Últimos tres homicidios a periodistas en Colombia permanecen en total impunidad

En el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra la Prensa, recordamos a los tres periodistas del país que han sido asesinados en los últimos trece meses. En 2022, Rafael Moreno, en Montelíbano, Córdoba, y Wilder Córdoba, en La Unión, Nariño; y en 2023, Luis Gabriel Pereira, en Ciénaga de Oro, Córdoba. En esta violencia hay varios patrones: los periodistas cubrían temas de interés como orden público, seguridad, y corrupción; los homicidios ocurrieron en municipios con un ecosistema mediático limitado; y los periodistas, quienes también ejercían labores de liderazgo y veeduría, y eran reconocidos por las y los habitantes de sus municipios.

Actualmente, estos tres casos permanecen en total impunidad y la Fiscalía avanza en las investigaciones para individualizar y determinar quiénes participaron en cada uno de los crímenes, bajo la hipótesis de que los asesinatos tienen relación con el trabajo periodístico de los tres comunicadores. Aunque se ha señalado que ciertos grupos criminales podrían tener relación con los homicidios, no se ha obtenido información sobre quiénes los determinaron. Si bien los progresos de la Fiscalía son importantes para garantizar justicia y verdad, no son respuestas contundentes y envían un mensaje de permisividad a quienes quieren acallar a las y los periodistas.

El repertorio de violencias contra la prensa es amplio: durante este año, hemos documentado un asesinato, 34 casos de acoso judicial, 50 estigmatizaciones y 131 amenazas a periodistas. Estas intimidaciones no pueden ser subestimadas, por el contrario son un factor de predictibilidad de hechos que pueden atentar de manera directa la seguridad e integridad de las y los periodistas, por lo tanto deben ser investigadas con diligencia y dentro de un plazo razonable, para así evitar el escalamiento de la violencia. Por ejemplo, Rafael Moreno denunció de manera reiterada que era víctima de amenazas, pero no recibió una respuesta proporcional ante el riesgo que corría.

Si bien notamos que la justicia colombiana es consciente del incremento de la violencia hacia la prensa, es necesario que la Fiscalía actúe de manera diligente y oportuna para brindar justicia, así como las autoridades regionales y locales deben proteger a los y las periodistas, para de esta manera combatir la impunidad. Hacemos un llamado para que las autoridades competentes fortalezcan las investigaciones y avancen en ejercer sanciones, con el objetivo de identificar a todos los actores de la cadena criminal que participan y determinan los homicidios contra periodistas.

De igual manera, la Fiscalía debe brindar lineamientos de trabajo e investigación claros a las y los funcionarios que investiguen los crímenes contra periodistas, pues esto es importante para que entiendan la gravedad de la violencia contra las y los periodistas y la necesidad de brindar respuestas óptimas y diligentes, y robustecer la protección integral a quienes informan.

La violencia contra las y los periodistas ha aumentado tanto en Colombia como en el mundo. En 2022, 86 periodistas fueron asesinados, 44 de ellos fueron en Latinoamérica. Este año, tan solo en el cubrimiento del conflicto en la Franja de Gaza y hasta hoy, 2 de noviembre, 33 periodistas han perdido la vida. La seguridad y protección de la prensa debe ser una prioridad para los gobiernos y las instituciones, pues acallar a un periodista no es solo afectar la libertad de expresión y de prensa, también es vulnerar la democracia, la participación de las voces críticas y el tejido social comunitario.