La FLIP expresa su preocupación por las reiteradas limitaciones en el acceso de la prensa a audiencias y a fuentes por parte de jueces y autoridades. Con estas restricciones se impide que se cubra la fuente judicial, bajo el argumento de proteger la administración de justicia; y con ello, se limita el acceso a la información y el debate público sobre el desarrollo de procesos judiciales de alto interés público.

La FLIP, con el apoyo de la Embajada de Alemania y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Seguridad, presenta Entre Líneas, un curso online sobre libertad de prensa y orden público. Este diplomado está dividido en cuatro módulos en los que podrá aprender a identificar las funciones de la Policía Nacional de Colombia en el marco legal del uso de la fuerza y de la interacción con la prensa.

El curso puede ser realizado por cualquier persona interesada, pero está especialmente dirigido a periodistas que cubren asuntos de orden público o asuntos relacionados con la actividad de la Policía y a editores y redactores de medios de comunicación. Al completar el curso, se otorgará un certificado de participación.

Entre líneas tiene una metodología de aprendizaje que combina lecciones teóricas con discusiones y debates sobre situaciones prácticas. En promedio se requiere de 12 horas de trabajo mínimo, distribuidas en 3 semanas, para completar el diplomado. Puede registrarse y empezar hoy mismo este curso aquí.

La masterclass

Si no dispone del tiempo para realizar el diplomado completo, pero aún así quiere aprender sobre este tema, puede acceder a la masterclass de Entre Líneas. En cinco lecciones de video, podrá aprender sobre el rol de la Policía en la sociedad, cuáles son sus deberes, los principios del uso de la fuerza y qué consejos se pueden seguir cuando hay escenarios de tensión entre periodistas y policías. 

Puede empezar a ver los contenidos de la masterclass haciendo clic aquí.

El periodista Víctor Acosta tenía 44 años cuando fue asesinado por un desconocido el 4 de mayo de 2002, cerca a su hogar en Yumbo, Valle del Cauca. Murió seis horas después de que un hombre le disparara. Víctor Acosta trabajó en estaciones de radio y medios de Yumbo, así como para la mesa directa del Pregón del Pacífico. También fue periodista en la cadena radial Todelar, El Occidente y El País de Cali.

La FLIP alerta y expresa su preocupación por la censura que están sufriendo quince medios de comunicación como consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo. Periodistas de Antioquia y Córdoba han sido amenazados y hostigados por miembros de este grupo armado, que exige que no circule información sobre lo que sucede en los municipios afectados.

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con el lema de “Periodismo bajo el asedio digital”, UNESCO pretende que se haga especial énfasis este año en las numerosas y nuevas amenazas digitales a las que se enfrentan los periodistas, y exige respuestas de todas las partes interesadas.

Hoy 3 de mayo, Día Mundial por la Libertad de Prensa, la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Gabo, la Fundación Friedrich Ebert (Fescol) en Colombia y Consejo de Redacción (CdR), organizaciones integrantes del Proyecto Antonio Nariño, asumimos el siguiente compromiso público:   

Creemos que las vulnerabilidades y riesgos para el oficio periodístico están llegando a un nivel crítico. Durante el 2021 documentamos el mayor número de ataques contra la prensa de la década. En los últimos cinco años han sido asesinados 7 periodistas, por lo que Colombia es considerado internacionalmente el segundo país de América más letal para la prensa después de México. La falta de respuesta estatal frente a estos ataques es similar a la que se vive en gran parte de la región, que también ha tenido un año lamentable, con récord de periodistas asesinados, encarcelados, medios allanados y legislaciones restrictivas. Lamentablemente esta situación de vulnerabilidad se acentúa durante los procesos electorales. 

Por otra parte, la confianza de la ciudadanía en la prensa se encuentra en un punto muy bajo y existe una atmósfera de creciente escepticismo sobre la veracidad del contenido que reciben las audiencias. Sin importar cuál es la fuente, cualquier información periodística es susceptible de ser recibida con suspicacia.   

Conscientes de esta radiografía nos preguntamos cómo avanzar en el fortalecimiento de la libre expresión y el derecho a la información en medio de esta multiplicidad de factores que los socavan. De manera permanente escuchamos preocupaciones y cuestionamientos de la ciudadanía, que plantean preguntas existenciales sobre la profesión: ¿a quién le decimos periodista?, ¿qué es la verdad y cómo pueden los medios asegurar que la tienen?, ¿por qué importa, realmente, el trabajo de la prensa? Son planteamientos que deben atenderse de manera urgente. 

Estamos convencidos de la necesidad de fomentar un debate más profundo sobre la relevancia de la calidad, la integridad ética, la rigurosidad y la veracidad como valores esenciales para quienes se dedican a generar de manera habitual contenidos noticiosos. Con ese objetivo, nos proponemos poner en marcha un proyecto —que en algún momento podrá convertirse en una nueva entidad del sector—, para velar por latransparencia de los medios informativos. Estamos abiertos a la vinculación de otras organizaciones para impulsar los objetivos que nos animan, y que inicialmente son:

1. Identificar las mejores prácticas que existen de autorregulación en el país, así como realizar un diagnóstico y mapeo de buenas prácticas internacionales. 
   
   
2. Determinar necesidades y acciones que conduzcan a reforzar la confianza de las audiencias frente al periodismo, contando con la participación de la ciudadanía, periodistas y directores de medios.
   
   
3. Producir guías de buenas prácticas y recomendaciones para abordar temas que de manera preocupante se extienden en nuestro medio, como los discursos de odio y la desinformación organizada en línea.
   
   
4. Adelantar casos de estudio controversiales con miras a generar referentes útiles para el mejoramiento del ejercicio periodístico. 
   
   

Somos conscientes de que en Colombia existen y han existido importantes sistemas de defensa de las audiencias. Nuestro empeño será determinar qué otras acciones pueden contribuir a la transparencia y actuación ética del sector, y de esa manera asegurar la permanencia de la función social que cumple el periodismo. También garantizar que exista un mecanismo permanente para pensar y hablar sobre la responsabilidad de los periodistas, que ayude además a prevenir o reducir la injerencia de los gobiernos u otros poderes externos sobre los medios y preservar la independencia editorial.

Mañana se debate en Comisión Séptima de la Cámara el Proyecto de Ley que establece "medidas de protección a personas en el flagelo de la prostitución". Por eso, junto a la Fundación Karisma, El Veinte y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (ISUR) enviamos una carta al presidente del Comisión, Jairo Humberto Cristo Correa, y al autor del proyecto, Carlos Eduardo Acosta. En esta, les pedimos que se elimine el parágrafo 2 del artículo 18, se ajusten las definiciones del artículo 3 y se eliminen los artículos 15 y 20 del Proyecto.

Nuestra petición se justifica tres puntos centrales:

1. El Proyecto de Ley 318/2021C desconoce la regulación internacional de responsabilidad limitada a los intermediarios de Internet y representa riesgos de bloqueos indiscriminados de contenidos digitales.
   
   
2. De aprobarse el Proyecto, se afectaría la libertad de expresión en Colombia, incluso la de la población que busca proteger, y contempla una forma de censura previa sobre los medios de comunicación.
   
   
3. El Proyecto emplea una terminología ambigua y vaga que resulta peligrosa para el ejercicio de derechos.

Lea la carta completa aquí.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado para que se archive el proyecto de ley 318 de 2021 de la Cámara de Representantes. Este busca establecer medidas de “protección a las personas en el flagelo de la prostitución”; sin embargo, atenta de manera grave y directa contra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad sexual. 

Existen varias razones por las que este proyecto de ley es inconstitucional y contrario a los estándares internacionales sobre libertad de expresión:

1. El proyecto de ley establece definiciones y prohibiciones demasiado amplias que pueden llevar a restricciones indiscriminadas sobre cualquier contenido en línea y en medios de comunicación que se refieran a cualquier asunto sexual. Por ejemplo, indica que la prostitución será entendida como la realización de “actividades de naturaleza sexual a cambio de remuneración en dinero o especie”. Esto puede llevar a restricciones sobre actividades como el modelaje webcam o expresiones artísticas.
   
   Además, el proyecto dice que “ninguna persona, entidad pública o privada, medio de comunicación, tipo o figura contractual” puede promover la prostitución. Esto puede llevar a que se dé censura previa, una hipermoralización del debate público y a restringir el pluralismo, ya que se impediría la expresión de posturas en favor del trabajo sexual o la difusión formatos que tengan algún carácter sexual. A manera de ejemplo, esto podría llevar a la prohibición de la realización y difusión de contenidos artísticos como la exposición “Mujeres Ocultas”, protegida por la Corte Constitucional en 2015, que muestra iconografía de la Iglesia Católica mezclada con genitales femeninos.
   
   
2. Se establecen responsabilidades excesivas sobre los intermediarios de Internet, por ejemplo, plataformas de redes sociales o empresas que facilitan el funcionamiento de la red a través de la provisión de servicios como la conexión y el alojamiento, entre otros. De ser aprobado el proyecto de ley, estas compañías podrían ser sancionadas por supuestamente promover indirectamente la prostitución. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares dispuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que estas empresas no pueden ser responsables por los contenidos que publican sus usuarios porque, de lo contrario, estas tendrían un incentivo para monitorear y bloquear contenidos de manera desmedida con el fin de evitar responsabilidades.
   
   
3. En el mismo sentido, el proyecto de ley establece la posibilidad, en cabeza del MinTIC, de suspender totalmente a cualquier plataforma de Internet que “esté sirviendo de intermediario o que directamente ofrece o adquiere actividades sexuales”. El proyecto de ley, además, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la facultad de control, inspección y vigilancia de las redes sociales, para que estas se abstengan de promover todo tipo de contenido relacionado con una actividad sexual.
   
   Esto es problemático porque, por un lado, establece una medida que puede desencadenar en censura colateral y restringir la circulación de todo tipo de mensajes, incluso aquellos no cubiertos por la ley porque no se refieren a temas relacionados con la prostitución. Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos establecen que este tipo de restricciones solo pueden ser determinadas por jueces en el marco de un proceso con todas las garantías de debido proceso. Brindarle esta facultad a una entidad del ejecutivo no es acorde con esta garantía básica.
   
   
4. El proyecto establece que los medios de comunicación deberán “promover en sus  campañas, contenidos y programas las consecuencias y riesgos físicos y mentales de la vulneración de las personas que realizan esta práctica y se abstendrán de permitir o promover programas que promociones directa o indirectamente el ejercicio de la prostitución” . Esto es una interferencia con la línea editorial de los medios e implica su uso para imponer una postura única sobre la prostitución. Esto podría llevar a la prohibición de debates que, por ejemplo, critiquen el contenido de este proyecto de ley.
   
   

Las discusiones sobre libertades sexuales, dentro de las que se incluye la prostitución, están fuertemente conectadas con la identidad y la dignidad de las personas. El debate público sobre estos temas tiene que contar con la mayor participación de todas las expresiones artísticas, investigaciones periodísticas y opiniones, entre otras manifestaciones de la libertad de expresión. La forma en que cada quien se aproxima a la sexualidad varía de una persona a otra. Lo que es considerado como indecente, vulgar o inapropiado por alguien puede ser visto como esencial para la identidad de otros. 

Además, en razón de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los Estados están en la obligación de alentar a los medios de comunicación a difundir contenidos que contribuyan a la erradicación de la violencia sexual. Esto implica que los medios de comunicación tengan las más amplias garantías para difundir contenidos relacionados con la violencia contra la mujer, que incluye aspectos sexuales.

Por estas razones, las organizaciones firmantes llamamos a la Cámara de Representantes que el proyecto de ley sea archivado.

Fundación Karisma

Fundación para la Libertad de Prensa

El Veinte

Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario - ISUR -

La violencia contra la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales del 2021 no tiene precedentes. Después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente. El periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública. 

Durante el 2021 documentamos más de 700 ataques a periodistas, de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques. 

Como reacción a esta ola de violencia, junto con Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciamos el escalamiento del abuso de la fuerza pública, avalado por un silencio del gobierno y las autoridades. Ante la falta de reacción de las autoridades, solicitamos a la ONU, la OEA y la UNESCO que exigieran al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la libertad de expresión en este escenario. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita a Colombia durante el paro nacional y emitió recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento:

1. Impunidad y silencio frente a la violencia contra la prensa

No se ha dado un rechazo público y contundente por parte del gobierno nacional frente a los hechos violentos contra la prensa. Tampoco se ha enviado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia cometida por los miembros de la fuerza pública. Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva.

De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos. La justicia penal militar tiene conocimiento de tres de estos. De la cifra restante, hay un fallo absolutorio, un fallo inhibitorio, tres procesos archivados y doce en los que la Policía Nacional manifiesta no adelantar ningún tipo de acción. Esta impunidad es histórica, por ejemplo, de los veinte procesos disciplinarios por agresiones a periodistas en las manifestaciones sociales del 2019 y 2020, tan solo un caso se encuentra activo. 

2. Falta de protocolos concretos para la garantía de la labor periodística en el terreno

No se han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión. Aunque el nuevo Estatuto Disciplinario Policial sanciona como falta grave impedir el cubrimiento de los procedimientos de policía, esta medida debe ser reforzada con una comprensión integral del oficio para que los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia.

3. Criminalización de expresiones en línea 

La Fiscalía General de la Nación tiene registro de 993 noticias criminales registradas por calumnia relacionadas a la difusión de “noticias falsas” entre el 2020 y el 2021; de las cuales 471 son de 2021. Si bien no existe información desagregada de cuántas están relacionadas estrictamente con las manifestaciones, se evidencia una persecución activa de este tipo de expresiones ciudadanas, pues para el 2018 sólo se registró un caso. Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones. 

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias. La judicialización de las opciones e informaciones sobre la protesta social tiene un efecto intimidatorio, no solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se expresa en línea.