Alerta por recolección masiva de datos de la Periodista Claudia Duque

• El pasado 31 de marzo la FLIP recibió una comunicación de la UNP en la que se informaba que a partir del 19 de marzo se habían cancelado las sesiones de CERREM, debido a la emergencia de salud que se enfrenta actualmente. 
  
  
• La Fundación le solicita a la UNP que disponga de protocolos adecuados para que los miembros del CERREM puedan reanudar sus labores y garantizar su participación.
  
  
• La FLIP hace un llamado a la Procuraduría a que investigue las actuaciones de los funcionarios de la UNP frente a esta situación.
  
  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la suspensión indefinida de las sesiones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), donde se definen las medidas de seguridad de las personas que solicitan protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que los casos de periodistas que se encuentran en riesgo no serán atendidos.

El pasado 31 de marzo la FLIP recibió una comunicación de la UNP en la que se informaba que a partir del 19 de marzo se habían cancelado las sesiones de CERREM, debido a la emergencia de salud que se enfrenta actualmente. La determinación de la entidad se tomó por “una directriz impartida por el Subdirector de evaluación del riesgo y considerando la circular externa del Ministerio del Interior y Ministerio de Salud con respecto a la situación que enfrenta el país relacionado con el Coronavirus-COVID-19”, asegura la Unidad en su comunicación.

A pesar de que la UNP respondió con celeridad ante las inquietudes de la FLIP sobre esta situación, la entidad no hizo la notificación oportuna cuando tomó esta determinación. Desde el 18 de marzo la Secretaría Técnica del Cerrem no programa sesiones para definir las medidas de protección de los periodistas que se encuentran en riesgo. Según la Unidad, estas sesiones se reanudarán una vez se cuente con las condiciones necesarias para la participación de los funcionarios de las entidades invitadas. 

Desde ningún punto de vista resulta admisible que la UNP se refugie en las limitaciones ordenadas por el estado de emergencia económico y social para suspender esta instancia que resulta fundamental en la protección de la vida y la integridad de quienes están expuestos a situaciones de violencia por el ejercicio de su labor informativa. 

La Fundación le solicita a la UNP que atienda su deber de brindar protección a los periodistas que se encuentran en riesgo y disponga de protocolos adecuados para que los miembros del CERREM puedan reanudar sus labores y garantizar su participación. Las situaciones de emergencia como la que se vive actualmente obligan a las entidades del Estado a redoblar esfuerzos para continuar cumpliendo con sus obligaciones legales.

La FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación que, a partir de su deber de indagar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por funcionarios del Estado; investigue las actuaciones de los funcionarios de la UNP frente a esta situación. Adicionalmente, la Fundación le hace un llamado al organismo de control para que adelante las acciones necesarias que permitan prevenir retrasos que afecten los procesos de evaluación e implementación de medidas de protección para los reporteros que están expuestos a situaciones de violencia.  

 

El 16 julio de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que de ser aprobado por el Senado, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe para determinar si la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. También tendría por objeto identificar si entre los afectados habría defensores de derechos humanos, periodistas, personal judicial y miembros de la oposición.   

Esta alerta se emitió después de que Revista Semana publicara su investigación “Carpetas secretas”, en la que denuncia las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. Luego de la denuncia pública, persisten las dudas sobre el posible uso de la asistencia internacional ofrecida por los Estados Unidos para adelantar estas labores ilegales de vigilancia.

Este tema ha despertado la preocupación de los congresistas de Estados Unidos y al menos 100 de ellos le solicitaron al Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que le exija al gobierno de Iván Duque que se comprometa con la implementación del Acuerdo de paz para de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta pública del Gobierno sobre esta petición.    

Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha revelado los hallazgos de los procesos disciplinarios y penales que anunció en mayo de 2020 cuando se publicó la denuncia ni ha dado respuesta a los derechos de petición presentados por la FLIP y los periodistas afectados. En ese sentido, la Fundación considera indispensable y oportuno que la cooperación internacional le solicite al Gobierno de Iván Duque celeridad en los resultados de las investigaciones con el fin de proteger a los reporteros que se encuentran en riesgo por estas acciones de vigilancia. Al respecto es importante que las autoridades estadounidenses adelanten una veeduría exhaustiva de estos procesos con el fin de que los resultados permitan conocer la verdad sobre los responsables de las labores de inteligencia y cuál fue el alcance de las mismas.  

Para la FLIP es importante que este reporte contenga información detallada sobre la participación de los agentes estatales colombianos en las labores de vigilancia dirigidas a la prensa, que detalle las actividades, los objetivos y su alcance con el fin de identificar la cadena de mando involucrada en estas acciones. Adicionalmente, de acuerdo a lo planteado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el informe deberá dar cuenta del uso de recursos de asistencia al sector de seguridad para estas labores proveniente de ese país y la respuesta por parte del Departamento de Estado y la Dirección de Inteligencia Nacional frente a estas denuncias. En ese sentido, se espera que el reporte responda a las siguientes preguntas, formuladas por los reporteros afectados, al Estado colombiano: 

• ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?
  
  

• Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?
  
  

• ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?
  
  

• ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización? 
  
  

La FLIP valora positivamente el compromiso de las autoridades estadounidenses por adelantar acciones de veeduría alrededor de estas denuncias que involucran a las fuerzas armadas de Colombia. Esto envía un mensaje contundente de rechazo frente a este tipo de acciones antidemocráticas y pone de manifiesto la necesidad de que haya celeridad en las investigaciones por parte del Gobierno colombiano y las autoridades judiciales. 

Para la FLIP es indispensable el esclarecimiento del alcance de estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar para evaluar el riesgo que estas representan para los periodistas. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.   

En este sentido, la FLIP le hace un llamado al Departamento de Estado y a la Dirección de Inteligencia Nacional para que de ser el caso publiquen sus hallazgos con el fin de que sean tenidos en cuenta en las investigaciones que el Estado colombiano está adelantando. Este insumo puede ser vital para agilizar las investigaciones disciplinarias y penales, así como las evaluaciones de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección, de manera que se adopten las medidas de seguridad necesarias para proteger a los periodistas que han sido víctimas de violaciones a la libertad de prensa por parte del Estado.

La Fundación también reitera el llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad de los agresores y asignar las sanciones correspondientes.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) está recolectando de manera masiva y sin autorización datos altamente sensibles de la periodista Claudia Julieta Duque y posiblemente de otros periodistas. 

El lunes 25 de octubre, la FLIP tuvo acceso a más de 25 mil registros recolectados por la UNP entre febrero y agosto del 2021 por medio del GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente y detallado, y en ocasiones es realizado cada 15 o 30 segundos e incluye datos de los movimientos de la periodista como fecha, hora, direcciones exactas, y localización de Google Maps. Estos son datos personales y sensibles que requieren un consentimiento informado que nunca ha sido autorizado por Duque. Esta información afecta su seguridad, la de sus familiares y sus fuentes.

La información recolectada por la UNP es más de la estrictamente necesaria para proteger a sus beneficiarios. Además, no existe un documento público que informe a los protegidos de los monitoreos y la Unidad negó a la FLIP información al respecto, alegando reserva legal. Por eso, solicitamos a la entidad una respuesta pública frente a estos hechos de alta gravedad y que informe si el monitoreo se hace a todos los y las periodistas que tienen asignados vehículos como parte de su esquema de protección. De ser así, pedimos que se entregue a cada periodista la información recolectada.

También hacemos un llamado a los órganos de control para que investiguen estos hechos y la falta de transparencia por parte de la UNP sobre qué información recolecta el GPS, qué tratamiento se le da y cómo se expresa el consentimiento de las y los beneficiarios. 

En la FLIP rechazamos este nuevo episodio de monitoreo hacia Claudia Duque y respaldamos su solicitud para que se retire el GPS del vehículo o se le asigne uno nuevo.

Para conocer más pueden acceder a la carta emitida por la FLIP haciendo clic en el siguiente enlace