Han pasado cuatro años desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, a manos de una disidencia de las FARC. Luego de este tiempo, la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta.

Si bien en Colombia la Fiscalía ha avanzado en la investigación y ha condenado a dos responsables de los crímenes, son pocos los avances en cuanto a verdad. Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico

Además, el Estado se ha negado a responder las preguntas fundamentales sobre el caso: ¿cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?, ¿por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?, ¿por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?, ¿qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?

En el 2021, la justicia colombiana condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, por los hechos en los que perdió la vida el equipo periodístico. Estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, que incluían como medida de reparación actos de reconocimiento de verdad y perdón en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, estos actos, lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos. Específicamente, en el caso de alias Cherry existieron contradicciones evidentes que impiden afirmar que hubo una reparación real y efectiva a las víctimas. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avaló el trámite del preacuerdo. Por esta razón, la FLIP apeló la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. 

Además, en marzo del 2021 la Fiscalía anunció como un gran avance las futuras imputaciones de cargos en contra de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. Sin embargo, esos avances prometidos no se han materializado, ya que la audiencia de formulación de imputación no pudo realizarse porque los procesados habían recobrado su libertad, pues no se encontraba pendiente una orden de captura por este caso. Sumado a esto, el proceso contra otro de los implicados, Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, no ha tenido muchos avances después de que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, más allá de que se hayan programado las audiencias de juicio. 

Así, la Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos. Esto va en contra de la recomendación que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que afirmó que la investigación y el juzgamiento no puede basarse únicamente en las versiones que rindan los acusados, pues deben contar otros elementos de prueba que corroboren lo dicho por los acusados. 

En su informe, el ESE “reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando”. 

Las fallas en el proceso demuestran que no se han seguido estas recomendaciones del ESE. Si bien las medidas cautelares de la CIDH fueron clausuradas en agosto del 2020, la CIDH indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de sus funciones, podría realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones y conclusiones. Por eso, la FLIP solicita a la RELE y a la CIDH que evalúen la posibilidad de hacer seguimiento a este caso y que emitan las alertas necesarias para encontrar verdad y justicia.

También es urgente que la Fiscalía adopte las recomendaciones dadas por el ESE y actúe con diligencia en el desarrollo de la investigación, aportando pruebas y adoptando las medidas necesarias para el adecuado juzgamiento de los responsables, dentro de términos razonables y evitando la configuración de escenarios de impunidad. Finalmente, los jueces a cargo del juzgamiento deben evaluar los actos de perdón y contrastar la información declarada con las demás pruebas, para determinar su consistencia y con ello, su potencial reparador.

Junto a Dejusticia construimos una guía para editores y redactores con temas y preguntas urgentes sobre desigualdad para el debate electoral. 

Los impactos de la pandemia, la ola de protestas y las crisis económicas de los países de América Latina aparecen cada vez más en las noticias y tocan las vidas de los habitantes de la región más desigual del mundo.

Este es el contexto en que se desarrollan las actuales elecciones presidenciales de Colombia. Aunque el panorama es complejo, esta temporada representa la oportunidad de abordar de manera responsable el tema de la desigualdad para que quien ejerza la futura presidencia proponga medidas y rutas de acción para reducirla.

En manos del periodismo hay una oportunidad para cuestionar a las candidatas y candidatos sobre la no inclusión del tema de la desigualdad en su discurso electoral y, eventualmente, en sus programas de gobierno.

Por el contrario, si el país continúa dando pasos tímidos hacia la comprensión y la lucha contra la desigualdad, las inequidades seguirán profundizándose y desbordando nuestra capacidad de lograr la igualdad de oportunidades. Hablar del tema, entenderlo, discutirlo, es un gran paso hacia el cambio.

En ese sentido, no buscamos quitarle el sueño a nadie, pero si queremos que la desigualdad deje de ser una pesadilla, Colombia necesita saber qué piensan hacer nuestros próximos gobernantes para que haya mayor acceso a oportunidades.

Por eso, con la intención de que los y las periodistas conozcan y transmitan la necesidad de que quien ocupe la presidencia combata la desigualdad, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el centro de estudios Dejusticia escribimos una guía para periodistas nacionales, regionales, comunitarios y corresponsales. En ella podrás encontrar pautas claras y útiles para incluir las diferentes caras de la desigualdad en la discusión electoral.

¿Cómo usar la guía? 

Sabemos que el tiempo apremia en la dinámica de un debate, una entrevista o un foro. Por eso, en esta guía encontrarás reflexiones cortas y poderosas sobre por qué distintos puntos de vista sobre la desigualdad necesitan respuestas urgentes por parte de los candidatos y candidatas a la Presidencia. Estos análisis, que fueron desarrollados por investigadores e investigadoras de Dejusticia y la FLIP, pueden ser citados libremente para cualquier escenario periodístico relacionado con las elecciones.

Por cada tema de esta guía, encontrarás una serie de preguntas que, sugerimos, deberían responder quienes aspiran a la Presidencia de la República. Así, con análisis y cuestionarios en mano, candidatas y candidatos tendrán menos excusas para no responder a lo urgente: la desigualdad. 

¿Cuáles son los temas que trata la guía?

En esta guía abordamos temas urgentes relacionados con la desigualdad desde perspectivas que van más allá de lo económico: 

• Hambre como un asunto de desigualdad 
• Impactos de la obesidad y sobrepeso en la infancia y la adolescencia
• Violencia contra líderes y lideresas sociales
• Defensa y protección de la libertad de expresión
• Acceso a la información pública
• Igualdad en la tenencia de tierras
• Una política pública a favor del campesinado
• Pandemia, vacunación y desigualdad
• Desigualdad en el sistema educativo
• Regular el cannabis en beneficio de poblaciones rurales
• Reconocimiento de personas afro e indígenas en el Censo Nacional
• Feminización de la pobreza, empleo y renta básica
• Inclusión laboral de las personas trans
• Política fiscal, desigualdad y derechos humanos
• Brecha digital y acceso al debate público en línea
• Xenofobia hacia personas migrantes de origen venezolano
  
  

Si quieres compartir reacciones, planteamientos y debates que genere el contenido y las pautas de esta guía entre candidatas y candidatos presidenciales, cuéntanos por redes sociales con el hashtag #DesigualdadAlDebate

En esta jornada electoral se registraron ocho casos que afectaron el trabajo de la prensa en cinco departamentos del país. Si bien documentamos menos casos que hace cuatro años (16), preocupa que la mayoría de las agresiones sean responsabilidad de funcionarios, fuerza pública y candidatos. En total registramos cinco obstrucciones, una estigmatización y una agresión física.

César Augusto López Arias fue un periodista que marcó la vida de Pereira, Risaralda, en donde construyó su reputación como uno de los comunicadores insignias de la ciudad. Fue asesinado el 13 de marzo de 1979 en Pereira.

La FLIP expresa su preocupación por la campaña “Fuera malas lenguas” presentada por la alcaldía de Yopal a finales de febrero. Esta estrategia desacredita las voces que critican a la administración local y promueve un clima de hostilidad hacia la prensa en la ciudad.

La FLIP rechaza los ataques contra la prensa ocurridos durante las jornadas de manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Registramos dos agresiones en Medellín, una de parte de la fuerza pública y la otra de manifestantes.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para asegurar el orden pú;blico en la jornada de elecciones restringen la libertad de prensa. Tal como hace cuatro añosel Ministerio del Interior replica normas que limitan el ejercicio periodístico y dificultan el cubrimiento de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, mediante el decreto 318 de 2022. Estas medidas, que se expiden a pocos días de las elecciones, desalientan el cubrimiento por parte de periodistas y medios y, además, generan un riesgo de moderación del debate sobre los comicios.

A puertas de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, en la FLIP hemos publicado diferentes insumos que guían a la ciudadanía, periodistas y funcionarios públicos sobre cómo garantizar la libertad de prensa antes y durante los comicios.

La FLIP, El Veinte y Media Defence presentaron conjuntamente un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Moya Chacón y Otro vs. Costa Rica, donde se evalúa la violación a la libertad de prensa, en el marco de un proceso civil que resultó en la imposición de una sanción económica a periodistas por su oficio.

En este caso la Corte estudiará si el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves por haber sido condenados civilmente al pago de 5 millones de colones, como indemnización por el daño moral presuntamente ocasionado a un funcionario que fue mencionado en una publicación periodística. En el artículo se informaba sobre presuntas irregularidades en el control de la importación de licores hacia Costa Rica, en la zona fronteriza con Panamá, un tema de interés público. Una de las fuentes principales de la noticia fue el entonces Ministro de Seguridad, quien confirmó los hechos que fueron reportados.

En el proceso civil, uno de los agentes de policía señalado en la publicación alegó que esta afectó su honra y reputación, mientras que los periodistas se defendieron argumentando que, de buena fe, publicaron la información que les proporcionó la fuente oficial, por lo que no pueden ser responsabilizados como si hubieran actuado de mala fe. 

Por lo expuesto, la Corte tendrá que pronunciarse sobre la responsabilidad de periodistas frente a posibles afectaciones al buen nombre y honra de funcionarios públicos como resultado de una publicación que contiene un error de buena fe originado de una fuente confiable. Al respecto, la CIDH solicitó a la Corte IDH dejar sin efecto la sanción civil impuesta a los periodistas y adecuar el régimen de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión respecto de casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública, de modo que se observen los estándares de intencionalidad, daño o manifiesta negligencia del emisor; así como los principios de necesidad y proporcionalidad.

Por su parte, la FLIP, El Veinte y Media Defence destacaron el impacto de este tipo de procesos y de sanciones para la libertad de expresión. Por un lado, la amenaza de un proceso judicial y la posibilidad de que este termine en una condena por exponer temas o informaciones de interés público que incomodan a personajes públicos, se convierte en un generador de censura y autocensura. Por otro lado, debe prevalecer la protección reforzada de las expresiones de interés público y el rol de la prensa en su diseminación, el estándar de prueba aplicable en casos de difamación y el principio de proporcionalidad de sanciones civiles en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las organizaciones esperan que se reafirme que la responsabilidad de los periodistas y de los medios sólo es predicable de aquellos casos donde se advierte una intención clara de causar un daño previo a la publicación. En ese sentido, en caso que se cometa una imprecisión de buena fe, que no evidencie negligencia ni malicia, la sanción aplicable deberá ser la rectificación, porque contribuye a la prevalencia de la verdad y afecta en una menor medida el ejercicio de la libertad de expresión.