FLIP alerta sobre agresiones contra periodistas en época pre-electoral
De las 17 agresiones directas contra periodistas por motivos electorales que registró la FLIP hasta ahora, cuatro sucedieron en el Meta, siendo éste el departamento donde se presentaron mayores dificultades para los periodistas locales que cubren los comicios. De igual forma, La FLIP manifiesta su preocupación por los casos ocurridos en las regiones de Antioquia y Magdalena, que deben ser atendidos con toda urgencia por las autoridades locales y nacionales.
Censura directa contra la prensa en época electoral.
El 13 de octubre en Puerto Gaitán, Meta, tres periodistas de Telesur fueron agredidos por presuntos simpatizantes del partido de la U, mientras realizaban imágenes para una nota sobre las regalías del petróleo en la zona y la pobreza del municipio. La reportera Ángela Camacho le comentó a la FLIP: “Se nos pidió un absurdo permiso de autorización, luego llegaron motociclistas y nos agredieron con piedras, nos acusaron de guerrilleros chavistas y nos dijeron que si íbamos allá a hablar mal del alcalde nos iban a linchar”. El camarógrafo William Moreno y el conductor Omar acompañaban a la reportera Ángela Camacho en el marco de su recorrido periodístico. Para el Mayor Wilson Antonio Pedroza Sandoval, comandante de la policía en Puerto Gaitán, el caso fue de menor trascendencia y se debió a una confusión en cuanto al papel de la periodista en la zona por parte de los agresores. Añade que la policía local propuso acompañar a los reporteros de Telesur para que continúen con su labor periodística, pero que estos prefirieron regresar a Bogotá.
En el municipio de Mesetas, Meta también, miembros de la policía local decomisaron los equipos de comunicación, y procedieron al cierre de Radio Mesetas Estéreo, el 12 de octubre de 2011. Según el periodista Ernesto Arango Restrepo, locutor de la emisora; esta sería una respuesta de la alcaldía para castigarlo por no apoyar la candidatura oficial para los próximos comicios. Añade que durante 9 años, no existió ninguna queja en contra de la emisora que gozaba del apoyo de la mesa humanitaria del meta. Según la alcaldía, el cierre de la emisora se debió al hecho de que la radio carecía de una matrícula en la cámara de comercio, de permiso para el uso del espacio radioeléctrico, y era responsable de una falta de pago de impuestos a la tesorería municipal. Estos argumentos son refutados por el periodista quien asegura : “Lo único que no tengo es un permiso para el uso del espacio radioeléctrico, y eso es porque cuando cree la emisora no había autoridad competente en la materia en mi región”.
En Tarazá, Antioquia, la candidata a la Alcaldía, Gladys Rebeca Vides Lujan, presuntamente amenazó de muerte al periodista Luis Carlos Cervantes por investigar temas relacionados con las elecciones en el municipio. Según consta en el acta de denuncia, firmada por Luis Carlos Cervantes ante las autoridades judiciales de Tarazá, la candidata a la alcaldía llamó al periodista el pasado 25 de octubre para reclamarle “que dejara de ser metido, que esa era la razón por la que lo querían asesinar y que lo iban a lograr”. Este caso preocupa particularmente a la FLIP, ya que Luis Carlos Cervantes ha recibido anteriormente amenazas de autores desconocidos, y se teme que el contexto electoral pueda representar un aumento en el riesgo que corre cotidianamente el periodista por ejercer su profesión.
El 26 de octubre en Magdalena, fuentes cercanas a la FLIP denunciaron que el periódico El Informador había sido recogido en horas de la mañana en toda la ciudad de Santa Marta y municipios aledaños. Según Cecilia Vives, editora de este medio, a las 7:30 de la mañana les informaron que una camioneta negra con vidrios polarizados se acercó a los puestos de venta, para pedir que les vendieran la totalidad de las existencias de este medio. Pero al interior del medio hay sospechas de que fue por la publicación de una noticia en la cual un candidato a la alcaldía denunciaba un presunto complot para involucrarlo con paramilitares, por medio de falsos testimonios.
Estas agresiones se suman a otras igualmente graves que han ocurrido en varios departamentos del país. La FLIP ha documentado este tipo de ataques contra periodistas en los departamentos de, Arauca, Casanare, Cesar, Santander, Guajira, y caldas, además de los citados Meta, Antioquia y Magdalena.
La FLIP considera estas agresiones a periodistas particularmente preocupantes durante esta época electoral, ya que afectan la información que recibe la ciudadanía, y en últimas, las decisiones que ellos van a tomar en los comicios de este domingo.
A través de estas intimidaciones, es la libertad de toda la ciudadanía la que se ve afectada; y por eso la FLIP renueva su petición a las Registraduría y la Policía Nacional para que garanticen la protección y el acceso de los periodistas a los puestos de votación y las salas de prensa.
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martes, 28 febrero 2017
Miembros de la Policía Nacional agredieron a un periodista en Santa Marta
La FLIP rechaza las agresiones de las que fue víctima Esteban Peralta, reportero de Campo Televisión que registró en un video a cuatro policías que persiguieron y golpearon con fuerza desmedida a unos jóvenes en el barrio Los Laureles de la capital del Magdalena. Las autoridades arremetieron contra Peralta cuando se dieron cuenta que el periodista los estaba grabando. Los hechos ocurrieron en la mañana del 10 de febrero.
sábado, 25 marzo 2017
La UNP ha ignorado el caso del periodista de Tras la Cola de la Rata por 9 meses
La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.
En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".
La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.
En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.
En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego.
La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"
Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.
sábado, 25 marzo 2017
Contratista del DNP agrede verbalmente a periodista de RCN en la Casa de Nariño
La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño.
El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error.
La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.
Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública.
Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno.