La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Proyecto Antonio Nariño (PAN) invitan el próximo miércoles 9 de noviembre al evento “Los mapas y las cifras del periodismo colombiano”. Ese día se realizarán 3 actividades.

En primer lugar, se llevará a cabo el lanzamiento del especial web Cartografías de la Información, un proyecto que realiza un  diagnóstico sobre el estado de los medios en ocho departamentos del país y hace recomendaciones para que la información fluya libremente. Durante un año, un equipo de investigadores de la FLIP visitó distintas regiones del país para reunir información acerca de cuántos medios hay en cada departamento, cuántos ofrecen noticias locales, cuántos pertenecen al ejército y, entre otros datos, cuál es el nivel de dependencia de la pauta oficial. Los primeros resultados de esta investigación se presentarán en la mañana del mércoles 9.

Además, se presentarán los resultados de la IV Encuesta Nacional a Periodistas sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información, una herramienta que permite conocer qué piensan los periodistas colombianos sobre el ejercicio de su profesión y sobre la libertad de expresión en el país.

Finalmente, se llevará a cabo el conversatorio “¿Cómo queda el periodismo frente al fin de la guerrilla de las FARC?” a cargo de los periodistas Sibylla Brodsinsky, quien trabaja como freelance en Colombia escribiendo para la revista The Economist y The Guradian; Maria Teresa Ronderos, del Programa de periodismo Independiente de la Open Society Foundations; María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana y directora de Semana en Vivo y Bill Orme, líder de las campañas de promoción mundial para apoyar el periodismo independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El evento se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. en el Hotel Estelar del Parque de la 93. 

Cupos limitados, por favor inscríbase aquí.

Este encuentro hace parte del ciclo de conversatorios Café, periodismo y democracia que han sido organizados conjuntamente entre la FLIP, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia – FESCOL, el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes – CEPER, y el Centro de Pensamiento en Comunicación de la Universidad Nacional.

En la mañana del 20 de octubre terminó la presentación del Séptimo Informe Periódico del Gobierno de Colombia sobre Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en compañía de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), iFex -International Freedom of Expression y la Campaña “No es Hora de Callar”, elaboraron un informe alternativo enfocado en libertad de prensa y libertad de expresión.

La comitiva oficial del Gobierno colombiano estuvo integrada, entre otros miembros, por Paula Gaviria Betancur, consejera presidencial para los Derechos Humanos y jefe de la delegación; Beatriz Londoño Soto, representante permanente de Colombia ante la ONU, el Director de la Unidad de Protección, Diego Mora,  además de representantes de la Cancillería, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Adicional a la presentación del informe, el gobierno colombiano tuvo que responder a una serie de cuestionamientos que planteó el Comité de DD.HH. de la ONU entre el miércoles 19 y el jueves 20 de octubre.

La delegación de la sociedad civil (de la que hizo parte la FLIP) presentó una serie de sugerencias para ser incluidas en el informe final del Comité. Como parte de este proceso, la periodista Jineth Bedoya Lima presentó su caso e hizo un llamado al panel de expertos en DD.HH. de la ONU para que la búsqueda de justicia haga parte del programa de protección de periodistas que han sido víctimas de cualquier tipo de acoso.

“Respetados miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 25 de mayo de 2000 me silenciaron. La investigación en la que trabajé por tantos años se vio interrumpida y aún hoy no la he podido publicar. Y lo peor es que sigo haciendo mi trabajo en Colombia escoltada por siete hombres y un carro blindado. Esta no es una protección real porque mientras no se procese y se juzgue a los autores materiales e intelectuales del crimen en mi contra, no seré libre para preguntar, para contar, para vivir”, afirmó Bedoya.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas insistió en esta petición, de modo que en sus recomendaciones al gobierno colombiano será central  que la justicia y la protección de periodistas vayan de la mano. Un parámetro de evaluación internacional  sin precedentes para la lucha contra la impunidad de los crímenes que ha sufrido la prensa en Colombia.

Adicionalmente, en la madrugada del jueves 20 de octubre, el Comité planteó algunas preguntas al gobierno colombiano frente a la vigilancia estatal a comunicadores y periodistas. Particularmente, se enunció el caso de periodistas que denunciaron acciones de inteligencia en su contra a causa de sus investigaciones periodísticas sobre corrupción en la Policía Nacional. En su momento, la FLIP denunció estas irregularidades ante la opinión pública y desde entonces se ha pedido a las autoridades que esclarezcan lo ocurrido.

Ahora, ante las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado colombiano tiene 48 horas para explicar si hubo o no vigilancia contra estas periodistas y en qué condiciones se dio. La FLIP espera que esa respuesta sea de acceso público.

El Comité también hizo un llamado a la celeridad en el caso de Jineth Bedoya Lima y pidió al Estado colombiano que se juzgara a todos los responsables del secuestro, tortura y violación que sufrió la periodista el 25 de mayo de 2000.

Por último, el Comité preguntó acerca de las facultades del gobierno frente a la ley de inteligencia y contrainteligencia. La Cancillería contestó que existen controles internos. La FLIP, no obstante, ha denunciado que dichos controles no han funcionado eficazmente y que la ley tiene problemas. Estos aspectos fueron advertidos por la FLIP y Dejusticia y la Corte Constitucional los pasó por alto en la revisión a esta ley.

En el informe alternativo presentado por la FLIP, No es Hora de Callar, iFex y RIDH se denunció el problema de la pauta oficial en Colombia, una forma de censura indirecta que afecta a los periodistas y medios regionales en todo el país. Si bien en las reuniones conjuntas del Comité con el gobierno colombiano no se alcanzó a discutir este tema, la FLIP, así como las organizaciones aliadas, esperan que este tema se incluya en las recomendaciones finales.

El 4 de noviembre de 2016 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas presentará un informe final a partir de las conclusiones a las que se llegó en este encuentro. El Estado colombiano tiene una larga tradición de asumir una actitud responsable frente a estos lineamientos y por eso la FLIP espera que pronto se tomen medidas para la eficaz protección de los derechos vulnerables frente a la libertad de expresión en Colombia.

Descargue a continuación un resumen detallado de lo ocurrido durante el encuentro.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamenta la prescripción del caso del periodista Norvey Díaz Cardona, director del periódico Rodando Barrios, en Girardot, Cundinamarca.

Fue encontrado muerto en la vía que conduce de Ricaurte a Girardot el 18 de octubre de 1996. Hasta la fecha se desconoce el motivo de su muerte y los responsables. El caso prescribe sin que la Fiscalía General de la Nación haya adelantado una investigación acorde a la gravedad de los hechos, pues ni siquiera reporta información sobre este crimen.

Norvey cubría temas de orden público, denunciaba las desapariciones y asesinatos de indigentes y drogadictos que presuntamente eran obra de un grupo que se identificaba con una “mano negra”.

La FLIP recuerda que la falta de justicia en estos casos afecta también el derecho que tiene la sociedad de estar informada y el ambiente de impunidad genera que los agresores sigan libres cometiendo agresiones contra periodistas y medios. 

La FLIP exhorta a la Fiscalía para intensificar esfuerzos en la identificación y sanción de los responsables en los casos próximos a prescribir:

- Santiago Rodríguez Villalba, periodista de Sucre, asesinado el 2 de febrero de 1997.

- Freddy Elles Ahumada, reportero gráfico de Bolívar, asesinado el 18 de marzo de 1997.

Encuentre aquí más casos próximos a prescribir. 

En la tarde del lunes 10 de octubre, el equipo de RCN Televisión en Cartagena se dirigió a Turbaco, Bolívar, para hablar con la directora de la Fundación Ángeles con Patas, quien estaba recibiendo amenazas por parte de los vecinos del sector.

Mientras realizaban la entrevista en las instalaciones de la organización que se encarga de recoger y esterilizar perros callejeros, los vecinos empezaron a golpear la puerta con violencia. Cuando salieron a averiguar qué estaba pasando, las personas en la calle señalaron a los periodistas de parcializados.

El equipo de RCN aclaró que estaban hablando con la directora de la Fundación y que más tarde planeaban entrevistar a otros miembros de la comunidad. Sin embargo, los reclamos de los vecinos se tornaron cada vez más violentos, agredieron a los periodistas y rompieron sus cámaras.

El camarógrafo y el periodista tuvieron que salir del sector en medio de la violencia de los vecinos.

La FLIP hace un llamado a las autoridades locales y regionales, así como a la sociedad civil, y en este caso en particular a los miembros de esta comunidad, para que respeten el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. El periodismo requiere del diálogo con todas las fuentes posibles y, para alcanzar la transparencia, se debe acceder a estas sin presiones.

En un país donde la prensa ha sido objeto de agresiones por parte de actores armados, dentro y fuera de la ley, resulta desalentador que ahora se deba sumar a la ciudadanía en la lista de agresores al periodismo libre. La FLIP invita a los vecinos de Turbaco, involucrados o no en este desafortunado episodio, a que sean garantes del artículo 95 de la Constitución y protejan la libertad de expresión.

El 7 de octubre, el Juez 9° Penal Municipal de conocimiento de Bogotá accedió a la solicitud de la Fiscalía de decretar la preclusión de la investigación que se adelantaba en contra de Juan Esteban Mejía Upegui. El periodista había sido acusado del delito de injuria por el médico Carlos Alberto Ramos Correa.

En 2011, Revista Semana publicó un artículo de autoría del periodista titulado “El médico de las barbies” en el que se cuestionaba al médico Ramos Correa. En el texto original, escrito por Mejía, se decía que “[u]n médico general logró fama y reconocimiento como cirujano plástico”. Sin embargo, el artículo fue editado por Semana y, en cambio, la publicación señalaba “Un hombre sin tener título de médico se convirtió en uno de los cirujanos plásticos más consultados de Medellín”.

Luego de la solicitud hecha por el médico, Semana publicó una rectificación en 2015 en la que corrigió la información publicada y, además, aclaró que Mejía “no fue quien incurrió en la afirmación según la cual Ramos no tenía título de médico. Su texto original estaba correcto, y el error fue incorporado en el posterior trabajo colectivo de revisión edición y corrección”.

Después de adelantar la correspondiente investigación, la Fiscalía solicitó la declaratoria de preclusión, a la cual accedió el juez. Sin embargo, a pesar de que evidentemente Mejía no fue el autor de la supuesta injuria y de que Semana publicó la correspondiente rectificación, la preclusión sólo fue declarada más de un año y medio después de la vinculación del periodista al proceso penal.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que las investigaciones penales se adelanten con celeridad, de forma que no se afecte injustamente el trabajo de los periodistas. 

La Universidad de Columbia lanza la versión online en español del Banco de Jurisprudencia sobre Libertad de Expresión con la colaboración de UNESCO, Dejusticia, FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) y la Universidad Externado de Colombia. Se puede acceder a la base de datos a través del siguiente enlace: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/espanol

“Esta iniciativa demuestra la importancia de crear sinergias entre los múltiples actores interesados ​​en el apoyo de la protección de la libertad de expresión en la región”, dijo Lidia Brito, Directora Regional de la Oficina de UNESCO en Montevideo.

La base de datos en español incluye decisiones judiciales de las más altas cortes de 16 países latinoamericanos y algunas decisiones del resto del mundo en materia de libertad de expresión y acceso a la información. El análisis fue realizado por un grupo de abogadas colombianas supervisadas por Catalina Botero Marino, abogada internacional de derechos humanos y ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

La Dra. Agnes Callamard señaló que “Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia está encantado de la posibilidad de trabajar con los socios latinoamericanos para poner en marcha esta maravillosa herramienta. La base de datos online en español reconoce nuestra comunidad global multi-cultural y multi-lingüística y al mismo tiempo destaca la necesidad de compartir las tendencias legales y judiciales sin consideración de fronteras, para proteger la libertad de expresión y fortalecer bases y normas comunes”.

La base de datos en español se desarrolló luego de amplias consultas con los jueces de América Latina, como parte de un programa de la UNESCO encaminado a fortalecer la protección jurídica de la libertad de expresión en el continente. El proceso culminó en la Cumbre Iberoamericana de Jueces, celebrada en Paraguay en abril de 2016, cuando veintitrés Presidentes de los tribunales de América Latina dieron la bienvenida a la base de datos en español y se comprometieron a contribuir con decisiones que favorezcan el intercambio de conocimientos y jurisprudencia en toda la región en materia de libertad de expresión, transparencia y acceso a la información pública.

Para Catalina Botero Marino, “La protección del derecho a la libertad de expresión es una de las condiciones que posibilita una genuina democracia y los jueces son la última barrera de protección de esta libertad. La base de datos presenta una espléndida oportunidad para conocer la forma como los jueces, en los distintos Estados, están afrontando los temas relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. Gracias a este instrumento es posible identificar las tendencias nacionales y regionales existentes. Esta herramienta permite también aprender las lecciones que surgen de las mejores prácticas y prender las alertas allí donde la protección judicial resulte deficitaria. Finalmente, se trata de un recurso valioso para fomentar el dialogo entre los distintos poderes judiciales así como la comprensión del público sobre la importante labor de los jueces en la importante tarea de defender la libertad”.

El proyecto Global Freedom of Expression de la universidad de Columbia fue creado en 2014 por el presidente de la Universidad de Columbia, Lee Bollinger, para avanzar en la comprensión de las normas y las instituciones que protegen de la mejor forma el libre flujo de información y de expresión. Para lograr su objetivo, El proyecto Global Freedom of Expression de la universidad de Columbia se involucra con una variedad de actores, incluidos expertos académicos, abogados, jueces, activistas y estudiantes. Asimismo,  lleva a cabo comisiones de investigación y proyectos de política pública, organiza eventos y conferencias, y participa y contribuye en los debates mundiales sobre la protección de la libertad de expresión e información en el siglo 21. Para obtener más información, visite:

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/

Sobre los gestores

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

La UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. El Artículo I de su Constitución declara que la Organización se propone “asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo”. Para lograrlo, la Organización debe fomentar “el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones prestando su concurso a los órganos de información para las masas” y recomendar “los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen”.

Como parte de las actividades regionales de la Organización para mejorar y fortalecer los conocimientos y habilidades de los operadores judiciales en las normas internacionales pertinentes a promover y proteger la libertad de expresión , la UNESCO y sus socias han aplicado y coordinado una serie de actividades regionales de creación de capacidades y el intercambio de conocimientos . Estas actividades se llevaron a cabo en el marco del proyecto paraguas: La promoción del papel del sistema judicial como actor clave en la promoción y protección de la libertad de expresión en América Latina. Más de 3000 operadores de los sistemas judiciales de 22 países de Iberoamérica ya participaron de estas actividades, con un fuerte apoyo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y del Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos.

Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá dedicado al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Es un centro de investigación y acción que produce estudios rigurosos para promover el cambio social, así como campañas, litigios y programas educativos y de formación. Desde 2005 Dejusticia trabaja en las siguientes líneas temáticas: anti-discriminación; derechos económicos, sociales y culturales; Estado de Derecho; justicia ambiental; sistema judicial; justicia transicional y políticas de drogas. Su enfoque tiene tres componentes: la producción de conocimiento que aporte al entendimiento de las fallas del sistema y las violaciones de los derechos; la incidencia en el diseño de políticas públicas mediante campañas de acción, litigios estratégicos y participaciones en la discusión mediática y académica, y la promoción de la formación en derechos humanos a través de una variedad de formatos y un amplio rango de públicos —como académicos, jueces, activistas, comunidades de base y hacedores de políticas— mediante talleres, cursos y conferencias.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que hace seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la protección de los periodistas, medios de comunicación y otros ciudadanos que ejercen la libertad de expresión sobre asuntos de interés público en Colombia. Además, promueve la libertad de expresión y el acceso a la información. La FLIP brinda asesoría y acompañamiento a periodistas con el fin de que la libertad de expresión sea garantizada por el Estado y reconocida por la ciudadanía como un valor importante en la sociedad. Esto se desarrolla promoviendo el fortalecimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión desde una perspectiva amplia en entornos análogos y digitales.

La Universidad Externado de Colombia es una de las principales universidades del país, dedicada a la enseñanza e investigación en ciencias sociales y humanas. Con más de diez facultades, 17 pregrados y 80 opciones de posgrado, su actividad se desarrolla dentro de una filosofía pluralista, abierta a todas las corrientes del pensamiento, ajena al dogmatismo y respetuosa de todos los credos religiosos e ideologías políticas. La Universidad promueve la tolerancia como fórmula para alcanzar la paz y el progreso dentro de la heterogeneidad, acoge a estudiantes de todas las regiones del país y considera a la diversidad como una de sus mayores riquezas. Dentro del espíritu liberal que la anima, la Universidad Externado de Colombia persigue el ideal de la libertad como derecho inalienable del ser humano; tiene fe en la democracia; lucha por el perfeccionamiento del Estado Social de Derecho, en la búsqueda de la igualdad en los planos social y económico, y del respeto por los Derechos Fundamentales.

Sobre la Universidad de Columbia

La Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York se encuentra dentro de las principales universidades de investigación en el mundo, busca continuamente avanzar las fronteras de la escolaridad y fomentar una comunidad profundamente comprometida con los complejos problemas de nuestro tiempo a través de la enseñanza, la investigación, la atención al paciente y el servicio público. La Universidad se compone de 16 programas de pregrado, posgrado y escuelas profesionales, y cuatro universidades afiliadas y seminarios en Manhattan, y una amplia gama de institutos de investigación y centros globales de todo el mundo. Más de 40.000 estudiantes, reconocidos miembros de la facultad y del personal profesional definen los valores y el compromiso subyacentes de la Universidad para la búsqueda de nuevos conocimientos y la educación de ciudadanos comprometidos e informados. La Universidad fue fundada en 1754 con el nombre de King’s College (Colegio del Rey), y es la quinta institución más antigua de enseñanza superior en los Estados Unidos.

Esta iniciativa recibió un generoso apoyo de Open Society Foundations (OSF) y La Agencia Internacional de Suecia para la Cooperación y el Desarrollo (SIDA).

El organismo electoral decidió prohibir cualquier tipo de divulgación y pedagogía del Acuerdo de Paz. 48 horas antes de que los colombianos se dirijan a las urnas para apoyar o no el acuerdo negociado en La Habana, el Consejo Nacional Electoral decidió expedir la resolución 2004 de 2016, la cual, entre otras disposiciones, “prohíbe la divulgación o pedagogía del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, así como toda clase de propaganda electoral por la opción del Sí o por la opción del No”.

La FLIP rechaza esta medida, no solo porque es desproporcionada, sino además porque constituye un atentado grave contra la libertad de expresión y el derecho a la información por parte de la ciudadanía.

Esta nueva resolución del CNE es regresiva en cuanto a libertades y derechos democráticos pues establece prohibiciones absolutas para “los concesionarios de los servicios de radiodifusión sonora, prensa escrita en general, y a todas las modalidades de televisión”.

Por tercera vez en un mes, el CNE desconoce la distinción entre la propaganda política (que sí están en capacidad de prohibir) y el cubrimiento informativo de un documento que hasta hace un mes era desconocido para los colombianos.

Sorprende que el organismo de vigilancia electoral tome una decisión tan severa a pocos días del plebiscito, cuando ya los medios de comunicación podían tener listo algún tipo de cubrimiento relacionado con el Acuerdo.

En la resolución recién expedida, el 29 de septiembre, el CNE también insiste en la prohibición al uso de celulares y cámaras fotográficas en los puestos de votación para las personas no acreditadas. La FLIP reitera, como ya se había aclarado cuando salió la resolución anterior, que los ciudadanos, acreditados o no, tienen el derecho de documentar la jornada de votación.

La Fundación rechaza el carácter de este Consejo Nacional Electoral que, además de esta nueva resolución, ya había expedido una reglamentación para el plebiscito el 31 de agosto en la que también contemplaban serias restricciones a la libertad de expresión.

Por las características de esta resolución, el momento en el que se publica y la trascendencia que tiene para los medios, el Consejo Nacional Electoral está en el deber de transparentar cómo se tomó esta decisión, quién la propuso, qué motivó una  regulación de último momento, a dos días del plebiscito y no antes y quiénes participaron y el mecanismo a través del cual se adoptó la resolución.

La FLIP hace un llamado a los periodistas y medios de comunicación del país para que cumplan con su deber constitucional de informar a la ciudadanía y no se autocensuren en el cubrimiento y análisis de esta jornada tan importante para Colombia.

El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación, declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil.

El martes 27 de septiembre un juez de control de garantías de Bogotá ordenó la captura del Comando Central (COCE) del ELN por el secuestro de los periodistas Salud Hernández, Diego D'Pablos, Carlos Melo, William del Carmen Mora, Diego Velosa y Maria Zulay Ropero y del conductor de uno de los vehículos, Jhon Reales.  

La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario se impuso en contra de Nicolás Rodríguez, alias Gabino; Eliecer Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Rafael Sierra, alias Ramiro Vargas y Gustavo Giraldo, alias Pablito.

La solicitud de orden de captura contra los altos mandos del ELN se hizo en medio de la investigación que adelanta la Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación por el secuestro de los reporteros, ocurrido el pasado mes de mayo en la vereda de Filogringo, Norte de Santander.

Los miembros del COCE deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, rebelión, secuestro extorsivo agravado. El juez consideró la tipificación de este último delito al tener en cuenta que los afectados eran, en su mayoría, periodistas.   

La FLIP considera positiva la decisión judicial y espera que en los próximos días las autoridades puedan continuar con el enjuiciamiento y dar con el paradero de los responsables. La Fundación espera que la Fiscalía muestre celeridad en las demás investigaciones que adelanta relacionadas con la violencia contra periodistas. Sancionar los delitos en contra de la prensa contribuye a crear un ambiente favorable para que estos hechos no se repitan.

La FLIP le recuerda a la Unidad Nacional de Protección (UNP), y a las demás entidades gubernamentales encargadas de proporcionar seguridad, la importancia de proteger a los periodistas que estuvieron en cautiverio, así como las fuentes con las que pudieron tener contacto en el momento de los hechos. Luego de que fueron dejados en libertad, algunos reporteros han recibido amenazas y preocupa que una situación de vulnerabilidad sea aprovechada por el grupo guerrillero para atentar contra ellos por sus denuncias.