En Cali un medio comunitario que publicaba notas de salud comenzó a transmitir el paro nacional desde el lugar de las manifestaciones y los puntos de resistencia. Los reporteros salieron a las calles y se ganaron el respaldo de la gente, pero así como sus seguidores crecen, también lo hacen los ataques y amenazas que reciben.

“Están lanzando gases sin ninguna consideración, incluso dentro de las unidades residenciales, donde nos tuvimos que resguardar”, dice José Alberto Tejada en uno de sus cubrimientos en vivo para el Canal 2, de Cali, en el Valle del Cauca. Jhonatan Buitrago, el periodista que está detrás de la cámara, deja de enfocar a los manifestantes que corren. Camina un poco, descuelga la cámara y el lente comienza a enfocar el pavimento. Al fondo se escuchan los quejidos de los reporteros, el gas lacrimógeno les penetra los ojos. Se alcanza a escuchar a miembros de la misión médica que reparten agua y bicarbonato para aliviar la irritación de los que inhalaron el gas.

Ese mismo día, el 4 de junio, mientras grababan las protestas y los enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes, un policía les dijo que “aguantaba pegarles un tiro”. José Alberto tiene claro que se han vuelto indeseables para las autoridades. Una de sus transmisiones en directo por Facebook tuvo más de 2.800 reproducciones. Más de 650.000 perfiles lo siguen en esa red social. Hace tres meses no superaba los 15.000. 

En 2005 Canal 2 fue fundado como medio comunitario de la Fundación Daniel Gillard, una organización que trabaja por la juventud y que también es dirigida por José Alberto. Antes de que ganaran reconocimiento por el cubrimiento que han hecho del paro nacional en el Valle del Cauca, publicaban notas de salud, economía, de eventos en universidades y tenían segmentos esporádicos de entretenimiento.

Las dinámicas y el equipo de Canal 2 han cambiado. Hoy cuentan con cuatro periodistas, entre ellos están Jhonatan y el director José Alberto. Ambos se han encargado de acudir a los llamados de la gente cuando hay abusos de fuerza pública o cuando hay un evento comunitario.

Canal 2 ha dejado clara una marcada diferencia con el resto de medios de la ciudad.  José Alberto define su línea editorial como contrainformación, según él se concentran en controvertir lo que dicen otras fuentes, especialmente las oficiales, sobre el paro. “Si dicen que los muchachos están armados, nosotros vamos a la comunidad a demostrar que no es así”, dice José Alberto. 

 

No hay un día de calma

Uno de los primeros días del paro, José Alberto y Jhonatan estaban reportando cerca de la Universidad del Valle. Ambos llevaban chalecos e identificación de prensa, pero esto no detuvo a unos civiles que empezaron a disparar en dirección al sitio donde estaban. Jhonatan cuenta que él y José Alberto comenzaron a gritar que eran prensa y, contrario a lo que esperaban, los disparos se multiplicaron. Las balas les pasaron por un lado. 

José Alberto y Jhonatan han tenido que hacer frente a todo tipo de ataques. El equipo administrativo del Canal 2 tiene un cuaderno donde a modo de bitácora apunta cada una de las estigmatizaciones, los hostigamientos y las amenazas que han recibido. También los seguimientos y las veces que desconocidos han fotografiado las fachadas de sus casas y de las instalaciones del canal. 

En una ocasión estaban intentando entrevistar a una capitana de la Policía y mientras tanto otros patrulleros alrededor interrumpían diciendo: “ese es el canal que no es. Son los que nos desprestigian”. En otra oportunidad, en Buga, un soldado se acercó con una cámara profesional y le tomó fotos directo al rostro de José Alberto.

Las amenazas también han llegado por redes sociales. A mediados de junio, un miembro del equipo periodístico recibió un mensaje con un pantallazo de la ubicación de su residencia y la de su familia. “Estamos cansados de ustedes, tienen pocos días para que se vayan” decía el mensaje.

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Las estigmatizaciones y las amenazas han tenido efectos secundarios en la economía del canal. José Alberto afirma que algunos de los empresarios que pautaban se han retirado porque argumentan que tienen que cuidarse y defender su marca. 

Los periodistas de Canal 2 no consideran una buena opción denunciar ante el Estado los abusos de la Policía o de estos civiles sin identificación. Desconfían de las instituciones y de la protección que les puedan ofrecer. “Sería como llamar al diablo a que nos proteja”, sentencia José Alberto. 

 

Le creo, no le creo, le creo…

Aunque se enfrenten a todo tipo de agresiones por parte de civiles y fuerza pública, Canal 2 tiene un respaldo multitudinario de varios sectores de la ciudad. El día del cumpleaños de José Alberto, y en medio de un cubrimiento, decenas de personas lo celebraron con vuvuzelas y arengas que decían “qué viva el Canal 2”. Un colorido mural de Cali tiene la imagen de los periodistas y algunos integrantes del Concejo municipal propusieron entregarles un reconocimiento por su valentía. Para José Alberto, la cercanía que tienen con la comunidad es la respuesta a su determinación de quedarse reportando en las calles, incluso cuando empezaban las balaceras. 

Por otro lado, varias voces del gremio se levantan señalando críticas al trabajo de Canal 2, y son claros en señalar que el medio ha difundido noticias sin sustento. Por ejemplo, aseguran, que ellos nunca tuvieron pruebas contundentes para informar que el Éxito de Calipso había sido usado por la Policía como centro de tortura. 

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La ausencia de información contrastada ha sido reiterativa y ha impactado de manera directa en la calidad de la información que ha recibido la ciudadanía, que no ha tenido material suficiente que le permita tener certeza de qué es real y qué no. Este vacío de información es alimentado también por la opacidad de las instituciones estatales. Por ejemplo, una periodista de Cali, cuyo nombre mantendremos en reserva, aseguró que en las primeras semanas del paro la Fiscalía no entregaba información de cuántas personas habían muerto en Cali en medio de las manifestaciones, y que la Defensoría del Pueblo tampoco ofrecía respuestas en sus canales oficiales. 

En el mejor de los escenarios las instituciones publican comunicados cinco o diez días después de los eventos y es casi imposible que los periodistas puedan hacer cuestionamientos sobre esos boletines. El 19 de mayo, cuando se publicó la denuncia del Éxito de Calipso, pasaron más de 24 horas antes de que organizaciones de derechos humanos y entidades del Estado pudieran acudir al sitio y verificar lo acontecido.

En una coyuntura en la que varios medios están siendo puestos a prueba, enfrentando bloqueos de los que no hay precedentes, el Canal 2 ha despertado un fervor sin comparación de parte de un sector de la ciudadanía. Las personas que siguen sus transmisiones se enteran de los detalles de las manifestaciones y de lo que pasa en los puntos de resistencia de Cali, lugares a los que no todos los periodistas pueden acceder.

Durante las manifestaciones del paro nacional, salir a la calle a hacer reportería, el acto más cotidiano para las y los periodistas, se convirtió en una acción que los ponía en alto riesgo. En este artículo recopilamos testimonios de periodistas que han cubierto el paro en todo el país.

 

Camilo Andrés Rojas, periodista de Loco Sapiens, Sibaté, Cundinamarca

Cuando la tanqueta empezó a avanzar, decidimos poner nuestras manos en alto. El compañero que estaba transmitiendo mantuvo el directo y es en ese momento cuando aparecen, en medio de la oscuridad, cinco agentes del Esmad que corrían hacia nosotros. Uno de ellos nos apunta con una de esas armas que disparan balines y nos dice “¿qué hacen ahí hijueputas? ¡Los voy a pelar aquí a estas gonorreas!”. Eso nos intimida, nos deja sin palabras, porque nosotros solo seguíamos diciendo “¡somos prensa, somos prensa!”; pero en un segundo ¡Pum!, disparan.

Ahí es impactado Fernando, mi compañero que tenía el celular con el que transmitimos en vivo. Él cae con la cámara al piso y ellos nos dicen “¿prensa de qué?”, miran nuestros carnés, que los teníamos colgados, los toman y una vez que se dan cuenta de que estamos identificados se retiran solo diciendo “hermano es que ustedes vienen aquí a hacer amarillismo”.

 

Juan Manuel Satizabal, periodista independiente de Popayán, Cauca

Yo me acostumbré a transmitir al frente de donde se genere la noticia, no puedo hacer los directos dos o tres cuadras lejos. Un día estaba cubriendo las manifestaciones en la Vía Panamericana, los policías sabían que yo era periodista y aún así uno de ellos destapó una aturdidora, y me estalló como a un metro de distancia. En un momento corrí y es cuando un policía me grita “ahora sí corre, marica”. Ese día seguí cubriendo, porque yo sé que estar grabando un en vivo es la presión que tienen para que no cometan cosas. 

Leidy Albarán, periodista de Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

“Váyase para allá, usted por qué no graba en otro lado”, es lo que le dice a uno la policía, porque saben que por ser mujer ellos se tienen que cuidar más. Algunos piensan que las mujeres somos débiles pero no es así. Claro, hay temor de quedar sola porque uno siente la fuerza de las agresiones, porque muchos de los que están en esos enfrentamientos son solo hombres, pero lo hago por la labor de poder hacerle llegar información a las personas que no pueden salir, que puedan saber cómo está nuestra ciudad y nuestro país. 

 

Jahfrann, periodista gráfico independiente en Cali, Valle del Cauca

El ejercicio de prensa está totalmente limitado. Uno constantemente está siendo atacado por la fuerza pública, que “por qué no muestra este otro lado” o “venga y tómele foto a esto otro”. Todo lo no les interese que sea visible está condenado a ser perseguido. Si tienes un chaleco o un casco de prensa, en algunos sectores te pueden tirar el carro, te pueden gritar “váyase de acá”. 

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Nicole Bravo, periodista de la Silla Vacía en Cali, Valle del Cauca

Es muy difícil contrastar información porque muchas veces dependemos de lo que la gente nos envía y ahí se pueden filtrar un montón de cosas, porque no tengo con quién verificar. Estuvimos cuatro días sin tener comunicación con la Alcaldía, todos los periodistas preguntaban por los chats por cuántos muertos o heridos había, pero no había ninguna respuesta. 

 

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Nicolás Sánchez, reportero gráfico independiente de Bogotá

Estábamos con mi compañero, también reportero gráfico, en el enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública. En un momento uniformados del Esmad arremetieron contra nosotros y nos intimidaron con sus bolillos. Nosotros nos identificamos con el carné de prensa, mostramos nuestras cámaras, pero uno de ellos me mandó contra la pared. Mientras eso pasaba, otro policía me propina el golpe en el glúteo izquierdo*; en ese momento no sentí que fuera una puñalada. 

Caigo al suelo y mi compañero se hace encima de mí para protegerme, otro uniformado me pega una patada en la cara. Ahí es cuando pierdo el conocimiento mientras mi compañero continúa haciendo el llamado a derechos humanos. 

*Nicolás fue apuñalado por un policía esa noche.

 

Yurani Alzate, periodista de Análisis Urbano Medellín, Antioquia

Ser mujer y ser periodista no es nada fácil dentro de la movilización porque es la calle y un espacio político, y las mujeres no tenemos ese permiso para estar en discusiones políticas, ni en las calles. La policía me dice “quítese de ahí, perra chismosa”, por eso casi siempre busco a la gente de prensa para no ir sola, porque sola sí me da miedo. 

Dentro de la manifestación hay violencia contra la mujer no solo por parte de la policía, sino también de los manifestantes. A mí nunca me ha pasado nada porque siempre he estado en un medio alternativo y me respetan, pero sé que chicos de primera línea han atacado a compañeras solo porque pertenecen a medios grandes. 

 

John Jairo Astudillo, director de noticias Última Hora Cauca, Popayán, Cauca

Ser comunicador en esta zona se ha convertido en algo muy riesgoso porque no hay garantías por parte del Estado o de la fuerza pública. Física y verbalmente mi equipo y yo hemos sido agredidos. Las transmisiones en directo que hemos hecho han servido para garantizar los derechos humanos y también para denunciar a quienes actúan de mala forma, bien sea de parte de manifestantes o de fuerza pública. Es por eso que en esos directos tratamos de ser muy neutrales.

 

Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento, Medellín, Antioquia

Los en vivos yo los defiendo mucho y los veo como una forma de experimentación. No son bonitos, la imagen queda sucia, pero es muy importante para registrar lo que está pasando. Si no estás en directo y sucede algo, puede que muchas veces no te dé el tiempo de sacar el celular y grabar. Me parece muy valioso, además, el hecho de que personas que están en contra de las movilizaciones vean los videos, comenten y a partir de eso se forme un debate. Quizás hay cosas que hemos hecho mal o que tengamos que mejorar, y hay que ser críticos porque muchas veces se está mostrando solo una parte de lo que pasa, pero el directo es una parte importante de la reportería en medio del paro.

La FLIP expresa su preocupación por la censura indirecta que existe para los y las periodistas que están cubriendo el retorno de los desplazados en el municipio de Ituango, Antioquia. Más de 4.000 personas han sido forzadas a salir de la región, debido a las amenazas e intimidación ejercida por grupos ilegales al margen de la ley. Un problema mayor que señalan los y las periodistas es la falta de acceso a la información en terreno por parte de las autoridades así como un trato hostil por parte de funcionarios públicos. 

Preocupa particularmente que algunos periodistas han señalado obstrucciones al cubrimiento por parte de integrantes del Ejército Nacional, sin que exista alguna  explicación clara sobre los motivos para impedir el registro fotográfico o fílmico por parte de la prensa. Sumado a esto, se ha evidenciado un temor por parte de la comunidad para entregar sus testimonios a periodistas que han estado realizando los cubrimientos por la situación de orden público. 

Al respecto, alertamos que el cubrimiento sobre el desplazamiento en Ituango es de alta relevancia nacional y es prioritario establecer los mecanismos necesarios para fomentar su registro -que servirá de testimonio- y mayor transparencia, en lugar de restringirlo. El cubrimiento en terreno debe ser garantizado porque aporta al debate público, ya que permite visibilizar de primera mano lo que ocurre con aquellos afectados en contraste con lo señalado por la información oficial.  

Periodistas en territorio -cuya identidad protegemos por seguridad- han denunciado que las autoridades locales y la fuerza pública no han implementado medidas de prevención y acompañamiento. Hasta ahora no conocemos que se haya establecido un mecanismo conjunto entre Policía, Defensoría y Procuraduría para hacer el acompañamiento a la prensa en el municipio y proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para que se haga el cubrimiento, a pesar de que la Defensoría ha emitido una alerta de seguridad en la zona. Esta articulación es indispensable en un contexto tan complejo, de alto riesgo y vulnerabilidad para los periodistas, quienes deben enfrentar el peligro que supone la presencia de grupos armados y su interés por silenciar lo que está ocurriendo. 

Frente a ello, la Corte IDH y la Corte Constitucional han sido insistentes en el deber que tienen las autoridades estatales de garantizar las condiciones de protección a la vida e integridad de las personas que ejercen el oficio periodístico cuando existe un riesgo especial. Este debe ser evaluado a la luz del contexto existente en el país y puede surgir por factores tales como el tipo de hechos que los periodistas cubren, el interés público de la información que difunden o la zona a la que deben acceder para cumplir con su labor, así como [por] amenazas en relación con la difusión de esa información o por denunciar o impulsar la investigación de violaciones que sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su profesión.

Frente a esta situación, la FLIP solicita a:

1. La Alcaldía local que se articule con las demás instituciones locales e incluya a la prensa en las medidas de protección que se discuten en los consejos de seguridad y demás mecanismos dispuestos para atender la crisis.
   
   
2. La Defensoría del Pueblo Regional Antioquia que haga una evaluación integral sobre la situación específica de la prensa en la región y adopte mecanismos especiales de acompañamiento para que se garanticen las condiciones para el cubrimiento en terreno.
   
   
3. Al Ministerio de Defensa y al Comandante del Ejército Nacional emitir una directriz clara sobre las obligación de proteger y garantizar el ejercicio periodístico en el territorio. 
   
   
4. La Procuraduría regional para que investigue los reportes de restricciones a la libertad de prensa por parte de funcionarios públicos en la zona.
   
   
5. La Procuraduría General de la Nación para que promueva la publicidad activa y la garantía del derecho al acceso a la información como estrategia para fomentar mayor transparencia sobre la situación de derechos humanos en Ituango. 

 

Hace 2 años un contenedor cargado de computadores abrió sus puertas laterales para dar su primer programa de periodismo. Lo hizo en Chaparral, Tolima. Era la primera de ochenta horas del proceso de formación. Esa mañana, a los líderes y lideresas les preguntamos: ¿qué expectativas tenían sobre el periodismo? Varios respondieron: aprender cómo funciona la radio; luchar para que nunca se apague mi voz; poder expresar mejor mis pensamientos y mis ideas; escribir mejor; comunicar para cambiar la imagen de que en mi vereda somos guerrilleros.

Desde entonces el laboratorio ha seguido su recorrido. Hemos visitado 18 municipios, en cinco departamentos y trabajamos con cerca de 400 personas para fortalecer sus capacidades de producción de información local. La mayoría de los y las participantes que se han acercado al laboratorio no tienen experiencia previa en periodismo, pero están interesados en aprender sobre libertad de expresión, redacción de artículos periodísticos, producción de videos y gestión de redes sociales para fortalecer el debate público en sus territorios. 

Hoy, con ellos y ellas, abrimos el laboratorio para poner a prueba esta sala de redacción abierta y participativa. En la plataforma www.consonante.org encontrarán noticias, historias y proyectos especiales en distintos formatos. Buscamos cubrir la agenda noticiosa de los desiertos de información, lugares como El Carmen de Atrato (Chocó) o Montelíbano (Córdoba) en donde la población no tiene acceso a noticias y contenido producido por un equipo de periodistas. 

Para conseguirlo, haremos periodismo a varias manos, sobre temas locales, en distintos formatos y distribuido por canales locales y accesibles a esas audiencias. Los trabajos publicados serán producto de un esfuerzo colectivo realizado por el equipo de periodistas del proyecto junto con los líderes y lideresas locales de distintas regiones del país que han sido formados y hoy hacen parte de la Red Consonante. 

Este laboratorio móvil de periodismo nació en 2019 luego de que el equipo de la FLIP hiciera el primer diagnóstico del ecosistema de los medios de comunicación en Colombia. Esta investigación, llamada Cartografías de la Información, arrojó un panorama alarmante: en 666 municipios —más de la mitad del país— no existen medios o equipos de periodistas que produzcan información local. Es decir, cerca de 10 millones de personas no tienen acceso a información veraz e independiente y confiable sobre lo que sucede a su alrededor. 

Visite aquí el nuevo portal de noticias de Consonante www.consonante.org 

La ausencia de comunicación local en centenares de municipios debe ser una realidad que llame a reaccionar al conjunto de la sociedad: universidades, empresas, sociedad civil y, por supuesto, al gobierno. En una era de noticias falsas y políticas nacionales divisivas, el destino de las comunidades en todo el país, así como de la democracia debe estar vinculado estrechamente a la vitalidad del periodismo local. 

¡Bienvenidos y bienvenidas!

Para estar al pendiente del trabajo de Consonante sigan al proyecto en sus redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter @consonante_lab

Si quieren sumarse a la campaña de esta nueva fase, usen el hashtag #AbrimosElLaboratorio y cuéntennos sus experiencias e ideas sobre cómo combatir el silencio informativo en Colombia. 

También, aquí pueden descargar el material de redes de la campaña.

 

Nelson de la Rosa Toscazo fue un reportero gráfico del periódico El Universal en Cartagena asesinado junto a su esposa el martes 3 de agosto de 1993. Semanas antes, Nelson había publicado una serie de fotografías de una banda criminal.

En su momento, la FLIP, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa instaron al Estado colombiano y a la Fiscalía a investigar el asesinato de Nelson y a encontrar a los responsables. Sin embargo, en 2013 el caso de Nelson prescribió, por lo que se dejó de buscar a los autores del crimen. La Fiscalía continúa sin tener registros sobre la investigación de su muerte, además de desconocer a los responsables del homicidio, se desconoce qué autoridad judicial recibió el caso.

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Nelson. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los fotoperiodistas que como Nelson han sido asesinados por contar historias a través de sus lentes. Gracias por recordar con nosotros. 

Arquímedes Arias Henao fue un periodista, publicista y fundador de las emisoras Fresno Estéreo y Romance Estéreo en el municipio de Fresno, Tolima. Allí fue asesinado el 4 de julio de 2001 por órdenes de un ex jefe paramilitar que lo señaló como colaborador de la guerrilla.

En 2009, el ex jefe paramilitar, Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias Elkin, afirmó que el homicidio se dio porque supuestamente Arquímedes era colaborador de la guerrilla. 

En la FLIP no olvidamos a Arquímedes Arias Junior, como era conocido en los medios de comunicación, y recordamos sus esfuerzos como pionero de la radio tolimense. Gracias por recordar con nosotros.

El 13 de julio de 2002, Elizabeth Obando Murcia, vendedora del periódico El Nuevo Día, fue asesinada por orden de un excomandante de las FARC. El caso, 19 años después de su muerte, permanece en total impunidad. 

 

Tejiendo memoria

Elizabeth era la hija menor de la familia Obando Murcia, nació el 27 de marzo de 1960 en Roncesvalles, Tolima. Por varios años se dedicó a confeccionar ropa, tejer era una de sus grandes pasiones. “Ella tenía una maquinita que mi mamá le había regalado y con eso trabajaba. Hacía sobre todo sacos para los estudiantes”, asegura el hermano de Elizabeth, Gustavo Obando Murcia.

En el centro del pueblo, Elizabeth tenía un almacén en el que exhibía y vendía las prendas que fabricaba. Abría su local de domingo a domingo, donde además comercializaba ejemplares del periódico El Nuevo Día, uno de los medios regionales con más influencia en la zona. 

 

Persecución interminable

Durante los primeros meses de 2002, El Nuevo Día realizó publicaciones que denunciaban los crímenes de la guerrilla de las FARC sobre los habitantes del Tolima. En estos artículos, se exponía el reclutamiento de menores de edad, extorsiones y la expropiación de bienes en el departamento.

A pesar de que Elizabeth no tenía relación con el contenido divulgado por el medio, empezó a recibir amenazas por parte de alias Donald, por ese tiempo, comandante de las FARC. De igual forma, su hermano Gustavo, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen en Roncesvalles, fue hostigado por el grupo guerrillero que pretendía controlar su labor con la comunidad. 

“Una vez Donald nos hizo ir al corregimiento de Santa Helena a Elizabeth, a mi hermano Edilberto y a mí. Allá nos amordazó y nos dijo hasta de qué nos íbamos a morir”, afirma Gustavo al recordar las dificultades que supuso la presencia de las FARC en Roncesvalles. 

En medio de la persecución, Elizabeth envió una carta al supervisor del departamento de circulación de El Nuevo Día, el 3 de marzo de 2002, en la que le comunicó que el comandante de las FARC había prohibido la venta del periódico en la zona. Elizabeth fue señalada por la guerrilla de filtrar información a las salas de redacción del medio. Sin embargo, ella solo recibía hojas impresas y las vendía en su local. 

 

Disparos de silencio

A pesar de que El Nuevo Día dejó de circular en Roncesvalles y, por tanto, Elizabeth abandonó la venta de periódico, el jueves 11 de julio de 2002, recibió tres impactos de bala en la cabeza. Elizabeth regresaba de Ibagué y, en medio de un retén ilegal de las FARC en Playa Rica, Tolima fue obligada a bajarse del bus en el que se transportaba junto con Ángela Yesenia Bríñez, personera del municipio.

Tras ser atacada, aún con vida, su traslado al hospital fue obstaculizado por los responsables que, después de varias horas, permitieron a uno de sus conocidos movilizarla al hospital Federico Lleras de Ibagué. De este centro médico fue remitida a la clínica San Rafael Dumian de Girardot, Cundinamarca, donde dos días después perdió la vida.

“No puedo olvidar esa fecha. El día de su muerte mi hija estaba cumpliendo 14 años”, recuerda Gustavo, quien por órdenes de alias Donald no pudo asistir al sepelio de Elizabeth. De hecho, 20 días después del fallecimiento de su hermana, tuvo que huir del municipio a causa de las continuas amenazas. 

 

Enmudecida por la impunidad 

19 años después de su asesinato, el caso de Elizabeth se encuentra en total impunidad. En primera instancia, la Fiscalía ordenó la captura de alias Donald y de Luis Eduardo Rayo, alias Marlon, comandante del frente 21 de las FARC, al ser los presuntos autores del homicidio de Elizabeth. No obstante, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Ibagué absolvió los delitos al encontrar “contradicciones” en los testimonios presentados por la Fiscalía. 

Actualmente alias Donald se encuentra en libertad, dado que luego de la firma de los Acuerdos de Paz  en 2016, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la FLIP esperamos que esta sea una oportunidad para que los responsables aporten información sobre el esclarecimiento del homicidio de la vendedora de El Nuevo Día. 

Elizabeth es recordada por el amor con el que educó a sus sobrinos y extrañada por los brazos de su madre, Mercedes, quien aún conserva el asiento favorito de su hija, donde, constantemente, la recuerda entre lágrimas. En la FLIP no olvidamos el caso de Elizabeth y reconocemos su labor por mantener informada a la población. Gracias por recordar con nosotros. 

 

Hace 20 años, el periodista en formación y líder comunal, Eduardo Estrada Gutiérrez, fue asesinado en el municipio de San Pablo al sur de Bolívar. Eduardo era presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y la Cultura de San Pablo y, a través de esta organización, impulsó la creación de una emisora comunitaria en la que se contaría cómo el conflicto armado y la corrupción afectaban la región. Sin embargo, a causa de su asesinato, esta emisora nunca llegó a estar al aire.

Han pasado 20 años desde que las balas silenciaron la voz de Eduardo. Hoy, el municipio de San Pablo apenas tiene una emisora comunitaria. 

En la FLIP no olvidamos el esfuerzo de Eduardo por exponer los crímenes e irregularidades en el Magdalena Medio y su lucha por defender los derechos de la población. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, vea el siguiente video: 

La FLIP manifiesta su preocupación frente a las apreciaciones realizadas por la Cancillería de Colombia y diversos funcionarios del gobierno, que rechazan algunas de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dejan entrever la falta de disposición del Estado en la implementación de las mismas. 

En su informe, la CIDH da recomendaciones al Estado colombiano frente al desarrollo de las protestas sociales. Cuatro de las recomendaciones se refieren a la libertad de prensa. 

1. Asegurar la protección de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, y agresiones; y finalizar las acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios.
   
   
2. Respetar la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura. 
   
   
3. Brindar proactiva y periódicamente información sobre el funcionamiento de las redes de Internet; así, las denuncias sobre interrupciones y bloqueos pueden ser contrastadas. 
   
   
4. Cesar la categorización de contenidos como “falsos” o “verdaderos” desde la Policía, y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o que criminalicen a quienes se expresan en Internet sobre las protestas. 
   
   

La CIDH publicó las observaciones y recomendaciones con base en la visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, en la que se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con reporteros/as en Cali, Bogotá y Popayán. A partir de los más de 40 testimonios de periodistas, la CIDH pudo constatar el deterioro de las garantías para el cubrimiento y la escalada de violencia hacia la prensa en el contexto de protestas.

Para la FLIP, las recomendaciones realizadas y la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento son claves. Estas representan una oportunidad para que el Estado cumpla a cabalidad con sus obligaciones para procurar que existan condiciones óptimas para el trabajo de una prensa libre de violencias, y haya un esclarecimiento total de las agresiones que se han presentado en el contexto de protesta social. 

Como lo ha advertido la FLIP, la CIDH llamó la atención sobre un clima generalizado  de autocensura por miedo a represalias, agresiones o estigmatizaciones, y que es alentado por la “ausencia de una reacción institucional contundente”. También, la Comisión manifestó su preocupación sobre la violencia contra mujeres periodistas, la estigmatización a medios de comunicación y periodistas por parte de funcionarios públicos, las interrupciones al servicio de internet y los actos de vigilancia en línea o ciberpatrullaje.

Un mes después de la visita de la CIDH, la violencia contra periodistas continúa y sigue sin encontrar un freno institucional. A la fecha, la FLIP ha documentado 280 casos y un total de 321 víctimas de agresiones contra la prensa. Como se ha mencionado constantemente, para la FLIP es de extrema gravedad que sea la fuerza pública el principal agresor: 165 ataques, lo que representa el 59% de los casos. 

Ignorar los hallazgos y las recomendaciones formuladas por la Comisión es propio de regímenes autoritarios que ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país. Por esta razón, la FLIP hace un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para que avancen en la implementación de las recomendaciones formuladas por la CIDH. 

Así mismo, la Fundación hace un llamado a la CIDH, para que en el marco de las funciones del Mecanismo Especial de Seguimiento, continúe monitoreando la situación en materia de libertad de expresión y de prensa.