La FLIP rechaza acoso judicial contra el periodista Daniel Coronell

 

El 7 de abril de 2019, el periodista Daniel Coronell publicó la columna '¿Por qué quieren silenciarme?' en la cual denunció que el congresista Álvaro Uribe Vélez presentó una demanda civil en los Estados Unidos en su contra. Esto sucedió luego de que el columnista revelara, en su habitual espacio de la Revista Semana, información relacionada con el expresidente y senador.

En la columna de Coronell se hace referencia a pruebas que acreditarían una instrucción del expresidente Uribe, el 23 de junio de 2018, para “proceder con ése tipo muy drásticamente” —refiriéndose a Coronell— y derivando en el pleito judicial que se inició en contra del periodista en los Estados Unidos.

Desde que la FLIP monitorea casos judiciales contra la prensa, es la primera vez que se registra una prueba sobre la instrucción de un funcionario público para llevar a cabo este tipo de acciones en contra de un periodista. En ese sentido, es importante recordar que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han catalogado el acoso judicial como un mecanismo de censura indirecta.

La activación de este pleito judicial se suma a los antecedentes de reacciones estigmatizantes y contrarias a estándares internacionales sobre derechos humanos, que en el pasado ya han puesto en riesgo al periodista Coronell.

La FLIP manifiesta su preocupación por el alcance de censura que puede tener este pleito y teme que estas acciones inhiban el debate público al causar restricciones para el trabajo de la prensa en el marco de la democracia. De igual forma, la FLIP expresa su solidaridad con Daniel Coronell.

La FLIP recuerda que el inicio de acciones legales contra periodistas o medios de comunicación, como represalia por hacer publicaciones sobre asuntos de interés público, se conoce como acoso judicial o “pleito estratégico contra la participación pública” (SLAPP).

Lo que se busca con este tipo de agresión, más que una condena contra los periodistas, es intimidarlos y someterlos al desgaste de años de defensa judicial. En este caso, en particular, también resulta preocupante que se activen acciones judiciales en otros países sobre controversias públicas relevantes para la democracia colombiana.