La FLIP manifiesta su preocupación frente a las apreciaciones realizadas por la Cancillería de Colombia y diversos funcionarios del gobierno, que rechazan algunas de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dejan entrever la falta de disposición del Estado en la implementación de las mismas. 

En su informe, la CIDH da recomendaciones al Estado colombiano frente al desarrollo de las protestas sociales. Cuatro de las recomendaciones se refieren a la libertad de prensa. 

1. Asegurar la protección de periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, y agresiones; y finalizar las acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios.
   
   
2. Respetar la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura. 
   
   
3. Brindar proactiva y periódicamente información sobre el funcionamiento de las redes de Internet; así, las denuncias sobre interrupciones y bloqueos pueden ser contrastadas. 
   
   
4. Cesar la categorización de contenidos como “falsos” o “verdaderos” desde la Policía, y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o que criminalicen a quienes se expresan en Internet sobre las protestas. 
   
   

La CIDH publicó las observaciones y recomendaciones con base en la visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, en la que se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con reporteros/as en Cali, Bogotá y Popayán. A partir de los más de 40 testimonios de periodistas, la CIDH pudo constatar el deterioro de las garantías para el cubrimiento y la escalada de violencia hacia la prensa en el contexto de protestas.

Para la FLIP, las recomendaciones realizadas y la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento son claves. Estas representan una oportunidad para que el Estado cumpla a cabalidad con sus obligaciones para procurar que existan condiciones óptimas para el trabajo de una prensa libre de violencias, y haya un esclarecimiento total de las agresiones que se han presentado en el contexto de protesta social. 

Como lo ha advertido la FLIP, la CIDH llamó la atención sobre un clima generalizado  de autocensura por miedo a represalias, agresiones o estigmatizaciones, y que es alentado por la “ausencia de una reacción institucional contundente”. También, la Comisión manifestó su preocupación sobre la violencia contra mujeres periodistas, la estigmatización a medios de comunicación y periodistas por parte de funcionarios públicos, las interrupciones al servicio de internet y los actos de vigilancia en línea o ciberpatrullaje.

Un mes después de la visita de la CIDH, la violencia contra periodistas continúa y sigue sin encontrar un freno institucional. A la fecha, la FLIP ha documentado 280 casos y un total de 321 víctimas de agresiones contra la prensa. Como se ha mencionado constantemente, para la FLIP es de extrema gravedad que sea la fuerza pública el principal agresor: 165 ataques, lo que representa el 59% de los casos. 

Ignorar los hallazgos y las recomendaciones formuladas por la Comisión es propio de regímenes autoritarios que ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país. Por esta razón, la FLIP hace un llamado al gobierno nacional y a las autoridades locales para que avancen en la implementación de las recomendaciones formuladas por la CIDH. 

Así mismo, la Fundación hace un llamado a la CIDH, para que en el marco de las funciones del Mecanismo Especial de Seguimiento, continúe monitoreando la situación en materia de libertad de expresión y de prensa.

El 14 de mayo de 2021 la Corte Constitucional decidió sobre el caso de la periodista Vanesa Restrepo, quien fue víctima de violencia sexual por parte de un excompañero de trabajo del periódico El Colombiano. En su tutela, Vanesa denunció la falta de atención oportuna y eficaz a este caso por parte del medio. 

La tutela de Vanesa fue fallada en su contra en primera y segunda instancia. Por esta razón, desde la FLIP solicitamos que la Corte Constitucional la revisara. La FLIP aportó sus consideraciones sobre la importancia de garantizar de ambientes seguros para las mujeres periodistas, y que van de la mano de la construcción de protocolos de atención de conductas de violencia sexual. En estos casos de violencia de género, para la FLIP existe un alto riesgo de autocensura a la que muchas mujeres periodistas pueden recurrir luego de ser víctimas de estas conductas. Con esto, finalmente la ciudadanía pierde la visión plural que tiene una mujer al ejercer el oficio periodístico. 

En junio se conoció el fallo de la Corte, quien le dio la razón a Vanesa y reconoció que los jueces de primera y segunda instancia “no hicieron un análisis detallado de la situación antes de negar la tutela”. Por eso revocó las decisiones e instó a los jueces a que en casos de violencia y discriminación se hagan análisis centrados en el género. La Corte ordenó al periódico El Colombiano la implementación de un protocolo claro en el que se prevean las rutas de prevención, atención y acompañamiento en casos de violencia contra la mujer.

Esta decisión marca un importante precedente para los medios de comunicación, quienes están en la tarea de construir ambientes laborales favorables para el ejercicio del oficio por parte de las mujeres en Colombia. Para la Corte, la construcción de estos ambientes laborales seguros pasa por la identificación de los riesgos diferenciales que tienen las mujeres al ejercer el oficio y por la sensibilización al interior de las salas de redacción sobre estas conductas que perpetúan un imaginario desequilibrado de poder en contra de las mujeres.

Debido al incremento de violencia contra periodistas en el marco del cubrimiento de las protestas sociales, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el apoyo financiero de Reporteros Sin Fronteras (RSF), decidió adquirir de buena fe kits de protección para reporteros/as que incluyen chaleco antitrauma, casco táctico, chaleco de ocho bolsillos y máscara de cara completa. En junio, fueron entregados, a manera de preśtamo, y por solicitud voluntaria de periodistas de diferentes medios del país.  

Sin embargo, el pasado jueves 1 de julio del 2021, una periodista puso en nuestro conocimiento mediante correo electrónico inconformidades respecto de la calidad de los chalecos. En atención a ello, la FLIP contactó desde el mismo día tanto al proveedor como al fabricante, señalado por este último, para verificar de manera inmediata y contrastar la información sobre las deficiencias indicadas. 

En efecto, constatamos como resultado de estas conversaciones, que existen irregularidades en los chalecos, apartándose de la finalidad con la cual se adquirieron y se prestaron. Por este motivo, hemos adelantado todas las gestiones necesarias para recoger los equipos de manera inmediata. 

Lamentamos profundamente que la gestión, que de buena fe hemos adelantado en cumplimiento de nuestra misión institucional, haya generado estos inconvenientes. Pedimos excusas por lo ocurrido y reiteramos nuestra preocupación que en el mercado estén circulando elementos de protección que son comercializados sin cumplir con los estándares de calidad y puedan generar un riesgo. Por lo tanto, tras recibir la asesoría pertinente, iniciaremos las acciones legales que correspondan. 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad del equipo periodístico del medio Cofradía para el Cambio en Medellín, quienes han sido víctimas de nueve ataques durante el paro.

Transcurridos dos meses de protestas sociales, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte que los reporteros que han cubierto las manifestaciones de los últimos dos meses han sido atacados, heridos, amenazados y detenidos de manera ilegal. 

Este escenario, lejos de encontrar un freno institucional, ha sido normalizado por las principales autoridades, un grave síntoma de un Estado que descuida los pilares de la democracia. Resulta prioritario y urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga un control estricto del incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones para procurar las condiciones óptimas para ejercer una prensa independiente y libre de violencias. 

Durante estos dos meses, la FLIP ha documentado 260 casos y un total de 299 víctimas de agresiones contra la prensa, que se concentraron donde hubo puestos de resistencia de la protesta como Bogotá (73), Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18).

En el 58% (152) de las agresiones, el agresor fue identificado como un integrante de la fuerza pública. Incumpliendo de esta manera su deber de protección y de garantes con el trabajo a periodistas y convirtiéndose en una fuerza censora.

Entre el 27 y 28 de junio recibimos 14 denuncias de ataques a periodistas: once fueron agresiones físicas y tres amenazas. Entre otros, un periodista denunció que fue golpeado con el arma de dotación en la cabeza, otro recibió un puño en la cara por parte de un agente del ESMAD mientras que hacía el cubrimiento, y dos periodistas mujeres de RCN fueron empujadas y agredidas físicamente por agentes de esta fuerza pública, en el momento que registraban en video los abusos que estos cometían.

Los cuerpos de seguridad que actúan en el contexto de manifestaciones y protestas deben tener especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, fotoreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en las manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad. La libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente.

El récord de estos registros no ha encontrado freno institucional. El silencio de las autoridades, la ausencia de un rechazo público y fehaciente de los hechos violentos y la falta de una directiva clara de cero tolerancia promueven el miedo y la autocensura. Sumado a esto, observamos indicios claros de impunidad por la falta de diligencia investigativa. Las investigaciones penales de dos casos de agresiones de fuerza pública a la prensa, plenamente documentadas y de conocimiento público, fueron archivadas porque no se cumplió con un mínimo de diligencia para contactar a las víctimas y por una presunta falta de pruebas para identificar al agresor, que al parecer imposibilitaba la continuación de la investigación. Gracias a las denuncias públicas, las investigaciones fueron reabiertas.

En este sentido, solicitamos a los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, donde se han presentado el mayor número de ataques, que revisen el diseño de los operativos policiales para que se adopten medidas idóneas y efectivas de prevención de violencia contra la prensa, que se garanticen las condiciones de seguridad para la integridad física de los reporteros y se permita ejercer el periodismo independiente. El derecho a grabar, a acceder a información y difundirla son un componente fundamental para la convivencia democrática.

Por otro lado, reiteramos que los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental para la rendición de cuentas sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones. En aras de respaldar esta labor es indispensable desentrañar las causas y patrones de los riesgos diferenciados a los que está expuesta la prensa en estos escenarios. Para ello, hacemos un llamado a la CIDH para que inste al Estado a formular políticas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas de manera diferenciada.

Les presentamos ECO, un nuevo proyecto de formación en herramientas digitales para periodistas y medios locales de todo el país. En el marco de los 30 años de la llegada de la internet a Colombia, ECO quiere reflexionar y analizar los retos de la producción de información de interés público en internet y en clave de libertad de expresión.

Con el apoyo de Google Colombia, ECO ofrece una formación virtual que tiene en cuenta el contexto de conectividad colombiano, las características de su ecosistema de medios y las lógicas locales y territoriales. Linterna Verde es nuestra segunda organización aliada y aporta su conocimiento en temas relacionados con derechos digitales y contenidos de terceros. 

La primera etapa de ECO es un curso virtual con 10 videos dirigidos a periodistas interesados/as en fortalecer sus habilidades en creación de contenidos y gestión de medios. Durante las capacitaciones, analizamos los derechos digitales, sesgos algorítmicos, modelos de sostenibilidad y herramientas de innovación para contar historias. Los videos estarán disponibles en el canal de Youtube de la FLIP y aquí a partir del 2 de julio y cada semana se lanzarán dos nuevas cápsulas. 

En la segunda etapa, acompañaremos a 15 medios de comunicación locales que estén interesados en profundizar en uno de los temas presentados en la etapa uno. El proceso se llevará a cabo de la mano de mentores expertos/as durante ocho semanas. Cuando se culminen las dos etapas de ECO, se presentarán los proyectos de fortalecimiento realizados por los medios participantes.

PUEDEN ACCEDER AL CURSO AQUÍ.

Para más información, pueden escribir a:
camila.ricaurte@flip.org.co
asesordireccion@flip.org.co

La voz que acaban de escuchar era la de Efraín Varela Noriega periodista, locutor y director de la emisora Meridiano 70. Desde allí se dedicaba a la crítica política. Hoy, tras 19 años de su muerte, recordamos su trayectoria.

El 23 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado reconoció y condenó la responsabilidad del Estado en el asesinato del periodista. Además, confirmó la responsabilidad de la Brigada XVIII del ejército como cómplices del crimen al permitir el accionar del Bloque Vencedores de las autodefensas. 

En la FLIP no olvidamos el esfuerzo de los periodistas por denunciar la corrupción y la violencia en defensa de los derechos humanos. Gracias por recordar con nosotros.

El martes 29 de junio, a las 4:00 p.m. la Corte Constitucional se reunirá para definir si selecciona, entre otras, la tutela impulsada por Juanita Goebertus, Alejandra Martínez, Sol Marina de la Rosa y Claudia Julieta Duque a raíz de que, en distintas oportunidades, fueron obligadas a descargar y usar la aplicación CoronApp para volar a destinos nacionales. Esta restricción se basó en una normativa confusa, que no satisfacía los criterios mínimos para la limitación de derechos en un Estado democrático. 

Año y medio después del inicio de la pandemia, la situación está lejos de resolverse. Es importante que la Corte Constitucional dicte las pautas sobre cómo se garantizarán derechos como la privacidad y la protección de datos personales en la aplicación de medidas gubernamentales como forma de responder al coronavirus. 

En el proceso de selección de tutelas ante la Corte Constitucional se escogen algunos entre miles de casos frente a los cuales el Alto Tribunal tendrá la última palabra. Los más novedosos, los que permitan aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, los que impliquen la protección colectiva de derechos fundamentales, entre otros criterios, son los que hacen que un caso pueda atravesar dicho filtro de manera exitosa. 

Al seleccionar un caso concreto la Corte deberá pronunciarse abordando el conflicto de derechos que propone, situación que resulta valiosa pues al tiempo que decide sobre la protección de derechos fundamentales de las personas también actualiza la jurisprudencia y sienta nuevos criterios para la protección futura de derechos en casos similares.

Las tutelantes Martínez, de la Rosa, Goebertus y Duque presentaron la tutela porque en cada ocasión se les condicionó el ejercicio del derecho a transitar libremente previo a la descarga y registro en CoronApp. Sin alternativas posibles y frente a la presión de perder sus vuelos, cada una tuvo que registrarse en la aplicación móvil informando sobre su estado de salud, lugar de origen y destino, detalles del vuelo como la hora de partida y llegada, entre otros. 

Para una de las tutelantes, por su situación de riesgo y por el ejercicio de su profesión como periodista, la entrega de esta información personal y sensible supuso un sacrificio mucho más elevado en tanto que la entrega de datos sobre su ubicación, trayectoria y destino final puede, eventualmente, configurar una afectación a su secreto profesional.

El caso es representativo, pues no solo pone en evidencia los riesgos asociados al uso obligatorio de una tecnología digital para la contención del Covid-19 cuya efectividad e impacto en derechos humanos, a más de un año y medio de su funcionamiento, sigue sin ser informada de manera transparente por el gobierno. Esto sucede al tiempo que las políticas de privacidad de la App no son enfáticas en si las personas registradas tienen o no el derecho de solicitar la eliminación de sus datos.

También plantea la oportunidad de aclarar cuáles son los criterios que deben atender las autoridades que buscan limitar el ejercicio del derecho a la privacidad durante los estados de emergencia, en donde los estándares ordinarios de limitación de derechos suelen ser dejados de lado presuntamente por la premura o la urgencia.

La Corte Constitucional deberá decidir si selecciona este caso entre más de 37.000 expedientes de tutela. Las organizaciones que hacemos parte de la Alianza Índice Derechos Digitales solicitamos a la Sala Sexta de Selección que considere la relevancia y novedad de este caso que permitirá, aclarar el alcance sobre el ejercicio del derecho a la privacidad en conexidad con otros derechos cuando se trata de su ejercicio en tiempos de excepción. 

Creemos que este caso permitirá, en definitiva, actualizar el contenido de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos en lo que tiene que ver con las obligaciones a cargo de las autoridades que usan y despliegan tecnologías digitales con el fin de preservar la salud pública, las garantías con las que cuentan las personas frente a su uso, entre otros.

Seguiremos de cerca la audiencia de selección que tendrá lugar el día martes y que pueden ver siguiendo este enlace 

**Pueden ver el texto de apoyo a la tutela con radicado T-8’197.643 que remitimos de manera conjunta  a la Corte Constitucional aquí.  

Suscriben,

Fundación Karisma

El Veinte

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, ISUR

Linterna Verde

Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el contexto de las protestas, expresamos nuestra preocupación por el anuncio gubernamental de modificar el decreto 003 de 2021 con el propósito de restringir la definición de protesta legítima.