Sin garantías para las mujeres periodistas, no hay libertad de prensa

“La redacción es, para muchas, el primer ámbito del que surgen los riesgos, la vulnerabilidad y la sensación de abandono”. RELE - Mujeres Periodistas y Salas de Redacción (2022)

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la FLIP advierte que la violencia contra las mujeres periodistas continúa siendo una de las expresiones más graves de censura en Colombia. Este año, la conmemoración a este derecho fundamental no puede limitarse a denunciar agresiones externas contra las mujeres: también debe abordar los desafíos estructurales dentro de las salas de redacción, donde el acoso y la discriminación operan como una infraestructura de silenciamiento que deteriora la democracia.

Lo ocurrido desde marzo de 2026, con las denuncias sobre casos de acoso en Caracol TV, pone de manifiesto que las violencias basadas en género son un problema estructural. Así lo demuestran los datos: entre enero de 2025 y abril de 2026, la FLIP registró 137 casos de agresiones contra 77 mujeres periodistas provenientes de distintos ámbitos y tipos de agresores. Esto se suma a los más de 200 testimonios reportados al consorcio Calladas Nunca Más, bajo etiquetas como #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, sobre las agresiones al interior de los medios de comunicación; a la intervención del Ministerio del Trabajo en diversos medios y a las más de 50 denuncias priorizadas por la Fiscalía.

El acoso sexual es una práctica "normalizada e invisible ejercida por colegas, editores y jefes", expresó la periodista caqueteña Leidy Rojas, quien en 2025 denunció por acoso sexual a su exjefe, Henry Cabrera Marín, director de Cristalina Estéreo, una emisora local en Caquetá. Leidy ha sido revictimizada tanto por el director del medio, como por la Fiscalía General de la Nación que ha priorizado las denuncias por injuria y calumnia en su contra. El hecho de que una de las voces más reconocidas de un medio local deba recurrir a la denuncia pública para visibilizar el acoso sufrido, demuestra la precariedad de las rutas de atención internas en los medios.

La libertad de prensa se fractura cuando el entorno laboral, en lugar de proteger, se convierte en el primer escenario que agrede y censura a las mujeres periodistas. No se trata únicamente de un entorno hostil, cuando las violencias basadas en género condicionan, limitan o castigan el ejercicio periodístico, constituyen una restricción directa al derecho a la libertad de expresión y de prensa.

Las violencias basadas en género producen una afectación directa en la libertad de prensa, entre otras, cuando la violencia psicológica y el acoso imponen control sobre lo que se dice, o no se logra decir, convirtiéndose en una herramienta para censurar y desviar el trabajo de las mujeres agredidas.

En consecuencia, ese acoso ejercido en contra de las comunicadoras genera un impacto en el desempeño laboral, llevando a que muchas de ellas se abstengan de realizar investigaciones o coberturas de alto interés público, o verse obligadas a abandonar el periodismo ante la ausencia de garantías. Incluso, algunas mujeres que denuncian son excluidas y discriminadas por parte de sus jefes o compañeros de trabajo. Este efecto inhibitorio es una forma grave de restricción a la libertad de prensa, porque expulsa voces del debate público y consolida escenarios de autocensura.

Esta hostilidad no se limita al daño individual, a la integridad o la salud mental de las periodistas, pues también afecta directamente al pluralismo informativo. La libertad de expresión tiene una dimensión colectiva y cuando las mujeres periodistas son silenciadas, la sociedad pierde acceso a información diversa, crítica y contextualizada. Existe pluralidad cuando se permite que diversas voces y perspectivas habiten el debate democrático. Como ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), la violencia de género en los medios es una afectación a la libertad de expresión, pues permitir el silenciamiento de periodistas mujeres, puede conllevar a vivir en un estado de discriminación y a recibir información incompleta y sesgada.

La jurisprudencia colombiana, a través de las sentencias T-140 de 2021 y T-087 de 2023, establece que la respuesta a este fenómeno exige transformar las culturas organizacionales. Los medios deben asumir una responsabilidad activa en la protección de sus trabajadoras mediante protocolos claros de prevención y atención.

La transformación de esta realidad demanda compromisos que vayan más allá de la indignación coyuntural. La libertad de prensa requiere una arquitectura institucional sólida y no solo condenas episódicas, por lo que es fundamental garantizar entornos seguros y libres para el ejercicio periodístico, no como una medida complementaria, sino como una condición indispensable para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Hoy, la FLIP reitera que los medios de comunicación privados y públicos deben asumir un compromiso y responsabilidad concreta frente a la erradicación de violencias que constituyen formas de censura y restricción del ejercicio periodístico que trascienda los pronunciamientos públicos de solidaridad. Esto implica adoptar medidas concretas, como implementar rutas de denuncia verdaderamente confidenciales y procesos robustos de acompañamiento que aseguren la no repetición de los hechos, así como garantizar que las periodistas puedan investigar, publicar y participar en el debate público de forma libre y sin temor a represalias.

Por su parte, el Estado debe respaldar la labor de las mujeres periodistas: los funcionarios públicos tienen el deber legal de rechazar cualquier forma de violencia y discriminación que afecte el ejercicio periodístico, así como de garantizar condiciones seguras para el desarrollo de su labor. Esto significa que también deben reconocer que sus discursos pueden activar entornos hostiles y amplificar los riesgos para quienes informan.

Finalmente, es imperativo que las autoridades judiciales incorporen el enfoque diferencial de género en sus investigaciones de manera efectiva. Estos procesos no pueden revictimizar a las mujeres y deben ser llevados a cabo con todas las garantías de debida diligencia. Solo así se podrá garantizar una justicia diligente y una atención oportuna que rompa el ciclo de impunidad. El cumplimiento de tales obligaciones es fundamental para consolidar entornos que permitan el ejercicio realmente libre del periodismo y garanticen el derecho de la sociedad a recibir información plural y de interés público.

La FLIP, con el apoyo de AECID y la organización Sinestesia, continúa impulsando herramientas para crear y fortalecer protocolos internos en las redacciones. Además, invita a las periodistas que enfrenten estas violencias basadas en género a comunicarse al 3202311308 o al correo legal@flip.org.co para recibir acompañamiento jurídico y psicosocial.