La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el hurto del que fue víctima el periodista de RCN en su lugar de residencia. 

El jueves 11 de mayo desconocidos entraron al apartamento de Beltrán y le robaron un computador portátil y dos discos duros. Cuando el periodista llegó a su vivienda cerca de las 9 de la noche notó que las cerraduras de la puerta estaban violentadas y que habían esculcado sus pertenencias. 

De acuerdo a la información recibida por la FLIP, en la residencia de Beltrán se encontraban otros objetos de valor que fueron ignorados por los desconocidos. Esto sugiere que los agresores tenían un interés particular sobre la información almacenada en los dispositivos.

Según Beltrán, en los equipos había información sensible sobre investigaciones relacionadas con extorsiones en Arauca por parte del ELN y de las disidencias de las Farc en Guaviare y Caquetá. Adicionalmente, el subdirector de La Noche estaba preparando una investigación sobre los militares condenados por casos de los falsos positivos en Soacha que se acogerán a la Justicia Especial Para la Paz.

La gravedad de este ataque contra la libertad de prensa radica en que, al contener los equipos robados información personal y periodística altamente sensible,  se pone en riesgo el secreto profesional, la seguridad del reportero y del equipo periodístico de RCN.

Antecedentes

En junio de 2016 Jefferson Beltrán denunció que había recibido amenazas a través de Twitter por las opiniones emitidas en su espacio periodístico sobre al proceso de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego de estas intimidaciones, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le implementó medidas de protección.

En septiembre del mismo año, Beltrán denunció que mientras hacía el cubrimiento de la décima conferencia de las Farc en la región del Yarí, un jefe de la Columna Teófilo Forero lo intimidó. Por esos días, el subdirector de La Noche estaba haciendo un reportaje sobre extorsiones del grupo guerrillero en San Vicente del Caguán, Caquetá.

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La FLIP expresa su preocupación por las intimidaciones y el robo de los que ha sido víctima Jefferson Beltrán, quien ahora se encuentra en un riesgo inminente. En este sentido, la FLIP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que investigue los hechos con celeridad y sancione a los responsables del hurto.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso: “(…) la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Debido a que los equipos contenían información sensible, la FLIP solicita a la UNP que fortalezca el esquema de protección para el periodista y se haga extensivo a su núcleo familiar. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se han tomado medidas de protección transitorias para mitigar el riesgo. Sin embargo, se espera que la UNP implemente medidas de seguridad necesarias de manera inmediata para salvaguardar al periodista, su familia y su lugar de residencia.

La FLIP hace un llamado a los miembros de la Fuerza Pública para que brinden las garantías necesarias para el cubrimiento periodístico durante las manifestaciones, resulta preocupante que reporteros que se encontraban plenamente identificados denuncien uso desmedido de la fuerza por parte de uniformados de la Policía y del Ejército. 

En un periodo de polarización como el que atraviesa Colombia, era de esperarse que los ataques a la prensa se incrementarían. Pero los registros de la Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP no dejan de preocupar. En un tercio del año ya se han registrado 87 ataques en los que han resultado afectados 108 reporteros (en 2016 se documentaron 216 casos con 262 periodistas víctimas).

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la FLIP hace un llamado a las autoridades colombianas, las audiencias, los periodistas, los medios de comunicación y a la comunidad internacional, para que se refuercen las garantías al periodismo en el país.

Parte de las variables que sólo han sido advertidas recientemente es la oferta deficitaria de medios de comunicación y de circulación de información local. El país rural recibe contenidos urbanos pero no siempre ve reflejadas sus realidades en los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta algunas restricciones para el cubrimiento en las zonas veredales, la incertidumbre en términos de orden público en muchas regiones del país y la necesidad de hacer seguimiento a la transparencia institucional en un año decisivo para la próxima campaña electoral, resulta desalentador que haya funcionarios públicos empeñados en obstaculizar, estigmatizar o bloquear a la prensa. En lo corrido 2017, 23 servidores del Estado, que deberían ser los principales garantes de la libertad de prensa, han estado involucrados en actos de censura.

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido señalado recientemente de sugerir contenidos periodísticos a través de terceros, con el fin de que los medios le den un giro a su línea editorial.La FLIP espera pronta respuesta de la Casa de Nariño al derecho de petición radicado el pasado 28 de abril para aclarar este episodio. Sin embargo, ya es muy diciente la evasiva del Presidente y su despacho a referirse sobre este tema. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier funcionario público para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos.

La indiferencia hacia la libertad de prensa se evidencia en otros problemas. Basta con resaltar que la justicia colombiana sigue sin mostrar avances significativos en los casos en los que los periodistas han sido víctimas.

Al interior del sistema judicial se presentan la negligencia, las dilaciones injustificadas y la dificultad para identificar dentro de la investigación a los autores intelectuales de los crímenes. Estas irregularidades han dado lugar a una administración ineficaz de justicia, lo que deriva en un alto riesgo de impunidad.

El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados.

Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.

La FLIP espera que esta fecha incentive a los ciudadanos a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo libre en el país. El mejor reflejo de un sistema democrático eficiente es la defensa colectiva sobre la importancia de la libertad de prensa como valor fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

En el documento adjunto se encuentran los casos destacados de los primeros cuatro meses de 2017 en los que se resaltan las agresiones de funcionarios públicos a distintos periodistas y medios del país. 

Lea aquí el informe en línea.

El pasado viernes 28 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó un derecho de petición dirigido al Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón. En el documento, la FLIP solicita aclarar las acusaciones que señalan al primer mandatario de hacer un llamado a empresarios para que presionen a medios de comunicación para que hagan cambios a su línea editorial.

Esta solicitud se presenta a partir de información difundida por la mesa de trabajo de Blu Radio el pasado 6 de abril, según la cual Juan Manuel Santos se habría reunido con un grupo de reconocidos empresarios del país en un encuentro en el que se habló del clima de pesimismo del país. “Llamen ustedes a los dueños de los medios para influenciar en los contenidos, para que al final el producto de los medios sea de optimismo y de confianza”, dice una nota de Blu Radio citando al Presidente.

Desde entonces la FLIP ha intentado comunicarse –sin éxito- con funcionarios de la Presidencia para conocer su versión de los hechos. Teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias, que señalan directamente al Presidente de la República de realizar actos contrarios a la libertad de prensa, la FLIP espera respuesta en término legal.

Actualización

El 18 de mayo, la Presidencia de la República dio respuesta al derecho de petición enviado por la FLIP. Si bien el despacho responde brevemente los interrogantes planteados, no aclara qué fue lo que dijo el Presidente Santos en relación con la directora de Noticias RCN.

Adjunto a este pronunciamiento podrá conocer el documento que radicó la Fundación y la respuesta enviada por la Presidencia de la República.

La FLIP rechaza la obstrucción a la labor periodística de la que fueron víctimas los reporteros de los canales nacionales. Los responsables fueron miembros de la fuerza pública, quienes recibieron la orden de Carlos Escobar, alcalde del municipio.

El jueves 27 de abril, los corresponsales RCN y Caracol televisión se trasladaron hacia el Punto Vive Digital de Armero-Guayabal para cubrir una reunión multidisciplinaria entre funcionarios de la alcaldía y de las demás instituciones distritales.  El encuentro se desarrolló luego de que las entidades fueran señaladas de haber actuado con negligencia frente a la atención de Sara Salazar, la menor de tres años que fue abusada sexualmente y asesinada el pasado 22 de abril.

Cuando los reporteros se encontraban haciendo tomas de apoyo frente al lugar de la reunión, miembros de la Policía les impidieron continuar con sus labores, argumentando que el encuentro era privado. Según los periodistas, uno de los uniformados aseguró que se trataba de una orden del alcalde del municipio, quien estaba molesto debido a que el cubrimiento periodístico sobre el caso de la menor había afectado a la administración.  

La FLIP le hace un llamado al alcalde Carlos Escobar para que ofrezca excusas públicas a los periodistas de los canales nacionales y adopte un discurso favorable frente al ejercicio periodístico. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos deben ser los principales garantes de la libertad de prensa, aún cuando los contenidos periodísticos sean contrarios a sus intereses.

Durante la implementación de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) dispuestas para el desarme de los miembros de las Farc y la transición para la reincorporación a la vida civil, periodistas de varios medios de comunicación han reportado restricciones para acceder a estos lugares. Las organizaciones han documentado las siguientes obstrucciones.

1. Empadronamiento: En Zonas Veredales como la que está ubicada en Caldono, Cauca, periodistas han denunciado que miembros del ejército les toman fotos a sus credenciales para hacer un registro y se demoran aproximadamente dos horas para permitir el ingreso.
2. Acceso restringido: Los reporteros que han intentado hacer cubrimiento en la Zona ubicada en Caño Indio, Tibú, en el departamento de Norte de Santander; denuncian que los miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) restringen el acceso. Los reporteros han logrado ingresar, lo han hecho a través de las organizaciones sociales de la región. Una situación similar se ha presentado en la ZVTN de Anorí, Antioquia, donde periodistas denuncian que miembros de las Farc han impedido el acceso.
3. Trato discriminatorio: Periodistas de medios locales denuncian que cuando han solicitado entrevistas con algún jefe de las Farc, han notado que su trámite ha sido más engorroso que el de periodistas de medios nacionales o internacionales, quienes han tenido prioridad para el cubrimiento.

A pesar de que la FLIP y RSF enviaron una comunicación al MM&V solicitando que fueran aclaradas las situaciones en las que se han reportado las restricciones, no se recibió ningún tipo de respuesta por parte de los delegados.

Las organizaciones le solicitan al Mecanismo de Monitoreo y Verificación que se aclaren estas situaciones y se garantice el cubrimiento periodístico de los medios de comunicación sin ningún tipo trato discriminatorio. La pluralidad informativa en estos casos fortalece el debate público y contribuye a la veeduría y la verificación que toda sociedad civil necesita para acompañar los procesos de desarme.

La FLIP y RSF le hacen un llamado al MM&V para que haya transparencia en los trámites establecidos para la atención a periodistas en las Zonas Veredales. Sin embargo, la Fundación y RSF consideran importante que estos procedimientos contribuyan a garantizar el acceso de la prensa a las ZVTN y que no se conviertan en obstáculos ilegítimos para el cubrimiento.

Luego de la tragedia ocurrida en Mocoa en la madrugada del 1 de abril, la Fundación para la Libertad de Prensa se suma al llamado de solidaridad y donaciones, reconoce el esfuerzo de medios y periodistas e invita a que incrementen las ayudas.

Adicionalmente, la FLIP ha tenido conocimiento de al menos seis periodistas (la mayoría independientes) que resultaron gravemente afectados por la avalancha. La Fundación avanza en un censo de daños para contribuir a la búsqueda de apoyos a los medios locales. De acuerdo a las Cartografías de la Información en el Putumayo, en Mocoa hay al menos 8 medios de comunicación locales y 3 tres de carácter público: dos digitales, Putumayo Noticias y MiPutumayo.com; un impreso, El Nuevo Putumayo; cinco emisoras, Radio Waira, Colombia Estéreo, Radio Policía Nacional (estas tres son públicas); Putumayo Estéreo y Maguare Estéreo; y tres canales, WVC Televisión, Noticiero TV Putumayo y ASOCOTV.

La FLIP quiere hacer un reconocimiento especial a estos reporteros que están haciendo su trabajo en medio de sus dramas personales y a pesar de las restricciones de agua y energía eléctrica que todavía afectan algunos sectores de la capital del Putumayo.

De la mano de dos corresponsales de la FLIP que se encuentran en el terreno, la FLIP está evaluando los daños que sufrieron los periodistas y medios de comunicación de Mocoa para buscar una forma de apoyarlos hacia su reconstrucción. El objetivo es evaluar el impacto de las pérdidas y así determinar qué acciones son urgentes para que retomen actividades.

La FLIP llama la atención y manifiesta su preocupación por algunos mensajes emitidos o respaldados por líderes políticos en contra de medios de comunicación durante las manifestaciones de este 1 de abril.

Estos señalamientos contra los medios de comunicación hacen más tenso el ambiente para que los reporteros puedan hacer su trabajo.

Este primero de abril el senador del Centro Democrático, Fernando Araújo, convocó a la ciudadanía en Cartagena para asistir a la manifestación. Algunas de las personas que salieron a expresar su rechazo por los recientes actos de corrupción sostenían una pancarta en la que aparecía Araujo con el siguiente mensaje: "!!! Fuera !!! Periodistas vendidos".

En la mañana, mientras se desarrollaban las manifestaciones en diferentes ciudades del país, Gustavo Petro publicó un mensaje a través de su cuenta en twitter: "Está fracasando el Canal RCN y su propietario en su tarea por "traquetizar la sociedad"”.

El trino del exalcalde de Bogotá estaba vinculado a una publicación que había hecho el medio de comunicación sobre las manifestaciones. Tras la invitación pública a reconsiderar el alcance de dicho mensaje, el exalcalde se reafirmó en sus comentarios al final del día.

La FLIP expresa su preocupación por las estigmatizaciones en contra de los medios de comunicación. En un ambiente tan polarizado como el que vive el país, este tipo de señalamientos aumentan el riesgo de los reporteros que cubren las manifestaciones y que representan a los medios involucrados.

Es importante que en las democracias se protejan los discursos que critican a los medios de comunicación. Sin embargo, cuando estos son formulados por líderes políticos hay una carga acentuada de precaución.

Lo anterior se sustenta en que los ciudadanos que respaldan esos liderazgos puedan interpretar los señalamientos y estigmatizaciones como un gesto de permisividad y respaldo para atacar a la prensa.

La FLIP hace un llamado al senador Araújo y al exalcalde Petro para que se reconsideren estos mensajes y evalúen el impacto de estos en el ambiente de deliberación plural y democrático.

Las opiniones y críticas sobre periodistas y medios de comunicación deben hacerse con precaución para no restringir la libertad de prensa.

Caracol Radio Colombia, La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS), La Asociación Colombiana de Editores de Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), rechazamos de manera enfática las agresiones de las que fue víctima la periodista Elyangélica González, corresponsal en Venezuela de la cadena colombiana Caracol Radio. Este ataque no tiene precedentes recientes y contradice los principios democráticos.

A las 8:30 de la mañana del 31 de marzo de 2017, en inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y haciendo cubrimiento de la crisis institucional a partir de la suspensión de la Asamblea Nacional, la periodista fue brutalmente golpeada por una decena de militares venezolanos que la despojaron de sus equipos periodísticos e interrumpieron la transmisión que hacía en directo para Bogotá.

“Me arrancaron el teléfono, traté de sacar el otro para seguir hablando, me lo quitaron, lo partieron, lo quemaron, me detuvieron en el Tribunal Supremo (…) estoy completamente arañada, golpeada (…) me cayeron a patadas diez personas, me batían de un lado a otro”, relató la periodista cuando pudo retomar contacto con la cadena radial.

Estos hechos no solo son humillantes, autoritarios, crueles e inhumanos contra una periodista mujer, sino que además constituyen una grave violación a la libertad de prensa que cuestiona las garantías para los corresponsales internacionales que cubren la difícil coyuntura que atraviesa Venezuela. Son acciones de censura previa, violencia contra la prensa y destrucción de material periodístico que están prohibidas por las declaraciones internacionales de Derechos Humanos suscritas por el Estado de Venezuela.  Este ataque a la prensa colombiana acreditada en Venezuela ya está en conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El sistemático desprecio de las autoridades venezolanas por la libertad de prensa restringe el derecho a la información y aumenta las condiciones de riesgo de los periodistas que trabajan en este país. A pesar del que el gobierno venezolano desconoce sus obligaciones de respeto a la prensa a partir de acciones autoritarias, nos corresponde  insistir en la exigencia de los valores democráticos.

La declaración de principios sobre libertad de expresión indica que la “intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por lo anterior, hacemos un llamado especial a la Cancillería colombiana para que siga brindando apoyo a los periodistas que trabajan para medios colombianos en ese país, tomando en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en curso las relaciones internacionales.

Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en su mandato de garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, active todos los mecanismos a su disposición que contribuyan a la protección de la periodista Elyangélica González.

Por último, convocamos al periodismo de las américas a sumar esfuerzos solidarios y de unión con el fin de mantener a la comunidad internacional informada sobre lo que sucede en Venezuela.