Hace un año, el 19 de septiembre del 2021, el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá, Valle del Cauca. A sus 68 años, Montalvo realizaba críticas a la alcaldía local y denunciaba hechos de corrupción y delincuencia; tenía un gran reconocimiento de la comunidad, y durante varias décadas de trayectoria periodística se dedicó a cuestionar las acciones de quienes estaban en el poder.

La FLIP conoció de las amenazas que sufrió el equipo periodístico de Telemundo, que realizaba cubrimiento a la ruta migratoria en la selva del Darién. Guías ilegales, también conocidos como coyotes, los amenazaron y les exigieron que salieran del territorio. 

El periodista Daniel Muñoz y su equipo periodístico llegaron a Urabá el 2 septiembre; cuatro días más tarde, ingresaron a la selva del Darién y allí recibieron las primeras amenazas. Un grupo de cinco coyotes intimidó a Muñoz preguntándole quién le había dado permiso para estar allí, intentaron quitarle sus equipos, le grabaron su rostro y lo amenazaron diciendo que “varios periodistas ya se han muerto aquí”. Después de esta amenaza, Muñoz regresó a Capurganá y allí, el 9 de septiembre, fue abordado nuevamente por tres desconocidos, quienes le reiteraron que debía irse inmediatamente, pues su vida corría peligro. Ese mismo día, un grupo de personas llegó al hotel donde se estaba hospedando el equipo periodístico para asegurarse de que los comunicadores hubieran salido del casco urbano.

La región del golfo de Urabá es riesgosa para la prensa que reporta sobre asuntos como la migración. El año pasado ocurrió un caso similar, en el que un periodista tuvo que abandonar el cubrimiento periodístico en esta región por presiones de personas desconocidas. Del mismo modo, reporteros que residen y trabajan en la zona le han afirmado a la FLIP que el riesgo que corren allí es alto: “desde que se saca una cámara se vuelve un blanco”; afirma uno de ellos. Además, aseguran que quienes cubren esta región no cuentan con el respaldo de las autoridades para realizar su trabajo.

Estos hechos evidencian la falta de garantías que tiene la prensa para hacer cubrimiento de las rutas migratorias. En el caso del equipo de Telemundo los periodistas habían advertido previamente a las autoridades sobre el trabajo en terreno que realizarían y estas no emprendieron el acompañamiento y monitoreo correspondientes.

Hacemos un llamado a las autoridades, como la Policía, el Ejército y la Armada, para que hagan un acompañamiento activo e integral de los y las periodistas que se desplazan a zonas de riesgo a cubrir temas relacionados con la migración. Por otro lado, la Defensoría y las alcaldías de esos municipios deben focalizar sus esfuerzos en difundir activamente información sobre las rutas de atención para la protección a las que pueden acceder periodistas que se enfrentan a diferente peligros durante la reportería. 

Es de especial importancia que las y los reporteros que hablan sobre temas migratorios tengan garantías suficientes para ejercer su trabajo e investigar asuntos de alto interés público. Diferentes regiones de Colombia, como el golfo de Urabá, son hoy puntos estratégicos para las rutas que siguen migrantes indocumentados. Precisamente la clandestinidad que rodea este tema hace que la información con la que cuenta la ciudadanía sea escasa y solo provenga por parte de periodistas que deciden ir a investigar a la zona.

El 11 de septiembre de 2013, el abogado y periodista Edison Alberto Molina Carmona fue asesinado cuando se dirigía hacia su residencia en Puerto Berrío, Antioquia. Desde la emisora Puerto Berrío Estéreo 89.4, Molina dirigía su programa Consultorio Jurídico, en el cual asesoraba a la comunidad en temas legales y hacía denuncias sobre la corrupción en el municipio.

Molina fue reconocido por promover la verdad y la transparencia del sector público. A través de su papel activo en el grupo, los “Enanos-Porteños” hizo veeduría al Concejo Municipal y a la administración (2012 - 2015) de Robinson Alberto Baena. Realizó cerca de 60 denuncias de tipo disciplinario y penal ante diferentes órganos de control. En estas revelaba el nombramiento irregular de algunos funcionarios que no cumplían los requisitos para ocupar sus cargos; también llamó la atención sobre la celebración indebida de contratos, corrupción en la Secretaría de Educación del municipio, entre otros. Por todo esto, Molina será recordado por su familia y amigos por ser la cara visible en contra de la corrupción. 

Antes de su asesinato, el periodista fue víctima de persecución, estigmatización, acoso, amenazas y ofensas por parte de anónimos y de funcionarios de la administración local. En 2013, el alcalde de Puerto Berrío afirmó, en una declaración ante los medios, que había que eliminar a quienes “andan en las redes sociales hablando tonterías, injurias, calumnias en contra de Robinson Baena”. Ese mismo mes, la oficina de Molina fue atacada con piedras que traían mensajes amenazantes: “deje trabajar gonorrea porque no ataca a otros. Se calla o lo callamos”.

Dos semanas antes de su muerte, Molina denunció las amenazas de las que fue víctima ante la Procuraduría y la Fiscalía, que informaron a la estación de Policía del municipio sobre la situación de riesgo del periodista y se solicitaron medidas de seguridad y protección preventiva. Sin embargo, la Policía nunca pasó revista ni a su oficina ni a su residencia. Además, la Fiscalía no llevó a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los autores de las amenazas ni remitió el caso a la Unidad Nacional de Protección.

Molina y su esposa fueron atacados con armas de fuego en la noche del 11 de septiembre de 2013. Ambos fueron trasladados al hospital La Cruz de Puerto Berrío, Antioquia, pero el periodista llegó sin signos vitales. El homicidio generó repudio en los ciudadanos y temor en los comunicadores de la zona. 

Durante estos nueve años, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación para conocer los motivos del crimen y condenar a los autores intelectuales y materiales. Así mismo, la Procuraduría ha sido negligente en la investigación contra los funcionarios de la estación de Policía de Puerto Berrío que omitieron las medidas de protección que se habían otorgado a favor del periodista y que modificaron el Libro de Población de la estación del día en que asesinaron a Edison Molina.

En la siguiente línea de tiempo podrá conocer algunos de los hitos más importantes en la investigación del caso de Edison Alberto Molina Carmona. 

Esta semana, la Fiscalía identificó y capturó al presunto autor del homicidio de los periodistas Leiner Montero Ortega y Dilia Contreras Cantillo, ocurrido el pasado 28 de agosto en la vía que conduce del corregimiento de Santa Rosa de Lima a la cabecera municipal de Fundación.

La Fiscalía, en las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento ante el Juzgado Promiscuo municipal de Fundación, le imputó a Carlos Mario Fonseca Ceballos los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte de armas de fuego. A pesar de que Fonseca no aceptó los cargos, el juez ordenó su detención en un centro carcelario. 

Según conoció la FLIP, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una discusión entre el capturado y el periodista Leiner Montero la noche del sábado 27 en el corregimiento de Santa Rosa de Lima. 

Días después de homicidio, la FLIP realizó una misión al municipio de Fundación con el fin de recolectar información de primera mano sobre el asesinato de los periodistas. Durante esta misión, se realizaron entrevistas a casi veinte personas, entre periodistas y autoridades, y es evidente el temor que existe para el ejercicio del periodismo debido a la violencia que se vive en el departamento. Durante este año hemos registrado 14 agresiones en Magdalena, tres de esas ocurrieron en Fundación. 

En sus testimonios, las y los periodistas afirmaron que prefieren no hacer reportería en municipios vecinos y ven necesario cambiar sus agendas informativas para no mencionar temas de violencia, orden público y presencia de grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo y Los Pachenca. Esta falta de información sobre temas relevantes marca un vacío profundo para la comunidad.

En este contexto es de suma importancia que la Alcaldía de Fundación en articulación con la Gobernación del Magdalena creen estrategias de fortalecimiento para el periodismo local y prevención de la violencia contra la prensa que incluyan herramientas para la identificación, mitigación  y gestión de los riesgos asociados al oficio periodístico.

La FLIP lamenta este doble homicidio que deja marcas profundas sobre la comunidad y el periodismo y se solidariza con las familias de Leiner Montero y Dilia Contreras. Reconocemos esta captura como un avance en la búsqueda de justicia. Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que continúe con las investigaciones de manera diligente y logre esclarecer por completo las motivaciones detrás de este crimen.

Hace 38 años asesinaron al periodista Lides Renato Batalla en frente de su residencia en Buenaventura, Valle del Cauca. Fue locutor de Radio Buenaventura y director del periódico La Batalla, su trabajo se enfocó en investigar actos de corrupción administrativa y tráfico de drogas en la ciudad.

La inconformidad del periodista fue alimentándose de la situación de corrupción, presencia de grupos armados y actividades delincuenciales en Buenaventura.  Lides denunciaba todas estas irregularidades en su medio de comunicación La Batalla, que fundó en 1983. Entre sus investigaciones más importantes está el caso de corrupción por parte de Jesús Jori Valencia, comandante del Departamento de Bomberos de la ciudad. 

Lides Renato será recordado por su labor periodística y por velar por el bienestar de los bonaverenses. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

La FLIP celebra la decisión, de segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia que declara la responsabilidad del Estado en el caso del homicidio del periodista Edison Molina. Esta decisión se tomó con base en la posición absolutamente pasiva que adoptó el Estado frente a la situación de peligro a la que se enfrentaba el comunicador; además, reconoce la relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Molina.

La FLIP lamenta y rechaza el homicidio de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras, en un corregimiento de Fundación, departamento del Magdalena, ocurrido ayer 28 de agosto. Montero tenía amplio reconocimiento en la región y según fuentes cercanas a él, había recibido amenazas de muerte antes de su asesinato. 

Montero era el director de la emisora Sol Digital y también escribía en la página Leiner Montero - historias, donde publicaba contenido noticioso y denuncias enviadas por la ciudadanía. Por su parte, Contreras se desempeñó como reportera y locutora en RCN Radio en Bogotá, y en Santa Marta en la emisora comunitaria Voces 89.4 FM. Actualmente trabajaba con Montero para narrar las historias que publicaba en su página de Facebook. 

Contreras y Montero estaban realizando el cubrimiento de las fiestas patronales en el corregimiento Santa Rosa de Lima. Según fuentes consultadas por la FLIP, horas antes de su asesinato Montero tuvo una discusión en Santa Rosa y esa persona lo amenazó. Horas después, un desconocido les disparó en la carretera hacia Fundación. Joaquín Gutiérrez, quien también estaba en el vehículo, resultó herido por los disparos y está siendo atendido por personal médico. 

Según conoció la FLIP, en los últimos dos años Montero recibió amenazas en diferentes ocasiones, las más recientes ocurrieron en los últimos seis meses y llevaron al periodista a desinstalar los transmisores de la emisora que había puesto en el municipio.

Este asesinato ha provocado un efecto de zozobra y temor en los demás periodistas del municipio. El departamento de Magdalena es una región especialmente difícil para ejercer el periodismo por la presencia y el dominio de grupos armados como el Clan del Golfo; las tensiones que hay desde distintos sectores hacia la prensa; y las estigmatizaciones y falta de respaldo de las autoridades. Durante este año hemos registrado 14 agresiones en Magdalena, tres de esas ocurrieron en Fundación. 

En la mañana de hoy, lunes 29 de agosto, se está realizando un consejo de seguridad en Fundación con la participación de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía. Además, la FLIP realizará una misión al municipio con el fin de recoger los testimonios para completar la documentación de estos lamentables hechos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó el crimen y pidió a la Fiscalía que iniciara la investigación para encontrar a los responsables. Este mensaje es importante porque refuerza la obligación que tiene la Fiscalía de incluir en su línea de investigación el oficio periodístico como posible motivación del crimen, sin importar si esto posteriormente es descartado. 

Desde la FLIP expresamos nuestras condolencias y solidaridad con las familias y allegados de los periodistas. Estos crímenes deben ser rechazados por las autoridades y la ciudadanía.

Ayer, 24 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Ariel Ortega, quien en 2018 compartió en su cuenta de Twitter mensajes en contra de los periodistas Julio César González (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. En las publicaciones se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Esta decisión no evalúa el impacto de mensajes violentos en línea contra la prensa porque desconoce las dinámicas propias de las interacciones en Internet. 

El año pasado,, Ortega fue condenado a 76 meses de prisión, pero su defensa apeló la decisión. En el proceso, Ortega negó que los mensajes hubieran sido emitidos por él; sin embargo, para el Tribunal no hay duda de que él es el autor de las publicaciones. No obstante, el juez decidió que dichos mensajes no constituyen el delito de amenaza, pues consideró que no tenían una probabilidad de llevarse a cabo, ya que para él las AUC están extintas y Ortega no tiene ningún poder sobre grupos armados ilegales.

Sin embargo, para la FLIP esta decisión no tiene en cuenta que los mensajes de Ortega son violentos y podrían ser tomados por otros usuarios como determinación para actuar en contra de los y las periodistas. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido consistente en identificar que los actos de violencia contra periodistas generan un efecto amedrentador y vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. Para la FLIP estos mensajes también pretenden que los periodistas dejen de participar de espacios cívicos como las redes sociales.

El ciberacoso contra la prensa es una problemática en aumento a nivel mundial. De hecho, en mayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya reconoció la existencia de la violencia en línea contra periodistas y el efecto diferenciado que tiene en las mujeres. En el 2019 la FLIP documentó 82 de estas agresiones; 117 en 2020; 114 en 2021 y, a corte de julio de 2022, van 122. 

Hacemos un llamado para que el gobierno nacional impulse la formación especializada en libertad de expresión de jueces, juezas, fiscales y otros operadores y operadoras de justicia. El rol de los jueces es central para la protección de la prensa y la creación de espacios seguros de participación, tanto para la prensa como para toda la ciudadanía.

También le hacemos un llamado a la delegada de la Defensoría del Pueblo para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, para que haga un diagnóstico urgente de la violencia en línea contra la prensa. A partir de esto considere formular recomendaciones enfocadas en la protección de los derechos de la prensa, que articulen al Estado para dar una respuesta preventiva y de protección.

En un comunicado de hoy, 25 de agosto, el Arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, acusa al periodista Juan Pablo Barrientos de llevar a cabo “una campaña malintencionada contra la Iglesia” y además afirma que es “calumnioso contra la Iglesia y que manipula la información para decir que hay una red de pederastia”. Este es el último episodio de múltiples intentos por parte de la Iglesia católica por acallar la investigación del periodista. Estas afirmaciones pretenden deslegitimar y censurar a Barrientos y a sus investigaciones, desconociendo que la judicatura ha protegido los derechos del periodista.

Además de este pronunciamiento público estigmatizante, hoy la Arquidiócesis envió al periodista una respuesta incompleta. De la información de los 915 sacerdotes presuntamente involucrados en actos de pederastia, solo se entregó reporte  de 36. Por distintas estrategias dilatorias, la investigación se ha paralizado por casi un año y medio.

Desde el 2018, Barrientos se ha dedicado a investigar y publicar información relacionada con los abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes de todo el país; hasta ahora el periodista ha publicado los libros Dejad que los niños vengan a mí y Este es el cordero de Dios. Desde entonces, la Iglesia católica se ha dedicado a interponer obstáculos para impedir que los reportajes se publiquen.

Primero, miembros de la Iglesia católica han acosado judicialmente a Barrientos. En 2019, interpusieron cuatro tutelas y una denuncia penal que buscaban suspender la reproducción, comercialización y venta del libro Dejad que los niños vengan a mí. En el 2021, en solo un mes, Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar su libro. Estos fueron promovidos coordinadamente por sacerdotes del departamento del Meta, que no tenían pruebas, y que solo buscaban intimidar y desgastar la administración de justicia.

Segundo, las Arquidiócesis de Medellín, Rionegro, Bogotá y Cali se han negado a entregar la información que en el 2020 la Corte Constitucional dijo que debía ser pública, como por ejemplo, cuántos y cuáles sacerdotes han sido denunciados por abusar sexualmente de menores. Sin embargo, por hacer caso omiso a la orden de la Corte, en 2022 ésta tuvo que volver a pronunciarse y reiterar el deber que tienen las organizaciones religiosas de entregar la información semiprivada, que no está sujeta a reserva por ser de interés público.

A pesar de esto, la Arquidiócesis de Medellín ha dilatado la entrega de información: el 12 de agosto solicitó una aclaración impertinente sobre el fallo de la Corte. En la actualidad, Barrientos se enfrenta a una situación similar con otras Arquidiócesis en el país: en Bogotá han pasado más de nueve meses sin que le entregue la información solicitada y en Cali siete, obligándolo a interponer tutelas.

En esta misma estrategia de incumplir las órdenes judiciales, las Arquidiócesis se han justificado argumentando que se rigen por el Derecho Canónico antes que por el derecho nacional. Los miembros de la Iglesia desconocen que ese hecho no los exime de entregar la información. 

Ahora, la última estrategia es atacar la ética profesional de Barrientos y cuestionar los motivos de su investigación, con lo que pretenden minar la confianza de la sociedad en su trabajo. Horas después de la publicación de las declaraciones, varias personas ya han dirigido mensajes que atacan a Barrientos. El periodista le dijo a la FLIP que las declaraciones de Tobón son “una declaratoria de guerra, es como decirle a todos los fieles <<cáiganle al periodista>>”.

Hacemos un llamado a las Arquidiócesis de Medellín para que acate la orden de la Corte Constitucional a cabalidad. Los miembros de la Iglesia deben abstenerse de seguir intimidando a Barrientos mediante el uso del derecho o de declaraciones desacreditantes hacia su trabajo.

Los incansables intentos de censura en este caso afectan también el derecho del resto de la ciudadanía a informarse y participar en la discusión pública sobre los abusos sexuales a menores de edad, asunto de alto interés público. Adicionalmente, hacemos un llamado a los jueces de tutela para que vigilen el cumplimiento de sus órdenes para que se materialice la protección de los derechos fundamentales.