Mañana se debate en Comisión Séptima de la Cámara el Proyecto de Ley que establece "medidas de protección a personas en el flagelo de la prostitución". Por eso, junto a la Fundación Karisma, El Veinte y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (ISUR) enviamos una carta al presidente del Comisión, Jairo Humberto Cristo Correa, y al autor del proyecto, Carlos Eduardo Acosta. En esta, les pedimos que se elimine el parágrafo 2 del artículo 18, se ajusten las definiciones del artículo 3 y se eliminen los artículos 15 y 20 del Proyecto.

Nuestra petición se justifica tres puntos centrales:

1. El Proyecto de Ley 318/2021C desconoce la regulación internacional de responsabilidad limitada a los intermediarios de Internet y representa riesgos de bloqueos indiscriminados de contenidos digitales.
   
   
2. De aprobarse el Proyecto, se afectaría la libertad de expresión en Colombia, incluso la de la población que busca proteger, y contempla una forma de censura previa sobre los medios de comunicación.
   
   
3. El Proyecto emplea una terminología ambigua y vaga que resulta peligrosa para el ejercicio de derechos.

Lea la carta completa aquí.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado para que se archive el proyecto de ley 318 de 2021 de la Cámara de Representantes. Este busca establecer medidas de “protección a las personas en el flagelo de la prostitución”; sin embargo, atenta de manera grave y directa contra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad sexual. 

Existen varias razones por las que este proyecto de ley es inconstitucional y contrario a los estándares internacionales sobre libertad de expresión:

1. El proyecto de ley establece definiciones y prohibiciones demasiado amplias que pueden llevar a restricciones indiscriminadas sobre cualquier contenido en línea y en medios de comunicación que se refieran a cualquier asunto sexual. Por ejemplo, indica que la prostitución será entendida como la realización de “actividades de naturaleza sexual a cambio de remuneración en dinero o especie”. Esto puede llevar a restricciones sobre actividades como el modelaje webcam o expresiones artísticas.
   
   Además, el proyecto dice que “ninguna persona, entidad pública o privada, medio de comunicación, tipo o figura contractual” puede promover la prostitución. Esto puede llevar a que se dé censura previa, una hipermoralización del debate público y a restringir el pluralismo, ya que se impediría la expresión de posturas en favor del trabajo sexual o la difusión formatos que tengan algún carácter sexual. A manera de ejemplo, esto podría llevar a la prohibición de la realización y difusión de contenidos artísticos como la exposición “Mujeres Ocultas”, protegida por la Corte Constitucional en 2015, que muestra iconografía de la Iglesia Católica mezclada con genitales femeninos.
   
   
2. Se establecen responsabilidades excesivas sobre los intermediarios de Internet, por ejemplo, plataformas de redes sociales o empresas que facilitan el funcionamiento de la red a través de la provisión de servicios como la conexión y el alojamiento, entre otros. De ser aprobado el proyecto de ley, estas compañías podrían ser sancionadas por supuestamente promover indirectamente la prostitución. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares dispuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que estas empresas no pueden ser responsables por los contenidos que publican sus usuarios porque, de lo contrario, estas tendrían un incentivo para monitorear y bloquear contenidos de manera desmedida con el fin de evitar responsabilidades.
   
   
3. En el mismo sentido, el proyecto de ley establece la posibilidad, en cabeza del MinTIC, de suspender totalmente a cualquier plataforma de Internet que “esté sirviendo de intermediario o que directamente ofrece o adquiere actividades sexuales”. El proyecto de ley, además, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la facultad de control, inspección y vigilancia de las redes sociales, para que estas se abstengan de promover todo tipo de contenido relacionado con una actividad sexual.
   
   Esto es problemático porque, por un lado, establece una medida que puede desencadenar en censura colateral y restringir la circulación de todo tipo de mensajes, incluso aquellos no cubiertos por la ley porque no se refieren a temas relacionados con la prostitución. Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos establecen que este tipo de restricciones solo pueden ser determinadas por jueces en el marco de un proceso con todas las garantías de debido proceso. Brindarle esta facultad a una entidad del ejecutivo no es acorde con esta garantía básica.
   
   
4. El proyecto establece que los medios de comunicación deberán “promover en sus  campañas, contenidos y programas las consecuencias y riesgos físicos y mentales de la vulneración de las personas que realizan esta práctica y se abstendrán de permitir o promover programas que promociones directa o indirectamente el ejercicio de la prostitución” . Esto es una interferencia con la línea editorial de los medios e implica su uso para imponer una postura única sobre la prostitución. Esto podría llevar a la prohibición de debates que, por ejemplo, critiquen el contenido de este proyecto de ley.
   
   

Las discusiones sobre libertades sexuales, dentro de las que se incluye la prostitución, están fuertemente conectadas con la identidad y la dignidad de las personas. El debate público sobre estos temas tiene que contar con la mayor participación de todas las expresiones artísticas, investigaciones periodísticas y opiniones, entre otras manifestaciones de la libertad de expresión. La forma en que cada quien se aproxima a la sexualidad varía de una persona a otra. Lo que es considerado como indecente, vulgar o inapropiado por alguien puede ser visto como esencial para la identidad de otros. 

Además, en razón de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los Estados están en la obligación de alentar a los medios de comunicación a difundir contenidos que contribuyan a la erradicación de la violencia sexual. Esto implica que los medios de comunicación tengan las más amplias garantías para difundir contenidos relacionados con la violencia contra la mujer, que incluye aspectos sexuales.

Por estas razones, las organizaciones firmantes llamamos a la Cámara de Representantes que el proyecto de ley sea archivado.

Fundación Karisma

Fundación para la Libertad de Prensa

El Veinte

Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario - ISUR -

La violencia contra la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales del 2021 no tiene precedentes. Después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente. El periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública. 

Durante el 2021 documentamos más de 700 ataques a periodistas, de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques. 

Como reacción a esta ola de violencia, junto con Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciamos el escalamiento del abuso de la fuerza pública, avalado por un silencio del gobierno y las autoridades. Ante la falta de reacción de las autoridades, solicitamos a la ONU, la OEA y la UNESCO que exigieran al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la libertad de expresión en este escenario. 

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita a Colombia durante el paro nacional y emitió recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento:

1. Impunidad y silencio frente a la violencia contra la prensa

No se ha dado un rechazo público y contundente por parte del gobierno nacional frente a los hechos violentos contra la prensa. Tampoco se ha enviado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia cometida por los miembros de la fuerza pública. Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva.

De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos. La justicia penal militar tiene conocimiento de tres de estos. De la cifra restante, hay un fallo absolutorio, un fallo inhibitorio, tres procesos archivados y doce en los que la Policía Nacional manifiesta no adelantar ningún tipo de acción. Esta impunidad es histórica, por ejemplo, de los veinte procesos disciplinarios por agresiones a periodistas en las manifestaciones sociales del 2019 y 2020, tan solo un caso se encuentra activo. 

2. Falta de protocolos concretos para la garantía de la labor periodística en el terreno

No se han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión. Aunque el nuevo Estatuto Disciplinario Policial sanciona como falta grave impedir el cubrimiento de los procedimientos de policía, esta medida debe ser reforzada con una comprensión integral del oficio para que los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia.

3. Criminalización de expresiones en línea 

La Fiscalía General de la Nación tiene registro de 993 noticias criminales registradas por calumnia relacionadas a la difusión de “noticias falsas” entre el 2020 y el 2021; de las cuales 471 son de 2021. Si bien no existe información desagregada de cuántas están relacionadas estrictamente con las manifestaciones, se evidencia una persecución activa de este tipo de expresiones ciudadanas, pues para el 2018 sólo se registró un caso. Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones. 

La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias. La judicialización de las opciones e informaciones sobre la protesta social tiene un efecto intimidatorio, no solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se expresa en línea.

El 24 de abril de 2022, se cumplieron 13 años del asesinato de José Everardo Aguilar. Al momento de su muerte, tenía 72 años. Dejó diez hijos tras de sí y años de trabajo en el periodismo. En Radio Súper Popayán, en el Cauca, trabajó cerca de 10 años, en donde denunciaba la corrupción y cubría temas políticos. El 24 de abril de 2009, siete disparos sepultaron su voz, en el barrio Las Ferias, del municipio de Patía, Cauca. El asesino entró a su hogar haciéndose pasar por un mensajero que le traía fotografías y documentos. Ese día, José Everardo se encontraba con su esposa e hija. 

En la FLIP, no olvidamos a José Everardo Aguilar y su compromiso con la verdad y la comunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

18 de abril de 2022. Seis meses después del fallo de una sentencia histórica por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima en contra del Estado colombiano, culminó la primera ronda de trabajo.

En esta primera fase se mantuvieron diez reuniones con los ministerios y entidades responsables de poner en marcha la implementación de las medidas ordenadas por la Corte IDH, entre los que se encuentran el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Función Pública, MinTIC, Ejército, Policía, Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros.

Este primer ciclo terminó el pasado 4 de abril y la única entidad que no atendió la solicitud de reunión realizada por la Cancillería fue la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía está llamada a cumplir la orden de la Corte y su deber de investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables, en los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando Jineth Bedoya Lima fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones de derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel La Modelo en Bogotá.

Sin la participación activa de la Fiscalía la implementación de la sentencia no será adecuada ni efectiva. A lo largo de estos veinte años, esta entidad ha resultado inoperante frente a los hechos victimizantes, que completan más de dos décadas. Sin avances en las investigaciones resulta imposible proyectar lo que es la columna vertebral de una reparación verdadera y una garantía de no repetición.

Jineth Bedoya Lima y sus representantes (FLIP y CEJIL) reconocen la voluntad y disposición que la Cancillería, a través de sus delegados, ha tenido para iniciar el trabajo de ejecución de las reparaciones. Desde el 31 de enero de 2021, cuando se tuvo la primera reunión con los delegados de Cancillería, se marcó una hoja de ruta para dar inicio a la implementación de cada una de las medidas. Entre estas se encuentran: la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género, entre otras.

“El trabajo que se ha podido adelantar sin lugar a dudas nos deja un panorama claro sobre el legado que le vamos a dejar al país, pero sobre la necesidad de hacerle entender también, a este país, que esta es una sentencia colectiva, que no solo beneficia a una persona si no a millones de personas que han tenido que enfrentar el conflicto armado, la violencia sexual y la persecución por su condición de periodistas”, afirma Jineth Bedoya Lima.

Del mismo modo, Jineth Bedoya Lima y sus representantes reconocen y celebran el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, y de la Secretaría Distrital de la Mujer, quienes se comprometieron a apoyar la implementación de la sentencia en la capital del país, y a sumarse específicamente en dos medidas: la consecución del predio y el acompañamiento para la construcción del Centro Investigativo No Es Hora De Callar y el Plan de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia.

La segunda semana de mayo se dará inicio al segundo ciclo de trabajo, con el que se espera avanzar satisfactoriamente en todas las medidas para que se genere una base sólida en su ejecución.

El 11 de abril de 2002 Walter López y Héctor Sandoval salieron a cubrir el ataque de las FARC a la Asamblea del Valle, en Cali. Walter conducía el vehículo en el que iba el resto del equipo periodístico, Héctor era el camarógrafo y los acompañaban la periodista Luz Stella Arroyave y el reportero gráfico Juan Bautista Díaz. El carro se internó por entre las montañas y los frondosos árboles. Seguían al helicóptero del Ejército que perseguía al grupo guerrillero. Los reporteros se bajaron del vehículo y vieron pasar la aeronave. Justo en ese momento escucharon una ráfaga de disparos que impactaron en su carro y en Walter, el conductor. No importaron los gritos que pedían que no dispararan más, lo siguieron haciendo. Héctor quedó herido y murió al siguiente día en un hospital en Cali.

Walter López

Walter López nació en Cali, Valle del Cauca un 3 de noviembre de 1964. Tras su muerte, dejó dos hijos y una esposa. Llevaba ocho años trabajando en RCN, pero solo seis meses siendo el conductor del canal. Gracias a su trabajo, llevó a sus compañeros a los lugares del país en donde se vivía con mayor intensidad el conflicto armado. No solo ayudó en el cubrimiento del secuestro de los diputados del Valle, también estuvo presente en una toma guerrillera en ese mismo departamento.

En entrevista con el Centro Nacional de Memoria Histórica, John López, hermano de Walter, cuenta que: “la partida de él, dejó un hueco tan inmenso que después de tantos años, no se ha podido superar”. Para John, Walter era una persona extrovertida, bromista y auténtica; le gustaba participar en partidos de fútbol y en caminatas que realizaba desde pequeño con su hermano en el barrio Mariano Ramos, en Cali.  

Héctor Sandoval

Héctor Hernando Sandoval Muñoz nació el 14 de febrero de 1975, también en Cali. Fue el menor entre cuatro hermanos y al momento de su asesinato estaba casado y tenía un hijo de cinco años. Héctor es recordado por sus familiares por su pasión por la fotografía; su trabajo como camarógrafo en RCN comenzó a mediados de los 2000.

Juan Diego Sandoval, hermano de Héctor, habló, para una entrevista con el Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre el constante riesgo que vivía su hermano en su trabajo como periodista. “Un día llamó a mi mamá desde el hospital porque había tenido un accidente. Resulta que la Policía había destruido un laboratorio de coca y en medio de la explosión un culo de botella casi le vuela el ojo”, afirmó Juan Diego. 

La familia de Héctor siempre estuvo vinculada a los medios, pues Carlos Enrique Sandoval, padre de Héctor, fue jefe técnico de Caracol. Desde pequeños los hermanos Sandoval jugaban a filmar películas dentro de su casa.

Una vez Héctor fue contratado en RCN, realizó reportajes relacionados con el conflicto armado. Mostró en sus fotografías la liberación de los secuestrados de La María en 1999, en Cali, y la masacre del corregimiento de Barragán en el municipio de Tuluá en el 2000, en el departamento del Valle del Cauca.  

En Palmira, Valle su familia se enteró de que Héctor estaba herido a través de las noticias en la radio. Fredy acudió al hospital donde tenían a su hermano, pero cuando llegó, este ya había fallecido. Murió a la edad de 33 años. 

Por el asesinato de Héctor Sandoval y Walter López no se han sentenciado culpables. La Fiscalía remitió el caso a la Justicia Penal Militar, pues presuntamente los disparos fueron realizados desde el helicóptero del Ejército que intervino en el operativo. Sin embargo, el caso se archivó, pues no se pudo probar que los disparos provinieron de la aeronave militar. No obstante, el caso no se remitió nuevamente a la Fiscalía para que continuara con la investigación. 

En la FLIP, no olvidamos el compromiso de Walter López y Héctor Sandoval con el cubrimiento del conflicto armado en Colombia. Gracias por recordar con nosotros. 

La FLIP rechaza enérgicamente los mensajes estigmatizantes del candidato a la presidencia Enrique Gómez, quien en su cuenta de Twitter afirmó que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”. Esto, refiriéndose a los reportajes publicados por Vorágine, Cambio y El Espectador, en los que se denuncian graves irregularidades cometidas por integrantes del Ejército en contra de civiles en Putumayo. Este tipo de señalamientos, infundados y que además vinculan a los periodistas con acciones ilegales como el narcotráfico, buscan deslegitimar su trabajo pero sobre todo los pone en peligro.

Colombia, 8 de abril del 2022.

Senadores y senadoras de Colombia,

Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, incluidas todas aquellas que integran el Comité de Estado Abierto, solicitamos al Senado de la República rechazar las objeciones del Presidente Iván Duque al proyecto de ley que pretende restablecer los plazos para dar respuesta a los derechos de petición, respetando el mandato de las leyes 1437 de 2011 y 1577 de 2015 que reglamentan el derecho de petición en Colombia.

La actual campaña electoral se ha caracterizado por los ataques diferenciales contra la prensa, que en ocasiones, son promovidos, alentados o tolerados por miembros de partidos, movimientos políticos y sus seguidores. Por este motivo, la FLIP le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación que tomen acciones inmediatas frente a este tipo de violencia que afecta el libre trabajo de los medios de comunicación. 

De igual manera, la FLIP ha llamado la atención sobre las estrategias que deben implementarse para hacer frente a los contenidos que pueden configurarse como discurso de odio, mensajes que no están protegidos por la libertad de expresión y, que además, son los jueces quienes tienen competencia para determinar cuando se transgrede este límite. Resulta irresponsable que se señale a la prensa, como protectora y promotora de este tipo de expresiones. 

El periodismo juega un rol fundamental dentro de las elecciones, pues hace veeduría a los partidos, movimientos políticos, sus candidatos y líderes, para que la ciudadanía vote informada. Sin embargo, en los últimos tres meses, han ocurrido al menos 30 ataques contra la prensa por cubrimientos electorales.

Concretamente, preocupa la intensificación de una narrativa antagónica contra la prensa como parte de las campañas electorales. Es peligroso para la democracia que esto se normalice y acreciente, de manera que se avale la promoción de mensajes de odio y repudio contra la prensa. Algunos de los casos que ejemplifican cómo las estigmatizaciones afectan el debate público son el de la senadora , los tuits que emitió el senador Gustavo Bolívar en contra de la periodista Darcy Quinn y la publicación de Gustavo Petro en la que dijo habían “neonazis en RCN”.

Para la FLIP, las críticas contra la prensa son legítimas y existen herramientas legales diseñadas para dirimir errores o informaciones difundidas de mala fe. Además, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. Sin embargo, los funcionarios públicos o candidatos no deben aleccionar o poner etiquetas al periodismo, esto tiene implicaciones negativas en el ecosistema mediático y en la seguridad de los y las reporteras. 

Los límites a la libertad de expresión no deben ser instrumentalizados por sectores cuya intención sea la de deslegitimar el papel de los medios de comunicación. Por el contrario, las autoridades electorales y los partidos y movimientos políticos deben prevenir que los políticos recurran a este tipo de discurso en el marco de las campañas electorales. 

Por ello, en aras de que se den garantías mínimas para el cubrimiento electoral, solicitamos al CNE y la Procuraduría que:

• Se establezca una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa, en la que se acojan las recomendaciones emitidas por las Relatorías para la libertad de expresión en la Declaración Conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública, y libertad de expresión.
  
  
• Vigilen y adopten medidas respecto de los partidos y movimientos, así como de sus miembros cuando incurran en hechos que atenten contra la buena fe o los intereses generales de la comunidad o la sociedad, como es una agresión contra la prensa.