúan la información por el proceso, sino por el contenido del resultado, entonces sería muy peligroso. Así, se terminarían entregando miles de millones de dólares a medios que solo dicen lo que ellos quieren, no se lo van a dar a los medios con estándares serios que critican a sus líderes. 

FLIP: La mirada suele estar dirigida a lo que hace o deja de hacer el Gobierno de turno, pero no se habla del conjunto del Estado, ¿cómo trabajar con todas las instituciones en materia de libertad de expresión?

C.B: Es importante que haya una formación en democracia para los funcionarios públicos. Este tipo de acciones podrían contribuir a la prevención de agresiones a la libertad de expresión, como, por ejemplo, las relacionadas con el acceso a la información pública. Es recordarles a los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de recolectar, custodiar y entregar de manera oportuna, completa, accesible y fidedigna toda la información que tengan. 

Además, la Procuraduría tiene que iniciar investigaciones con perspectiva de libertad de expresión contra los funcionarios públicos que utilicen el discurso público para estigmatizar o afectar la libertad de expresión. Por ejemplo, esto es muy claro en el caso de Daniel Quintero, donde habían unas afrentas contra la prensa, contra El Colombiano, por ejemplo. La investigación que abrió la Procuraduría era clave.

Por otro lado, está la necesidad de transparentar el uso que hacen funcionarios de las redes sociales y de la publicidad oficial. La Contraloría debería investigar el uso de fondos públicos para la publicidad oficial mal destinada, y el uso de recursos públicos para la contratación de community managers, por ejemplo.