El 24 de abril de 2022, se cumplieron 13 años del asesinato de José Everardo Aguilar. Al momento de su muerte, tenía 72 años. Dejó diez hijos tras de sí y años de trabajo en el periodismo. En Radio Súper Popayán, en el Cauca, trabajó cerca de 10 años, en donde denunciaba la corrupción y cubría temas políticos. El 24 de abril de 2009, siete disparos sepultaron su voz, en el barrio Las Ferias, del municipio de Patía, Cauca. El asesino entró a su hogar haciéndose pasar por un mensajero que le traía fotografías y documentos. Ese día, José Everardo se encontraba con su esposa e hija. 

En la FLIP, no olvidamos a José Everardo Aguilar y su compromiso con la verdad y la comunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

18 de abril de 2022. Seis meses después del fallo de una sentencia histórica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima en contra del Estado colombiano, culminó la primera ronda de trabajo.

En esta primera fase se mantuvieron diez reuniones con los ministerios y entidades responsables de poner en marcha la implementación de las medidas ordenadas por la Corte IDH, entre los que se encuentran el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Función Pública, MinTIC, Ejército, Policía, Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros.

Este primer ciclo terminó el pasado 4 de abril y la única entidad que no atendió la solicitud de reunión realizada por la Cancillería fue la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía está llamada a cumplir la orden de la Corte y su deber de investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables, en los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando Jineth Bedoya Lima fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel La Modelo en Bogotá.

Sin la participación activa de la Fiscalía la implementación de la sentencia no será adecuada ni efectiva. A lo largo de estos veinte años, esta entidad ha resultado inoperante frente a los hechos victimizantes, que completan más de dos décadas. Sin avances en las investigaciones resulta imposible proyectar lo que es la columna vertebral de una reparación verdadera y una garantía de no repetición.

Jineth Bedoya Lima y sus representantes (FLIP y CEJIL) reconocen la voluntad y disposición que la Cancillería, a través de sus delegados, ha tenido para iniciar el trabajo de ejecución de las reparaciones. Desde el 31 de enero de 2021, cuando se tuvo la primera reunión con los delegados de Cancillería, se marcó una hoja de ruta para dar inicio a la implementación de cada una de las medidas. Entre estas se encuentran: la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género, entre otras.

“El trabajo que se ha podido adelantar sin lugar a dudas nos deja un panorama claro sobre el legado que le vamos a dejar al país, pero sobre la necesidad de hacerle entender también, a este país, que esta es una sentencia colectiva, que no solo beneficia a una persona si no a millones de personas que han tenido que enfrentar el conflicto armado, la violencia sexual y la persecución por su condición de periodistas”, afirma Jineth Bedoya Lima.

Del mismo modo, Jineth Bedoya Lima y sus representantes reconocen y celebran el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, y de la Secretaría Distrital de la Mujer, quienes se comprometieron a apoyar la implementación de la sentencia en la capital del país, y a sumarse específicamente en dos medidas: la consecución del predio y el acompañamiento para la construcción del Centro Investigativo No Es Hora De Callar y el Plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia.

La segunda semana de mayo se dará inicio al segundo ciclo de trabajo, con el que se espera avanzar satisfactoriamente en todas las medidas para que se genere una base sólida en su ejecución.

El 11 de abril de 2002 Walter López y Héctor Sandoval salieron a cubrir el ataque de las FARC a la Asamblea del Valle, en Cali. Walter conducía el vehículo en el que iba el resto del equipo periodístico, Héctor era el camarógrafo y los acompañaban la periodista Luz Stella Arroyave y el reportero gráfico Juan Bautista Díaz. El carro se internó por entre las montañas y los frondosos árboles. Seguían al helicóptero del Ejército que perseguía al grupo guerrillero. Los reporteros se bajaron del vehículo y vieron pasar la aeronave. Justo en ese momento escucharon una ráfaga de disparos que impactaron en su carro y en Walter, el conductor. No importaron los gritos que pedían que no dispararan más, lo siguieron haciendo. Héctor quedó herido y murió al siguiente día en un hospital en Cali.

Walter López

Walter López nació en Cali, Valle del Cauca un 3 de noviembre de 1964. Tras su muerte, dejó dos hijos y una esposa. Llevaba ocho años trabajando en RCN, pero solo seis meses siendo el conductor del canal. Gracias a su trabajo, llevó a sus compañeros a los lugares del país en donde se vivía con mayor intensidad el conflicto armado. No solo ayudó en el cubrimiento del secuestro de los diputados del Valle, también estuvo presente en una toma guerrillera en ese mismo departamento.

En entrevista con el Centro Nacional de Memoria Histórica, John López, hermano de Walter, cuenta que: “la partida de él, dejó un hueco tan inmenso que después de tantos años, no se ha podido superar”. Para John, Walter era una persona extrovertida, bromista y auténtica; le gustaba participar en partidos de fútbol y en caminatas que realizaba desde pequeño con su hermano en el barrio Mariano Ramos, en Cali.  

Héctor Sandoval

Héctor Hernando Sandoval Muñoz nació el 14 de febrero de 1975, también en Cali. Fue el menor entre cuatro hermanos y al momento de su asesinato estaba casado y tenía un hijo de cinco años. Héctor es recordado por sus familiares por su pasión por la fotografía; su trabajo como camarógrafo en RCN comenzó a mediados de los 2000.

Juan Diego Sandoval, hermano de Héctor, habló, para una entrevista con el Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre el constante riesgo que vivía su hermano en su trabajo como periodista. “Un día llamó a mi mamá desde el hospital porque había tenido un accidente. Resulta que la Policía había destruido un laboratorio de coca y en medio de la explosión un culo de botella casi le vuela el ojo”, afirmó Juan Diego. 

La familia de Héctor siempre estuvo vinculada a los medios, pues Carlos Enrique Sandoval, padre de Héctor, fue jefe técnico de Caracol. Desde pequeños los hermanos Sandoval jugaban a filmar películas dentro de su casa.

Una vez Héctor fue contratado en RCN, realizó reportajes relacionados con el conflicto armado. Mostró en sus fotografías la liberación de los secuestrados de La María en 1999, en Cali, y la masacre del corregimiento de Barragán en el municipio de Tuluá en el 2000, en el departamento del Valle del Cauca.  

En Palmira, Valle su familia se enteró de que Héctor estaba herido a través de las noticias en la radio. Fredy acudió al hospital donde tenían a su hermano, pero cuando llegó, este ya había fallecido. Murió a la edad de 33 años. 

Por el asesinato de Héctor Sandoval y Walter López no se han sentenciado culpables. La Fiscalía remitió el caso a la Justicia Penal Militar, pues presuntamente los disparos fueron realizados desde el helicóptero del Ejército que intervino en el operativo. Sin embargo, el caso se archivó, pues no se pudo probar que los disparos provinieron de la aeronave militar. No obstante, el caso no se remitió nuevamente a la Fiscalía para que continuara con la investigación. 

En la FLIP, no olvidamos el compromiso de Walter López y Héctor Sandoval con el cubrimiento del conflicto armado en Colombia. Gracias por recordar con nosotros. 

La FLIP rechaza enérgicamente los mensajes estigmatizantes del candidato a la presidencia Enrique Gómez, quien en su cuenta de Twitter afirmó que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”. Esto, refiriéndose a los reportajes publicados por Vorágine, Cambio y El Espectador, en los que se denuncian graves irregularidades cometidas por integrantes del Ejército en contra de civiles en Putumayo. Este tipo de señalamientos, infundados y que además vinculan a los periodistas con acciones ilegales como el narcotráfico, buscan deslegitimar su trabajo pero sobre todo los pone en peligro.

Colombia, 8 de abril del 2022.

Senadores y senadoras de Colombia,

Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, incluidas todas aquellas que integran el Comité de Estado Abierto, solicitamos al Senado de la República rechazar las objeciones del Presidente Iván Duque al proyecto de ley que pretende restablecer los plazos para dar respuesta a los derechos de petición, respetando el mandato de las leyes 1437 de 2011 y 1577 de 2015 que reglamentan el derecho de petición en Colombia.

El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un pendiente a reclamarle a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio.

La actual campaña electoral se ha caracterizado por los ataques diferenciales contra la prensa, que en ocasiones, son promovidos, alentados o tolerados por miembros de partidos, movimientos políticos y sus seguidores. Por este motivo, la FLIP le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación que tomen acciones inmediatas frente a este tipo de violencia que afecta el libre trabajo de los medios de comunicación. 

De igual manera, la FLIP ha llamado la atención sobre las estrategias que deben implementarse para hacer frente a los contenidos que pueden configurarse como discurso de odio, mensajes que no están protegidos por la libertad de expresión y, que además, son los jueces quienes tienen competencia para determinar cuando se transgrede este límite. Resulta irresponsable que se señale a la prensa, como protectora y promotora de este tipo de expresiones. 

El periodismo juega un rol fundamental dentro de las elecciones, pues hace veeduría a los partidos, movimientos políticos, sus candidatos y líderes, para que la ciudadanía vote informada. Sin embargo, en los últimos tres meses, han ocurrido al menos 30 ataques contra la prensa por cubrimientos electorales.

Concretamente, preocupa la intensificación de una narrativa antagónica contra la prensa como parte de las campañas electorales. Es peligroso para la democracia que esto se normalice y acreciente, de manera que se avale la promoción de mensajes de odio y repudio contra la prensa. Algunos de los casos que ejemplifican cómo las estigmatizaciones afectan el debate público son el de la senadora , los tuits que emitió el senador Gustavo Bolívar en contra de la periodista Darcy Quinn y la publicación de Gustavo Petro en la que dijo habían “neonazis en RCN”.

Para la FLIP, las críticas contra la prensa son legítimas y existen herramientas legales diseñadas para dirimir errores o informaciones difundidas de mala fe. Además, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. Sin embargo, los funcionarios públicos o candidatos no deben aleccionar o poner etiquetas al periodismo, esto tiene implicaciones negativas en el ecosistema mediático y en la seguridad de los y las reporteras. 

Los límites a la libertad de expresión no deben ser instrumentalizados por sectores cuya intención sea la de deslegitimar el papel de los medios de comunicación. Por el contrario, las autoridades electorales y los partidos y movimientos políticos deben prevenir que los políticos recurran a este tipo de discurso en el marco de las campañas electorales. 

Por ello, en aras de que se den garantías mínimas para el cubrimiento electoral, solicitamos al CNE y la Procuraduría que:

• Se establezca una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa, en la que se acojan las recomendaciones emitidas por las Relatorías para la libertad de expresión en la Declaración Conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública, y libertad de expresión.
  
  
• Vigilen y adopten medidas respecto de los partidos y movimientos, así como de sus miembros cuando incurran en hechos que atenten contra la buena fe o los intereses generales de la comunidad o la sociedad, como es una agresión contra la prensa.

La FLIP rechaza el seguimiento del que fue víctima la periodista Cecilia Orozco, por parte de un carro fúnebre en Bogotá. Esto es una forma de intimidación hacia ella y al resto de su equipo periodístico en Noticias Uno. La FLIP le solicita a la Fiscalía que realice una investigación diligente sobre lo sucedido para dar con los responsables y los motivos de estos hechos.

Después de más de ocho años, no han habido avances significativos en la investigación del homicidio del periodista Edison Molina, ocurrido el 11 de septiembre de 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. La investigación adelantada por la Fiscalía no ha arrojado resultados contundentes que permitan avanzar en la individualización, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen.  Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que lleve a cabo un Comité Técnico Jurídico para apoyar, hacer seguimiento a la investigación e identificar  sus debilidades, para así construir una hoja de ruta que permita solventarlas.

A través de este Comité Técnico Jurídico, solicitamos que se evalúe el avance de la investigación y se identifiquen las fallas que no han permitido encontrar justicia. El Comité deberá entregar una serie de recomendaciones para que la Fiscalía a cargo del caso acelere el proceso de investigación. 

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. Como represalia, Molina recibió amenazas y agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, estas no fueron investigadas diligentemente ni se adoptaron medidas de protección. 

Durante estos años la FLIP, como representante de las víctimas, ha identificado una serie de errores en la investigación que han contribuido a que el proceso no avance. Ejemplo de esto es que en un comienzo no se garantizó la independencia del fiscal a cargo y la investigación no se orientó a establecer la relación que tenía el homicidio con la labor periodística de Molina.

A pesar de que el caso se trasladó a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; tampoco ha habido un avance diligente en la investigación: han habido deficiencias en la recolección oportuna de las pruebas y se han destacado largos períodos de inactividad procesal. Además, desde el 10 de junio de 2019, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación del homicidio del periodista Molina. 

El paso del tiempo, sin el desarrollo de una investigación diligente, condena a este caso a mantenerse en la lista de homicidios contra periodistas en total impunidad. Por eso, esperamos que la Fiscalía, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene para la investigación de crímenes contra la prensa, acoja nuestra solicitud de establecer un comité técnico jurídico, con el que se pueda dar esclarecimiento de los hechos.