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jueves, 17 noviembre 2016
Acoso judicial
Acoso judicial
Uso injustificado de herramientas jurídicas, como las acciones de tutela o las denuncias por injuria y calumnia, con el fin de intimidar o silenciar periodistas.
jueves, 17 noviembre 2016
La periodista Lucy Flórez fue amenazada a través de un mensaje de texto
El domingo 13 de noviembre la reportera recibió un mensaje de texto con la siguiente amenaza: " (...) siga persiguiendo y sedara cuenta de lo que soy capaz si tanto ama a sus dos hijas no denuncie tomelo como una albertencia nosotros como organisacion esperamos no tener que ir a su sitio de trabajo o a donde reside" (SIC).
miércoles, 16 noviembre 2016
Censura en internet
Censura en internet
Censura total o parcial de páginas web, artículos o información albergada en la red. Afecta a medios y a administradores de contenidos.
lunes, 14 noviembre 2016
FLIP interviene en caso de libertad de expresión en internet en Francia
El 26 de octubre de 2016, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– presentó una intervención en el proceso que se está adelantando entre la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL) de Francia y Google.
El caso, que se encuentra en estudio por parte del Consejo de Estado de Francia, surge por una sanción de la CNIL a Google Francia por la forma en la que se están aplicando las decisiones de “derecho al olvido” por parte de esta empresa en dicho país.
jueves, 10 noviembre 2016
Cartografías de la información: los medios en ocho regiones de Colombia
La primera entrega de esta investigación del Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP hace un análisis de seis departamentos y dos subregiones para contar cuál es la capacidad de los medios locales de ofrecer información sobre su región. El equipo de la FLIP empezó este trabajo a mediados de 2015 para indagar sobre la cantidad y las características de los medios de comunicación locales en 141 municipios del país.
Las visitas a los departamentos del Guaviare, Putumayo, Caquetá, Chocó, Casanare y Cauca, además de las subregiones de Bajo Cauca y Catatumbo, le permitió al grupo del Centro de Estudios de la FLIP no solo conocer las condiciones de trabajo de los periodistas en estas zonas, tradicionalmente afectadas por el conflicto, sino además hacer preguntas clave sobre su capacidad informativa.
Así, entre otros factores, los investigadores definieron una serie de criterios para categorizar la capacidad de acceso a la información local de los residentes en estas regiones. Si un municipio tiene acceso a más de un medio de comunicación, que cubre todo el territorio y tiene información local, se dice que no tiene restricción a la información; si solo hay un medio que cubre todo el municipio, la investigación definió que la restricción es media; si, por el contrario, no existen medios, o si existen, no cubren todo el territorio o no tienen informativos locales, quiere decir que este municipio tiene una alta restricción de acceso a la información.
De los 141 municipios investigados, solo 11, el 8%, no tienen restricción de acceso a la información. Mientras que la restricción es alta en 92, es decir, el 65% de los municipios que investigó la FLIP para esta primera entrega de Cartografías de la información.
Este proyecto se materializa en un micrositio web donde están alojados los mapas, las cifras, los diagramas y el análisis parcial de buena parte de la información recogida.
en 7 de las 8 regiones el promedio de acceso a internet oscila entre el 2 y el 8%
Así, por ejemplo, a la fecha se sabe que de los 299 medios estudiados, hay 23 que son digitales, 34 impresos, 76 canales de televisión (entre comunitarios, comerciales y la única cadena pública, en el Cauca) y 166 estaciones de radio. Dentro de esta última categoría, 22 emisoras son públicas y 27 funcionan bajo la administración de la Fuerza Pública.
De hecho, en los municipios de Miraflores y Calamar, en Guaviare; Caloto, Guapi y Miranda, en Cauca; Solano, en Caquetá; y en El Bagre, en Bajo Cauca, la única emisora que existe es la de la Fuerza Pública.
La investigación aborda otros aspectos como el acceso a internet, la dependencia de la pauta oficial y las condiciones laborales de los periodistas.
Así, la escasa presencia de medios digitales en toda la muestra (23 de 299) se explica en parte porque en 7 de las 8 regiones el promedio de acceso a internet oscila entre el 2 y el 8% del total de la población (en Guaviare esta cifra no alcanza el 1 por ciento).
Sobre la pauta, se encontró que, en departamentos como Chocó, Casanare y Cauca, las emisoras comunitarias reciben, en promedio, el 40% de sus ingresos de la publicidad oficial. Y a esta dependencia de los entes estatales se suma que muchas de estas emisoras prefieren callar frente a temas relacionados con el orden público, la corrupción o el conflicto.
Sobre las condiciones laborales, la investigación encontró que, de los 249 medios que no incluyen los públicos o de la Fuerza Pública, los comunicadores de 67 medios ganan en promedio menos de un salario mínimo mensual legal vigente, mientras que solamente en 43, los periodistas reciben más de un salario mínimo.
Cartografías de la información seguirá indagando sobre la situación de los medios en otras regiones del país. Los datos que aquí se recogen son el primer insumo para entender la censura, los obstáculos para la libertad de prensa y las limitaciones de acceso a la información desde otra perspectiva inédita en Colombia.
jueves, 03 noviembre 2016
Noviembre 2: No más impunidad contra la prensa
El 2 de noviembre de 2016 habrá 153 historias en la Plaza de Bolívar de Bogotá, todas incompletas. Diez módulos con nombres, fechas y departamentos que resumen casi 40 años de censura, violencia e impunidad. El primer renglón lo ocupa Carlos Ramírez París, un periodista de Radio Guaymaral que murió desangrado en Cúcuta, Norte de Santander, luego de ser golpeado por dos policías en 1977.
sábado, 29 octubre 2016
Concejal de Montería retiene material periodístico del equipo informativo de Nortevisión
La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza la eliminación del material periodístico y la retención de los equipos de trabajo de los que fueron víctimas Luz Marina Rodríguez y Marcos Soto. El responsable de las agresiones es el concejal Alexander Madrid.
El jueves 27 de octubre el equipo periodístico de Nortevisión estuvo en el Concejo de Montería haciendo tomas de apoyo en las que aparecía el concejal Alexander Madrid. Cuando el funcionario notó que lo estaban grabando reaccionó de manera agresiva, le quitó la cámara a Soto y la retuvo. Según los reporteros del canal, el funcionario se mostró molesto por la nota que se publicó el miércoles 26 de octubre sobre la aprobación del presupuesto para la ciudad.
La FLIP se comunicó con el concejal quien aceptó haber borrado el vídeo en el que aparecía porque, según él, lo grabaron sin su autorización y durante un descanso que él estaba teniendo. Luego de la obstrucción, Madrid les pidió a las personas de seguridad que retiraran a los periodistas del recinto y se negó a devolverles la cámara. A la fecha de esta publicación el concejal no ha devuelto la cámara a los periodistas.
Para la FLIP, esta situación reportada por Nortevisión resulta inadmisible, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas acciones interfieren con el derecho de toda persona a investigar e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información. Además, se trata de una violación de la reserva de la fuente que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.
Según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, el daño de material periodístico es un hecho que atenta contra la libertad de informar con la misma gravedad que la intimidación o la amenaza, y por tal motivo “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La FLIP hace un llamado al concejal Alexander Madrid para que ofrezca las explicaciones y las disculpas del caso y regrese la cámara a los reporteros. También le recuerda que en los escenarios donde se desarrollan discusiones públicas, los funcionarios son susceptibles de ser objeto de registro por parte de la prensa y, en general, de cualquier ciudadano a quien se le permita el acceso.
martes, 25 octubre 2016
Evento: Los mapas y las cifras del periodismo colombiano
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Proyecto Antonio Nariño (PAN) invitan el próximo miércoles 9 de noviembre al evento “Los mapas y las cifras del periodismo colombiano”. Ese día se realizarán 3 actividades.
En primer lugar, se llevará a cabo el lanzamiento del especial web Cartografías de la Información, un proyecto que realiza un diagnóstico sobre el estado de los medios en ocho departamentos del país y hace recomendaciones para que la información fluya libremente. Durante un año, un equipo de investigadores de la FLIP visitó distintas regiones del país para reunir información acerca de cuántos medios hay en cada departamento, cuántos ofrecen noticias locales, cuántos pertenecen al ejército y, entre otros datos, cuál es el nivel de dependencia de la pauta oficial. Los primeros resultados de esta investigación se presentarán en la mañana del mércoles 9.
Además, se presentarán los resultados de la IV Encuesta Nacional a Periodistas sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, una herramienta que permite conocer qué piensan los periodistas colombianos sobre el ejercicio de su profesión y sobre la libertad de expresión en el país.
Finalmente, se llevará a cabo el conversatorio “¿Cómo queda el periodismo frente al fin de la guerrilla de las FARC?” a cargo de los periodistas Sibylla Brodsinsky, quien trabaja como freelance en Colombia escribiendo para la revista The Economist y The Guradian; Maria Teresa Ronderos, del Programa de periodismo Independiente de la Open Society Foundations; María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana y directora de Semana en Vivo y Bill Orme, líder de las campañas de promoción mundial para apoyar el periodismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El evento se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. en el Hotel Estelar del Parque de la 93.
Cupos limitados, por favor inscríbase aquí.
Este encuentro hace parte del ciclo de conversatorios Café, periodismo y democracia que han sido organizados conjuntamente entre la FLIP, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia – FESCOL, el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes – CEPER, y el Centro de Pensamiento en Comunicación de la Universidad Nacional.
sábado, 22 octubre 2016
Comité de expertos de la ONU evalúa a Colombia sobre libertad de prensa
En la mañana del 20 de octubre terminó la presentación del Séptimo Informe Periódico del Gobierno de Colombia sobre Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en compañía de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), iFex -International Freedom of Expression y la Campaña “No es Hora de Callar”, elaboraron un informe alternativo enfocado en libertad de prensa y libertad de expresión.
La comitiva oficial del Gobierno colombiano estuvo integrada, entre otros miembros, por Paula Gaviria Betancur, consejera presidencial para los Derechos Humanos y jefe de la delegación; Beatriz Londoño Soto, representante permanente de Colombia ante la ONU, el Director de la Unidad de Protección, Diego Mora, además de representantes de la Cancillería, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Adicional a la presentación del informe, el gobierno colombiano tuvo que responder a una serie de cuestionamientos que planteó el Comité de DD.HH. de la ONU entre el miércoles 19 y el jueves 20 de octubre.
La delegación de la sociedad civil (de la que hizo parte la FLIP) presentó una serie de sugerencias para ser incluidas en el informe final del Comité. Como parte de este proceso, la periodista Jineth Bedoya Lima presentó su caso e hizo un llamado al panel de expertos en DD.HH. de la ONU para que la búsqueda de justicia haga parte del programa de protección de periodistas que han sido víctimas de cualquier tipo de acoso.
“Respetados miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 25 de mayo de 2000 me silenciaron. La investigación en la que trabajé por tantos años se vio interrumpida y aún hoy no la he podido publicar. Y lo peor es que sigo haciendo mi trabajo en Colombia escoltada por siete hombres y un carro blindado. Esta no es una protección real porque mientras no se procese y se juzgue a los autores materiales e intelectuales del crimen en mi contra, no seré libre para preguntar, para contar, para vivir”, afirmó Bedoya.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas insistió en esta petición, de modo que en sus recomendaciones al gobierno colombiano será central que la justicia y la protección de periodistas vayan de la mano. Un parámetro de evaluación internacional sin precedentes para la lucha contra la impunidad de los crímenes que ha sufrido la prensa en Colombia.
Adicionalmente, en la madrugada del jueves 20 de octubre, el Comité planteó algunas preguntas al gobierno colombiano frente a la vigilancia estatal a comunicadores y periodistas. Particularmente, se enunció el caso de periodistas que denunciaron acciones de inteligencia en su contra a causa de sus investigaciones periodísticas sobre corrupción en la Policía Nacional. En su momento, la FLIP denunció estas irregularidades ante la opinión pública y desde entonces se ha pedido a las autoridades que esclarezcan lo ocurrido.
Ahora, ante las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado colombiano tiene 48 horas para explicar si hubo o no vigilancia contra estas periodistas y en qué condiciones se dio. La FLIP espera que esa respuesta sea de acceso público.
El Comité también hizo un llamado a la celeridad en el caso de Jineth Bedoya Lima y pidió al Estado colombiano que se juzgara a todos los responsables del secuestro, tortura y violación que sufrió la periodista el 25 de mayo de 2000.
Por último, el Comité preguntó acerca de las facultades del gobierno frente a la ley de inteligencia y contrainteligencia. La Cancillería contestó que existen controles internos. La FLIP, no obstante, ha denunciado que dichos controles no han funcionado eficazmente y que la ley tiene problemas. Estos aspectos fueron advertidos por la FLIP y Dejusticia y la Corte Constitucional los pasó por alto en la revisión a esta ley.
En el informe alternativo presentado por la FLIP, No es Hora de Callar, iFex y RIDH se denunció el problema de la pauta oficial en Colombia, una forma de censura indirecta que afecta a los periodistas y medios regionales en todo el país. Si bien en las reuniones conjuntas del Comité con el gobierno colombiano no se alcanzó a discutir este tema, la FLIP, así como las organizaciones aliadas, esperan que este tema se incluya en las recomendaciones finales.
El 4 de noviembre de 2016 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas presentará un informe final a partir de las conclusiones a las que se llegó en este encuentro. El Estado colombiano tiene una larga tradición de asumir una actitud responsable frente a estos lineamientos y por eso la FLIP espera que pronto se tomen medidas para la eficaz protección de los derechos vulnerables frente a la libertad de expresión en Colombia.
Descargue a continuación un resumen detallado de lo ocurrido durante el encuentro.
