Las empresas de Internet se han convertido en intermediarios fundamentales para la democratización del debate público. Al mismo tiempo, han acelerado problemas como pérdida de la calidad de la información, amplificación de acciones violentas, desinformación, entre otros. ¿Cómo conciliar entre la libertad de expresión y las preocupaciones por el derecho a la privacidad y la seguridad nacional?

En esta “batalla” entre los Estados y las empresas de tecnología, el principal riesgo es limitar los derechos de las y los usuarios de Internet, reconocidos como derechos fundamentales. Según el reporte de Freedom House, publicado en 2021, uno de cada cuatro gobiernos del mundo ha trabajado en nuevas reglas para que las empresas tecnológicas regulen el contenido de los usuarios en los últimos años, y buena parte de estas normas entrañan riesgos para la libertad de expresión y ejercen una presión considerable sobre las empresas para que tomen medidas restrictivas.

En Colombia, cabe mencionar dos ejemplos de intentos de regulación que suponen un riesgo de censura. En medio del paro nacional de 2021, el Ministerio de Defensa lanzó la campaña #ColombiaEsMiVerdad que fue justificada para combatir las noticias falsas que circulan en Internet. Se basó en la creación de un enemigo: las y los usuarios de redes sociales que criticaron o cuestionaron el accionar de la fuerza pública. La campaña tachaba de falsas sus publicaciones y así inauguró una vigilancia sin aclarar el procedimiento que se lleva a cabo para identificar los contenidos ni los criterios usados para definir la veracidad de los mismos que, al parecer, terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias en contra de las y los usuarios de Internet. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

También vale la pena mencionar la consulta pública que hizo la Secretaría de Transparencia en octubre de 2021 sobre este tema, que incluyó preguntas como: “¿Estaría de acuerdo con la regulación de las redes sociales con el fin de evitar la desinformación, el debilitamiento de las democracias, los discursos de odio y la propaganda deshonesta?”, una forma de reducir una discusión compleja que puede fácilmente convertirse en otra herramienta para que el Estado silencie voces críticas. 

De igual manera, es importante anotar el rol de los Estados frente a las plataformas. Estos tienen la obligación de velar por que las entidades privadas no interfieran con la libertad de opinión y de expresión. Ante el amplio poder de las grandes organizaciones para moldear el debate público en línea y la opacidad en el funcionamiento de sus algoritmos de moderación de contenidos, también hace falta mayor claridad y transparencia. En medio de movilizaciones sociales en septiembre de 2020, Facebook decidió bloquear temporalmente la etiqueta #ACAB (All Cops Are Bastards) y, en 2021, Twitter hizo lo mismo con las cuentas del periodista Gustavo Gómez por supuestamente incumplir las normas de Twitter y de la columnista Ana Bejarano por vestir una camiseta con la frase “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”. La eliminación de contenido de forma automática lleva consigo el riesgo de que aparezcan nuevas formas de censura que ya amenazan los esfuerzos creativos en el contexto de los derechos de autor.

Cuando la regulación ataca la libertad de expresión

• El 2021 fue el año en el que se registró el mayor número de arrestos a usuarios por expresar contenido sobre asuntos de discurso político, social o religioso.
  
  
• Veinte países suspendieron el acceso a Internet y veintiún estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales.
  
  
• Organizaciones internacionales sospechan que las autoridades de al menos 45 países obtienen software espía sofisticado o tecnología de extracción de datos de proveedores privados.
  
  
• A finales de 2020, en Nicaragua entró en vigencia la Ley Especial de Ciberdelitos que castiga con penas de cárcel a quienes difundan “noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia”. Esta ley ha sido utilizada por el Gobierno para perseguir a periodistas y personas críticas del presidente Daniel Ortega.
  
  
• En por lo menos 38 países del mundo, los gobiernos están trabajando en reformas legales sobre la gestión de los datos personales que recopilan las grandes compañías de sus usuarios. El problema es que algunas de estas medidas no apuntan a proteger la privacidad de las y los usuarios, sino a darles facilidad a los Estados para solicitarles a las plataformas dicha información, lo que abre la puerta a perfilamientos y vigilancia minuciosa por parte del Estado hacia la ciudadanía.

Al periodista Martín La Rotta lo recuerdan como un hombre comprometido con la comunidad, alegre y jovial. Era la voz crítica de San Alberto, César, donde fue asesinado el 7 de febrero del 2004. Todo porque Martín decidió hacerles frente a los paramilitares.

Martín empezó a hablar con las personas del municipio y hacer declaraciones en contra del paramilitarismo en la emisora Las Palmas Estéreo, del cual era gerente y propietario. Y fue así, como se convirtió en su enemigo.

En la FLIP no olvidamos a Martín, gracias por recordar con nosotros.

El plan que establezca el próximo gobierno para abordar las problemáticas del periodismo deberá tener suficiente reconocimiento público, y contemplar que las nuevas medidas no solo tienen que ser aprobadas, sino implementadas. Existen muchos ejemplos en diferentes países del mundo que incluyen buenas ideas sobre cómo salvaguardar el ejercicio periodístico. Con el propósito de persuadir al público y a los formuladores de políticas de que es necesario y de que se puede hacer algo, presentamos treinta recomendaciones que buscan hacer frente a nueve problemas estructurales. 

Frente a la urgencia en políticas para prevenir, proteger y garantizar justicia

1. Implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país. Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía. Los Estados deben garantizar que los y las periodistas gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones.
   
   
2. Crear un nuevo puesto temporal de enviado presidencial especial para la libertad de prensa.
   
   
3. Adoptar, en cabeza del Gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa. Promover la defensa de este derecho contrarresta la violencia y habilita el acceso a la información. Las cabezas de gobierno deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia, ello implica, abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de los medios.
   
   
4. Prestar apoyo a la rama judicial para que realice actividades de capacitación y sensibilización en libertad de expresión entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
   
   
5. Impulsar a la Procuraduría para que realice capacitaciones a funcionarios públicos de diferentes instituciones del Estado en libertad de expresión, especialmente en acceso a la información. De igual manera, invitar a la Procuraduría a que presente un informe anual sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
   
   
6. Capacitar de manera permanente y especializada a la Policía y a las entidades de investigación criminal, fiscales y jueces, para asegurar que las investigaciones sobre delitos contra la libertad de expresión sean exhaustivas, rigurosas y efectivas. 

Frente a la lucha contra la impunidad

1. Solicitar a los órganos de control un informe anual sobre el estado de las investigaciones disciplinarias y penales por violaciones y amenazas a la libertad de expresión.
   
   
2. Crear un cuerpo especializado en la Fiscalía General de la Nación para la investigación de crímenes contra la prensa, como lo ha recomendado la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este organismo podría resolver algunos obstáculos ya identificados: i) facilitar el análisis de los casos de manera más técnica, ii) disponer de un recurso humano que permita dar un ritmo investigativo para que no prescriban más casos, iii) orientar eficazmente los recursos ya previstos en el Plan Nacional de Política Criminal 2021 a 2025 para mejorar su capacidad operativa y de reacción.
   
   
3. Establecer una política integral para mitigar los riesgos diferenciados de género en el trabajo periodístico, tal como fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Jineth Bedoya. En ese sentido, la Corte ordenó: i) construir un centro de memoria dedicado a la dignificación de las mujeres víctimas de violencia sexual y de mujeres periodistas, ii) crear un fondo para la financiación de programas de prevención, protección y asistencia a mujeres periodistas víctimas de violencia, iii) capacitar y sensibilizar a funcionarios que atienden los casos de violencia contra mujeres periodistas y iv) recopilar datos y cifras de violencia basada en género.
   
   
4. La Fiscalía debe adoptar una directiva especial para la investigación de crímenes contra la libertad de expresión, en la cual incorpore los lineamientos de la Unesco para fiscales en casos relacionados con delitos contra periodistas. Esto permitirá adecuar las prácticas investigativas y procedimentales a estándares internacionales. 

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Frente a las medidas preventivas y de protección de periodistas

1. Iniciar un plan de trabajo con la Unidad Nacional de Protección (UNP) que aborde las siguientes acciones: i) articular las labores de la Fiscalía y la UNP para robustecer los procesos investigativos y de análisis de riesgo, ii) incorporar una asesoría técnica en libertad de expresión y del ejercicio periodístico, con el fin de garantizar que las evaluaciones tengan en cuenta las diferencias que hay entre periodistas y las demás poblaciones, iv) capacitar a todos sus analistas de riesgo y demás funcionarios en violencia de género, con el fin de establecer un enfoque diferencial, v) incluir a los beneficiarios, durante las reuniones en las que sesiona el CERREM. Esto con el fin de brindar más transparencia al proceso de evaluación y recoger de primera mano información de contexto y del ejercicio periodístico, vi) el Ministerio del Interior debe solicitar la evaluación internacional del programa de protección que entregue un diagnóstico de su funcionamiento y recomendaciones para mejorarlo. 

 

Frente a la sostenibilidad de los medios de comunicación 

1. Crear un instituto para el periodismo en Internet que sea financiado por el Gobierno. El Estado debería trabajar con las partes interesadas para establecer un organismo independiente con fuentes de financiación que representen la diversidad de las audiencias colombianas. Este deberá realizar estudios sobre el mercado y consumo de medios, que reconozcan y aborden las necesidades de la industria de medios y las propuestas que se han planteado desde el sector para salir de la crisis.
   
   
2. Establecer una ruta para que ese organismo tenga un proceso de diálogo con los medios digitales para suscribir estándares de un código público y común de la industria.
   
   
3. Adoptar medidas directas, como la destinación de un porcentaje del recaudo de impuestos bajo criterios de transparencia con evaluadores externos que eviten la cooptación de la información y blinden la independencia editorial. También debe haber medidas indirectas como la reducción de impuestos a medios y emprendimientos periodísticos, alivios tributarios para suscriptores de medios independientes y para anunciantes que compren espacios publicitarios en ellos.
   
   

Frente a la publicidad oficial

1. Establecer mecanismos para que la asignación de publicidad oficial siempre tenga en cuenta la libertad de expresión. De acuerdo a la CIDH, “los Estados deben adoptar reglas legales específicas sobre publicidad oficial en cada uno de sus niveles de gobierno. La carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión”.
   
   A través de la vía legislativa, Colombia podría hacerle frente al asunto. Sin embargo, esta salida resulta riesgosa con un Congreso que ha demostrado poca comprensión frente a la libertad de expresión. Una ley que regule la publicidad oficial debe tener los más altos estándares de respeto a la libertad de expresión y a la garantía de acceso a la información, debe reunir y definir principios que delimiten cuál es el propósito de la publicidad oficial, sus fines, prohibiciones explícitas y procedimientos de contratación transparentes.
   
   
2. Fijar una categoría específica de contratos de publicidad oficial de forma que: i) se garantice su trazabilidad, ii) se puedan establecer reglas claras de interventoría, iii) se fortalezca el control disciplinario, iv) se obligue a las entidades a publicar informes de asignación y ejecución de recursos, v) se generen instancias de veeduría a través de informes periódicos a cargo de entidades independientes y vi) se destine parte del presupuesto de publicidad oficial en subsidios a medios de comunicación, diferenciándolo de la contratación de publicidad.
   
   
3. Crear una comisión con participación de actores de la sociedad civil, academia, periodistas y representantes del Estado, que tenga como propósito hacerle seguimiento y control a las contrataciones de publicidad oficial. Dentro de sus funciones se podrían establecer: i) ser órgano de consulta para entidades públicas y contratistas, ii) denunciar ante las autoridades violaciones contempladas al régimen de contratación de publicidad oficial, iii) elaborar informes a modo de orientación para entidades públicas, y recibir y tramitar quejas relativas al uso y asignación de la publicidad oficial y iv) contratar la elaboración de estudios del orden municipal, departamental y nacional en materia de audiencias, rating, tiraje y lectoría para que sean utilizados como parámetro objetivo en los procesos de contratación. 

 

Frente a la gobernanza e independencia de los medios públicos

1. Hacer cambios normativos para que se establezca una estructura de gobernanza más amplia, participativa y compleja, con inclusión de la sociedad civil organizada. Dentro de esto mismo, se puede dar la construcción de un modelo de gestión de medios públicos con pesos y contrapesos, a través de la definición de periodos cruzados entre los cargos directivos, y de gestión de los medios públicos con los periodos gubernamentales. También, es clave la incorporación de mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la elección de las o los directivos de medios públicos.
   
   
2. Crear un sistema de medios públicos unificado del que hagan parte todos los canales regionales, que permita desarrollar estrategias independientes a los gobiernos y a tono con la convergencia digital actual que dé paso a una mirada más estratégica de las parrillas de los canales. Esto también permitirá desarrollar un modelo económico para los medios públicos, en el que se disminuyan las brechas entre los medios públicos regionales y nacionales, al tiempo que conceda mayores espacios concursables. Este fondo debe ser liderado por un órgano independiente. 

 

Frente a la defensa de la libertad de expresión en línea 

1. Promover un programa amplio y sostenido en el tiempo de alfabetización digital y mediática que brinde herramientas a la ciudadanía para discernir sobre el contenido que recibe a través de las redes sociales. La desinformación no se combate con censura, sino con conocimiento.
   
   
2. Participar activamente y promover la participación de la ciudadanía y representantes de las plataformas en Colombia en diálogos amplios, como el Diálogo de las Américas sobre Libertad de Expresión en Internet adelantado por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH. En esos encuentros se podrá discutir como sociedad cuál es la mejor manera de regular las plataformas de redes sociales. Este diálogo tendrá que trazar unos lineamientos clave para que cualquier intento de regulación de plataformas se ajuste a los marcos normativos interamericanos.
   
   
3. Rechazar pública y abiertamente todos los proyectos de ley que, si bien no regulan directamente las redes sociales, crean marcos normativos agresivos para la libertad de expresión, al controlar lo que la ciudadanía dice o no en los entornos digitales. Esto podría abrir la puerta para el bloqueo de aplicaciones, páginas y conexiones a Internet.

 

Frente a la promoción de la comunicación ciudadana en un país silenciado 

1. Retomar el Conpes 3506, sobre lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio comunitario de radiodifusión sonora, y actualizarlo de acuerdo con los avances y cambios de contexto en el ecosistema de medios del país, siguiendo estándares interamericanos de libertad de expresión para una radiodifusión libre.
   
   
2. Establecer una política de fomento de comunicación comunitaria que ayude a garantizar condiciones mínimas de infraestructura y acceso, y una mirada estratégica para que los contenidos fortalezcan la diversidad y el pluralismo.
   
   
3. Reevaluar el estatus de clase D que determina la regulación de la radio comunitaria, para que esta goce de un mayor alcance. Esto traería consecuencias positivas en su sostenimiento y legitimidad.
   
   
4. Retomar los diagnósticos de funcionamiento, sostenibilidad, programación y contenidos de la radio pública y comunitaria para conocer el estado actual de las emisoras. 

 

Frente al rezago en memoria y reparación del periodismo

1. Socializar los resultados del informe de la Comisión de la Verdad sobre las causas e impactos de la violencia ejercida sobre el periodismo en Colombia en el desarrollo del conflicto armado, y establecer medidas de no repetición de estos hechos teniendo en cuenta la labor periodística.
   
   
2. Extender las buenas prácticas en memoria que han enaltecido el nombre de periodistas asesinados, como Orlando Sierra o Guillermo Cano, a un conjunto más amplio de periodistas y medios que han sido víctimas de la violencia en el país.
   
   
3. Establecer un comité que permita conciliar los esfuerzos que ha impulsado el Estado en las últimas dos décadas en mecanismos de justicia transicional. En este punto, los derechos de las y los periodistas violentados en el marco del conflicto, cobran especial relevancia y así han sido recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica, por la Comisión de la Verdad y por la Unidad de Víctimas. Este comité podrá presentar ante la Justicia Especial para la Paz la solicitud de establecer un macro caso de violencia contra la prensa.
   
   
4. Acompañar a la Unidad de Víctimas para que en un corto plazo formule el Plan Integral de Reparación Colectiva a Periodistas, en el que ha trabajado durante los últimos diez años. 

A pesar de su función e importancia social, la televisión pública enfrenta varios desafíos para mantenerse al aire. Sus puntos más débiles: una financiación desequilibrada, una gobernanza débil, la centralización de poderes en el MinTIC, la ausencia de contenidos digitales y la notable diferencia entre canales regionales y nacionales.

Para conocer un poco más sobre este panorama conversamos con Marcela Benavides, quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector. Exdirectora de Señal Colombia y actual líder de ciudadanía, cultura y educación de Canal Capital. La independencia, el financiamiento y la necesidad de que la ciudadanía reconozca y se apropie de los canales son los temas clave.

FLIP: ¿Cuáles son las fortalezas y falencias que presentan los medios públicos, específicamente en la televisión?

Marcela Benavides (M.B): Los medios públicos hacen un gran aporte porque tienen unas miradas que los privados no: atienden realidades culturales, sociales y educativas que completan una visión mucho más plural, y consideran a los ciudadanos como personas y no como consumidores. Pero sucede que tienen desarrollos muy desiguales dependiendo de si son regionales o nacionales. He estado en Señal Colombia y Canal Capital, y los presupuestos y la forma de trabajo son diferentes porque Señal Colombia recibe financiación estatal, mientras que los regionales deben vender servicios para complementar el presupuesto que les da MinTIC. 

FLIP: ¿Cómo calificaría la regulación actual sobre medios públicos en Colombia?

M.B: Con la última ley hubo una concentración de poderes en el MinTIC, que además de ser parte de las decisiones y de la financiación, está centrado en las mesas de regulación. Antes no era perfecto, pero por lo menos estaban separados y creo que eso causa dificultades. 

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FLIP: En noviembre del año pasado, el MinTIC aseguró que la inversión en televisión pública ascendió a más de 300 millones de pesos. Para muchos, la financiación sería una solución a las falencias actuales, pero ¿qué otros incentivos necesitan los medios públicos para su sostenimiento? 

M.B: Las vigencias de los recursos y la posibilidad de usarlos. Por ejemplo, MinTIC abre un presupuesto en enero para que los canales hagan unas convocatorias públicas hasta, aproximadamente junio. Quedarían solo seis meses (si el plazo alcanza el 31 de diciembre) para entregar los proyectos. La producción de televisión de mayor complejidad y calidad necesita más tiempo. 

Hace unos diez años, cuando estaba en Señal Colombia y lanzamos el mercado de coproducción, teníamos recursos privados, nacionales e internacionales para hacer proyectos y logramos que duraran 18 meses. Tampoco es el tiempo ideal, pero para hacer proyectos con mayor envergadura y complejidad narrativa, o desarrollos transmediales, se necesita más tiempo. 

FLIP: Otra propuesta en auge son los contenidos digitales. Sin embargo, vivimos en un país con un bajo índice de conectividad. ¿Cómo promover esta iniciativa y acercar a nuevas audiencias?

M.B: Hay algo particular, y es que todavía no se tiene el desarrollo de contenidos nativos digitales y no hay una financiación específica hacia allá. Todo pasa por el embudo de la TV abierta, y eso hace que no se estipulen proyectos muy grandes, excepto RTVC que tiene RTVC Play. Pero los canales regionales estamos en YouTube o tenemos unos sitios web bastante arcaicos en comparación con otras ofertas digitales. 

Con la cuarentena subieron las audiencias en los canales privados y públicos, pero volvieron a bajar hace varios meses con el retorno a las actividades presenciales. ¿Qué lecciones deja esto? Identificamos una mayor audiencia en niños y madres que necesitaron la TV educativa en casa, y atendimos estratos más populares que no tienen acceso a la conectividad. 

Lo que falta es hacer más promoción, más publicidad para que la gente sepa qué puede encontrar en esta TV. La gente no confía en que puede encontrar contenidos valiosos, entretenidos y pertinentes en la TV pública. Pero cuando encuentran por casualidad o por necesidad, como ocurrió con la cuarentena, descubren cosas que les gustan. 

FLIP: Se han presentado varios casos que afectan la independencia de los medios públicos: Juan Pablo Bieri en RTVC, Telemedellín y Telecafé. ¿Cómo prevenir estos hechos y ganar independencia?

M.B: En primer lugar, haciendo unos planes estratégicos sobre el tipo de contenidos que se quieren producir a largo plazo; un plan con valores, principios y objetivos anuales que estén blindados. También podría darse alguna veeduría de independencia editorial, así como se revisan con los contratos y los procesos para que no haya corrupción. En RTVC, antes de lo de Bieri, había una cantidad de protocolos que diseñamos para evitar esa intromisión a la independencia. 

La independencia también se pierde si las decisiones creativas y de pensamiento quedan en cabeza de los gerentes o de los presidentes, que en realidad no deberían determinar los contenidos. Además, los gerentes no deberían seguir siendo nombrados por los gobernantes de turno, sino por concurso o un equipo técnico especializado e independiente, y por un periodo que sobrepase los cuatro años del gobernante. La participación plural ayuda a mantener esa independencia editorial. 

FLIP: ¿Qué otras sugerencias propone para garantizar un modelo plural e incluyente en los medios públicos?

M.B: Insisto en la planeación a largo plazo, con unos principios de pluralidad, inclusión y diversidad pero que también tenga en cuenta las necesidades de las regiones. Por ejemplo, en Telepacífico el canal Origen, que es afro, es un acierto teniendo en cuenta el gran número de población afro en la región del Pacífico.

Así mismo, sería una riqueza que los canales públicos no solamente estén circunscritos a la regionalidad sino también a intereses editoriales que sean pertinentes para la realidad actual. En Canal Capital, por ejemplo, estamos haciendo énfasis en el trabajo feminista, con mirada y perspectiva de género, y también en la infancia. Para fortalecer estas apuestas se debe tener diálogo con lo internacional y contar con adquisiciones porque los canales regionales no tenemos la misma capacidad de compra de licencias extranjeras como las que tiene Señal Colombia. 

FLIP: Sobre esas otras realidades, ¿qué referentes internacionales en televisión conoce?

M.B: Los canales argentinos como Encuentro, que tiene muchas lecciones sobre innovación porque tienen procesos de producción que duran meses y años para poder hacer contenidos de muy alta calidad. Otro gran ejemplo es Pakapaka, que ha hecho un trabajo de innovación en los contenidos porque alcanzaron a hacer un parque temático en Buenos Aires en el que los próceres de Argentina eran los protagonistas y contaban la historia del país. Es un canal que ha logrado la apropiación de los contenidos fuera y dentro de las pantallas, la gente los quiere. Eso está lejos de ocurrir acá. Somos invisibles y si desaparecemos a nadie le importa.

En más de la mitad del país no existen medios de comunicación que produzcan información local. Esto, sumado a las precarias condiciones de conectividad, ha instalado el silencio informativo y un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Según los datos de 2019 de la investigación Cartografías de la Información, los desiertos de información en el país se extienden por 666 municipios, y de acuerdo con el último informe trimestral del sector TIC publicado por MinTIC, Bogotá D.C. es el territorio con mayor penetración de Internet fijo con apenas el 27.5%. Mientras que 18 departamentos no llegan al 10% de penetración, entre ellos: Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Arauca, Nariño, Magdalena, Chocó, Córdoba y Cauca. Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó su ranking más reciente de países donde hay acceso a por lo menos un computador por hogar, Colombia está en el último puesto. 

La imposibilidad de establecer un ecosistema plural impide el debate público local y dificulta que se consolide la democracia en lugares que han sido históricamente precarizados y silenciados. Una de las alternativas más valiosas para hacer frente a esta situación está en la comunicación comunitaria de voces organizadas que dinamizan el debate en los territorios. Sin embargo, el modelo actual no termina de cumplir su función a cabalidad, pues sus problemas estructurales ponen en jaque la posibilidad de consolidar medios comunitarios sostenibles y legítimos. 

Para la muestra, un botón: la radio comunitaria. La radio es el medio con mayor alcance en todo el país, allí donde no llega internet ni televisión es probable que sí llegue una frecuencia radial, pues cubre alrededor del 95% del territorio nacional. Hay más de 600 emisoras comunitarias. Incluso, con ocasión del Acuerdo de Paz, se abrieron dos nuevas convocatorias para radios comunitarias y étnicas. A la fecha hay 74 en funcionamiento. A eso se le suman las emisoras de paz que transmiten en once zonas. Aunque no son comunitarias, ilustran la importancia de la radiodifusión para la construcción de paz. 

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Sin embargo, las emisoras comunitarias sobreviven a pesar de: (i) Una regulación restrictiva que las categoriza como emisoras Clase D con la menor de las potencias y por ende, poco alcance y cobertura. (ii) Desigualdad de condiciones frente a emisoras comerciales y emisoras de la fuerza pública. En varias ocasiones no logran transmitir en todo el municipio. (iii) Procesos burocráticos que no atienden los contextos diferenciados que viven las organizaciones comunitarias. (iv) Altas cargas financieras que dificultan la sostenibilidad: pagos de servicios, arriendos, licencias y SAYCO y ACINPRO, entre otros. (v) Falta de capacitación técnica y acompañamiento institucional, y (vi) Dependencia de la publicidad oficial que en ocasiones obliga a la autocensura para asegurar recursos. 

La comunicación comunitaria tiene el potencial de dar lugares de enunciación y participación a las comunidades, de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Sin embargo, se ha encontrado constantemente escalando un muro de obstáculos a los que la institucionalidad no responde. Organismos como la CIDH han establecido que los procesos de asignación deben hacerse mediante procedimientos especiales que no exijan requisitos tecnológicos severos. Asimismo, otras condiciones discriminatorias son las limitaciones injustificadas de potencia, contenidos, cubrimiento territorial o acceso a fuentes de financiamiento. 

En Colombia, aparecen varias de las anteriores condiciones que impiden la consolidación de una radio comunitaria robusta y sostenible. Le corresponde al Estado evaluar la regulación existente, y más que simplemente limitarse a otorgar licencias, velar porque a estas se les dé buen uso, por brindar capacitación y herramientas para que los medios comunitarios cumplan con el rol fundamental que requiere un país en silencio.

El dial perdido

• Entre el 2019 y el 2020 el Gobierno nacional abrió convocatorias para emisoras comunitarias y con enfoque étnico, después de diez años de inactividad en este campo. En la primera, 188 emisoras fueron declaradas viables. Sin embargo, solo 74 están funcionando. Diez viabilidades fueron canceladas por el MinTIC porque no pagaron a tiempo los derechos de concesión. 
  
  
• En la segunda convocatoria, la de emisoras con enfoque étnico, 116 propuestas fueron evaluadas y solo quince cumplieron con los criterios establecidos por el MinTIC.
  
  
• Las emisoras del Ejército llegan a tener hasta 15 kW de potencia (ninguna tiene menos de 1 kW), mientras que las comunitarias tienen una potencia restringida en la mayoría de casos a 0.25kW. Esto ilustra la disparidad en las condiciones que afecta a la radio comunitaria.

 

Los medios públicos son un pilar de la convivencia democrática y cumplen una función fundamental en el ejercicio de la libertad de expresión y en la promoción de la diversidad cultural del país. Hay tres problemas centrales en el modelo actual que los rige en Colombia: gobernanza, sostenibilidad y legitimidad. 

Para entender el primero, hay que saber que en el país existen once canales de televisión públicos: ocho regionales y dos nacionales (el tercer canal público es Canal Uno que en la práctica no se le considera público, porque la concesión de los espacios la tiene un solo operador). En todos los casos, la composición de sus juntas directivas tiene alta participación del Gobierno (el o la ministra, gobernadores y/o alcaldes y representantes de RTVC); mientras que la academia y la sociedad civil están en desventaja y no hay participación de productores o representantes del sector audiovisual. En general, las juntas de todos los canales tienen pocos miembros: Telepacífico es la más numerosa con doce y la que menos tiene es Teleislas, con cuatro. Si se tiene en cuenta la alta participación del Gobierno, se entrevé un agravante para la pluralidad e independencia. Los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) dicen que, “en tanto se ha reconocido que la libertad de expresión exige necesariamente una amplia pluralidad en la información, es esencial garantizar que estos medios públicos sean independientes del gobierno. Para la CIDH, la independencia de los medios de comunicación públicos contribuye asimismo a su credibilidad y legitimidad”.

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La centralización y detrimento de la independencia de estos medios ha venido en aumento en los últimos años tras la aprobación de la Ley TIC 1978 de 2019 que eliminó a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y creó el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). Además, se dieron cambios internos en el funcionamiento de los canales como en el caso de Señal Colombia, que modificó el Comité de Programación, que buscaba el cumplimiento de objetivos como la inclusión, el cubrimiento de posturas críticas y un mayor alcance de las audiencias, dejando las decisiones de contenidos en cabeza de la gerencia. Esta forma de gobernanza configura un riesgo de censura, ya que limita la autonomía del medio y abre la posibilidad a la interferencia editorial por parte de autoridades locales, regionales y nacionales. No está a tono tampoco con las recomendaciones de la Unesco ni de la CIDH que sugieren modelos de gestión con participación de diversos sectores,  mecanismos de elección idóneos para sus organismos de gobernanza y un límite claro a los intereses políticos.

Ahora, frente a la sostenibilidad, la existencia del FUTIC supone un respaldo financiero para la radio y la televisión, sin embargo, aún cuenta con factores de riesgo que promueven la dependencia de los medios al MinTIC. Los más afectados son los canales regionales que terminan dependiendo de los gobiernos locales en términos económicos. Esto restringe la coproducción, la posibilidad de realizar proyectos y contenidos de largo aliento y de proponer una línea editorial separada de los intereses de las administraciones de turno. Si bien el Fondo asegura una base de recursos y distribución, no son suficientes para garantizar el funcionamiento ni para la creación de iniciativas duraderas. Como consecuencia se ven afectadas la visibilidad, el reconocimiento y la independencia de los medios. 

La centralización de los recursos en un solo fondo controlado desde el MinTIC también tiene un impacto en la calidad y el tipo de contenidos que llegan a las parrillas de la televisión pública. El nuevo modelo supone convocatorias públicas de seis meses y entrega de proyectos en los otros seis meses del año, un tiempo muy corto para el sector audiovisual y una tercera parte del tiempo que tuvieron años atrás los mercados de coproducción.

El tercer problema es el de la legitimidad, que tiene que ver con la función que cumplen los medios públicos en una democracia, en la defensa del interés público y la construcción de ciudadanía. El papel de estos medios es importante para equilibrar la balanza de opiniones, percepciones y miradas sobre las identidades y la diversidad. 

El imaginario frente a los medios públicos en Colombia es contradictorio. Hay programas de calidad que son premiados en los India Catalina o los TALTV, pero la influencia de los gobiernos han situado a otros cerca del poder y lejos de las audiencias que no ven en ellos la representación de la diversidad del país. Por lo tanto, poco se preocupa la ciudadanía por la defensa de la independencia de estos medios.  

 

Datos que explican el mal estado de los medios públicos

1. Las consecuencias de la inapropiada gobernanza se han hecho evidentes en casos de censura como el sucedido en 2019 cuando Juan Pablo Bieri, entonces gerente de RTVC, dió la orden de acabar con el programa “Los Puros Criollos” de Señal Colombia y de vetar a su presentador Santiago Rivas. 
   
   
2. Durante el 2021 hubo otros dos casos en canales regionales: el gobernador de Quindío, Roberto Jaramillo, presionó a varios periodistas de Telecafé Noticias por su manera de informar, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha interferido en las decisiones editoriales del canal público local Telemedellín. La incidencia de este último determinó la salida de la gerente Johana Jaramillo con alegatos de censura previa y el despido del periodista Hernán Muñoz, director del sistema informativo del canal.
   
   
3. Dentro del marco regulatorio cabe señalar que: 1. No hay una misión o función social clara de los medios públicos que sea transversal al desarrollo y proyección de la industria de medios. 2. La fragmentación de los entes reguladores y la baja calidad en materia regulatoria no favorecen la autonomía ni la independencia de los medios públicos. 3. Existe un control directo del Gobierno sobre los órganos reguladores, el otorgamiento de licencias y la regulación de la radiodifusión, por lo tanto estos procesos no gozan de una independencia real. 4. Si bien existen operadores públicos como RTVC en donde convergen radio y televisión y órganos reguladores con funciones sobre los dos sectores, la legislación, los programas y las políticas aún están pensados e implementados de forma aislada en radio y televisión, sin correlaciones directas entre medios, plataformas, tecnologías y contenidos. 
4. El FUTIC también planteó acelerar el cierre de las brechas digitales pero la ausencia de una financiación específica para el ámbito digital hace de este planteamiento algo superficial.
   
   
5. “Los medios públicos son la antípoda, o una respuesta a los medios privados en televisión. La televisión como está mediada por el tema económico hace que los contenidos, la forma en que éstos se presentan y su oportunidad, se definen a partir de intereses comerciales. Eso da una visión de país y de sociedad muy particular, parcializada y en algunos casos muy distorsionada. Ante esta realidad, surge la conciencia de fortalecer los medios públicos, de modo que se pueda completar el mosaico de la nacionalidad y de la opinión colombiana”: Germán Yances, investigador. 

 

Las declaraciones estigmatizantes contra periodistas por parte de funcionarios del Estado con alta influencia en la opinión pública tienen un impacto nefasto en la seguridad y en las garantías de las que debería gozar la prensa. Es urgente que esto cambie. Los mensajes que emiten los dirigentes deben ayudar a fortalecer el derecho a la libertad de expresión.

Asustar con asfixiar a la prensa ha dejado de ser una actitud que genera mayores inconvenientes ante la opinión pública. Por el contrario, el discurso de poner límites a las y los periodistas es cada vez más reiterativo por parte de los representantes del Estado. Incluso, resulta atractivo para diversos sectores de la ciudadanía.

En los últimos años, han sido varios los casos en los que dirigentes políticos, funcionarios públicos o autoridades colombianas han denigrado, intimidado o amenazado a los medios de comunicación sin recibir ningún tipo de penalidad. Esa ola de represión, que también es global, ha convertido al periodismo en una piñata ideológica y ha permeado las garantías legales para el ejercicio periodístico, a pesar de ser protegidas de manera clara por la Constitución.

A esto se suma una larga lista de problemas estructurales en el periodismo colombiano y que durante décadas han sido eclipsados por otros asuntos en las agendas de los últimos gobiernos.

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

En una era de noticias falsas y de debilitamiento de los mecanismos democráticos, esta problemática no puede continuar invisible en el debate público. En particular, teniendo en cuenta lo difícil que resulta para los medios de comunicación preservar su profesionalismo en un entorno tóxico amenazado por la violencia, la crisis económica y en el que proliferan las campañas selectivas de desinformación y estigmatización para desacreditar la labor de las y los periodistas.

Para que puedan trabajar en un entorno seguro y propicio, el próximo gobierno de Colombia deberá implementar una política pública que garantice y fortalezca el derecho a la libertad de expresión y de información de quienes ejercen el periodismo en el país.

Este plan que debe estar llamado a restaurar el ecosistema del periodismo, entre otras cosas, deberá tener suficiente reconocimiento público y tener claro que estos nuevos programas no sólo tienen que ser aprobados sino implementados. Es necesario recordar que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior trabajó en la elaboración de una política pública de libertad de expresión. Sin embargo, y después de cuatro años de trabajo, ese documento terminó archivado.

Esta política deberá reconocer abiertamente que el periodismo es un servicio público cuando provee información de alto interés para la ciudadanía y deberá adoptar acciones claras con las que el Estado garantizará que las y los periodistas, que trabajan en los medios de comunicación, gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad. Para liderar ese trabajo será ideal que la próxima cabeza del ejecutivo designe, de manera temporal, a un enviado presidencial especial para la libertad de prensa.

La proyección de esa política pública sobre libertad de expresión también deberá contar con la participación de los diferentes miembros del sector y de las audiencias, para así recoger los insumos suficientes que permitan complementar un diagnóstico actual, que entre otros asuntos, incluye las siguientes problemáticas:

1. Adoptar medidas para prevenir, proteger y garantizar justicia en los crímenes contra periodistas y así acabar con el ciclo violento de la impunidad.
   
   
2. Defender la libertad de expresión en línea, evitar la censura por parte del Estado y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas.
   
   
3. Replantear el modelo de los medios públicos de tal manera que se garantice su gobernanza e independencia.
   
   
4. Atender las consecuencias del conflicto armado contra la prensa: memoria y reparación.
   
   
5. Implementar nuevas medidas de sostenibilidad de los medios que garanticen su independencia y el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
   
   
6. Promover la comunicación ciudadana en un país silenciado y respaldar a medios de comunicación que garanticen la comunicación propia y el  pluralismo.
   
   
7. Revisar las condiciones desfavorables en la contratación de la publicidad oficial, promover su transparencia y blindar para que estos contratos no amenacen la independencia editorial de los medios.

El éxito del buen periodismo, el que es responsable, no dependerá solo de resolver algún aspecto en particular sino de atender todo su ecosistema. No se trata solamente de procurar garantías como el respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de los medios, también resulta necesario atender la desfinanciación del sector para garantizar genuinamente el periodismo independiente.

Esa tarea es urgente, crítica y exigente, pero puede comenzar con unos pocos pasos muy visibles que incluyen que quienes se conviertan en los próximos funcionarios públicos, y especialmente el próximo presidente, se pronuncien enérgicamente en defensa de la libertad de prensa. 

Es necesario adoptar, en cabeza del gobierno nacional, una narrativa favorable con la libertad de prensa que permita contrarrestar la violencia contra las y los periodistas. Los funcionarios públicos deben reconocer de manera pública el rol social de la prensa como guardián de la democracia. Ello implica abstenerse de hacer declaraciones falsas que ataquen la integridad de periodistas y trabajadores de medios de comunicación  y procurar un mejor acceso a la información pública. Esto permitirá reconocer el papel fundamental que desempeña la prensa al brindar información confiable, precisa y oportuna.

El momento exige pensar en trascender a los esfuerzos voluntarios del pasado. Reparar el periodismo requiere del apoyo público, específicamente, de un respaldo por parte de quienes integren el próximo Congreso y de quien llegue a ocupar la Presidencia. 

La asignación de la pauta oficial se ha convertido en uno de los factores más determinantes en la autocensura. Esto se acentúa por la falta de una legislación adecuada y, al ser, en muchos casos, la mayor fuente de ingresos de los medios de comunicación. Es necesario encontrar soluciones concretas en las que participen otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La publicidad oficial es una herramienta legítima e importante para la comunicación entre los Gobiernos y la ciudadanía. Su principal objetivo es servir de puente y así informar y promover políticas públicas, obligaciones y deberes de la ciudadanía o situaciones de urgencia que se presenten. Sin embargo, la ausencia de un marco legal regulatorio claro ha desdibujado la naturaleza de estos objetivos, transformándola en un mecanismo para la autopromoción de gobernantes y de presión económica para castigar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así, la asignación de la publicidad oficial es, después de la violencia, el segundo factor más determinante de censura y autocensura en el periodismo colombiano. 

De acuerdo con la información recaudada por el proyecto Pauta Visible de la FLIP, entre 2016 y 2020, 75 entidades de todo el país invirtieron cerca de 860 mil millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Se trata de una billetera con recursos públicos que tiene una influencia determinante en la economía de las empresas periodísticas generando interrogantes frente a las garantías que tienen los medios para mantener su independencia editorial. }

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En varias regiones del país, donde la publicidad privada es mínima, los ingresos de la publicidad oficial pueden suponer el 70% o el 80% de los ingresos totales de un medio. El impacto de estos recursos en la economía de las empresas periodísticas se ha convertido en una suerte de subsidio encubierto para medios de comunicación. Por lo tanto, abordar la regulación de la pauta oficial también implica entender la necesidad de poder reemplazar esos ingresos bajo otro modelo. 

Adicionalmente, la legislación actual, que se resume en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción y en un decreto reglamentario del mismo, deja muchas puertas abiertas para la asignación discrecional de estos recursos, su difícil trazabilidad y, en general, una ausencia de principios protectores de la libertad de expresión que profundizan los problemas ya descritos. La FLIP ha identificado patrones y abusos en la asignación de publicidad oficial a través de diferentes investigaciones que dan luces sobre un asunto determinante para la sostenibilidad de los medios de comunicación, para la garantía del acceso a la información de la ciudadanía y, en últimas, para la libertad de expresión. 

Así, debe partirse de la base de que hay un problema ya evidente por años al que no se le ha brindado una solución concreta, ni suficiente atención desde las diferentes ramas del poder, particularmente desde el legislativo y el ejecutivo. A pesar de los intentos por instaurar buenas prácticas en algunas administraciones, hacen falta mecanismos vinculantes que atiendan la situación en todos los niveles de la administración pública en el país. Estas reformas, toda vez que tocan puntos neurálgicos del sistema de financiación mediático, se deben hacer de manera consensuada, progresiva y que integren ejercicios de socialización que cuenten con la participación de otros actores de la sociedad civil, como universidades, periodistas y agremiaciones locales. 

La pauta perdida 

• Preponderancia de la contratación directa: la contratación directa, si bien no es ilegal, es nociva para asegurar la objetividad y transparencia de los procesos. En el 2020 la FLIP encontró que de 800 contratos celebrados entre el 2016 y 2019, en promedio entre el 50% y el 60% fueron asignados directamente. La gobernación que más recursos de publicidad oficial gastó realizó el 91% de sus contrataciones directamente. 
  
  
• Se desdibuja el propósito de la publicidad oficial: en 2018 la FLIP y la Misión de Observación Electoral (MOE) analizaron los mensajes de publicidad oficial ordenados por diez alcaldías del país. De 2128 mensajes, 1237 (58%) tenían una intención de autopromoción. En varios casos se invierten recursos públicos en autopromoción de los mandatarios y no en información. 
• Compra de contenidos: en el 2019 una gobernación gastó más de 350 millones de pesos en contratar a un medio de comunicación nacional para la difusión de ediciones especiales con material favorable a la administración sin rótulos de publicidad pagada. Esta práctica, conocida como content marketing, hace pasar como información lo que en realidad es propaganda.
  
  

Los países que han regulado la pauta

• Hay ejemplos de regulación valiosos en varios países, como Canadá, Perú o España. Todos coinciden en hacer explícita la definición de publicidad oficial, sus fines, prohibiciones específicas, criterios y procedimientos para hacer efectiva la contratación pública. 
  
  
• Canadá dispuso la creación de comités específicos que sirven como filtro para todos los procesos de contratación estatal de publicidad.
  
  
• En España, la ley prohíbe que aparezcan personalmente voces o imágenes de funcionarios públicos de elección popular en los mensajes publicitarios del Estado. 
  
  
• En Uruguay, se estableció la creación de la Unidad para la Asignación de Publicidad Oficial (UPAO), una instancia con tres representantes: uno del Gobierno y dos elegidos por el legislativo en función de su experiencia, calidades e independencia. En el anteproyecto la UPAO está destinada al monitoreo, control y asesoramiento de los procesos de publicidad oficial. 

En Colombia existen cerca de 600 emisoras comunitarias. La gran mayoría afronta graves problemas para su sostenibilidad y la producción de contenido. El modelo necesita adaptarse para que pueda jugar su rol en los ecosistemas mediáticos actuales y de tal manera garantizar mayor pluralidad. 

El tercer sector de la comunicación que agrupa a los medios comunitarios (radio y televisión) enfrenta un escenario convergente difícil dado el rezago en su legislación, licencias, burocracia y sus apuestas de contenidos. En esta entrevista conversamos con Edison Lanza, exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos habló sobre la legislación de los medios comunitarios y el rol que juegan en una democracia.

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FLIP: ¿Cómo calificaría la legislación de nuestro país frente a emisoras comunitarias?

Edison Lanza (E.L): Es insuficiente. Es decir, no hay unas leyes que garanticen que estas emisoras puedan tener condiciones de calidad para emitir. Otro de los problemas es que el Estado a veces se demora en la entrega de títulos y de frecuencias.

Esos problemas de las emisoras comunitarias suceden mientras que hay una cantidad desmedida de radios militares y policiales, que cuentan con todas las garantías para transmitir. El país está en un período de transición, de posguerra, por lo que creo que habría que reducir la cantidad de frecuencias que están en manos de las agencias de seguridad del Estado para dárselas a sectores civiles, bien sean radios comunitarias, públicas o comerciales. 

FLIP: El año pasado en la FLIP conocimos el caso de una emisora comunitaria que no podía emitir correctamente su señal, pues la antena que les adjudicaron fue instalada a quince minutos en moto del casco urbano donde tienen licencia para transmitir y la baja potencia hace que no se pueda sintonizar la emisora en todo el municipio. ¿Qué debería hacerse en cuanto a regulación para lidiar con situaciones como esta?

E.L: Una buena regulación no puede imponer limitaciones geográficas o de potencia, que sean innecesarias o que limiten el tipo de servicio o el tipo de comunidad. La recomendación sería que el regulador vea caso a caso cada emisora. Por ejemplo, puede haber una radio que requiera una potencia reducida porque emite geográficamente para una pequeña comunidad en el territorio; pero puede haber también una radio vinculada a las mujeres, o a la agenda de los derechos de las mujeres que necesitaría una potencia mayor porque su comunidad está diseminada en distintas partes del territorio.

FLIP: ¿Qué ejemplos podría seguir Colombia para tener una mejor legislación en esta materia?

E.L: Hay ejemplos latinoamericanos muy buenos, como los de Uruguay, Brasil o Chile. En el resto del mundo están los ejemplos de Canadá o la Unión Europea. Allí está claramente identificado el sector comunitario, se definen sus características, se establecen mecanismos de concurso, en general, donde no tenga un peso lo lucrativo o el precio por el uso de la frecuencia. El gobierno lo que debería vigilar es que no se disfrace una radio comercial de una comunitaria.

Las regulaciones de estos países también se caracterizan por que no tienen limitaciones de ningún tipo: pueden tener acceso a publicidad, a recursos tanto públicos como privados, para tener una radio con estándares de calidad. Para poner otro ejemplo, en México se aprobó una legislación que facilitaba el acceso de los pueblos indígenas a las radios comunitarias, pero se les impedía acceder a publicidad privada y solo se les otorgaba un 1% de la publicidad estatal. 

En el caso de Colombia sería clave prever algunas reservas para pueblos originarios, afrodescendientes, que en general se han visto excluidos de la radiodifusión.

FLIP: ¿Y qué debería hacer un próximo gobierno con las radios que por alguna razón han estado emitiendo por fuera de la regulación?

E.L: Puede ser frecuente que haya emisoras comunitarias que durante varios años emitieron señal por fuera de los parámetros que establece la ley porque no tenían las facilidades o las frecuencias asignadas. El gobierno entonces debería tener una ley garantista, que cuente con la participación de las propias asociaciones de radios comunitarias para así hacer un censo o línea de base que permita establecer cuáles son las emisoras que han operado, entre comillas, de forma irregular. De esta manera, el gobierno podría establecer una suerte de amnistía o mecanismos para que estas radios se acojan a una serie de beneficios. 

FLIP: Hablemos ahora de la televisión pública. Durante el 2021 nos enfrentamos a un escenario en el que diferentes gobernantes querían interferir en la línea editorial de medios como Telecafé o Telemedellín. ¿Cómo se le puede hacer frente a esto?

E.L: En general, en América Latina, hay un déficit de gobernanza democrática. Por lo general, quien está en el gobierno tiende a pensar que debe gobernar la televisión pública. Yo creo que eso al final juega en contra y debilita la televisión pública porque los ciudadanos no son todos ciudadanos partidistas. La televisión pública debería ser un contrapeso de la disputa política y partidaria, generando información de calidad, documentales, informativos que tengan altos estándares de objetividad, de pluralismo, neutralidad. 

Todo eso solo se logra con una gobernanza compleja, donde tenga participación la sociedad civil, la academia, los representantes de los gobiernos y de la oposición y se rindan cuentas al congreso. Obviamente también hay que garantizar un financiamiento por alguna vía, ya sea por medio de algún impuesto o asignación específica. No tenemos ejemplos claros de cómo funciona esto en Latinoamérica, pero sí tenemos de referentes a la BBC de Reino Unido, la Deutsche Welle en Alemania, la televisión Sueca, e incluso la PBS de Estados Unidos. 

FLIP: Y hablando en general de todo el ecosistema de canales de televisión, ¿hacia dónde debería apuntar una regulación que busque mayor pluralidad?

E.L: En nuestros países no hay per se un pluralismo en la televisión, pues nacieron como grupos de comunicación dominantes y heterogéneos y así se han mantenido, aunque los Estados tengan la obligación de promover el pluralismo. Para introducir elementos de pluralismo progresivamente se podría poner límites razonables a la concentración. Por ejemplo, si hay un grupo que ya tiene cuatro canales en televisión abierta y la televisión digital permite que haya nuevos canales, pues no debería ser ese mismo grupo el que siga quedándose con ellos, sino que tendrían que ingresar nuevas voces.

FLIP: Finalmente, queremos preguntarle sobre las plataformas de streaming, que en su mayoría no son empresas nacionales, pero que entran al ecosistema de medios en Colombia. ¿Qué clase de legislación puede ser pertinente en esta materia?

E.L: En los países de Latinoamérica no tenemos mucha experiencia regulando esto, precisamente porque se trata de un actor nuevo. Algunas regulaciones sí se han hecho en Europa, Australia o Canadá. Allí se ha establecido alguna cuota de pantalla para la producción nacional, y también se ha determinado que paguen los mismos impuestos que abonan otros medios de comunicación para que no haya una discriminación positiva en ese sentido.