Por Silvio Waisbord

Doctor en sociología, experto en política y comunicación

 

El periodismo sigue siendo el blanco preferido del autoritarismo en América Latina. Esto lo demuestran episodios recientes donde el poder apuntó con violencia contra cronistas que cubrían protestas populares. En Colombia, periodistas sufrieron agresiones en medio de extensas violaciones a los derechos humanos en reacción a la movilización ciudadana en las calles. Varios reporteros han sufrido salvajes ataques durante las sorpresivas protestas en Cuba. Autoridades locales y nacionales continúan siendo responsables de la persecución de periodistas en México. Periodistas críticos en El Salvador y Nicaragua tuvieron que exiliarse después de sufrir recurrentes ataques a manos de fuerzas de inteligencia y la policía.

Desafortunadamente, los ataques ponen en evidencia que cierto periodismo hace lo que debe hacer: muestra el descontento popular producto de demandas postergadas, la crisis socioeconómica agudizada por la pandemia, y la corrupción estructural; investiga los pliegues oscuros del poder empecinado en darle la espalda a reclamos ciudadanos y aferrarse a un estatus quo político que muestra fisuras; y desenmascara mentiras y ficciones mantenidas desde los gobiernos centrales a pura propaganda.  

Las acciones destinadas a acallar a la prensa e intimidar al periodismo son comunes al poder, más allá de etiquetas partidarias e ideológicas. Gobiernos autodenominados de izquierda, centro, o derecha tienen en común la particular saña contra la prensa critica. Así como apapachan al periodismo querendón con dinero e información, persiguen a quienes informan lo que verdaderamente ocurre.

Combatir al periodismo con violencia es señal de la desesperación oficial ante la protesta ciudadana. Es señal inequívoca de gobiernos que rechazan la labor esencial de la prensa en democracia, y se empecinan en doblegar los derechos humanos para acallar el disenso. Estigmatizar y hostigar a periodistas críticos y acusarlos de trabajar para conspiraciones recónditas son elementos comunes del manual autoritario. 

En contextos de violencia oficial contra la ciudadanía, cubrir protestas es una misión peligrosa. No hay garantías para que el periodismo pueda ejercer su función sin temores o cuidados. Perseguir y golpear a cronistas tiene por objeto enviar una señal inhibitoria al periodismo: de correrlo hacia la autocensura. Una advertencia para cerrar el límite de lo publicable.

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En una época donde pareciera que la comunicación digital, especialmente la de los “medios sociales” eclipsa a la prensa, la violencia oficial sugiere que el periodismo crítico sigue cumpliendo un rol importante. Prensa perseguida es señal inequívoca de que todavía importa. Si no fuera así, ¿cómo explicar que el poder se ensañe con una institución supuestamente en su ocaso en épocas de influencers, contenido viral y memes?

Las plataformas digitales son centrales para las manifestaciones populares, en tanto ofrecen mecanismos descentralizados para la coordinación de actividades y mensajes. Esta dinámica no implica que el periodismo no importe. De hecho, sigue siendo fundamental como cámara de eco de las protestas callejeras y el descontento ciudadano. El periodismo visibiliza lo que ocurre en lugares públicos. Le da entidad y presencia a la bronca masiva. Genera imágenes y voces que se multiplican en espacios digitales. Imprime el sello de realidad a la postergación y la frustración popular. Pone al desnudo las fake news fogueadas por los empleados mediáticos del poder. Les muestra a las élites, tan afectas a la prensa como house organ de la política oficial, que su realidad imaginada dista de la existente.

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El periodismo es perseguido simplemente porque muestra la cruda realidad de la violencia y la postergación social, política y económica, documenta las voces de la furia y la falta de garantías democráticas, y descorre el telón del país de fantasías pergeñado desde el poder. Hacer esto siempre es arriesgado en contextos de autoritarismo enquistado y listo a recurrir a la violencia como forma de hacer política. 

Los medios de comunicación masivos y regionales han recibido ataques a sus infraestructuras durante la protesta social. La FLIP habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre la relación con las audiencias y el cubrimiento de las manifestaciones desde los medios nacionales. 

 

Durante los últimos meses, los medios masivos del país han sido objeto de constantes amenazas, bloqueos y ataques. En Bogotá, las sedes de Revista Semana y Noticias RCN fueron violentadas; y en Neiva las del diario La Nación, incendiadas. Los y las periodistas del periódico El País de Cali no podían salir a cubrir los principales puntos de las concentraciones sin recibir ataques. Otros reporteros y reporteras decidieron salir a cubrir las manifestaciones sin llevar ninguna identificación de sus medios. 

Para comprender una parte de este fenómeno hay que mencionar la larga historia de estigmatización contra medios de comunicación. Desde hace varios años, figuras políticas han incitado campañas contra las publicaciones que no son de su agrado. En marzo de este año, el Centro Democrático, el partido de gobierno, calificó a Noticias Caracol de ser “militantes” y de recoger voces de “políticos corruptos consagrados desde hace años a desinformar a la opinión y a divulgar noticias falsas”. También el expresidente Uribe ha descalificado estratégicamente a Noticias Uno, Daniel Coronell y Revista Semana. 

En la otra orilla, Gustavo Petro se ha encargado de estigmatizar a RCN, Caracol y Revista Semana. Durante las manifestaciones del 2019, el senador dijo, sin tener pruebas y sin que fuera cierto, que un periodista de Noticias Caracol “pidió que mataran a algún manifestante”. Como consecuencia el reportero recibió varias amenazas. 

La ruptura entre algunos medios y parte de la ciudadanía podría convertirse en un escenario en el que se propongan leyes de medios que instauren canales de censura oficiales. En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, analizamos algunos de estos factores y qué implicaciones tienen para los medios y para la sociedad.

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La prensa en general ha sido muy atacada en los últimos meses al tratar de hacer cubrimientos del paro, y sabemos que parte del equipo de Caracol también ha tenido que enfrentarse a esto. Por eso para empezar quisiéramos saber ¿cuál es la reflexión que hace Caracol sobre lo que han tenido que vivir en esta coyuntura de manifestaciones?

Juan Roberto Vargas: Nos ha tocado navegar en medio de la rabia generalizada. Por un lado, tenemos que lidiar con la estigmatización por parte del establecimiento, pues nos han vetado en chats de la Policía o en reuniones de empresarios. Eso va calando con la narrativa de que Caracol es “el medio de la guerrilla”. 

Y por otro lado, tenemos que hacer reportería en momentos en los que quienes son protagonistas de la noticia odian a quienes los van a cubrir; nosotros nunca nos habíamos enfrentado a eso. Eso nos presentó varios desafíos. El primero, la cobertura, y el segundo, que para mí se volvió una obsesión, era descifrar el porqué del odio. Por eso fui a Cali a hablar con los muchachos de la primera línea, y ahorita van a venir otros al canal a reunirse con nosotros. Hay que buscarlos, charlar con ellos y encontrar respuestas. 

 

Ante este odio por el que tienen que navegar, y el hecho de que algunas personas los vean lejanos ¿cree que ha hecho falta autocrítica por parte de los medios de comunicación? 

J.R.V: Creo que sí nos hace falta autocrítica, no hablo por los colegas, pero sí por lo menos por Caracol. Seguramente nos ha faltado cubrir más la calle, a la gente, al país. Nos hace falta que la gente nos vea auténticos y empáticos; porque aunque esta sea nuestra época de mayor rating, estamos ante el barranco de la credibilidad. La gente nos ve, pero no nos cree. Para eso, quizás hay que darle más voz a las personas, para que hablen y se sientan identificadas.

Sin embargo, genuinamente les digo que siempre nos preguntamos en los consejos de redacción si lo que vamos a publicar tiene todas las miradas o la mayoría de miradas que uno quisiera tener para que haya un equilibrio. 

 

En ese ejercicio de autocrítica ¿cuál cree que ha sido el mayor error que han cometido durante el cubrimiento de estas manifestaciones?

J.R.V: El error que más me ha pesado sucedió el día en el que yo más me he preocupado porque hubiese un equilibrio. Fue cuando en Cali pasaron los enfrentamientos con la Minga y la gente del sur de la ciudad. Ese día nos llegaban videos de todos lados y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, mi gente allá no podía salir de la oficina, y yo decía "y ahora qué hacemos". Llamaba a la Policía, no tenían ni idea, la Alcaldía tampoco, el mismo alcalde nos dijo "yo perdí el control de la ciudad". 

Ese día, fuimos tan animales de poner un titular que decía "choques entre ciudadanos e indígenas". Y eso nos costó lágrimas de sangre y tenía por qué costarnos. En un momento de fragor no podemos, de la manera más tonta, cometer un error así. 

 

¿Y cuál ha sido la decisión editorial más difícil que han tenido que tomar durante esta coyuntura?

J.R.V: Fue cuando decidimos no publicar los videos del día en que en Cali civiles dispararon contra manifestantes y lincharon a un funcionario de la Fiscalía. Ese día nos sentamos con el jefe de la mesa editorial, el productor general y el jefe de emisión, y les dije: "pensemos qué efecto va a tener, en el país y la sociedad, que el noticiero que tiene más de siete millones de espectadores publique estos videos". Seguramente en redes los videos iban a seguir circulando y los otros medios los iban a publicar, pero no nos iba a traer ningún beneficio mostrar una ciudad absolutamente incendiada. Fue una decisión muy difícil, que no la consultamos ni con Gonzalo Córdoba, el presidente de Caracol, ni con Liseth Arango, nuestra vicepresidenta, pero quienes finalmente nos respaldaron. 

 

Ya para terminar nos gustaría preguntar sobre ¿qué reflexión haría sobre el colegaje dentro del periodismo?, ¿cree que sería posible que desde distintos medios se sentaran a conversar sobre sus diferentes experiencias y perspectivas?

J.R.V: Yo conozco gremios mezquinos y este. Solo en la época del narcoterrorismo vi algo de compañerismo y era porque todos teníamos un enemigo en común. Hoy el enemigo somos nosotros mismos. Aquí los mismos colegas se encargaron de dividirnos entre buenos y malos. Cuando fui a Cali a visitar a los muchachos de la primera línea me dijeron nombres de periodistas nacionales y extranjeros que les dijeron "no le hablen a Caracol porque reciben plata del gobierno Duque" o que "al director de Caracol le pagan para que hablen mal de ustedes". Pero yo les decía "estoy aquí".

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Creo que la conversación de la que hablas es un ejercicio muy necesario, pero soy muy escéptico porque aquí hay mucho colega que confunde la necesidad de autocrítica con el canibalismo. Súmale a eso el descubrimiento fascinante de estos medios en redes sociales, que hacen fiestas con la línea editorial de los medios tradicionales. Nos hace falta esa conversación porque en redes también hay gente muy valiosa, el mismo señor del Canal 2 en Cali, que puede uno no estar de acuerdo con él, pero igual lo que hace es valiosísimo.

Sorprende el mutismo de las autoridades frente a los niveles inusitados de violencia contra la prensa en el cubrimiento del paro nacional. ¿Es una forma de respaldo o de negación a las agresiones? Por acción o por omisión, lo que han hecho las entidades públicas sienta un precedente pésimo sobre la voluntad política del Estado para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información de alto interés público.

 

En los días cuando la prensa estuvo bajo ataque, como no se había visto en décadas, resultaba prioritario que las instituciones, llamadas a garantizar la libertad y la pluralidad informativa, lucharan por la protección de los/as reporteros/as. Sin embargo, ninguna institución estatal ni autoridad pública defendió el ejercicio del periodismo de manera clara y sin ambigüedades. Era un primer paso fundamental en la urgencia de encontrar medidas específicas que garantizaran que el trabajo vital que hace la prensa se hiciera sin temor a represalias ni lesiones. La ausencia de esta defensa terminó generando un ambiente de permisividad, fomentando la censura y, consecuentemente, negándole información independiente a la ciudadanía. El Estado incumplió su responsabilidad de proteger un derecho establecido en la Constitución. 

 

Entes de control de papel

El 8 de junio del 2021, la Fiscalía General de la Nación notificó a los periodistas del medio de comunicación LocoSapiens que archivaría la investigación abierta a raíz de las agresiones que sufrieron tres periodistas del equipo por parte de la fuerza pública en Sibaté, Cundinamarca. Esta fue la justificación: “Sin embargo, se realizaron los actos de verificación pertinentes, estableciéndose que, el denunciante no ha mostrado ningún interés frente a los hechos denunciados, razón por la cual no se cuenta con elementos materiales probatorios que pudiesen ser útiles para la indagación que avoquen éxito, concluyendo así, que es imposible contar con información necesaria.” 

Había transcurrido un mes desde que los periodistas pusieron la denuncia. La Fiscalía contaba con el material probatorio de la agresión que, además, fue conocido ampliamente por la opinión pública: en el video se escucha cómo los reporteros gritan a todo pulmón que son prensa mientras se refugian detrás de unos arbustos intentando esquivar los disparos de la Policía. Suspender la investigación de este caso desconoce todos los mandatos constitucionales de la Fiscalía. Al día siguiente la FLIP publicó un comunicado en el que informaba sobre la situación y horas más tarde, la entidad anunció que reabriría la investigación. 

Para la FLIP, la Fiscalía no parece tener la intención de recabar en los orígenes de estas agresiones ni adoptar medidas de prevención, mucho menos un compromiso claro de investigación y sanción de esta violencia. Es preocupante la falta de diligencia con la que se están conduciendo las investigaciones, en particular, en aquellos casos donde hay responsabilidad de agentes públicos.

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Alcaldías trasnochadas 

Pocas autoridades territoriales han emitido respuestas frente a la violencia contra la prensa. La mayoría han sido emisiones tardías, algunas, desarticuladas con las agresiones directas y sostenidas de los dos meses de protestas, y otras fueron reactivas y con interés político para posicionar un mensaje de presunta garantía de la libertad de prensa frente a la CIDH. Nada más alejado de la realidad. 

En el caso de Bogotá y Medellín la alcaldesa y el alcalde se pronunciaron el 29 de junio y 2 de julio, respectivamente. Sus mensajes abordaron solo casos muy particulares. En la capital del país, al momento de la comunicación de Claudia Lopez, se habían registrado 65 agresiones, y en Medellín 33. La falta de respaldo por parte de las máximas autoridades en las ciudades es alarmante, favorece la continuidad de las agresiones e invisibiliza la gravedad de la violencia contra la prensa.

Por otro lado, la FLIP no ha conocido comunicaciones directas de los alcaldes de Popayán y Cali, a pesar de que ambas ciudades han sido focos de violencia contra periodistas durante las jornadas del paro.

Fuerza agresora, no garante

Los hechos de violencia policial cometidos durante los meses de las manifestaciones impulsaron una conversación nacional sobre la Policía. Su desenlace fue el anuncio del presidente Duque de que impulsará ante el Congreso una reforma. 

El abuso de la fuerza por parte de los agentes ha tenido una afectación directa sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y desde las manifestaciones del 2019 los espacios de protestas y los lugares militarizados son un entorno sumamente hostil para la prensa: disparos de balas de goma, daños al equipo, lesiones y amenazas hacen parte del cubrimiento. En total, 216 periodistas resultaron agredidos por un agente. 

Las falencias de las fuerzas armadas en cuanto a formación en asuntos de libertad de expresión quedaron totalmente expuestas. También quedó en evidencia la alta estigmatización que existe en la institución hacia el trabajo que hacen los medios de comunicación. Normalmente, antes o después de una agresión, los agentes lanzaban alguna frase como “prensa amarillista” o algún comentario ‘aleccionador’ sobre cómo debían los reporteros hacer su trabajo. 

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El ministro de Defensa, Diego Molano, lejos de asumir una postura acorde con esta realidad, profundizó en la estigmatización: en diferentes espacios, cerrados y públicos, arremetió contra la libertad de expresión y reprochó el libre flujo de información en las redes sociales. 

El ministro fue la cabeza visible de la campaña #ColombiaEsMiVerdad que defendió diciendo: “información como ésta es terrorismo digital y es falsa”, “es falso que la policía ataca la manifestación pública y pacífica” y “unámonos, la mentira genera odio”. 

Lejos de respaldar la labor de la prensa y el libre flujo de la información, lo que hizo esta propuesta fue señalar y poner en riesgo a los/as periodistas que cubren estos escenarios. 

Cuando el Congreso le adelantó la fallida moción de censura a Molano, éste no hizo ningún reconocimiento, ni se pronunció sobre el riesgo de autocensura que generan este tipo de mensajes. El ministro se reafirmó en su discurso: “Muchas veces es muy fácil decir mentiras que no requieren evidencia y se mueven raudas por las redes sociales. Pero a los funcionarios públicos nos corresponde asumir la verdad (...) como funcionario público asumimos esa responsabilidad”.

La FLIP expresa su preocupación por la censura indirecta que existe para los y las periodistas que están cubriendo el retorno de los desplazados en el municipio de Ituango, Antioquia. Más de 4.000 personas han sido forzadas a salir de la región, debido a las amenazas e intimidación ejercida por grupos ilegales al margen de la ley. Un problema mayor que señalan los y las periodistas es la falta de acceso a la información en terreno por parte de las autoridades así como un trato hostil por parte de funcionarios públicos. 

Preocupa particularmente que algunos periodistas han señalado obstrucciones al cubrimiento por parte de integrantes del Ejército Nacional, sin que exista alguna  explicación clara sobre los motivos para impedir el registro fotográfico o fílmico por parte de la prensa. Sumado a esto, se ha evidenciado un temor por parte de la comunidad para entregar sus testimonios a periodistas que han estado realizando los cubrimientos por la situación de orden público. 

Al respecto, alertamos que el cubrimiento sobre el desplazamiento en Ituango es de alta relevancia nacional y es prioritario establecer los mecanismos necesarios para fomentar su registro -que servirá de testimonio- y mayor transparencia, en lugar de restringirlo. El cubrimiento en terreno debe ser garantizado porque aporta al debate público, ya que permite visibilizar de primera mano lo que ocurre con aquellos afectados en contraste con lo señalado por la información oficial.  

Periodistas en territorio -cuya identidad protegemos por seguridad- han denunciado que las autoridades locales y la fuerza pública no han implementado medidas de prevención y acompañamiento. Hasta ahora no conocemos que se haya establecido un mecanismo conjunto entre Policía, Defensoría y Procuraduría para hacer el acompañamiento a la prensa en el municipio y proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para que se haga el cubrimiento, a pesar de que la Defensoría ha emitido una alerta de seguridad en la zona. Esta articulación es indispensable en un contexto tan complejo, de alto riesgo y vulnerabilidad para los periodistas, quienes deben enfrentar el peligro que supone la presencia de grupos armados y su interés por silenciar lo que está ocurriendo. 

Frente a ello, la Corte IDH y la Corte Constitucional han sido insistentes en el deber que tienen las autoridades estatales de garantizar las condiciones de protección a la vida e integridad de las personas que ejercen el oficio periodístico cuando existe un riesgo especial. Este debe ser evaluado a la luz del contexto existente en el país y puede surgir por factores tales como el tipo de hechos que los periodistas cubren, el interés público de la información que difunden o la zona a la que deben acceder para cumplir con su labor, así como [por] amenazas en relación con la difusión de esa información o por denunciar o impulsar la investigación de violaciones que sufrieron o de las que se enteraron en el ejercicio de su profesión.

Frente a esta situación, la FLIP solicita a:

1. La Alcaldía local que se articule con las demás instituciones locales e incluya a la prensa en las medidas de protección que se discuten en los consejos de seguridad y demás mecanismos dispuestos para atender la crisis.
   
   
2. La Defensoría del Pueblo Regional Antioquia que haga una evaluación integral sobre la situación específica de la prensa en la región y adopte mecanismos especiales de acompañamiento para que se garanticen las condiciones para el cubrimiento en terreno.
   
   
3. Al Ministerio de Defensa y al Comandante del Ejército Nacional emitir una directriz clara sobre las obligación de proteger y garantizar el ejercicio periodístico en el territorio. 
   
   
4. La Procuraduría regional para que investigue los reportes de restricciones a la libertad de prensa por parte de funcionarios públicos en la zona.
   
   
5. La Procuraduría General de la Nación para que promueva la publicidad activa y la garantía del derecho al acceso a la información como estrategia para fomentar mayor transparencia sobre la situación de derechos humanos en Ituango. 

 

Hace 2 años un contenedor cargado de computadores abrió sus puertas laterales para dar su primer programa de periodismo. Lo hizo en Chaparral, Tolima. Era la primera de ochenta horas del proceso de formación. Esa mañana, a los líderes y lideresas les preguntamos: ¿qué expectativas tenían sobre el periodismo? Varios respondieron: aprender cómo funciona la radio; luchar para que nunca se apague mi voz; poder expresar mejor mis pensamientos y mis ideas; escribir mejor; comunicar para cambiar la imagen de que en mi vereda somos guerrilleros.

Desde entonces el laboratorio ha seguido su recorrido. Hemos visitado 18 municipios, en cinco departamentos y trabajamos con cerca de 400 personas para fortalecer sus capacidades de producción de información local. La mayoría de los y las participantes que se han acercado al laboratorio no tienen experiencia previa en periodismo, pero están interesados en aprender sobre libertad de expresión, redacción de artículos periodísticos, producción de videos y gestión de redes sociales para fortalecer el debate público en sus territorios. 

Hoy, con ellos y ellas, abrimos el laboratorio para poner a prueba esta sala de redacción abierta y participativa. En la plataforma www.consonante.org encontrarán noticias, historias y proyectos especiales en distintos formatos. Buscamos cubrir la agenda noticiosa de los desiertos de información, lugares como El Carmen de Atrato (Chocó) o Montelíbano (Córdoba) en donde la población no tiene acceso a noticias y contenido producido por un equipo de periodistas. 

Para conseguirlo, haremos periodismo a varias manos, sobre temas locales, en distintos formatos y distribuido por canales locales y accesibles a esas audiencias. Los trabajos publicados serán producto de un esfuerzo colectivo realizado por el equipo de periodistas del proyecto junto con los líderes y lideresas locales de distintas regiones del país que han sido formados y hoy hacen parte de la Red Consonante. 

Este laboratorio móvil de periodismo nació en 2019 luego de que el equipo de la FLIP hiciera el primer diagnóstico del ecosistema de los medios de comunicación en Colombia. Esta investigación, llamada Cartografías de la Información, arrojó un panorama alarmante: en 666 municipios —más de la mitad del país— no existen medios o equipos de periodistas que produzcan información local. Es decir, cerca de 10 millones de personas no tienen acceso a información veraz e independiente y confiable sobre lo que sucede a su alrededor. 

Visite aquí el nuevo portal de noticias de Consonante www.consonante.org 

La ausencia de comunicación local en centenares de municipios debe ser una realidad que llame a reaccionar al conjunto de la sociedad: universidades, empresas, sociedad civil y, por supuesto, al gobierno. En una era de noticias falsas y políticas nacionales divisivas, el destino de las comunidades en todo el país, así como de la democracia debe estar vinculado estrechamente a la vitalidad del periodismo local. 

¡Bienvenidos y bienvenidas!

Para estar al pendiente del trabajo de Consonante sigan al proyecto en sus redes sociales: en Facebook, Instagram y Twitter @consonante_lab

Si quieren sumarse a la campaña de esta nueva fase, usen el hashtag #AbrimosElLaboratorio y cuéntennos sus experiencias e ideas sobre cómo combatir el silencio informativo en Colombia. 

También, aquí pueden descargar el material de redes de la campaña.

 

Nelson de la Rosa Toscazo fue un reportero gráfico del periódico El Universal en Cartagena asesinado junto a su esposa el martes 3 de agosto de 1993. Semanas antes, Nelson había publicado una serie de fotografías de una banda criminal.

En su momento, la FLIP, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa instaron al Estado colombiano y a la Fiscalía a investigar el asesinato de Nelson y a encontrar a los responsables. Sin embargo, en 2013 el caso de Nelson prescribió, por lo que se dejó de buscar a los autores del crimen. La Fiscalía continúa sin tener registros sobre la investigación de su muerte, además de desconocer a los responsables del homicidio, se desconoce qué autoridad judicial recibió el caso.

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Nelson. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co. 

En la FLIP no olvidamos a los fotoperiodistas que como Nelson han sido asesinados por contar historias a través de sus lentes. Gracias por recordar con nosotros. 

Arquímedes Arias Henao fue un periodista, publicista y fundador de las emisoras Fresno Estéreo y Romance Estéreo en el municipio de Fresno, Tolima. Allí fue asesinado el 4 de julio de 2001 por órdenes de un ex jefe paramilitar que lo señaló como colaborador de la guerrilla.

En 2009, el ex jefe paramilitar, Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias Elkin, afirmó que el homicidio se dio porque supuestamente Arquímedes era colaborador de la guerrilla. 

En la FLIP no olvidamos a Arquímedes Arias Junior, como era conocido en los medios de comunicación, y recordamos sus esfuerzos como pionero de la radio tolimense. Gracias por recordar con nosotros.

El 13 de julio de 2002, Elizabeth Obando Murcia, vendedora del periódico El Nuevo Día, fue asesinada por orden de un excomandante de las FARC. El caso, 19 años después de su muerte, permanece en total impunidad. 

 

Tejiendo memoria

Elizabeth era la hija menor de la familia Obando Murcia, nació el 27 de marzo de 1960 en Roncesvalles, Tolima. Por varios años se dedicó a confeccionar ropa, tejer era una de sus grandes pasiones. “Ella tenía una maquinita que mi mamá le había regalado y con eso trabajaba. Hacía sobre todo sacos para los estudiantes”, asegura el hermano de Elizabeth, Gustavo Obando Murcia.

En el centro del pueblo, Elizabeth tenía un almacén en el que exhibía y vendía las prendas que fabricaba. Abría su local de domingo a domingo, donde además comercializaba ejemplares del periódico El Nuevo Día, uno de los medios regionales con más influencia en la zona. 

 

Persecución interminable

Durante los primeros meses de 2002, El Nuevo Día realizó publicaciones que denunciaban los crímenes de la guerrilla de las FARC sobre los habitantes del Tolima. En estos artículos, se exponía el reclutamiento de menores de edad, extorsiones y la expropiación de bienes en el departamento.

A pesar de que Elizabeth no tenía relación con el contenido divulgado por el medio, empezó a recibir amenazas por parte de alias Donald, por ese tiempo, comandante de las FARC. De igual forma, su hermano Gustavo, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen en Roncesvalles, fue hostigado por el grupo guerrillero que pretendía controlar su labor con la comunidad. 

“Una vez Donald nos hizo ir al corregimiento de Santa Helena a Elizabeth, a mi hermano Edilberto y a mí. Allá nos amordazó y nos dijo hasta de qué nos íbamos a morir”, afirma Gustavo al recordar las dificultades que supuso la presencia de las FARC en Roncesvalles. 

En medio de la persecución, Elizabeth envió una carta al supervisor del departamento de circulación de El Nuevo Día, el 3 de marzo de 2002, en la que le comunicó que el comandante de las FARC había prohibido la venta del periódico en la zona. Elizabeth fue señalada por la guerrilla de filtrar información a las salas de redacción del medio. Sin embargo, ella solo recibía hojas impresas y las vendía en su local. 

 

Disparos de silencio

A pesar de que El Nuevo Día dejó de circular en Roncesvalles y, por tanto, Elizabeth abandonó la venta de periódico, el jueves 11 de julio de 2002, recibió tres impactos de bala en la cabeza. Elizabeth regresaba de Ibagué y, en medio de un retén ilegal de las FARC en Playa Rica, Tolima fue obligada a bajarse del bus en el que se transportaba junto con Ángela Yesenia Bríñez, personera del municipio.

Tras ser atacada, aún con vida, su traslado al hospital fue obstaculizado por los responsables que, después de varias horas, permitieron a uno de sus conocidos movilizarla al hospital Federico Lleras de Ibagué. De este centro médico fue remitida a la clínica San Rafael Dumian de Girardot, Cundinamarca, donde dos días después perdió la vida.

“No puedo olvidar esa fecha. El día de su muerte mi hija estaba cumpliendo 14 años”, recuerda Gustavo, quien por órdenes de alias Donald no pudo asistir al sepelio de Elizabeth. De hecho, 20 días después del fallecimiento de su hermana, tuvo que huir del municipio a causa de las continuas amenazas. 

 

Enmudecida por la impunidad 

19 años después de su asesinato, el caso de Elizabeth se encuentra en total impunidad. En primera instancia, la Fiscalía ordenó la captura de alias Donald y de Luis Eduardo Rayo, alias Marlon, comandante del frente 21 de las FARC, al ser los presuntos autores del homicidio de Elizabeth. No obstante, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Ibagué absolvió los delitos al encontrar “contradicciones” en los testimonios presentados por la Fiscalía. 

Actualmente alias Donald se encuentra en libertad, dado que luego de la firma de los Acuerdos de Paz  en 2016, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la FLIP esperamos que esta sea una oportunidad para que los responsables aporten información sobre el esclarecimiento del homicidio de la vendedora de El Nuevo Día. 

Elizabeth es recordada por el amor con el que educó a sus sobrinos y extrañada por los brazos de su madre, Mercedes, quien aún conserva el asiento favorito de su hija, donde, constantemente, la recuerda entre lágrimas. En la FLIP no olvidamos el caso de Elizabeth y reconocemos su labor por mantener informada a la población. Gracias por recordar con nosotros. 

 

Hace 20 años, el periodista en formación y líder comunal, Eduardo Estrada Gutiérrez, fue asesinado en el municipio de San Pablo al sur de Bolívar. Eduardo era presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y la Cultura de San Pablo y, a través de esta organización, impulsó la creación de una emisora comunitaria en la que se contaría cómo el conflicto armado y la corrupción afectaban la región. Sin embargo, a causa de su asesinato, esta emisora nunca llegó a estar al aire.

Han pasado 20 años desde que las balas silenciaron la voz de Eduardo. Hoy, el municipio de San Pablo apenas tiene una emisora comunitaria. 

En la FLIP no olvidamos el esfuerzo de Eduardo por exponer los crímenes e irregularidades en el Magdalena Medio y su lucha por defender los derechos de la población. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, vea el siguiente video: