En el último mes el Presidente Gustavo Petro ha difundido en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos en los que menciona a nueve medios de comunicación. La frecuencia con la que el Presidente controvierte a la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Del mismo modo, pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo.

La FLIP celebra la decisión tomada por la Corte Constitucional en su sentencia T-454 de 2022. En esta se revierte la condena en contra de la periodista Vicky Dávila y Radio Cadena Nacional SAS (La FM) por haber informado sobre un supuesto acto de corrupción del excomandante de la Policía José Hilario Estupiñán Carvajal en 2014. Esta decisión tiene efectos positivos para la libertad de prensa y es un avance en la lucha contra el acoso judicial a periodistas.

En su fallo, la Corte afirma que en los procesos civiles por responsabilidad extracontractual no sé debe entrar a evaluar la ética periodística, sino los elementos  de la responsabilidad civil. Además, ordena que se haga un “análisis juicioso sobre la verificación de las cargas de veracidad, imparcialidad y equilibrio periodístico cuando se trate del ejercicio de la libertad de información, y de la real malicia tratándose de la libertad de opinión”.

La sentencia reconoce que en los procesos civiles contra la prensa las y los jueces deben tener un rol activo en el que analicen y distingan si se está opinando o informando y valorar el contenido que se emitió en su conjunto, el contexto en el que se publicó y establecer cuáles son las cargas y obligaciones correspondientes. También, aunque para la Corte la prensa sí puede ser sentenciada en el ámbito civil, es la persona demandante quien debe probar que el o la periodista es culpable.

En su decisión, la Corte también reiteró algunas garantías que se deben tener en cuenta para que los periodistas puedan desarrollar su trabajo libremente. Primero, cualquier medio es libre de informar sobre procesos judiciales, especialmente en los que está involucrado algún funcionario público. Deben prevalecer los principios de máxima divulgación y de respeto por la libertad de expresión, pues las actuaciones de servidores públicos son de alto interés para la sociedad.

Segundo, la prensa también puede publicar información u opiniones relacionadas con hechos que no han sido investigados por autoridades judiciales. En el caso de Dávila, se afirmaba que la periodista debía ser condenada pues señaló al excomandante Estupiñán de un delito del que la justicia lo absolvió posteriormente. Para la Corte “no es exigible el mismo estándar a una investigación adelantada por un periodista, que el aplicable en el marco de un proceso disciplinario o penal, sobre todo cuando se trata de denuncias por posibles actos de corrupción”. En consecuencia, para la FLIP, la verdad judicial no puede confundirse con el acercamiento que realizan las y los periodistas a la verdad. De ser así, existirían dificultades para publicar investigaciones relacionadas, por ejemplo, con corrupción.

Este caso demuestra el desgaste que ocasiona el uso de acciones legales en contra de periodistas y medios. Este caso implicó ocho años y dos procesos judiciales, cada uno de dos instancias y la revisión extraordinaria de una alta Corte. Este tipo de acciones desgastan la aplicación de justicia y evidencian el patrón de uso del acoso judicial, es decir el uso de herramientas judiciales (como tutelas, denuncias penales y demandas civiles) para censurar información de alto interés. Precisamente, en los últimos 3 años, la FLIP ha documentado 102 casos de acoso judicial, de los cuales 44 fueron adelantados por funcionarios públicos.

Por todo esto, hacemos un llamado al Ministerio de Justicia a que realice un estudio de los procesos donde se judicializa la libertad de expresión y que promueva medidas para evitar las demandas y denuncias cuyo objeto es censurar a la opinión crítica. Esto es necesario para seguir fortaleciendo la robusta protección a la libertad de expresión y de prensa, a través de la protección del debate público y plural.

Hoy, 28 de diciembre, se conmemoran 31 años del asesinato del periodista Néstor Rojas, quien trabajaba y residía Arauca, Arauca. Trabajó en El Tiempo y fue director del periódico Concordia Fronteriza hasta el día de su muerte. Como periodista, se caracterizó por cubrir temas políticos, regionales y tener una postura inflexible antiguerrillera.

Rojas era oriundo de Neiva, Huila y desde muy joven se interesó por el periodismo, “tenía tal vez 15 o 16 años cuando ingresó a la radio en el Huila”, recuerda Patricia Rojas, su hija. “Su voz era muy hermosa, entonces él hacía cositas pequeñas en la radio”. A sus 18 años, migró al municipio de Arauca y allá afianzó su carrera periodística. Fue jefe de prensa de la gobernación de Arauca; durante 10 años fue el corresponsal de El Tiempo en ese departamento y fundó el periódico Concordia Fronteriza, un medio regional que nació de la necesidad por mantener al pueblo informado.

“Mi papá era una persona amable, con buen léxico, sociable y siempre dispuesto a ayudar a la gente”, indica Patricia. Su forma de ser y profesión fueron la combinación perfecta para relacionarse con diferentes representantes de la sociedad y ser un hombre muy querido por el pueblo. “Hay demasiada gente que yo ni siquiera conozco y dice que él era como de la familia, él llegaba a cuánta casa y era súper bien recibido”, agrega. 

Sus convicciones lo llevaron a forjar un carácter fuerte y desde su rol como periodista apoyó los procesos democráticos que se adelantaron en el departamento. De modo que, durante la campaña política para las elecciones de gobernadores para el periodo 1992 - 1994, trabajó como jefe de prensa en la candidatura a la gobernación de Luis Alfredo Colmenares Chía.

El día de cierre de campaña, Marcos Ataya, también aspirante a la gobernación, amenazó a Rojas como consecuencia de un reportaje publicado El Tiempo en el que se informaba sobre los pactos secretos que sostenía el candidato con jefes guerrilleros. “Para él [Ataya] fue fácil pensar que mi papá había sido el autor de esa noticia, pero realmente mi papá no fue el autor, él le confesó a mi mamá que esa no era la forma de redactar de él”, menciona su hija. 

El 28 de diciembre de 1991, cuando el periodista llegaba a su residencia, fue asesinado delante de su esposa e hijos. El homicida le hirió con tres disparos y fue auxiliado por su familia, pero falleció en el Hospital San Vicente. El 31 de diciembre de 1991, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) capturaron a Wilson Eduardo Daza Rozo, exmiembro de las FARC, por ser el autor material del crimen y al soldado José Alberto Cristiano Riaño, como coautor. 

Según un artículo de El Tiempo, el crimen se le atribuye al dirigente político Marcos Ataya, debido a las amenazas que había realizado contra el periodista. La Segunda Brigada del Ejército, con sede en Bucaramanga, responsabilizó a las FARC por el asesinato de Rojas. Y la Procuraduría General de la Nación indicaba una posible participación de militares. El 12 de diciembre de 1998, la Fiscalía capturó a Diógenes Castellano, coronel retirado del Ejército Nacional, como presunto autor intelectual. No obstante, hasta la fecha no hay claridad sobre los responsables del crimen. 

Con el asesinato del periodista, dejó de circular el periódico Concordia Fronteriza y el municipio de Arauca perdió a un hombre que desde su labor buscó ayudar a su comunidad. Desde la FLIP, conmemoramos la labor que realizó Néstor Henry Rojas Monje.

Gracias por recordar con nosotros.

La FLIP conoció que el pasado 19 de diciembre de 2022 el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia publicó en redes sociales un comunicado en el que hacían calificaciones estigmatizantes contra medios de comunicación. Los acusan de hacer un ejercicio “desmedido del derecho a informar” con “notas periodísticas suspicaces”, y tildan la libertad de información de los medios como una “injerencia indebida en sus decisiones -las de los funcionarios judiciales-”. Con esto, imponen la carga a medios de comunicación y periodistas de “predisponer a la ciudadanía e incitar a la ligereza en el ejercicio de los poderes disciplinarios”; además, los responsabilizan de “menoscabar la imagen de funcionarios públicos y del poder judicial”.

Estos señalamientos, que se hacen de manera generalizada y sin aportar ningún contexto, son, particularmente, problemáticos al provenir de una organización que asocia a funcionarios judiciales del departamento de Antioquia que, como funcionarios públicos, tienen un mayor compromiso social y ostentan una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de las personas.

Estas estigmatizaciones tienen el riesgo de impactar negativamente y de coartar la labor de aquellos medios de comunicación y periodistas que informan sobre el trabajo de los jueces y fiscales, es decir, sobre asuntos de alta relevancia para la ciudadanía, como lo son los seguimientos a los procesos judiciales en el departamento de Antioquia. Las publicaciones sobre estos temas y sus difusiones deben gozar de un amplio margen de apertura y sus restricciones deben ser excepcionales.

Por eso, hacemos un llamado al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia para que de manera constante, asuma como institución, y promueva en sus asociados, un discurso favorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, los invitamos a ofrecer públicamente un respaldo a la labor que desarrolla la prensa y a reconocer la importancia de la diversidad de opiniones y de pluralidad informativa para el mantenimiento de las sociedades democráticas. 

Lea aquí la carta completa enviada al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.

El 24 de enero de 1974, en Florencia, Caquetá el cacique liberal Hernando Turbay Turbay y Nelson Hermosa fundaron la emisora La Voz de la Selva; medio desde el cual se respaldó al partido turbayista y se denunció abusos y casos de corrupción en el departamento. Su corte político y el temple de los periodistas la posicionó como una de las emisoras más escuchadas en la región. No obstante, el asesinato de seis de sus periodistas la condenó a apagar sus micrófonos. 

Durante la década de los sesenta y setenta, Hernando Turbay Turbay fue uno de los políticos más influyentes en el contexto nacional. Con la expansión de su caudal político, creó la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, que gestionó y financió proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos en Caquetá. Y bajo la idea de tener un espacio propio para difundir las acciones del turbayismo, en 1974 la Asociación financió la creación de la emisora La Voz de la Selva.

Con el rugido de un león, a las 4:00 de la mañana la emisora iniciaba operaciones. “Tenía sus estudios en el centro de Florencia y utilizó para la época los más modernos sistemas de radiodifusión, como fueron las antenas que se instalaron en medio de un lago y la adquisición de unos transmisores para tener la potencia y cobertura necesaria para llegar a todo el departamento del Caquetá”, menciona William Wilches, director del Museo Caquetá. “Para que la emisora estuviera a la altura, la Asociación no se limitó en recursos”, agrega.

La Voz de la Selva desde sus inicios estuvo marcada por la política, razón por la cual se promovieron programas como La Conga que, bajo la dirección de José Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez, fueron el espacio de defensa de todo el ideario liberal. “Realizaban entrevistas a los dirigentes para que contaran sobre las gestiones que estaban adelantando. Pero también fue el espacio contestatario, donde a veces utilizaban unas palabras ofensivas y comentarios muy fuertes contra otros dirigentes. Entonces, además de defenderlo, le ganaban enemigos políticos a don Hernando”, explica Wilches.

En la década de los ochenta, inició un capítulo de violencia política en Caquetá, “las guerrillas de las FARC, empezaron a atacar por el lado débil, por el lado que más le doliera al turbayismo, entonces como los periodistas eran los que difundían las noticias de la región, empiezan a asesinarlos”, comenta Wilches. Desde ese momento, la emisora empezó a decaer, consecuencia de los ataques de las FARC contra la infraestructura del medio, el asesinato de varios de sus periodistas, la muerte de Hernando Turbay y el homicidio de varios integrantes de la familia. Estos hechos llevaron a una reducción en los apoyos económicos. 

“Las Farc logró su cometido de silenciar la emisora, fue una pérdida sensible porque a la ciudadanía le gustaban los programas que se hacían y les quitó la posibilidad de estar informados”, indica Wilches. Finalmente, después de la ola de violencia en Caquetá y el asesinato de seis de sus periodistas, la emisora fue vendida a Fernando Almario, parlamentario del Partido Conservador, que luego se la revendió a una comunidad evangélica.

A continuación encontrará una recopilación de la vida y obra de los periodistas que trabajaron en La voz de la Selva y fueron asesinados por la labor periodística que desempeñaron.

Con el asesinato del periodista Wilder Córdoba, es evidente la indiferencia y falta de diligencia por parte de las autoridades locales y nacionales en los casos de homicidios a periodistas. A ocho días de cumplirse un mes del crimen, la Fiscalía aún no ha dado a conocer las hipótesis que manejan del asesinato. Las autoridades locales y el Gobierno Nacional no se han pronunciado ni articulado para proteger a los periodistas y prevenir este tipo de violencia que aqueja a la prensa.

La FLIP expresa su preocupación por el aumento de amenazas en contra del periodista Éder Narváez, director del medio digital NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia. Desde el 24 de noviembre el periodista ha recibido dos amenazas y dos hostigamientos relacionados con su trabajo informativo en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Hoy, 12 de diciembre, se conmemoran 27 años del asesinato del periodista Ernesto Acero Cadena, conocido entre sus amigos y colegas como el hombre de acero, haciendo alusión a su apellido y a la imagen que forjó como un hombre de firmes convicciones, con un carácter fuerte y contundente a la hora de escribir. Acero fue editor, corresponsal y director de varios medios impresos, televisivos y cadenas radiales en el Quindío. Como periodista, se caracterizó por denunciar nexos de políticos con narcotraficantes y condenó la corrupción política en Armenia. 

Trayectoria periodística

Acero nació en Bogotá, donde estudió psicología en la Universidad Nacional; sin embargo, por su situación económica no pudo culminar sus estudios. Su carrera periodística empezó en 1957, cuando inició, por casualidad, a trabajar con el periódico El Relator en Cali. Luego de esa experiencia, Acero no dejaría el trabajo periodístico. Cinco años después, en 1962, regresó a su ciudad natal, donde se desempeñó como editor del diario Edicron, director de Estelar publicidad y redactor de la revista de la Policía Nacional.

A inicios de la década de los setenta, se radicó en el departamento del Quindío, donde “se ganó el respeto como un periodista independiente, de mucho carácter, recto, muy honesto e impecable a la hora de escribir”, indica Ernesto Acero Martínez, hijo del periodista. En el Quindío fue director de noticias en las cadenas radiales: la Voz del Comercio, filial de RCN Radio; en Caracol Radio y en la emisora local Todelar, con su filial Voz de Armenia. Fue corresponsal en canales televisivos y de prensa como: Noticiero Nacional, el Noticiero de las Siete, el Noticiero 24 horas, La Patria de Manizales, El Espectador, El Siglo, y durante varios años escribió en el semanario El Quindiano, La Pluma de Acero una columna de opinión política y de denuncia. Así mismo, fue jefe de prensa de la Gobernación del Quindío y de la Alcaldía de Armenia. 

Acero, además, fue empresario y fundó sus propios medios, el primero fue Quién es qué en el Quindío. “Una publicación de relaciones públicas donde las personas tenían acceso a saber quiénes estaban al frente de la institucionalidad en la región. Tuvo su primera edición por allá en 1984 o en el 85 y alcanzó a tener ediciones en Manizales y Pereira”, menciona su hijo. 

En 1990, nació otra de sus publicaciones: El Informador Económico del Quindío, un medio desde el cual criticó y denunció temas de interés público. La publicación circulaba todos los viernes, contaba con un editorial, columnas de opinión e información política, económica y social. Luego de la muerte de Acero en 1995, el hijo del periodista retomó el semanario y lo tuvo en circulación por otros 5 años más.

El día que silenciaron su voz

Inflexible ante las malas administraciones y políticos corruptos, Acero denunció al excongresista Carlos Oviedo Alfaro, del partido Movimiento Nacional Conservador - Alianza Nacional, por nexos con el narcotráfico. Su postura crítica lo hizo visible y fue amenazado por los extraditables, un grupo de narcotraficantes que se había asociado para evitar la extradición a Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1995, mientras caminaba por el centro de Armenia, un desconocido le disparó, causándole la muerte. 

Durante la investigación para esclarecer los hechos, Rubén Darío Grisales, testigo presencial, declaró e identificó a Jorge Iván Obando como el autor material del homicidio. No obstante, la declaración había sido firmada con un nombre falso. El testigo [Grisales] era en realidad Juan Carlos Henao, guardaespaldas y empleado del excongresista Oviedo. El 14 de junio de 2000, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Armenia absolvió a Henao en una sentencia que no fue apelada por la Fiscalía. Con la investigación concluida, se impidió comprobar la participación de Oviedo como presunto autor intelectual del crimen. 

En otra declaración ante la Fiscalía, Alfonso José Jiménez, funcionario de la unidad de investigaciones secretas de la Policía, explicó que días antes del asesinato del periodista, el agente Édgar Gamboa, le contó que se preparaba un asesinato por el que se pagarían cuarenta millones de pesos. Gamboa fue expulsado de la institución.

El 12 de diciembre de 2015, habiéndose identificado un falso testigo de una primera investigación en la cual estuvo en la cárcel un inocente. Para el hijo del periodista, a su papá lo mataron dos veces, en diciembre de 1995 y 20 años después con la impunidad del caso. Hasta la fecha no hay claridad de los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Desde la FLIP, conmemoramos la labor que realizó Ernesto Acero Cadena. Gracias por recordar con nosotros.

Hoy, 12 de diciembre se cumplen tres años de que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera recomendaciones a los Estados de Ecuador y Colombia en el caso de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado y asesinado en el 2018.

El ESE es el mecanismo creado por la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) que marcó un hito a nivel regional, pues se constituyó como un mecanismo de seguimiento a las acciones que deben adelantar los Estados para garantizar la protección, sanción, atención y reparación integral en casos de agresiones a periodistas en zonas de frontera. 

Las organizaciones firmantes alertamos sobre el alto riesgo de impunidad en ambos Estados porque no han adelantado suficientes acciones para cumplir las recomendaciones del ESE y procurar justicia y verdad en el caso. Por esta razón, Fundamedios y la FLIP, acompañados por CPJ, RSF e IFEX - ALC, solicitan a la CIDH que realice una audiencia pública de seguimiento del ESE en el próximo periodo de sesiones en 2023. A casi cinco años del aniversario del asesinato de los tres periodistas, y por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ESE, urge que la CIDH realice el seguimiento a sus propias recomendaciones, para así impedir que casos como este, de graves crímenes contra periodistas, queden en la impunidad.

La audiencia pública tiene como finalidad entregar información relevante sobre la violencia que enfrentan los y las periodistas en zonas de frontera. Esta situación requiere de una atención urgente con un enfoque preventivo, para lo cual se propone realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones a los Estados de Ecuador y Colombia realizadas en el Informe Final del Equipo de Seguimiento Especial por el secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

La violencia en las zonas fronterizas persiste, por lo que el seguimiento es oportuno y necesario para poder contribuir a establecer medidas preventivas. Las fronteras en los dos países se han convertido en desiertos informativos, pues la presencia de periodistas en la zona se volvió casi nula. Entre 2018 y 2022 en Ecuador se registraron 117 agresiones contra periodistas en las provincias fronterizas, mientras que en el lado colombiano se han registrado 404 agresiones en contra de periodistas.

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Algunas de las recomendaciones que hizo el ESE a Colombia y Ecuador fueron:

• Desclasificar y entregar a las familias la información de los organismos militares de ambos países e instancias de coordinación, exclusivamente sobre las decisiones y acciones realizadas durante la fecha del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín.
• Examinar la información que reposa en las extracciones forenses de equipos de telefonía móvil y computación incautados en los operativos. También la información en cuanto a mensajería de WhatsApp, texto, correo e imágenes producidos en la fecha y durante el secuestro.
• Poner en marcha de un Comité Institucional para la Protección de Periodistas, que incluya la participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas.

En los dos países han sido pocos los avances que se han dado en la construcción y aplicación de políticas públicas en materia de Derechos Humanos, encaminados a la prevención, protección y procuración de justicia frente a la situación de violencia que enfrentan los periodistas. Esto es de especial preocupación, si se tiene en cuenta el contexto en el que se han marcado récords históricos en cuanto a crímenes contra periodistas. 

Por parte del Estado ecuatoriano, a pesar de que se incluyó un capítulo sobre Garantías de los periodistas y los trabajadores de la comunicación en las Reformas a Ley de Comunicación; todavía existe una falta de cooperación en desclasificar la información en torno al secuestro y asesinato pese al anuncio del presidente, Guillermo Lasso, de que lo harían. A esto se suma el secretismo por parte de entidades estatales, que en reiteradas ocasiones han demostrado su falta de voluntad para cooperar con la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. 

Por su parte, en Colombia, en el 2021 se condenó a dos implicados: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reinel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’. Sin embargo, como estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, han sido pocos los avances en la investigación en cuanto a verdad y esclarecimiento de los motivos y los hechos. Además, los actos de reconocimiento de verdad y perdón se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización. 

Firmantes:

Fundamedios

Nos Faltan Tres

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

IFEX- ALC

Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Red Voces del Sur

Periodistas Sin Cadenas