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Rafael Moreno: apagaron la voz de la verdad

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viernes, 10 febrero 2023

Rafael Moreno: apagaron la voz de la verdad

Rafael Moreno fue el primer periodista en ser asesinado en el 2022 por razones de su oficio. Investigaba sobre corrupción en el sur de Córdoba y era reconocido en la zona por su trabajo de veeduría. Su caso deja al descubierto las amenazas y riesgos a los que están expuestos las y los periodistas en las regiones.

Por: Daniel Chaparro

“Que hacer periodismo no nos cueste la vida”, repitieron en coro algunos periodistas del sur de Córdoba, y otros del Bajo Cauca antioqueño, en un homenaje a la memoria de su colega Rafael Moreno, el 26 de octubre de 2022, diez días luego de su asesinato. Hoy, casi cuatro meses después del homicidio, se desconocen los avances en la investigación por parte de la Fiscalía y no se aclaran las responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el único caso de un periodista asesinado que contaba con un esquema de protección de esa entidad.

Las consignas que acompañaban el pequeño salón en Montelíbano, Córdoba, recordaban otras no muy lejanas en el tiempo, con las que se suele denunciar el asesinato de periodistas y expresar el temor de quienes continúan en el oficio. En Colombia hemos visto esa misma imagen, con tonalidades diferentes, al menos 164 veces. La violencia letal contra la prensa se ha ramificado y ha alcanzado a reporteros y reporteras en distintos rincones del país, dejando un vacío de información en aquellos lugares donde los y las periodistas han optado por desplazarse, abandonar el periodismo o callar, cansados de demandar garantías de protección para sus vidas. El silencio, como lo saben quienes permanecen en las zonas más violentas, no es una opción sino la única posibilidad para sobrevivir. 

Rafael Moreno, que creció en Puerto Libertador y recorrió los municipios del sur de Córdoba, también lo sabía. Sin embargo, en 2018 creó Voces de Córdoba, un medio digital en Facebook con cincuenta mil seguidores, del que era director y periodista.

Un reportero contra la corrupción

Rafael era el más entusiasta de un pequeño grupo de periodistas que investigaba la corrupción en el sur de Córdoba, sobre todo en San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano. Su trabajo consistía en sumergirse en la plataforma de contratación del Estado y hacer reportería en los municipios en los que se evidenciaban retrasos o irregularidades. La disparidad entre los contratos y las obras evidenciaba una corrupción que Rafael exponía en videos y en opiniones en vivo, que aún están disponibles en la página de Voces de Córdoba.

Todas ellas se difundieron rápidamente entre los habitantes del departamento, no solo por sus contenidos y las pruebas que las acompañaban, sino por el tono con el que se refería a estas noticias. Por ejemplo, al estadio de fútbol de Puerto Libertador, que prometió ser entregado en un año, Rafael lo llamó “La Eternidad”, porque después de cuatro años no han terminado la obra. Carreteras inconclusas, hacinamiento en cárceles o el uso de canteras ilegales para construcción fueron otras de sus denuncias.

Su estilo periodístico cautivaba a la audiencia y contagiaba a las y los demás periodistas de la zona. “Él se estaba atreviendo y otros se estaban animando”, dijo Yamir Pico, primo de Rafael y periodista de la zona. Las alertas de corrupción y su capacidad para evidenciarla y renombrarla, incomodaron desde un primer momento al poder, que acudió a la violencia para acallar la voz del periodista que les zumbaba en el oído y les revoloteaba en sus cabezas.

Ausencia de garantías

Desde febrero de 2019, a poco menos de un año de crear su medio, Rafael empezó a recibir amenazas. En ese momento se trató de un panfleto que los declaraba a él y a su colega y amigo, Organis Cuadrado, como objetivo militar. Luego, entre mayo de 2020 y julio 2022, y según la documentación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hubo seis intimidaciones más. Ninguna de esas agresiones fue esclarecida, pues no se supo quiénes estaban detrás de ellas, ni los intereses que tenían para querer censurar el trabajo de Rafael. El periodista, pese a las amenazas, el aumento de la violencia en la zona y el retiro de su esquema de protección en septiembre de 2021, siguió denunciando y ejerciendo su oficio.

La última amenaza que recibió la encontró en el baúl de su moto, una mañana, antes de salir a hacer reportería sobre unas obras inconclusas en Montelíbano. Era una nota que empezaba: “parcero usted se cree el puticas porque habla en público y por eso se cree intocable, aquí ninguno lo es”. Un par de líneas más abajo le anunciaban que sabían todas sus rutinas y movimientos. El mensaje culminaba con una sentencia: “... no te vamos a perdonar lo que estás haciendo, así que ya sabe parcero, el resto del proveedor de esta nueve, está listo esperando por ti (sic)”. Junto a la nota había un cartucho de un arma de fuego.

Al momento de su asesinato, el 16 de octubre de 2022, Rafael tenía asignado un esquema de protección de la UNP que constaba de un chaleco, un botón de pánico y un escolta, quien no se encontraba en el local de comidas rápidas donde ocurrió el homicidio, y que colegas, familiares y amigos del periodista dijeron no conocer.

Periodismo en medio de la zozobra

La mayoría de agresiones contra la prensa en Córdoba en 2022 se concentraron en el sur del departamento: diecisiete de los veintiún ataques se hicieron en esa subregión. “No necesitamos flores, queremos garantías”, se leía en una de las carteleras que colgaron en el homenaje a Rafael en Montelíbano, en un auditorio donde, a pesar de ser invitados, la presencia de funcionarios del Estado fue mínima.

La exigencia de garantías es necesaria para el puñado de periodistas que conviven cotidianamente con el miedo a perder la vida y que, después de lo ocurrido con Rafael Moreno, piensan en abandonar el oficio. Mientras las medidas llegan y el Gobierno nacional calla frente al asesinato de Rafael, las y los periodistas de Córdoba han dejado de investigar y hacer denuncias como las que realizaba su colega.

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viernes, 21 octubre 2022

Rafael Moreno enfrentó por tres años las fallas de la UNP

El periodista Rafael Emiro Moreno, asesinado el pasado 16 de octubre, recibió amenazas de muerte desde el año 2019. Durante los siguientes tres años los ataques contra Moreno continuaron, por lo que acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a otras entidades estatales en búsqueda de medidas que protegieran su vida. Sin embargo, durante ese tiempo, Moreno se enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos, que no creía en el riesgo que él manifestaba y, por lo tanto, tomó medidas insuficientes para el peligro al que se enfrentaba.

La Fiscalía, la Policía y el Consejo de seguridad del municipio de Puerto Libertador también sabían de los ataques de los que era víctima Moreno; no obstante, tampoco se implementaron acciones idóneas para proteger la vida del periodista.

Hay cuatro momentos claves que reflejan la inoperancia del Estado al momento de atender los riesgos de Moreno:

  1. Después de que Moreno advirtiera sobre su riesgo y las amenazas que había recibido por parte de grupos armados ilegales, la UNP le asigna al periodista un esquema de protección de un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco antibalas y un botón de apoyo.

  2. En septiembre del 2020, la UNP decide reducir el esquema de protección a casi la mitad y, así, retirar el vehículo blindado y un escolta. Esto sucedió a pesar de que Moreno fue víctima de otras dos amenazas en mayo del 2020. Si los ataques que recibió el periodista eran similares a los que enfrentó en 2019, entonces no se entiende por qué la UNP consideró que el riesgo del periodista había disminuido y por lo tanto requería menos protección.

    En ese momento, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) argumentó que el periodista “no identifica o individualiza el actor generador de la amenaza, por lo que no es posible determinar la capacidad de materialización de las amenazas”. Esto desconoce, por un lado, que la mayoría de amenazas contra la prensa en Colombia son realizadas por desconocidos. Además, estas acciones fueron revictimizantes, pues revirtieron la carga de la prueba que debería tener el Estado y se la impusieron al periodista, ya que se le pidió que fuera el investigador de su propio caso.

    Además, en esa oportunidad el CERREM afirmó que “las entidades consultadas indicaron no contar con registros de amenaza en contra del evaluado”. Sin embargo, esto es falso, ya que Moreno denunció ante la Fiscalía todas las amenazas y estas estaban en conocimiento de por lo menos otras dos instituciones: Policía y Alcaldía de Puerto Libertador. La desarticulación entre las entidades estatales llevó a que en el caso de Moreno no se tomaran las acciones correspondientes para resguardar su vida.

  3. En septiembre del 2021 la UNP suspendió por tres meses el escolta que protegía a Moreno. Es decir, el comunicador quedó solamente con el botón de apoyo y el chaleco antibalas. La entidad nunca notificó debidamente al periodista sobre esta decisión, por lo que no se conocieron las razones que justificaron el desmonte parcial del esquema de protección.

  4. En julio del 2022 el CERREM decide volver a implementar las medidas que Moreno tenía desde el 2020, es decir un hombre de protección, un chaleco y el botón. Esto, a pesar de que durante el 2021 el periodista recibió dos amenazas, lo que significa que su nivel de riesgo nunca disminuyó en el tiempo.

    En ese mes la FLIP puso en conocimiento del CERREM y la UNP las dos nuevas amenazas de las que fue víctima el periodista en mayo y junio del 2022. El objetivo, nuevamente, era que se le reforzara su esquema de protección. En ese momento, la UNP valoró las agresiones como si se trataran de un caso nuevo, cuando el periodista llevaba ya tres años en el sistema de protección. 

    Hacemos un enérgico llamado al director de la UNP, al Ministerio del Interior, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, y demás miembros del CERREM, para que junto con la Defensoría del Pueblo, realicen un informe público sobre las evaluaciones de riesgo, los trámites y medidas que fueron adoptadas en este caso. Esto, con miras a que se adopten las medidas necesarias para corregir y prevenir fallas del Mecanismo de Protección en otros casos. 
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