Bajo la administración de Francisco Barbosa, la Fiscalía General de la Nación continúa adelantado acciones que vulneran la libertad de prensa y van en contravía de los derechos y la protección especial que tienen las y los periodistas. La institución ha ordenado medidas desproporcionadas e inconstitucionales, como el allanamiento a medios de comunicación y solicitudes para conocer sus fuentes periodísticas. El caso más reciente ocurrió con el medio Cambio, al que le solicitaron informar los fundamentos y sustentos del artículo “Financiación campaña Petro presidente: las inconsistencias que halló Transparencia por Colombia”.

Si bien la Fiscalía está siguiendo la orden de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de requerir a los medios que hubieran realizado notas relacionadas con la presunta financiación irregular de la campaña electoral del presidente Petro en 2022, sigue incurriendo en una grave violación a la garantía de la reserva de la fuente y desconoce los estándares que protegen el ejercicio de la prensa. En situaciones como esta, la Constitución Política obliga a las autoridades a estudiar la constitucionalidad de las órdenes y les permite apartarse cuando éstas vulneran derechos fundamentales; no obstante, la Fiscalía omitió por completo este ejercicio.

Por recordar algunos antecedentes de estas vulneraciones por parte de la Fiscalía, desde la FLIP hemos denunciado los abusos en contra de Revista Raya, Revista Semana y Noticias Uno. Además, no es la primera vez que la autoridad dicta una medida de este tipo en contrade Cambio. En 2022, el medio recibió una solicitud para realizar una diligencia de inspección que se realizaría con motivo de la publicación titulada “Esta es la puta guerra”: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc’. El comportamiento de la Fiscalía es aún más alarmante, teniendo en cuenta que en las últimas semanas, tres medios de comunicación nos han advertido que han recibido información de que la entidad contempla adelantar inspecciones judiciales o allanamientos, con el fin de acceder a las fuentes periodísticas de investigaciones que han tenido un gran impacto en el debate público.

Sobre esto, resulta fundamental recordar que los allanamientos contra periodistas y medios de comunicación solo podrían realizarse en casos excepcionales. En ellos, la autoridad que los ordene tiene una obligación argumentativa superior y el objetivo de estos debe ser recaudar pruebas relacionadas con los hechos que se investigan o dar con la captura de personas, en casos que proceda la prisión preventiva. La Convención Americana de Derechos Humanos advierte que, durante una diligencia de registro y allanamiento, es obligación del Estado respetar los derechos de los periodistas y medios de comunicación, protegiendo la reserva de las fuentes de información, apuntes y archivos personales de los periodistas, entre otros.

Estas prácticas de la Fiscalía vulneran los derechos y garantías del ejercicio periodístico. También ponen en riesgo el secreto profesional y generan intimidación y autocensura en quienes informan sobre temas de interés público, como lo son la financiación y el uso de los recursos públicos en las campañas políticas. Sobre esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público”. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos agrega que “la información o archivos de los periodistas son considerados como objetos no susceptibles de registro y si es usada como prueba en el marco de un proceso judicial puede ser declarada prueba ilícita por violación a la reserva de la fuente y los derechos humanos”.

Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se abstenga de ordenar actos de investigación que, abiertamente, son inconstitucionales y atentan contra la libertad de prensa. Los cuestionamientos contra la prensa pueden tener efectos inhibitorios sobre la labor que hacen las y los periodistas y, de paso, atentan contra la libertad de prensa y el acceso a la información, y encarecen el debate público tan necesario en una democracia deficitaria como la colombiana.