"Nuestra intención es trazar una política pública que garantice la labor de las y los periodistas en Colombia"

En los primeros seis meses del gobierno de Gustavo Petro, dos periodistas han sido asesinados y se han registrado 76 amenazas. En conversación con la FLIP, Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, reconoció que el sistema de protección actual no genera las suficientes garantías sino que más bien produce temores. También dio detalles de cómo el Gobierno pretende avanzar para proteger a la prensa.

FLIP: En los últimos tres años la violencia contra las y los periodistas se ha incrementado de manera sostenida. ¿Cuál es la reacción del Gobierno frente a este aumento de violencia contra la prensa?

Franklin Castañeda (F.C): El Gobierno anunció un plan de emergencia que incluye unas medidas que parten de comprender que recibimos una institucionalidad un poco debilitada en materia de prevención de riesgos, de diálogo con la sociedad civil, de coordinación interinstitucional y de implementación de medidas de protección.

Desde el Gobierno tenemos una firme intención de promover una política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión que nos permita incorporar un enfoque de prevención de riesgos y de derechos humanos, y comprender, con enfoque diferencial, por qué tenemos en riesgo a periodistas comunitarios. Esa política debe tener varios ejes: protección a la vida, la libertad e integridad personal; el respeto a la libertad de opinión, de comunicar y de expresar; y la gestión preventiva de riesgos. Tenemos que trasladar esto a un enfoque preventivo, a uno que intenta ir antes de que los riesgos se hayan concretado. Luego está el tema de las garantías para el acceso a la información y a la justicia, porque notamos un reino de la impunidad en los atentados, amenazas, homicidios, desapariciones forzadas contra comunicadores.

FLIP: El Gobierno aún no se ha pronunciado frente al asesinato de los periodistas Rafael Moreno y Wilder Córdoba, ocurridos a finales del 2022. ¿A qué se debe ese silencio?, ¿qué se puede hacer frente a este?

F.C: En el caso de Rafael Moreno, atendimos la situación y también la de su colega, Organis Cuadrado. Hasta donde hicimos seguimiento, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzó su protección. Además, en los puestos de mando unificado y en casi todo lo que se ha desarrollado y ha asistido el Gobierno nacional, se ha hecho un acto de rechazo a la violencia contra líderes y periodistas y un reconocimiento de su labor. Lo hacemos como parte de un plan de acción en contra de la estigmatización y del reconocimiento a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, lo que incluye a periodistas como Rafael que hizo denuncias sobre corrupción. De pronto sí, debimos haber hecho algo más en materia de un pronunciamiento de rechazo, pero sí lo escuchamos atentamente. 

FLIP: Antes del asesinato de Rafael Moreno, él y su colega, Organis Cuadrado, recibieron estigmatizaciones por parte de un funcionario público de Córdoba. ¿En qué va el plan de acción contra las estigmatizaciones?

F.C: Acá tenemos un lío, porque el principal daño en estigmatización lo hace el director, el ‘vice’, el alcalde, el gobernador, y allí es donde necesitamos una Procuraduría y una Defensoría proclive a hacer llamados de atención. Ya instalamos la Mesa Nacional de Concertación del plan de la política contra la estigmatización y tenemos tres meses para avanzar en él. Confío en que podamos tener una política garante de derechos y disminuir alguna de las causas de la violencia en Colombia.

FLIP: Distintos sectores de la sociedad civil han criticado el funcionamiento y la implementación de medidas de protección de la UNP. ¿Cuál es la lectura desde el Ministerio del Interior frente a la capacidad de esta institución?

F.C: Necesitamos mejorar la capacidad de reacción a riesgos anunciados y allí encontramos un panorama desolador, con una Unidad con un déficit de reacción y sin los suficientes recursos. Estamos organizando esa UNP para detectar y denunciar una serie de focos de corrupción que hay y, en un proceso de reforma, que disminuyan los plazos para dar respuesta, que permitan la protección de quien realmente la necesite y que adecúen institucionalmente la Unidad para distintos riesgos. Una cosa es proteger en la ruralidad, otra en las ciudades.

Así, el brindar garantías de protección pasa de alguna forma por una acción integral del Estado, que supera el mandato constitucional y legal de la UNP. Pasa por la política de prevención, por el diálogo ciudadano y por la reconstrucción de confianza y la no estigmatización. Pero también pasa por el rol de otros ministerios y por la transformación del contexto en el que se genera el riesgo.

FLIP: Más allá del funcionamiento de la UNP, ¿cuál cree que es el problema del mecanismo de protección?

F.C: Encontramos un debilitamiento muy fuerte del conjunto de mecanismos que deben brindar garantías de seguridad a líderes, periodistas y oposición. Esos mecanismos los encontramos débiles por aspectos ligados a la corrupción, el diseño, los énfasis institucionales y porque están alejados de la ciudadanía. Se tomaron decisiones, a nuestro juicio, erradas, en la medida en que no fueron concertadas, por ejemplo con a quienes se les brinda protección. Cuando monto un mecanismo para defender periodistas, pero el periodista siente que no es la herramienta adecuada o que le puede generar riesgos, como Estado tienes una oferta institucional que no está generando garantías sino temores.

También encontramos mecanismos de protección que funcionan por demanda y no por oferta. Si tengo un mecanismo que se encarga de brindar esa protección, si tengo la obligación constitucional, debo promover el uso de medios, facilitar las vías y acercar a los ciudadanos que lo requieren. Tenemos los medios para saber quiénes están bajo riesgo, como las alertas tempranas de la Defensoría. Entonces es grave que conociendo la situación de riesgo, no tengas una institucionalidad proclive a ofrecer y garantizar el servicio sino que tengas una entidad que espere a que el ciudadano pelee por el acceso al servicio, que los jueces ordenen el acceso al servicio. Necesitamos transformar eso y ponerlo en su justa proporción.