Periodistas frente a procesos judiciales

Antecedentes

- El periodista y sociólogo Alfredo Molano fue denunciado penalmente por injuria y calumnia después de que el 12 de febrero publicara la columna de opinión ‘Araújos et al’ en el periódico El Espectador. El pasado 12 de agosto se suspendió la audiencia preliminar del proceso, iniciado por integrantes de las familias Araujo Ariza y Molina Araujo. En el mismo sentido, el periodista Pascual Gaviria fue denunciado penalmente por el entonces candidato a la Alcaldía de Medellín Luis Pérez por el delito de injuria. Gaviria escribió en octubre de 2007 una columna titulada ‘Doctor en mentiras’, donde lo criticaba.

- Recientemente la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes citaron a varios periodistas para que declaren en procesos relacionados con la ‘para-política’ y el posible cohecho en el trámite del acto legislativo que permitió la reelección presidencial en Colombia. Según el diario El Espectador Rodrigo Silva, de Caracol Radio y Edgar Velosa y Sandra Pureza Gómez, del Canal Caracol, entre otros, han comparecido en calidad de testigos.

- El 22 de agosto pasado, el presidente Álvaro Uribe Vélez solicitó que se investigue al periodista Daniel Coronell por haber encubierto la posible comisión de un delito al no divulgar la entrevista que le hizo a Yidis Medina, en 2004, donde la ex representante afirma que su voto favorable al trámite de la reelección fue a cambio de prebendas ofrecidas por el gobierno.

- William Parra, periodista de Telesur, y Carlos Lozano, del semanario Voz, fueron vinculados mediante indagatoria al proceso de la ‘Farc-política’. Al parecer, información encontrada en los computadores de Raúl Reyes indicarían nexos entre los periodistas y ese grupo armado ilegal.

Consideraciones de la FLIP

- Sobre las denuncias penales de injuria y calumnia: para la FLIP resulta preocupante que de manera recurrente se utilicen estas acciones penales – o la amenaza de instaurarlas – para silenciar críticas a funcionarios, ex funcionarios y personajes públicos en general, difundidas a través de columnas y piezas de opinión. La libertad de opinión es un valor fundamental en una sociedad democrática y, salvo restricciones muy específicas, no conoce de límites y no deber ser objeto de sanción penal. De lo contrario, se estaría utilizando este mecanismo para restringir la libertad de expresión, como parece estar sucediendo en los casos mencionados.

- Sobre la utilización de periodistas como testigos en procesos judiciales: para la FLIP resulta inaceptable que los jueces citen a los periodistas como testigos en procesos judiciales para declarar sobre hechos que conocen por cuenta de su labor profesional. El hecho de que los periodistas tengan que declarar sobre los temas que cubren no sólo produce un efecto inhibitorio, sino que además pone en inminente riesgo el derecho a la reserva de la fuente. Los jueces deben agotar todos los medios probatorios posibles antes de solicitarle a un periodista que declare, y sólo en situaciones específicas – como la seguridad nacional o la estabilidad del Estado – se puede recurrir a ellos.

- Sobre la reserva de la fuente: pretender que los periodistas denuncien cualquier posible comisión de un delito por cuenta de su labor periodística es restringir de manera desproporcionada la libertad de expresión. El secreto profesional incluye la potestad del periodista de no divulgar la identidad de sus fuentes o algún tipo de información que la fuente haya entregado con la solicitud de que no se divulgue. Si bien cada caso debe ser analizado de manera individual, conocer y no difundir versiones sobre posibles actos ilegales, fruto de una investigación periodística, no implica un delito. Para la FLIP resulta preocupante el efecto que puede tener la aplicación de esta hipótesis en las investigaciones periodísticas.

- Sobre los posibles vínculos de periodistas con grupos armados ilegales: si bien la FLIP desconoce los pormenores del proceso que existe en contra de los periodistas mencionados, exhorta a las autoridades judiciales para que se garantice el debido proceso en estas investigaciones, y se les dé la posibilidad de controvertir las pruebas, como públicamente lo han solicitado. Resultaría preocupante que se sancione penalmente a uno u otro periodista y se considere que tiene nexos con grupos armados ilegales por el hecho de que éstos sean su fuente de información periodística o, incluso, por manifestar algún tipo de simpatía o estar de acuerdo con alguna reivindicación o posición de éstos.