A pesar de su función e importancia social, la televisión pública enfrenta varios desafíos para mantenerse al aire. Sus puntos más débiles: una financiación desequilibrada, una gobernanza débil, la centralización de poderes en el MinTIC, la ausencia de contenidos digitales y la notable diferencia entre canales regionales y nacionales.

Para conocer un poco más sobre este panorama conversamos con Marcela Benavides, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Exdirectora de Señal Colombia y actual líder de ciudadanía, cultura y educación de Canal Capital. La independencia, el financiamiento y la necesidad de que la ciudadanía reconozca y se apropie de los canales son los temas clave.

FLIP: ¿Cuáles son las fortalezas y falencias que presentan los medios públicos, específicamente en la televisión?

Marcela Benavides (M.B): Los medios públicos hacen un gran aporte porque tienen unas miradas que los privados no: atienden realidades culturales, sociales y educativas que completan una visión mucho más plural, y consideran a los ciudadanos como personas y no como consumidores. Pero sucede que tienen desarrollos muy desiguales dependiendo de si son regionales o nacionales. He estado en Señal Colombia y Canal Capital, y los presupuestos y la forma de trabajo son diferentes porque Señal Colombia recibe financiación estatal, mientras que los regionales deben vender servicios para complementar el presupuesto que les da MinTIC. 

FLIP: ¿Cómo calificaría la regulación actual sobre medios públicos en Colombia?

M.B: Con la última ley hubo una concentración de poderes en el MinTIC, que además de ser parte de las decisiones y de la financiación, está centrado en las mesas de regulación. Antes no era perfecto, pero por lo menos estaban separados y creo que eso causa dificultades. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

FLIP: En noviembre del año pasado, el MinTIC aseguró que la inversión en televisión pública ascendió a más de 300 millones de pesos. Para muchos, la financiación sería una solución a las falencias actuales, pero ¿qué otros incentivos necesitan los medios públicos para su sostenimiento? 

M.B: Las vigencias de los recursos y la posibilidad de usarlos. Por ejemplo, MinTIC abre un presupuesto en enero para que los canales hagan unas convocatorias públicas hasta, aproximadamente junio. Quedarían solo seis meses (si el plazo alcanza el 31 de diciembre) para entregar los proyectos. La producción de televisión de mayor complejidad y calidad necesita más tiempo. 

Hace unos diez años, cuando estaba en Señal Colombia y lanzamos el mercado de coproducción, teníamos recursos privados, nacionales e internacionales para hacer proyectos y logramos que duraran 18 meses. Tampoco es el tiempo ideal, pero para hacer proyectos con mayor envergadura y complejidad narrativa, o desarrollos transmediales, se necesita más tiempo. 

FLIP: Otra propuesta en auge son los contenidos digitales. Sin embargo, vivimos en un país con un bajo índice de conectividad. ¿Cómo promover esta iniciativa y acercar a nuevas audiencias?

M.B: Hay algo particular, y es que todavía no se tiene el desarrollo de contenidos nativos digitales y no hay una financiación específica hacia allá. Todo pasa por el embudo de la TV abierta, y eso hace que no se estipulen proyectos muy grandes, excepto RTVC que tiene RTVC Play. Pero los canales regionales estamos en YouTube o tenemos unos sitios web bastante arcaicos en comparación con otras ofertas digitales. 

Con la cuarentena subieron las audiencias en los canales privados y públicos, pero volvieron a bajar hace varios meses con el retorno a las actividades presenciales. ¿Qué lecciones deja esto? Identificamos una mayor audiencia en niños y madres que necesitaron la TV educativa en casa, y atendimos estratos más populares que no tienen acceso a la conectividad. 

Lo que falta es hacer más promoción, más publicidad para que la gente sepa qué puede encontrar en esta TV. La gente no confía en que puede encontrar contenidos valiosos, entretenidos y pertinentes en la TV pública. Pero cuando encuentran por casualidad o por necesidad, como ocurrió con la cuarentena, descubren cosas que les gustan. 

FLIP: Se han presentado varios casos que afectan la independencia de los medios públicos: Juan Pablo Bieri en RTVC, Telemedellín y Telecafé. ¿Cómo prevenir estos hechos y ganar independencia?

M.B: En primer lugar, haciendo unos planes estratégicos sobre el tipo de contenidos que se quieren producir a largo plazo; un plan con valores, principios y objetivos anuales que estén blindados. También podría darse alguna veeduría de independencia editorial, así como se revisan con los contratos y los procesos para que no haya corrupción. En RTVC, antes de lo de Bieri, había una cantidad de protocolos que diseñamos para evitar esa intromisión a la independencia. 

La independencia también se pierde si las decisiones creativas y de pensamiento quedan en cabeza de los gerentes o de los presidentes, que en realidad no deberían determinar los contenidos. Además, los gerentes no deberían seguir siendo nombrados por los gobernantes de turno, sino por concurso o un equipo técnico especializado e independiente, y por un periodo que sobrepase los cuatro años del gobernante. La participación plural ayuda a mantener esa independencia editorial. 

FLIP: ¿Qué otras sugerencias propone para garantizar un modelo plural e incluyente en los medios públicos?

M.B: Insisto en la planeación a largo plazo, con unos principios de pluralidad, inclusión y diversidad pero que también tenga en cuenta las necesidades de las regiones. Por ejemplo, en Telepacífico el canal Origen, que es afro, es un acierto teniendo en cuenta el gran número de población afro en la región del Pacífico.

Así mismo, sería una riqueza que los canales públicos no solamente estén circunscritos a la regionalidad sino también a intereses editoriales que sean pertinentes para la realidad actual. En Canal Capital, por ejemplo, estamos haciendo énfasis en el trabajo feminista, con mirada y perspectiva de género, y también en la infancia. Para fortalecer estas apuestas se debe tener diálogo con lo internacional y contar con adquisiciones porque los canales regionales no tenemos la misma capacidad de compra de licencias extranjeras como las que tiene Señal Colombia. 

FLIP: Sobre esas otras realidades, ¿qué referentes internacionales en televisión conoce?

M.B: Los canales argentinos como Encuentro, que tiene muchas lecciones sobre innovación porque tienen procesos de producción que duran meses y años para poder hacer contenidos de muy alta calidad. Otro gran ejemplo es Pakapaka, que ha hecho un trabajo de innovación en los contenidos porque alcanzaron a hacer un parque temático en Buenos Aires en el que los próceres de Argentina eran los protagonistas y contaban la historia del país. Es un canal que ha logrado la apropiación de los contenidos fuera y dentro de las pantallas, la gente los quiere. Eso está lejos de ocurrir acá. Somos invisibles y si desaparecemos a nadie le importa.

La mayoría de las agresiones a la prensa durante el 2021 fueron perpetradas por miembros de la fuerza pública durante las jornadas de protestas sociales. En otros momentos la presión vino por parte del acoso judicial, las amenazas y las restricciones de acceso a la información impuestas sin razón por funcionarios e instituciones estatales. Las siguientes son las estadísticas de agresiones que registró la FLIP el año pasado.

Total agresiones*: 684 

Total víctimas: 768 

*En un solo episodio de agresión puede haber más de un periodista víctima.

1. 172 amenazas

La amenaza ha sido por muchos años una de las formas predilectas para atacar a la prensa. En el 2021 hubo un incremento de casos con respecto al año anterior, cuando registramos 152. Las amenazas tienen diferentes consecuencias: desde la autocensura, hasta el abandono del ejercicio periodístico.

¿Quiénes amenazan a la prensa?

Fuerza pública: 18 casos.

Particulares: 52 casos.

Desconocidos: 56 casos.

2. 168 agresiones físicas

El 93% de las agresiones físicas a la prensa sucedieron durante el cubrimiento de las jornadas de manifestaciones, entre mayo y julio. Los periodistas fueron empujados, golpeados con puños, piedras, escudos y patadas e incluso algunos fueron apuñalados. En el 2021 registramos un gran incremento en los casos de agresión física, comparado con el 2020, cuando documentamos 30 casos.

3. 65 hostigamientos.

4. 57 obstrucciones al trabajo periodístico.

5. 4 atentados.

6. 1 asesinato.

7. 1 secuestro.

8. 43 obstrucciones de acceso a la información

El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía y vital para el ejercicio de la prensa. Todos los días los periodistas solicitan datos e información a entidades del Estado para realizar veeduría sobre temas de alto interés público. Obstaculizar este derecho nos afecta como sociedad, pues tenemos menos insumos para tomar decisiones informadas.

En el 2021 registramos 42 casos en los que servidores públicos faltaron a su deber constitucional y se negaron a brindar información sobre temas como la gestión de la pandemia, de las manifestaciones sociales, contratación pública y administraciones locales. 

9. 36 casos de acoso judicial

Esta es una forma menos violenta físicamente de intimidar a la prensa, pero igual de efectiva y perjudicial. El acoso judicial impacta a los y las periodistas emocional, económica y socialmente. Les obliga a dejar de cubrir ciertos temas, por lo que se pierde veeduría en asuntos de alto interés público. 

¿Quiénes acosan judicialmente a la prensa?

Funcionarios públicos: 10

Particulares: 24

10.  137 agresiones de otras formas.

Los seis departamentos con más agresiones a la prensa:

1. Bogotá: 197
2. Antioquia: 90
3. Valle del Cauca: 81
4. Santander: 37
5. Cauca: 30
6. Tolima: 24
   
   

En la FLIP nos preocupa, especialmente, la situación de la prensa en Arauca y Norte de Santander. Allí, las agresiones a periodistas han aumentado sin que haya medidas de prevención y protección articuladas, diferenciadas y adaptadas a los diferentes contextos. En el 2020 la FLIP registró 13 agresiones contra la prensa en Arauca y otras 13 en Norte de Santander.  Para el 2021 se registraron 21 casos en cada departamento.

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Manifestaciones sociales 

Total agresiones: 359*

Total víctimas: 408 

*Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Solo entre abril y julio registramos 304 agresiones.

Las seis agresiones más frecuentes:

1. 155 agresiones físicas.
2. 58 amenazas.
3. 33 casos de obstrucción al trabajo periodístico.
4. 28 hostigamientos.
5. 19 robos o eliminación del material periodístico.
6. 16 detenciones ilegales.

La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones y se convirtió también en el máximo agresor de la prensa en todo el 2021. Tampoco hubo un respaldo público oportuno de las autoridades a la labor periodística.

Total de agresiones de fuerza pública durante todo el año: 247 

Total de agresiones de fuerza pública en contextos de protestas: 227

Durante el año pasado fuimos testigos del período más violento contra la prensa en años recientes en Colombia. El asesinato de un periodista demuestra que la prensa se sigue enfrentando a agresiones extremas sin garantías por parte del Estado. Este es un repaso por los momentos que marcaron la libertad de prensa del 2021. 

1. Asesinato de Marcos Efraín Montalvo

El 19 de septiembre fue asesinado Marcos Efraín Montalvo, un periodista veterano de Tuluá, Valle del Cauca. Su trabajo periodístico es recordado por las denuncias y críticas a la administración local. Su asesinato es el segundo que ocurre en menos de un año en el Valle del Cauca. Este contexto genera temor entre los y las periodistas de la región que ante estos hechos de violencia pueden verse obligados a autocensurarse y dejar de denunciar temas como los que cubría Montalvo. 

Por el asesinato ya fue capturado un menor de edad y la principal hipótesis de la Fiscalía General de la Nación es que el crimen fue motivado por el trabajo periodístico de Montalvo. 

2. Récord de periodistas agredidos en manifestaciones sociales

A lo largo del año registramos 359 agresiones a la prensa durante las manifestaciones sociales. Especialmente nos llama la atención el período entre el 28 de abril y el 19 de julio, en el que documentamos 304 agresiones contra periodistas y medios. En los contextos de protesta del 2021, la fuerza pública fue responsable del 63% de las agresiones. A pesar del compromiso institucional de investigar y sancionar a los responsables, hasta el momento, solo hay siete procesos abiertos y no conocemos de ninguna sanción a los responsables.

3. Ciberpatrullaje y vigilancia en línea

Durante el paro nacional el Ministerio de Defensa y la Policía iniciaron acciones de ciberpatrullaje para combatir lo que, según ellos, son noticias falsas que circulan en Internet. Esta política, que va en contravía de las indicaciones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, institucionaliza un discurso de estigmatización y censura arbitraria contra voces críticas del Estado que denuncian irregularidades de las instituciones. Preocupa la vigilancia y seguimiento que puedan hacer a usuarios de redes sociales y periodistas, en especial porque el país ya tiene antecedentes de perfilamientos a la prensa. 

Hasta ahora, ni el ministerio ni la Policía han asumido alguna responsabilidad y se escudan en decir que se trataba de una campaña pedagógica para hacer frente a las noticias falsas. 

4. Visita de la CIDH

En junio, la CIDH visitó Colombia y se reunió con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo era recolectar información sobre las múltiples violaciones a derechos humanos durante el período de manifestaciones sociales. Luego de la visita, la CIDH publicó un informe con recomendaciones para el Estado colombiano. Algunas de ellas: asegurar la protección de periodistas, no intervenir en el libre funcionamiento de los medios, abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura, brindar información sobre el funcionamiento de las redes de Internet y que la Policía deje de categorizar contenidos como verdaderos o falsos. 

El Gobierno rechazó algunas de las recomendaciones y dejó entrever su falta de disposición en la implementación de las mismas. 

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5. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Jineth Bedoya

Después de más de 20 años en búsqueda de justicia, en octubre de 2021 la Corte IDH condenó al Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violación de Jineth Bedoya. La sentencia es histórica porque representa un gesto de justicia para todas las víctimas de violencia sexual en el conflicto.

En su fallo, la corte le ordena al Estado investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Bedoya; llevar a cabo una política integral para la protección de los y las periodistas; la creación del Centro Investigativo No es Hora de Callar; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre violencia de género, amenazas y violencia contra periodistas y defensores(as) de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

6. Acoso judicial: los casos de Vicky Dávila y Cecilia Orozco

Durante el 2021, el acoso judicial contra la prensa se incrementó. En abril conocimos la decisión en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia que sentenciaba a la periodista Vicky Dávila a indemnizar al excomandante de la Policía, Jorge Hilario Estupiñán, por los cuestionamientos que hizo frente a un posible acto de corrupción de Estupiñán. Judicializar una opinión es un golpe contundente contra la libertad de expresión, pues en una democracia se deben proteger los discursos en todas sus formas y manifestaciones.

Por otro lado, se dio la sentencia a favor de Cecilia Orozco en un caso en el que el abogado Abelardo de la Espriella la acusó de dañar su honra y buen nombre. Aunque la decisión represente un alivio para el ejercicio de la prensa libre en Colombia, esta no elimina los efectos negativos que representó el proceso judicial para la periodista.

7. Interferencias y ataques a los medios

En marzo, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, realizó llamados de atención a los periodistas por la forma en la que se estaban emitiendo las noticias. Y en octubre, despidieron al director del sistema informativo de Telemedellín, Hernán Muñoz, como sanción a las críticas que realizaba a la Alcaldía de Medellín. Según el periodista, el nuevo gerente del canal habría dicho en una reunión de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente, sino para defender al alcalde”.

Además, el alcalde Daniel Quintero arremetió contra el periódico El Colombiano, que ha realizado varias investigaciones sobre corrupción en la alcaldía. Les han desacreditado, por ejemplo, diciendo que el periódico es un “pasquín”. Por este hecho, a inicios de enero del 2022, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Quintero.

Estas intimidaciones son una carta blanca para que otras entidades y funcionarios dejen de lado su obligación de propiciar un clima óptimo para el periodismo.

8. MinTIC cancela ayudas económicas a medios

A inicios del 2021, el MinTIC anunció la entrega de 85.000 millones de pesos para la transformación digital y la reactivación económica de los medios. Sobre esto, la FLIP advirtió acerca de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación independientes para dar mayor transparencia al proceso y establecer expresamente una cláusula de respeto a la libertad editorial de los medios. El MinTIC respondió que el proceso de evaluación sería objetivo y transparente, y que no debía haber preocupación alguna frente a posibles vulneraciones a la libertad de prensa. 

Sin embargo, en septiembre, se anunció la terminación anticipada del proceso de convocatoria. Supuestamente, ninguno de los 354 medios que participó cumplía con los requisitos, pero nunca se explicó por qué las propuestas no se ajustaban a los ejes de la convocatoria o por qué los presupuestos no se adecuaban a las condiciones del MinTIC. Así, el Estado dejó en vilo a un aproximado del 15% de los medios del país y se lavó las manos de su responsabilidad en apoyarles. 

9. La Cámara aprueba artículo que limita la libertad de expresión

En diciembre, las dos cámaras del Congreso aprobaron un artículo que amenazaba la libertad de prensa, pues imponía sanciones desproporcionadas para quienes injurien o calumnien a funcionarios o exfuncionarios públicos. A pesar de que días después fue eliminado, es sumamente alarmante que el Congreso haya aprobado en primera instancia una legislación regresiva contra la prensa, que desconoce los estándares internacionales, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción, pues le impide a la prensa y a las organizaciones civiles cumplir su rol de veedores.

10. Agresiones contra la prensa que caminan hacia la impunidad

El año pasado se cumplieron tres años del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. En mayo tuvo lugar el acto de perdón de alias “Cherry”, responsable del asesinato de los periodistas ecuatorianos. Sin embargo, el acusado mostró contradicciones en su relato y no evidenció un interés de revelar la verdad del crimen. Es clave que se dé una reparación a través de espacios de perdón que esclarezcan la verdad y eviten nuevos gestos de revictimización.

Por otro lado, en enero la CIDH concedió medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón por las agresiones de las que fue víctima en el caso de perfilamiento a periodistas por parte de miembros del Ejército. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría no han avanzado en las sanciones a los responsables, con lo cual se evidencia la falta de interés estatal en avanzar en el esclarecimiento del caso. 

Las declaraciones estigmatizantes contra periodistas por parte de funcionarios del Estado con alta influencia en la opinión pública tienen un impacto nefasto en la seguridad y en las garantías de las que debería gozar la prensa. Es urgente que esto cambie. Los mensajes que emiten los dirigentes deben ayudar a fortalecer el derecho a la libertad de expresión.

Asustar con asfixiar a la prensa ha dejado de ser una actitud que genera mayores inconvenientes ante la opinión pública. Por el contrario, el discurso de poner límites a las y los periodistas es cada vez más reiterativo por parte de los representantes del Estado. Incluso, resulta atractivo para diversos sectores de la ciudadanía.

En los últimos años, han sido varios los casos en los que dirigentes políticos, funcionarios públicos o autoridades colombianas han denigrado, intimidado o amenazado a los medios de comunicación sin recibir ningún tipo de penalidad. Esa ola de represión, que también es global, ha convertido al periodismo en una piñata ideológica y ha permeado las garantías legales para el ejercicio periodístico, a pesar de ser protegidas de manera clara por la Constitución.

A esto se suma una larga lista de problemas estructurales en el periodismo colombiano y que durante décadas han sido eclipsados por otros asuntos en las agendas de los últimos gobiernos.

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En una era de noticias falsas y de debilitamiento de los mecanismos democráticos, esta problemática no puede continuar invisible en el debate público. En particular, teniendo en cuenta lo difícil que resulta para los medios de comunicación preservar su profesionalismo en un entorno tóxico amenazado por la violencia, la crisis económica y en el que proliferan las campañas selectivas de desinformación y estigmatización para desacreditar la labor de las y los periodistas.

Para que puedan trabajar en un entorno seguro y propicio, el próximo gobierno de Colombia deberá implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país.

Este plan que debe estar llamado a restaurar el ecosistema del periodismo, entre otras cosas, deberá tener suficiente reconocimiento público y tener claro que estos nuevos programas no sólo tienen que ser aprobados sino implementados. Es necesario recordar que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior trabajó en la elaboración de una política pública de libertad de expresión. Sin embargo, y después de cuatro años de trabajo, ese documento terminó archivado.

Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía y deberá adoptar acciones claras con las que el Estado garantizará que las y los periodistas, que trabajan en los medios de comunicación, gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad. Para liderar ese trabajo será ideal que la próxima cabeza del ejecutivo designe, de manera temporal, a un enviado presidencial especial para la libertad de prensa.

La proyección de esa política pública sobre libertad de expresión también deberá contar con la participación de los diferentes miembros del sector y de las audiencias, para así recoger los insumos suficientes que permitan complementar un diagnóstico actual, que entre otros asuntos, incluye las siguientes problemáticas:

1. Adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar justicia en los crímenes contra periodistas y así acabar con el ciclo violento de la impunidad.
   
   
2. Defender la libertad de expresión en línea, evitar la censura por parte del Estado y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas.
   
   
3. Replantear el modelo de los medios públicos de tal manera que se garantice su gobernanza e independencia.
   
   
4. Atender las consecuencias del conflicto armado contra la prensa: memoria y reparación.
   
   
5. Implementar nuevas medidas de sostenibilidad de los medios que garanticen su independencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
   
   
6. Promover la comunicación ciudadana en un país silenciado y respaldar a medios de comunicación que garanticen la comunicación propia y el  pluralismo.
   
   
7. Revisar las condiciones desfavorables en la contratación de la publicidad oficial, promover su transparencia y blindar para que estos contratos no amenacen la independencia editorial de los medios.

El éxito del buen periodismo, el que es responsable, no dependerá solo de resolver algún aspecto en particular sino de atender todo su ecosistema. No se trata solamente de procurar garantías como el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de los medios, también resulta necesario atender la desfinanciación del sector para garantizar genuinamente el periodismo independiente.

Esa tarea es urgente, crítica y exigente, pero puede comenzar con unos pocos pasos muy visibles que incluyen que quienes se conviertan en los próximos funcionarios públicos, y especialmente el próximo presidente, se pronuncien enérgicamente en defensa de la libertad de prensa. 

Es necesario adoptar, en cabeza del gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa que permita contrarrestar la violencia contra las y los periodistas. Los funcionarios públicos deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia. Ello implica abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de medios de comunicación  y procurar un mejor acceso a la información pública. Esto permitirá reconocer el papel fundamental que desempeña la prensa al brindar información confiable, precisa y oportuna.

El momento exige pensar en trascender a los esfuerzos voluntarios del pasado. Reparar el periodismo requiere del apoyo público, específicamente, de un respaldo por parte de quienes integren el próximo Congreso y de quien llegue a ocupar la Presidencia. 

Los medios públicos son un pilar de la convivencia democrática y cumplen una función fundamental en el ejercicio de la libertad de expresión y en la promoción de la diversidad cultural del país. Hay tres problemas centrales en el modelo actual que los rige en Colombia: gobernanza, sostenibilidad y legitimidad. 

Para entender el primero, hay que saber que en el país existen once canales de televisión públicos: ocho regionales y dos nacionales (el tercer canal público es Canal Uno que en la práctica no se le considera público, porque la concesión de los espacios la tiene un solo operador). En todos los casos, la composición de sus juntas directivas tiene alta participación del Gobierno (el o la ministra, gobernadores y/o alcaldes y representantes de RTVC); mientras que la academia y la sociedad civil están en desventaja y no hay participación de productores o representantes del sector audiovisual. En general, las juntas de todos los canales tienen pocos miembros: Telepacífico es la más numerosa con doce y la que menos tiene es Teleislas, con cuatro. Si se tiene en cuenta la alta participación del Gobierno, se entrevé un agravante para la pluralidad e independencia. Los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) dicen que, “en tanto se ha reconocido que la libertad de expresión exige necesariamente una amplia pluralidad en la información, es esencial garantizar que estos medios públicos sean independientes del gobierno. Para la CIDH, la independencia de los medios de comunicación públicos contribuye asimismo a su credibilidad y legitimidad”.

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La centralización y detrimento de la independencia de estos medios ha venido en aumento en los últimos años tras la aprobación de la Ley TIC 1978 de 2019 que eliminó a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y creó el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). Además, se dieron cambios internos en el funcionamiento de los canales como en el caso de Señal Colombia, que modificó el Comité de Programación, que buscaba el cumplimiento de objetivos como la inclusión, el cubrimiento de posturas críticas y un mayor alcance de las audiencias, dejando las decisiones de contenidos en cabeza de la gerencia. Esta forma de gobernanza configura un riesgo de censura, ya que limita la autonomía del medio y abre la posibilidad a la interferencia editorial por parte de autoridades locales, regionales y nacionales. No está a tono tampoco con las recomendaciones de la Unesco ni de la CIDH que sugieren modelos de gestión con participación de diversos sectores,  mecanismos de elección idóneos para sus organismos de gobernanza y un límite claro a los intereses políticos.

Ahora, frente a la sostenibilidad, la existencia del FUTIC supone un respaldo financiero para la radio y la televisión, sin embargo, aún cuenta con factores de riesgo que promueven la dependencia de los medios al MinTIC. Los más afectados son los canales regionales que terminan dependiendo de los gobiernos locales en términos económicos. Esto restringe la coproducción, la posibilidad de realizar proyectos y contenidos de largo aliento y de proponer una línea editorial separada de los intereses de las administraciones de turno. Si bien el Fondo asegura una base de recursos y distribución, no son suficientes para garantizar el funcionamiento ni para la creación de iniciativas duraderas. Como consecuencia se ven afectadas la visibilidad, el reconocimiento y la independencia de los medios. 

La centralización de los recursos en un solo fondo controlado desde el MinTIC también tiene un impacto en la calidad y el tipo de contenidos que llegan a las parrillas de la televisión pública. El nuevo modelo supone convocatorias públicas de seis meses y entrega de proyectos en los otros seis meses del año, un tiempo muy corto para el sector audiovisual y una tercera parte del tiempo que tuvieron años atrás los mercados de coproducción.

El tercer problema es el de la legitimidad, que tiene que ver con la función que cumplen los medios públicos en una democracia, en la defensa del interés público y la construcción de ciudadanía. El papel de estos medios es importante para equilibrar la balanza de opiniones, percepciones y miradas sobre las identidades y la diversidad. 

El imaginario frente a los medios públicos en Colombia es contradictorio. Hay programas de calidad que son premiados en los India Catalina o los TALTV, pero la influencia de los gobiernos han situado a otros cerca del poder y lejos de las audiencias que no ven en ellos la representación de la diversidad del país. Por lo tanto, poco se preocupa la ciudadanía por la defensa de la independencia de estos medios.  

Datos que explican el mal estado de los medios públicos

1. Las consecuencias de la inapropiada gobernanza se han hecho evidentes en casos de censura como el sucedido en 2019 cuando Juan Pablo Bieri, entonces gerente de RTVC, dió la orden de acabar con el programa “Los Puros Criollos” de Señal Colombia y de vetar a su presentador Santiago Rivas. 
   
   
2. Durante el 2021 hubo otros dos casos en canales regionales: el gobernador de Quindío, Roberto Jaramillo, presionó a varios periodistas de Telecafé Noticias por su manera de informar, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha interferido en las decisiones editoriales del canal público local Telemedellín. La incidencia de este último determinó la salida de la gerente Johana Jaramillo con alegatos de censura previa y el despido del periodista Hernán Muñoz, director del sistema informativo del canal.
   
   
3. Dentro del marco regulatorio cabe señalar que: 1. No hay una misión o función social clara de los medios públicos que sea transversal al desarrollo y proyección de la industria de medios. 2. La fragmentación de los entes reguladores y la baja calidad en materia regulatoria no favorecen la autonomía ni la independencia de los medios públicos. 3. Existe un control directo del Gobierno sobre los órganos reguladores, el otorgamiento de licencias y la regulación de la radiodifusión, por lo tanto estos procesos no gozan de una independencia real. 4. Si bien existen operadores públicos como RTVC en donde convergen radio y televisión y órganos reguladores con funciones sobre los dos sectores, la legislación, los programas y las políticas aún están pensados e implementados de forma aislada en radio y televisión, sin correlaciones directas entre medios, plataformas, tecnologías y contenidos. 
4. El FUTIC también planteó acelerar el cierre de las brechas digitales pero la ausencia de una financiación específica para el ámbito digital hace de este planteamiento algo superficial.
   
   
5. “Los medios públicos son la antípoda, o una respuesta a los medios privados en televisión. La televisión como está mediada por el tema económico hace que los contenidos, la forma en que éstos se presentan y su oportunidad, se definen a partir de intereses comerciales. Eso da una visión de país y de sociedad muy particular, parcializada y en algunos casos muy distorsionada. Ante esta realidad, surge la conciencia de fortalecer los medios públicos, de modo que se pueda completar el mosaico de la nacionalidad y de la opinión colombiana”: Germán Yances, investigador. 

La violencia permanente contra los y las reporteras se traduce en menos información valiosa para la ciudadanía y en posibilidades limitadas para indagar sobre asuntos de interés público. Si bien el Estado colombiano ha realizado esfuerzos importantes para reaccionar a esa violencia, es necesario revisar las políticas de protección. Se requieren estrategias diferenciadas y enfoques particulares.

Entre 180 países, Colombia ocupa el puesto 130 con las peores condiciones para el ejercicio de la prensa. Según la clasificación más reciente realizada por Reporteros sin Fronteras, en América Latina, el nuestro es el segundo país más letal para el periodismo, después de México. En los últimos cinco años, han sido asesinados ocho periodistas y por lo menos 782 han sido amenazados. 

Bajo estas circunstancias, es necesario reiterar que la seguridad debe ser una prioridad para los Estados y que deben hacer todo lo posible para prevenir actos de violencia, intimidación, amenazas y agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Así ha quedado nuevamente consignado en la resolución adoptada, de manera unánime, por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2021.

En Colombia, el programa de protección se creó en el año 2000 y se ajustó en el 2012, momento desde el cual está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este programa no es suficiente para atender las vulnerabilidades de los y las reporteras. Es un mecanismo que, aunque fue pionero en su momento, actúa, principalmente, de manera reactiva, no opera articuladamente con otras entidades y desconoce las condiciones y prácticas únicas del ejercicio periodístico, así como las diferencias entre las violencias ejercidas en cada región del país. 

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Por otro lado, la pedagogía alrededor de la autoprotección es insuficiente y prácticamente no existen medidas preventivas. En la mayoría de los casos, al menos de la población de periodistas, estas acciones se limitan a patrullajes y revistas policiales que no se cumplen a cabalidad y que casi nunca tiene en cuenta el contexto en el que se encuentran las personas en riesgo o la capacidad del cuerpo policial que debe prestar esta función. La FLIP ha advertido en diferentes informes que este programa se ha transformado en un mecanismo burocrático, cada vez más inclinado a tomar decisiones por motivaciones políticas y no técnicas.

En el Decreto 1139 de 2021, que establece la reingeniería de la UNP contemplada en el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), se establecieron algunas modificaciones dirigidas a reducir los tiempos de respuesta de los análisis de riesgo y a formalizar espacios y prácticas que ya existían. Sin embargo, no es suficiente ni útil reducir tiempos de respuesta si no se subsanan vacíos en la ruta de protección como la formación de los analistas en temas relacionados con labor periodística, enfoque de género, derechos humanos, etc. Tampoco es eficiente en la medida en que no hay disponibilidad de recursos para asignar medidas adaptadas a los territorios y garantizar su correcto funcionamiento. Además, sigue sin haber un espacio abierto a la veeduría por parte de organizaciones de la sociedad civil a la ruta de protección.

También existen riesgos de otra naturaleza que no están siendo reconocidos por el mecanismo y que pesan sobre la seguridad de los periodistas en la era digital como la vulnerabilidad a convertirse en blanco de la vigilancia, el acoso en línea o la intercepción ilegal o arbitraria de comunicaciones. En el 2020, el Ejército Nacional vigiló y parametrizó a periodistas etiquetando su trabajo. Con base en sus reportajes periodísticos o líneas editoriales, les relacionó, de manera estigmatizante, con grupos al margen de la ley y recolectó información personal sin su autorización. Casi dos años después no hay sanciones disciplinarias ni penales por estos hechos.

Además de la protección reactiva, el Estado también está llamado a promover la diversidad y la independencia de los medios de comunicación y el acceso a la información. Pero acontecimientos recientes evidencian la especial fragilidad de los medios independientes y del periodismo ciudadano, pues son blanco recurrente de ataques y estigmatizaciones. Por ejemplo, este tipo de medios de comunicación fueron los más afectados durante las manifestaciones del 2021; sobrevivieron a semanas muy violentas sin garantías para hacer su trabajo y cubrir las protestas sociales. 

Crímenes contra la prensa

1. La FLIP ha registrado desde 1938 hasta la fecha 163 casos de asesinatos a periodistas por razón de su oficio. 
   
   
2. De los 782 periodistas que han sido amenazados en los últimos cinco años en Colombia, en cuarenta casos tal amenaza ha derivado en desplazamientos internos y exilios. 
   
   
3. Entre 2016 y 2021, ha habido ocho atentados y ocho secuestros contra periodistas.
   
   
4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que existe una situación de riesgo para la prensa en Colombia, que además se une a altas tasas de impunidad en la investigación de crímenes contra la prensa. 

La asignación de la pauta oficial se ha convertido en uno de los factores más determinantes en la autocensura. Esto se acentúa por la falta de una legislación adecuada y, al ser, en muchos casos, la mayor fuente de ingresos de los medios de comunicación. Es necesario encontrar soluciones concretas en las que participen otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La publicidad oficial es una herramienta legítima e importante para la comunicación entre los Gobiernos y la ciudadanía. Su principal objetivo es servir de puente y así informar y promover políticas públicas, obligaciones y deberes de la ciudadanía o situaciones de urgencia que se presenten. Sin embargo, la ausencia de un marco legal regulatorio claro ha desdibujado la naturaleza de estos objetivos, transformándola en un mecanismo para la autopromoción de gobernantes y de presión económica para castigar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así, la asignación de la publicidad oficial es, después de la violencia, el segundo factor más determinante de censura y autocensura en el periodismo colombiano. 

De acuerdo con la información recaudada por el proyecto Pauta Visible de la FLIP, entre 2016 y 2020, 75 entidades de todo el país invirtieron cerca de 860 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Se trata de una billetera con recursos públicos que tiene una influencia determinante en la economía de las empresas periodísticas generando interrogantes frente a las garantías que tienen los medios para mantener su independencia editorial. }

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

En varias regiones del país, donde la publicidad privada es mínima, los ingresos de la publicidad oficial pueden suponer el 70% o el 80% de los ingresos totales de un medio. El impacto de estos recursos en la economía de las empresas periodísticas se ha convertido en una suerte de subsidio encubierto para medios de comunicación. Por lo tanto, abordar la regulación de la pauta oficial también implica entender la necesidad de poder reemplazar esos ingresos bajo otro modelo. 

Adicionalmente, la legislación actual, que se resume en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción y en un decreto reglamentario del mismo, deja muchas puertas abiertas para la asignación discrecional de estos recursos, su difícil trazabilidad y, en general, una ausencia de principios protectores de la libertad de expresión que profundizan los problemas ya descritos. La FLIP ha identificado patrones y abusos en la asignación de publicidad oficial a través de diferentes investigaciones que dan luces sobre un asunto determinante para la sostenibilidad de los medios de comunicación, para la garantía del acceso a la información de la ciudadanía y, en últimas, para la libertad de expresión. 

Así, debe partirse de la base de que hay un problema ya evidente por años al que no se le ha brindado una solución concreta, ni suficiente atención desde las diferentes ramas del poder, particularmente desde el legislativo y el ejecutivo. A pesar de los intentos por instaurar buenas prácticas en algunas administraciones, hacen falta mecanismos vinculantes que atiendan la situación en todos los niveles de la administración pública en el país. Estas reformas, toda vez que tocan puntos neurálgicos del sistema de financiación mediático, se deben hacer de manera consensuada, progresiva y que integren ejercicios de socialización que cuenten con la participación de otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La pauta perdida 

• Preponderancia de la contratación directa: la contratación directa, si bien no es ilegal, es nociva para asegurar la objetividad y transparencia de los procesos. En el 2020 la FLIP encontró que de 800 contratos celebrados entre el 2016 y 2019, en promedio entre el 50% y el 60% fueron asignados directamente. La gobernación que más recursos de publicidad oficial gastó realizó el 91% de sus contrataciones directamente. 
  
  
• Se desdibuja el propósito de la publicidad oficial: en 2018 la FLIP y la Misión de Observación Electoral (MOE) analizaron los mensajes de publicidad oficial ordenados por diez alcaldías del país. De 2128 mensajes, 1237 (58%) tenían una intención de autopromoción. En varios casos se invierten recursos públicos en autopromoción de los mandatarios y no en información. 
• Compra de contenidos: en el 2019 una gobernación gastó más de 350 millones de pesos en contratar a un medio de comunicación nacional para la difusión de ediciones especiales con material favorable a la administración sin rótulos de publicidad pagada. Esta práctica, conocida como content marketing, hace pasar como información lo que en realidad es propaganda.
  
  

Los países que han regulado la pauta

• Hay ejemplos de regulación valiosos en varios países, como Canadá, Perú o España. Todos coinciden en hacer explícita la definición de publicidad oficial, sus fines, prohibiciones específicas, criterios y procedimientos para hacer efectiva la contratación pública. 
  
  
• Canadá dispuso la creación de comités específicos que sirven como filtro para todos los procesos de contratación estatal de publicidad.
  
  
• En España, la ley prohíbe que aparezcan personalmente voces o imágenes de funcionarios públicos de elección popular en los mensajes publicitarios del Estado. 
  
  
• En Uruguay, se estableció la creación de la Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial (UPAO), una instancia con tres representantes: uno del Gobierno y dos elegidos por el legislativo en función de su experiencia, calidades e independencia. En el anteproyecto la UPAO está destinada al monitoreo, control y asesoramiento de los procesos de publicidad oficial. 

La identificación y reconocimiento de los hechos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, así como de las afectaciones al oficio periodístico y las consecuencias para la sociedad es una tarea que, pese a los avances, persiste inconclusa. Es una necesidad pendiente que implica memoria, verdad, justicia y reparación al oficio periodístico. 

Colombia ha sido uno de los países con mayores riesgos para ejercer el periodismo en el mundo: 162 periodistas han sido asesinados por razones vinculadas a su oficio entre 1977 y 2021. Esta cifra, consolidada por la prensa, la academia y organizaciones sociales, muestra solo una parte de la dimensión de la violencia sobre el periodismo en el país, que en el contexto del prolongado conflicto armado incluye secuestros, desplazamientos, exilios, amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos, entre otras agresiones. La violencia no solo ha sido dirigida a los y las reporteras, también ha impactado sobre una larga cadena de colaboradores que nutren los procesos informativos. 

En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que existen siete macro casos abiertos, hasta la fecha no se han priorizado hechos victimizantes sufridos por los y las periodistas en el marco del conflicto armado interno. Si bien, en el caso 01, Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, se analizó la situación de un periodista retenido, la JEP no se refirió a las afectaciones a nivel individual y colectivo del derecho a la libertad de expresión. Aunque la JEP organizó un seminario sobre violencia contra periodistas en 2019, en el que se analizaron los contextos de los crímenes y los retrocesos en materia de investigación, a la fecha no se han promovido más espacios de esa naturaleza.

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Hay otros antecedentes relevantes. En 2012, se anunció el comienzo del proceso de reparación colectiva a periodistas por parte de la Unidad para las Víctimas; en este se reconoció a la prensa como víctima del conflicto armado y consideró que la violencia en su contra no solo generó afectaciones individuales, sino también colectivas. En 2014, se oficializó a la comunidad de periodistas como un sujeto de reparación colectiva, el cual, según cifras de la Unidad para las Víctimas, contempla unas 400 mil personas en todos los departamentos del país. En este proceso, que está por cumplir una década, tan solo el ejercicio de diagnóstico de los impactos y los daños colectivos al periodismo ha tomado más de seis años. La FLIP participó de varias mesas de trabajo con la Unidad de Víctimas y con periodistas entre 2012 y  2015, pero ante la ausencia de un plan detallado, la Fundación decidió apartarse del proceso.

En 2015, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con apoyo de la FLIP, presentó el informe La palabra y el silencio, una investigación que mostró las principales características, dinámicas, lógicas y patrones de la violencia ejercida contra medios y periodistas desde 1977 hasta 2015. Los asesinatos, secuestros, desplazamientos, violencia sexual, entre otros hechos de violencia, fueron recopilados en este trabajo al que contribuyeron con su testimonio varios profesionales que habían sido víctimas del conflicto. Este informe evidenció que la información periodística era objeto de persecución por parte de todos los actores armados involucrados en el conflicto. 

Desde 2017, la Comisión de la Verdad adelanta procesos de escucha e investigaciones que dan cuenta, entre otras, de afectaciones contra medios y periodistas, y que servirán de insumo para el informe final de la Comisión, que brindará un análisis más completo de las motivaciones que llevaron a actores armados a atentar contra la prensa.

El relato amplio y complejo de la violencia contra el periodismo en Colombia debe dar señales claras del porqué el control de la información es esencial para el ejercicio del poder por parte de actores violentos; de cómo, para qué y quiénes fueron protagonistas de esa persecución; y de cómo las líneas de continuidad de las censuras tienen relación con esas violencias, que pese a sus modificaciones, siguen presentes en muchas zonas del país, alterando el sano ejercicio de informar lo que acontece, nos interesa y preocupa como sociedad.

Resarcir las heridas del periodismo violentado requiere de más acciones concretas y menos actos de protocolo. No se trata de brindar  anuncios institucionales empáticos y pomposos, como ha sucedido en determinados momentos, sino de permitir que las nuevas generaciones gocen de la posibilidad de expresarse libremente, de no seguir cargando las censuras y la violencia como una pesada herencia. 

Recuerdo la noticia de un video viral: un criminal violó a unas niñas y grabó el delito. El video llegó a las redes sin saber cómo. Miles de personas “para condenar el horrendo crimen” lo compartieron y al hacerlo revictimizaron a las niñas y se volvieron cómplices del violador. Algunos medios lo publicaron y obtuvieron alto tráfico digital porque muchos querían ver el video del delito que decían condenar.