Fuerza pública agredió a la prensa en manifestaciones

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta sobre el uso desmedido e innecesario de la fuerza por parte de uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) de la Policía Nacional contra periodistas durante las recientes manifestaciones.

El 14 y el 18 de octubre de 2026, la FLIP documentó cinco casos de agresiones contra la prensa en Bogotá, Medellín e Ibagué, que incluyen ataques físicos que generaron incapacidad en sus afectados, uso desproporcionado de la fuerza y de armas no letales y un caso de detención arbitraria. Todas las agresiones quedaron registradas en videos tomados por los periodistas, que fueron agredidos mientras cubrían la manifestación. Algunos de ellos mientras hacían transmisiones en vivo.

En Medellín, el 14 de octubre, Djack Muriel y Danna Paola Ramos, del medio Cofradía para el Cambio, realizaban cobertura de las manifestaciones cuando la pierna de la periodista fue impactada por una granada aturdidora. En video quedó registrado cómo un uniformado lanza el artefacto hacia el lugar donde están los periodistas, pese a que ambos estaban plenamente identificados con chalecos y cascos de prensa, desconociendo los protocolos de actuación y las garantías de especial protección que amparan el ejercicio periodístico.

Ese mismo día, en Ibagué, se registraron dos situaciones de agresión contra la prensa. Mientras el periodista Cenuver Giraldo, del medio El Ojo de la Perilla, transmitía en vivo las manifestaciones en el parque Murillo, un uniformado de la Policía intentó golpearlo con su bolillo, sin alcanzarlo, y se acerca para agredirlo nuevamente, hasta que el periodista grita “¡Prensa!”. Este hecho refleja una intención de agredir a la prensa y acudir a la violencia como primera respuesta. Asimismo, documentamos la detención arbitraria de una periodista que reservó su identidad por motivos de seguridad, quien fue agredida por uniformados con fuerza desmedida e injustificada mientras cubría las manifestaciones desde otro punto del parque Murillo.

El 18 de octubre en Bogotá, durante las manifestaciones en inmediaciones del Museo Nacional, la periodista independiente Marcela Portilla, quien vestía una prenda que la identificaba como prensa, resultó lesionada en el pie luego de que un uniformado arrojara una granada aturdidora. En registro de video se ve que se lanzó a los pies de la periodista. Portilla interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, la sección de Asuntos Disciplinarios Internos de la Policía de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Resulta alarmante que, en escenarios de tensión como las manifestaciones, la fuerza pública, llamada a garantizar la seguridad de la ciudadanía, se convierta en un factor de riesgo para quienes ejercen el periodismo. Estas agresiones ponen en peligro la integridad física de periodistas y reporteros, y evidencian su desprotección en contextos donde deberían contar con garantías para realizar su labor. En lugar de brindar condiciones de seguridad para el cubrimiento de los hechos, los uniformados obstaculizan y ponen en riesgo el ejercicio periodístico, comprometiendo el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre lo que sucede en las calles. Este actuar representa un grave retroceso frente a recomendaciones que desde la FLIP se habían dado acerca del relacionamiento entre la fuerza pública y la prensa, así como un desconocimiento de los antecedentes del estallido social de 2021, que evidenciaron la urgencia de adoptar medidas específicas para prevenir agresiones contra periodistas.

Por ello, la Fundación solicita de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos que recepcionen formalmente las denuncias presentadas por las y los periodistas y tipifiquen adecuadamente las conductas de los uniformados, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los daños ocasionados. Es necesario que estos casos sean investigados e imputados en la justicia penal ordinaria y no en la justicia penal militar, al tratarse de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, se exige a la Policía Nacional identificar de forma célere a los autores directos de estas agresiones, asumir la debida responsabilidad institucional y determinar la posible responsabilidad de sus mandos superiores. La institución debe recordar que la prensa es un sujeto de especial protección y que son los uniformados quienes tienen el deber constitucional de prevenir cualquier ataque y garantizar la seguridad de las y los periodistas en el cubrimiento de hechos de interés público.