César Augusto López Arias fue un periodista que marcó la vida de Pereira, Risaralda, en donde construyó su reputación como uno de los comunicadores insignias de la ciudad. Fue asesinado el 13 de marzo de 1979 en Pereira.

La FLIP expresa su preocupación por la campaña “Fuera malas lenguas” presentada por la alcaldía de Yopal a finales de febrero. Esta estrategia desacredita las voces que critican a la administración local y promueve un clima de hostilidad hacia la prensa en la ciudad.

La FLIP rechaza los ataques contra la prensa ocurridos durante las jornadas de manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Registramos dos agresiones en Medellín, una de parte de la fuerza pública y la otra de manifestantes.

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para asegurar el orden pú;blico en la jornada de elecciones restringen la libertad de prensa. Tal como hace cuatro añosel Ministerio del Interior replica normas que limitan el ejercicio periodístico y dificultan el cubrimiento de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, mediante el decreto 318 de 2022. Estas medidas, que se expiden a pocos días de las elecciones, desalientan el cubrimiento por parte de periodistas y medios y, además, generan un riesgo de moderación del debate sobre los comicios.

A puertas de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, en la FLIP hemos publicado diferentes insumos que guían a la ciudadanía, periodistas y funcionarios públicos sobre cómo garantizar la libertad de prensa antes y durante los comicios.

La FLIP, El Veinte y Media Defence presentaron conjuntamente un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Moya Chacón y Otro vs. Costa Rica, donde se evalúa la violación a la libertad de prensa, en el marco de un proceso civil que resultó en la imposición de una sanción económica a periodistas por su oficio.

En este caso la Corte estudiará si el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves por haber sido condenados civilmente al pago de 5 millones de colones, como indemnización por el daño moral presuntamente ocasionado a un funcionario que fue mencionado en una publicación periodística. En el artículo se informaba sobre presuntas irregularidades en el control de la importación de licores hacia Costa Rica, en la zona fronteriza con Panamá, un tema de interés público. Una de las fuentes principales de la noticia fue el entonces Ministro de Seguridad, quien confirmó los hechos que fueron reportados.

En el proceso civil, uno de los agentes de policía señalado en la publicación alegó que esta afectó su honra y reputación, mientras que los periodistas se defendieron argumentando que, de buena fe, publicaron la información que les proporcionó la fuente oficial, por lo que no pueden ser responsabilizados como si hubieran actuado de mala fe. 

Por lo expuesto, la Corte tendrá que pronunciarse sobre la responsabilidad de periodistas frente a posibles afectaciones al buen nombre y honra de funcionarios públicos como resultado de una publicación que contiene un error de buena fe originado de una fuente confiable. Al respecto, la CIDH solicitó a la Corte IDH dejar sin efecto la sanción civil impuesta a los periodistas y adecuar el régimen de responsabilidades ulteriores en materia de libertad de expresión respecto de casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública, de modo que se observen los estándares de intencionalidad, daño o manifiesta negligencia del emisor; así como los principios de necesidad y proporcionalidad.

Por su parte, la FLIP, El Veinte y Media Defence destacaron el impacto de este tipo de procesos y de sanciones para la libertad de expresión. Por un lado, la amenaza de un proceso judicial y la posibilidad de que este termine en una condena por exponer temas o informaciones de interés público que incomodan a personajes públicos, se convierte en un generador de censura y autocensura. Por otro lado, debe prevalecer la protección reforzada de las expresiones de interés público y el rol de la prensa en su diseminación, el estándar de prueba aplicable en casos de difamación y el principio de proporcionalidad de sanciones civiles en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las organizaciones esperan que se reafirme que la responsabilidad de los periodistas y de los medios sólo es predicable de aquellos casos donde se advierte una intención clara de causar un daño previo a la publicación. En ese sentido, en caso que se cometa una imprecisión de buena fe, que no evidencie negligencia ni malicia, la sanción aplicable deberá ser la rectificación, porque contribuye a la prevalencia de la verdad y afecta en una menor medida el ejercicio de la libertad de expresión.

En Magangué, Bolívar, los medios de comunicación estuvieron silenciados durante la administración del alcalde Jorge Luis Alfonso López. Esto cambió gracias al periodista Rafael Enrique Prins y a su medio Apocalipsis, que comenzó a realizar críticas sobre la Alcaldía. No obstante, esto terminó por costarle la vida: Rafael Enrique fue asesinado el 19 de febrero de 2005.

Al igual que varios ciudadanos de Magangué, Prins creía que su municipio podía tener un futuro distinto. Por ello, trabajó en la campaña de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la conocida exempresaria Enilce López.

El documental “Homenaje a Rafael Enrique Prins” cuenta que meses después de las elecciones en las que Alfonso López salió victorioso, el periodista se percató de que los cambios que prometía este nunca se realizarían. Por eso, Prins decidió renunciar al Fondo Municipal de Tránsito, y emprendió con Apocalipsis, un medio independiente en donde comenzó a denunciar las problemáticas de la administración de Alfonso López. El medio, aunque solo era una hoja impresa de ambos lados, y que además se distribuía de forma clandestina, logró incomodar al entonces alcalde. “Las denuncias sobre cómo manejaron los recursos de la salud y quién se quedó con esos dineros fueron las que probablemente enojaron a Jorge Luis Alfonso”, cuenta Edison Lucio Torres, periodista y amigo de Prins desde la niñez. 

Según La Silla Vacía, cuando Alfonso López llegó a la Alcaldía, Magangué estuvo repleto de personas armadas. El temor y el silencio comenzaron a apoderarse de la población y los medios de comunicación se silenciaron frente a las sospechas de corrupción de la administración. Pero Apocalipsis fue la excepción.

El día de su asesinato, según un testigo anónimo, hombres desconocidos buscaron a Prins y lo hirieron con disparos cerca de las ocho de la noche, en el Parque de la Electricidad en Magangué. El periodista falleció en el Hospital San Juan de Dios cuatro horas después del ataque. 

Lucio Torres, colega de Prins, cuenta que luego de la muerte del periodista, desde 2005 al 2010, hubo una presión a nivel regional y nacional sobre la familia del alcalde Alfonso López, que desencadenó en la persecución y futura condena de los implicados en el asesinato de Prins. En palabras de Lucio Torres: “ellos se ganaron una enemistad con sectores importantes de la política. Estos sectores jugaron un papel determinante para llevar a los estrados judiciales a diferentes individuos de la misma familia”. 

En 2015, un juzgado de Bogotá condenó a Jorge Luis Alfonso López a 39 años de prisión. Posteriormente, en 2017, el Tribunal Superior de Bogotá rebajó su condena a 29 años. Pedro Vaca, exdirector de la FLIP y relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que este fue el primer caso de una condena efectiva al autor intelectual del asesinato a un periodista en el país. Para Lucio Torres “la efectividad en la condena se dio porque hubo voluntad política de sectores políticos del país”. 

Desde la FLIP intentamos comunicarnos con tres personas cercanas a Prins. Sin embargo, todas decidieron no dar entrevistas, pues temen a las amenazas que esto podría conllevar. 

En la FLIP no olvidamos a Rafael Enrique Prins y su lucha por la libertad de expresión. Gracias por recordar con nosotros.

El logro es un reconocimiento a la Excelencia en Servicios Legales, al trabajo colaborativo por más de diez años y a la defensa de la libertad de expresión.

Bogotá - Washington D.C., 16 de febrero de 2022.  La Universidad de Columbia anunció a los ganadores del Global Freedom of Expression Prize 2022. En el grupo que recibirá el galardón el próximo 1 de marzo se encuentra el Centro por la Justicia y Derecho Internacional —CEJIL— y la Fundación para la Libertad de Prensa —FLIP— con el Premio Global a la Libertad de Expresión a la Excelencia en Servicios Legales, por el trabajo y la colaboración estratégica en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya Lima. 

Como represalia por su labor periodística en Colombia, el 25 de mayo del 2000, Jineth Bedoya Lima fue secuestrada, violada y torturada, luego de varias amenazas no investigadas. Posteriormente, el Estado colombiano no investigó adecuadamente su caso y alentó el ocultamiento de los funcionarios estatales involucrados en los crímenes.

CEJIL y la FLIP trabajaron juntos durante una década para lograr justicia en el caso de Jineth. Las dos organizaciones representaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), logrando una sentencia histórica en octubre del 2021 donde, por primera vez, se analizó el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano.

La sentencia lograda en el caso de Jineth Bedoya Lima es emblemática en temas de libertad de expresión y justicia de género. La decisión de la Corte IDH sentó pautas importantes para los Estados sobre cómo proteger a las mujeres periodistas, cómo crear espacios seguros para las periodistas, cómo combatir la impunidad y, en especial, cómo reparar a las víctimas.

“Nuestra estrecha alianza con la FLIP y con Jineth Bedoya Lima muestra cómo el litigio estratégico y las alianzas sólidas pueden desencadenar transformaciones más profundas tanto a nivel nacional como internacional. Hemos visto, una y otra vez, que el cambio social debe ser principalmente un esfuerzo de colaboración”, destacó Viviana  Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El Premio Global a la Libertad de Expresión a la Excelencia en Servicios Legales es el primer premio que reconoce los servicios legales que fortalecen la libertad de expresión. Para CEJIL y la FLIP este reconocimiento es un gran estímulo para continuar trabajando por la justicia, no solo para las víctimas representadas, sino también para los miles de periodistas que día a día salen a las calles a investigar.

Algunos de los asuntos que se tienen en cuenta al elegir a las ganadoras del premio de la Universidad de Columbia son el impacto significativo en la libertad de expresión e información, tener un razonamiento jurídico sólido y haber avanzado en el entendimiento jurídico de los temas de libertad de expresión. Además, en relación con el premio en la categoría de servicios legales se toma en cuenta la reputación de integridad y un compromiso con los derechos humanos, el estado de derecho y la excelencia legal.

“Es un impulso vital que nos empuja a seguir luchando en la defensa de la libertad de expresión y en la promoción de las garantías necesarias para los y las periodistas puedan hacer su trabajo sin preocuparse por las represalias", expresó el Director Ejecutivo de la FLIP, Jonathan Bock.

La ceremonia podrá verse online el 1 de marzo a las 4:00 p. m. (EST) a través del canal de YouTube de la Universidad de Columbia o en la web Global Freedom of Expresion de la Universidad de Columbia. 

La Alianza por la igualdad de las mujeres en los medios, integrada por ocho reconocidas organizaciones de Colombia (Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, Sentiido, Colnodo, Consejo de Redacción, Fundación Karisma, Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, La Línea del Medio y la Red Colombiana de Periodismo Universitario), presenta el 15 de febrero de 2022 el informe “Implementación del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing: Mujeres, medios y comunicación en Colombia 2021”, el cual expone los principales desafíos y avances en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres en los medios de comunicación.

El informe está disponible para descarga aquí.

Contexto Informe Capítulo J 

Colombia ha ratificado casi todos los tratados internacionales sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, incluyendo la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) aún vigente y que desde hace 26 años considera el empoderamiento de todas las mujeres y específicamente en el Capítulo J dedicado a la mujer y los medios de difusión (comunicación), propone dos objetivos estratégicos para todos los países: 1. aumentar el acceso de la mujer, su participación en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión, así como en las nuevas tecnologías de comunicación; 2. fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión (Naciones Unidas, 1996, pp.107-112).

Durante el tiempo de vigencia de la plataforma se observan avances, pero la falta de presupuesto, continuidad y seguimiento de las estrategias, proyectos, programas y acciones, así como la permanencia de contenidos mediáticos reproductores de estereotipos de género, no han permitido aportar contundentemente a un cambio estructural para la igualdad de mujeres y de hombres acorde con los dos objetivos del Capítulo J, tal y como se evidencia en el informe en el que se encuentran reflejados obstáculos fundamentales relacionados con la continuidad y el seguimiento de las acciones, programas y/o proyectos emprendidos por los gobiernos para la eliminación de brechas de género en relación con la comunicación. 

En la presentación del informe se busca socializar los logros, obstáculos y retos encontrados a partir de cinco ejes temáticos: i) normatividad y políticas públicas, ii) derechos digitales, iii) Libertad de prensa y ejercicio periodístico, iv) participación en los medios de comunicación y derechos laborales, v) contenidos sexistas en medios y comunicación digital. De igual manera, relaciona buenas prácticas sobre una comunicación incluyente y no discriminatoria, así como una serie de recomendaciones para que los gobiernos y los medios de comunicación tengan en cuenta para el avance de los derechos de las mujeres, posibilitando además enriquecer la discusión y la luz del balance de Beijing+25.