Miembros de la Policía Nacional agredieron a un periodista en Santa Marta
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martes, 28 febrero 2017
Miembros de la Policía Nacional agredieron a un periodista en Santa Marta
Según el reportero, cuando uno de los oficiales notó que estaba grabando con el celular, le exigió que detuviera el registro. Ante la negativa de Peralta, quien argumentó que el nuevo Código de Policía permitía el registro de operativos, el uniformado le propinó una bofetada.
El Coronel Henry Fernández, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, anunció la apertura de la investigación disciplinaria en contra de los uniformados responsables de la agresión. Ante las evidencias registradas por el periodista, la FLIP le exige a la Policía que aplique las sanciones disciplinarias con celeridad y que informe públicamente sobre los correctivos que se tomarán contra los uniformados. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje equivocado hacia los demás miembros de la Fuerza Pública. Las sanciones ejemplarizantes pueden evitar futuras agresiones contra la prensa.
La FLIP expresa su preocupación por la reincidencia en las agresiones por parte de miembros de la Policía de Santa Marta. El pasado 16 de diciembre Oscar Mejía, periodista de El Informador, fue agredido y detenido arbitrariamente por registrar un operativo de tránsito en la ciudad. A la fecha de esta publicación no se tienen resultados de la investigación disciplinaria de los uniformados.
La FLIP recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber frente al cumplimiento del Código de Policía, el cual resalta el carácter público de las actividades de los uniformados en el artículo 21: “Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones. La autoridad de policía que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta”.
Por eso es importante que la Policía conciba la presencia de cámaras en sus operativos como una garantía social y no como un obstáculo a sus labores. El libre cubrimiento periodístico representa una garantía para los sistemas políticos democráticos, mientras que la opacidad en los procedimientos policivos es propia de regímenes autoritarios.
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martes, 28 febrero 2017
Miembros de la Policía Nacional agredieron a un periodista en Santa Marta
La FLIP rechaza las agresiones de las que fue víctima Esteban Peralta, reportero de Campo Televisión que registró en un video a cuatro policías que persiguieron y golpearon con fuerza desmedida a unos jóvenes en el barrio Los Laureles de la capital del Magdalena. Las autoridades arremetieron contra Peralta cuando se dieron cuenta que el periodista los estaba grabando. Los hechos ocurrieron en la mañana del 10 de febrero.
sábado, 25 marzo 2017
La UNP ha ignorado el caso del periodista de Tras la Cola de la Rata por 9 meses
La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.
En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".
La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.
En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.
En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego.
La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"
Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.
sábado, 25 marzo 2017
Contratista del DNP agrede verbalmente a periodista de RCN en la Casa de Nariño
La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño.
El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error.
La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.
Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública.
Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno.
