En el Día internacional del Derecho a Saber, la Alianza Más información Más Derechos manifiesta su preocupación por las barreras que aún persisten para el acceso a la información.

Nos preocupa, en particular, el rol de la Procuraduría General de la Nación como garante de la Ley de transparencia y acceso a la información pública así como el déficit de transparencia judicial y de acceso al escrutinio público sobre la financiación de iniciativas electorales.

1. La ambiciosa Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014) presenta serias dificultades en su implementación. No se evidencia que el Ministerio Público haya priorizado sus obligaciones como órgano garante. Además, es precaria la gestión del Procurador General de La Nación, Fernando Carrillo, como líder del Ministerio Público en cumplir con las responsabilidades que la ley le establece:

a. Hasta la fecha no se han identificado sanciones para entidades que no cumplan con el ejercicio de divulgar la información de manera proactiva, ni siquiera por la información mínima obligatoria que establecen los artículos 9 y 11 de la Ley.

b. En cuanto a la revisión de tutelas relacionadas con acceso a la información pública, los datos están atrasados, son poco amigables y no cumplen con la función de ayuda al ciudadano.

c. El Grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualizado mediante Resolución N° 077 del 23 de marzo de 2017 y ahora denominado Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público, no ha divulgado su Plan de Acción o Plan Estratégico.

La deuda de este organismo dificulta la posibilidad de que la ley pueda ser verificada en sus alcances.

2. Poniendo de presente que Colombia se encuentra en temporada de preparación para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, la Alianza quiere llamar la atención sobre la falta de información frente al cumplimiento de los estándares de transparencia por una gran parte de las candidaturas en curso. En particular, sobre el hecho de que no hay rendición de cuentas ni claridad en cuanto a los recursos invertidos en las gestiones que actualmente despliegan los aspirantes que han elegido obtener su candidatura por medio de la recolección de firmas ciudadanas.

En este sentido, La Alianza advierte a la sociedad colombiana sobre el vacío normativo al respecto de los procesos de recolección de firmas y exige a los grupos promotores y a sus candidatos rendir cuentas a la sociedad de manera voluntaria.

3. El sistema judicial colombiano enfrenta una crisis que involucra hasta a magistrados de las altas cortes en escándalos de la más grave corrupción. Para recuperar la confianza ciudadana, la Alianza Más Información Más Derechos exhorta a las altas cortes a cumplir las obligaciones de transparencia que la Ley 1712 de 2014 les impone. Si bien valora las instrucciones de transparencia recientemente dictadas por el Consejo de Estado en la Circular interna No. 12 del 21 de septiembre de 2017, ve con extrañeza que no se incluye a la Ley 1712 de 2014 como fuente de sus compromisos, lo que evidencia la precariedad del cumplimiento de los mismos. Además, rechaza la idea extendida en sectores de la Rama, de que información personal como experiencia y formación de los funcionarios judiciales se encuentra protegida por su derecho a la intimidad, pues desconoce que tal derecho admite las limitaciones propias que impone la condición de servidor público.

Por esas razones, la Alianza Más Información Más Derechos se suma a la solicitud recientemente extendida por Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia a las altas cortes y al Fiscal General de la Nación en días pasados y exhorta a la publicación de las hojas de vida de los magistrados auxiliares y titulares de las altas cortes, sus declaraciones de renta, sus licencias y comisiones de servicios y a divulgar los nombres de quienes tengan familiares en cargos públicos de libre nombramiento y remoción en la Fiscalía, los órganos de control, el Congreso de la República o en altos niveles de la rama ejecutiva, sus viajes y días de permiso, entre otras.

Resaltamos la crucial importancia del rol que la sociedad civil desempeña en favor del cumplimiento efectivo de las medidas de transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente, invitamos a los Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz recientemente elegidos a adoptar medidas en esa precisa dirección durante el desempeño de sus funciones.

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La Alianza Más Información Más Derechos es una campaña de la sociedad civil por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Colombia, conformada por Corporación Ocasa, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Proyecto Antonio Nariño (PAN), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y la Corporación Transparencia por Colombia (TpC).

Periodista de El Diario Vallenato y jefe de redación de El Pilón, Guzmán Quintero Torres investigó y denunció las alianzas entre el Ejército Nacional y grupos paramilitares en la década de los 90 en la Serranía del Perijá. El 16 de septiembre de 1999, mientras compartía con sus compañeros después de un cierre, un hombre entró a la cafetería donde se encontraban y le disparó a quemarropa.

Quintero Torres, una voz que sigue pidiendo justicia

La noche del 16 de septiembre de 1999 a tan solo cinco cuadras de las instalaciones del periódico El Pilón, fue asesinado quien era el Jefe de Redacción, Guzmán Quintero Torres. Este asesinato silenció una de las voces más prominentes de la región. Solía defender los derechos humanos y denunciar los nexos que había entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares.  

Desde que cursaba noveno grado se interesó por el periodismo. Con la llegada del primer diario a Valledupar, El Diario Vallenato, Quintero tuvo su primer acercamiento al oficio periodístico. Poco a poco, fue desempeñando funciones en distintos medios hasta graduarse como Comunicador Social-Periodista de la Universidad Autónoma del Caribe.  “Fue uno de los periodistas más acuciosos, me atrevería a calificarlo como un enamorado de este oficio. una persona que vivía con mucha intensidad, con mucha emoción con lo que hacía“, dice Edgar de la Hoz, quien era su colega y amigo.

Era la voz de la comunidad que quería justicia, que fuera conocida la realidad que los rondaba. Luchó incansablemente por la defensa de los derechos humanos, esos mismos que él sabía que existían y que le eran vulnerados a la comunidad. Las personas se le acercaban para comentarle sobre sus problemas, queriendo encontrar en él un respaldo y el medio para denunciarlos públicamente. Aunque él se esmeraba por denunciar las injusticias allí vividas, no encontró eco en los organismos de control. Su hermano Yury Quintero recuerda: “Guzmán se extendía en su condición de periodista siendo crítico, reflexivo, íntegro, respetuoso. Pero tenía una condición, se comprometía con las personas cuando encontraba una situación que violaba los derechos humanos.”

En 1995 inició una investigación relacionada con la conformación de un grupo paramilitar en la Serranía de Perijá. Publicó varios artículos en los que denunciaba la existencia de vínculos entre el Ejército Nacional de Colombia y grupos armados ilegales. Las amenazas no se hicieron esperar. Era notorio el disgusto de los militares ante las denuncias realizadas por el periodista. Luego de un viaje que realizó al Perijá, fue abordado por militares que le prohibieron publicar su investigación. Sin embargo, sus intentos por silenciar esta voz fueron frustrados. Aunque se vio obligado a abandonar la región, Quintero hizo público lo que había encontrado en la Serranía del Perijá.  

A mediados de 1999 hubo una segunda alerta. Militares del Batallón La Popa irrumpieron en las instalaciones de El Pilón. Querían saber quién denunció ante la luz pública el asesinato de dos mujeres en El Conejo, La Guajira. Artículos que habían sido escritos por Quintero. Esta fue la última amenaza que recibió el periodista antes de su asesinato. “Yo pienso que él tuvo unas amenazas sino que no nos las comunicó, no nos las hizo saber”, dice su hermano.

Las amenazas se convirtieron en hechos. La noche del 16 de septiembre de 1999 asesinaron al periodista que velaba por la verdad. Paradójicamente, el último texto que Quintero escribió hacía alusión a una campaña en contra de la violencia que estaba viviendo el país en esa época. Esa tarde estuvo haciendo la graficación del periódico del día siguiente. Al llegar la noche, se reunió con sus amigos y colegas Edgar de la Hoz y Óscar Martínez, reportero gráfico y editor político del diario.

En la cafetería del hotel Los Cardones, ubicado en el centro de Valledupar, los periodistas discutían sobre periodismo, según comenta Edgar de la Hoz. Luego de algunas cervezas que compartían con motivo del cumpleaños de Óscar Martínez, llegó un sujeto que le dio cuatro tiros al periodista.

Periodismo vallenato de luto. Asesinado periodista de El Pilón. Así se tituló el diario el día después del asesinato de Quintero. Durante el entierro, sus colegas y conocidos le rindieron un sentido homenaje al asistir con la boca vendada. Hacían alusión a la censura que, a partir de ese momento, empezaría a sufrir el periodismo con la muerte de Guzmán Quintero Torres, quien había entregado su vida a esa labor.

El miedo y el silencio fueron el único método de defensa de los periodistas que continuaron en la región. El periodismo investigativo desapareció durante los años siguientes al asesinato. La información publicada en los medios estaba basada en boletines de prensa emitidos por los diferentes órganos de control. “Esos años fueron muy difíciles, uno no sabía qué postura asumir, uno trataba de ceñirse estrictamente a lo que era la estructura del periodismo. Cubrir los hechos como tal. Siempre con el temor de ir un poco más allá”, comenta De la Hoz.

La falta de garantías para el ejercicio periodístico afectó de forma directa la labor de los periodistas que aún se encuentran en la región. 18 años después del asesinato del periodista, el crimen continúa impune. Aunque fueron condenados los autores materiales, no se ha vinculado a la investigación ningún presunto autor intelectual. El tiempo pasa y a tan solo dos años de que el caso prescriba, su familia, conocidos y periodistas del país siguen esperando que se haga justicia.

Desde hace 10 años, aproximadamente, se han formado más voces como la de Quintero, que pretenden denunciar y hacer visibles las problemáticas de la Colombia actual. Su esposa, Alcira Vitola se refirió al respecto, “Su legado para el periodismo fue la valentía. El periodista debe ser investigador, esa pasión que él le ponía a su trabajo por investigar, por hacer valer los derechos humanos en defensa de la libertad.”

Este 11 de septiembre se conoció el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Jorge Noguera Cotes, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión por el escándalo de las “chuzadas”.

Desde su espacio en la emisora La Preferida Stereo y el Canal 6 cubría temas sociales y se atrevió a denunciar la presencia de bandas criminales en su región, además de los posibles nexos de estas con funcionarios públicos. El dolor en Pitalito, Huila, luego del asesinato ocurrido al medio día del 10 de septiembre de 2015, se sintió en todo el país.

Como un gesto conmemorativo para honrar a Flor Alba, y con el ánimo de ofrecer respaldo hacia los periodistas que siguen ejerciendo el periodismo en esa región, nacieron iniciativas como el Proyecto Pitalito y Pitalito sin Censura. Con estas se buscó informar sobre la situación de riesgo en esa zona del país para que los responsables del crimen contra Núñez no cumplieran su objetivo de silenciar a la prensa.

Flor Alba Núñez ocupa el renglón 153 en la infame lista de periodistas asesinados en Colombia por causas asociadas a su oficio. Aunque Juan Camilo Ortiz, alias 'El Loco', ya fue condenado a más de 40 años de prisión por haber sido el autor material de este crimen, todavía queda por identificar a los determinantes del asesinato. La justicia estará en deuda hasta que todos los responsables no sean procesados.

En audiencia pública, celebrada en la mañana del viernes 9 de septiembre en Neiva, el Juez Tercero Penal Especializado de dicha ciudad impuso una pena de prisión de 47 años, 6 meses y 2 días a Juan Camilo Ortíz, alias ‘El Loco’ por la autoría material del homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito, Huila.

Ortiz fue condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El Juez consideró las circunstancias de indefensión en las que se encontraba la periodista al momento de ser asesinada y tuvo en cuenta que el crimen fue consecuencia de la actividad periodística de Núñez. Un asunto relevante dado que en pocos casos se tiene en cuenta la calidad de periodista como determinante del crimen, lo que invisibiliza la violencia contra la prensa.

El juez argumentó que las pruebas obtenidas, entre las que se encuentran testimonios, videos, fotografías, entre otras pruebas técnicas, permitían probar que Ortíz fue el autor del crimen.

De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía, Ortíz actuó en conjunto con Jaumeth Albeiro Flórez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y a quien se acusa de ser quien conducía la moto en la que huyó Ortíz luego de ultimar a la periodista.

La FLIP reconoce esta decisión y la celeridad con la que se llevó el caso como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, teniendo en cuenta que la pena impuesta es una de las más altas en los casos de violencia contra periodistas. Sin embargo, no se puede desconocer que esta es una victoria parcial, puesto que aún no se ha llevado a la justicia al otro autor material y tampoco se ha establecido una estrategia investigativa con el fin de identificar a los autores intelectuales del crimen.

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Viernes, 11 Agosto 2017 18:37

Juez condena al autor material del homicidio de Flor Alba Núñez

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la violencia en contra de periodistas durante el paro minero en los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia.

En carta abierta dirigida a Juan Manuel Santos, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su profundo rechazo por la manera en que el Estado colombiano se está defendiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- presenta derecho de petición al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Esto como consecuencia de información recibida sobre posibles interceptaciones a las comunicaciones de Gustavo Rugeles, director del portal El Expediente.

El pasado 23 de agosto, el portal Las2Orillas publicó un artículo en el que se denuncia que Gustavo Rugeles fue víctima de interceptaciones a sus comunicaciones el año pasado. En la nota se afirma que estas interceptaciones fueron ordenadas por la Fiscalía y habrían durado dos meses. En diálogo con la FLIP, Rugeles afirmó que el Fiscal Martínez le había confirmado a través de mensajes que sus comunicaciones habían sido interceptadas durante la administración de Eduardo Montealegre.

La FLIP expresa su preocupación por el caso puesto que las interceptaciones habrían sucedido en el marco de una serie de investigaciones periodísticas que llevaba a cabo Rugeles quien en ese entonces se desempeñaba como editor político de Las2Orillas. El periodista estaba indagando una presunta infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales de 2014. Las interceptaciones cesaron el día posterior a la publicación del artículo.

Estas interceptaciones preocupan a la FLIP ya que constituirían una grave violación al secreto profesional. El derecho constitucional a la reserva de la fuente es una garantía inviolable para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. 

Adjunto a este pronunciamiento puede encontrar el derecho de petición enviado por la FLIP.

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena las agresiones en contra de Mauricio Cardoso, periodista de Extra Caquetá

En la noche del miércoles 23 de agosto, Cardoso se dirigía en moto de la Universidad de la Amazonía, donde estudia, hacia su casa en Florencia. En el camino tres hombres lo interceptaron y lo tumbaron de la moto. Posteriormente lo hirieron con un puñal en repetidas ocasiones en el abdomen, los brazos, el pecho y las manos. Además lo golpearon y lo insultaron reiterativamente. Los sujetos le dijeron que lo iban a asesinar “por sapo”. Uno de los hombres le apuntó con un arma de fuego amenazando con dispararle. Finalmente los agresores dejaron a Cardoso en la calle y no le robaron la moto, ni el celular, ni su billetera.

Cardoso cubre noticias judiciales y de orden público en el departamento de Caquetá. Según la administradora del periódico Extra, ni el medio, o los periodistas, han recibido amenazas.  Sin embargo, el ambiente para la prensa en Florencia no es favorable.  

La Fundación expresa su preocupación por las agresiones y las intimidaciones de las que fue víctima Cardoso. La situación de violencia contra la prensa en Caquetá no es un tema que deba ser ignorado por la Policía y la Fiscalía de ese departamento. En los últimos 30 años, la FLIP ha registrado 7 asesinatos a periodistas por razón de su oficio en esa zona del país. El último es el de Luis Antonio Peralta el 14 de febrero de 2015. El caso sigue en la impunidad.

La Fundación considera que existen indicios que señalan que la agresión podría estar motivada por el trabajo periodístico de Cardoso: su cubrimiento de álgidos asuntos judiciales, el no haber sido robado por sus agresores y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten sospechar que se trataría de un ataque dirigido específicamente al reportero. La FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que investiguen los hechos con la mayor diligencia y esclarezcan la situación.

*Cardoso fue dado de alta el 24 de agosto del hospital María Inmaculada.